sábado, 22 de agosto de 2009

Alerta por Ley represiva

Con suma preocupación recibió el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, César Villanueva, el proyecto de ley, promovido por la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas y defendido por el primer ministro, Javier Velásquez, que busca autorizar a los miembros de la policía a usar sus armas contra civiles ante actos o intenciones hostiles, sin enfrentar por ello responsabilidad penal, lo que deja un peligroso margen de discrecionalidad para disparar contra manifestantes.
Villanueva anunció que el tema será evaluado en la reunión ordinaria que sostendrán los presidentes de las regiones el 25 de agosto próximo, mientras el presidente de la Región Cusco, Hugo Gonzales, discrepó totalmente con la intención del Ejecutivo pues consideró que la conversación y la búsqueda del diálogo deben preocupar al gobierno y no más formas de incrementar la represión.
Adelantó que en el cónclave de autoridades regionales pedirá que la oposición a esta medida se incluya en la agenda oficial, además del reclamo de las regiones sureñas de asegurar el gas para el Gasoducto Andino del Sur.
Villanueva sostuvo que la policía puede mantener la autoridad dentro del marco de la ley, mientras las autoridades del gobierno deben buscar las formas de que las leyes funcionen adecuadamente y no sólo con medidas coercitivas.
La necesidad de controlar una movilización que está por salirse de control no debe llevar al extremo de autorizar el uso de armas de manera indiscriminada, señaló el representante de los presidentes regionales.
Rechazo en el Congreso
Sin embargo, el anuncio de más dureza para desalentar la protesta social también motivó reacciones en el Congreso, como la del legislador Víctor Mayorga, miembro de la Comisión de Constitución, quien anunció que será rechazada por los grupos parlamentarios que creen en los valores democráticos.
En ese sentido, aseguró que se trata de una medida para acentuar la política de terror de Estado que aplica el gobierno frente a los reclamos de la población. “Está visto que quiere acallar al pueblo a punta de balas”, afirmó.
Mayorga añadió que se trata de una norma peligrosa y que se suma a un proyecto presentado por la congresista Mercedes Cabanillas cuando ejercía la presidencia de la Comisión de Defensa y que pretendía facultar a los miembros de las Fuerzas Armadas el uso de sus armas, inclusive en zonas en las que no hubiera Estado de Emergencia.
El legislador indicó que el proyecto anunciado por Velásquez forma parte de la arremetida del gobierno orientada a criminalizar la protesta social a través de las leyes y rememoró que en el año 2007, cuando presidió el subgrupo de control político de la Comisión de Constitución que revisó los decretos legislativos emitidos por el gobierno, ese grupo legislativo declaró la inconstitucionalida d de los referidos dispositivos, pero el dictamen no se pone en agenda hasta la fecha porque, según dijo, no conviene al gobierno.
Cercano a la dictadura
También el legislador Isaac Mekler, integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, expresó su total rechazo al proyecto de ley del Ejecutivo que pretende facultar a los efectivos policiales a usar sus armas si consideran que hay intención de hostilidad, pero además eximirlos de cualquier acción penal que podría sobrevenir a dicho uso, tal como lo anunció el jefe del gabinete y la ex ministra Cabanillas.
Según Velásquez, ello evitará supuestamente que se mancille el honor de la institución policial, alusión a la retención de policías por pobladores que protestaban con la toma de una represa en la Región de Pasco.
Al respecto, Mekler dijo que nadie duda que nuestra policía merece todo el respeto y honor y no debe ser expuesta, pero lo que preocupa es que el gobierno busque tener herramientas para acentuar la represión en lugar de buscar la protección de los custodios.
Este gobierno tan cercano a la dictadura no entiende lo que es la democracia y no diferencia entre lo que es una manifestación pacífica del pueblo y un acto de violencia, señaló el legislador.
El polémico proyecto fue defendido por el congresista Javier Bedoya, del Partido Popular Cristiano, quien alegó que la policía se enfrenta en desigualdad de condiciones a los delincuentes, como ocurrió en el bosque de Pómac, donde murieron policías emboscados por francotiradores; y dijo que cuando la policía usa las armas para cumplir con resguardar el orden público, es permanentemente acosada por fiscales y jueces, mientras las autoridades civiles se ponen de perfil.

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