martes, 25 de agosto de 2009

Suerte de policia en manos de juez

Hasta el viernes tiene tiempo el magistrado, para abrir instrucción a 19 oficiales por caso Baguazo a la luz de la denuncia fiscal de Luz Marleny Rojas.
A más tardar el viernes el Primer Juzgado Penal de Utcubamba decidirá si abre o no instrucción penal a dos generales y otros 17 oficiales de la Policía denunciados por la fiscal Luz Marleny Rojas por el presunto delito de homicidio calificado en los hechos ocurridos el 5 de junio en la Curva del Diablo, Bagua.

El juez Francisco Miranda Caramutti informó a LA PRIMERA que aún está evaluando la denuncia de Rojas para pronunciarse en los próximos días por la instrucción penal de los encausados, archivar el caso o devolverlo a la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, ahora a cargo de la doctora Olga Bobadilla.

Por disposición de la Fiscalía de la Nación, Rojas fue cambiada a la ciudad de Chachapoyas como titular adjunta, despertando muchas suspicacias en la opinión pública sobre presiones desde el más alto nivel en relación a las investigaciones que conducía contra altos mandos del la Policía.

El juez Miranda se excusó de dar mayores detalles sobre el fondo del proceso, pero confirmó que aún está dentro de los plazos que manda la ley para emitir juicio. El viernes próximo vence el tiempo para hacerlo.

Trascendió que la denuncia de Rojas deja en claro que fueron los generales Luis Muguruza (comando operativo de Dinoes) y Javier Uribe Altamirano (director de la Cuarta División Territorial de las regiones San Martín y Amazonas) los que permitieron el uso de armamento de corto y largo alcance a sus subordinados, sin tener en cuenta que los nativos utilizaron sólo lanzas, palos y piedras.

De otro lado, el conflicto que dio origen a las muertes absurdas de 34 personas (policías y civiles) continúa. El vicepresidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Nororiente (Orpian), Leandro Calvo, advirtió que las comunidades indígenas de Bagua tomarán las instalaciones del Estado dentro de su territorio, si hasta el viernes el gobierno no cumple con las actas firmadas.

Los nativos exigen al gobierno que cumpla las promesas hechas por el ex premier Yehude Simon, como la indemnización a las familias damnificadas y el cese a la persecución de los dirigentes.

Puede haber otro Baguazo
El analista Reynaldo Trinidad dijo ayer a este diario que puede estallar otro Baguazo en la selva si el gobierno no resuelve el problema de fondo, que es derogar todos los decretos legislativos lesivos a los intereses nacionales. Dijo que necesariamente tienen que ser derogados todos los decretos legislativos relacionados con el TLC con Estados Unidos, porque las normas son perjudiciales a los nativos en varios sentidos, les quitan sus tierras y deterioran sus territorios. Añadió que el gobierno tiene que cumplir las actas que ha firmado porque los nativos están alertas a que ello suceda. “El gobierno suscribió cerca de 200 actas de compromiso para solucionar cada conflicto, cuando lo que debió hacer es derogar o modificar los decretos legislativos”, subrayó.

DETALLEEl premier Javier Velásquez dijo el pasado domingo que no hay en el gobierno el ánimo de no cumplir con las actas y que el Ejecutivo honrará todos los compromisos asumidos con los nativos en la mesa de negociaciones del 22 de junio. Sostuvo, en ese sentido, que el gobierno instalará pronto una comisión de alto nivel para esclarecer los violentos incidentes registrados el 5 de junio en Bagua, que dejó 34 muertos, entre policías y nativos. Velásquez reiteró su compromiso de conformar un grupo de trabajo que investigue los sucesos de Bagua y dijo que en los próximos días el Ejecutivo anunciará quiénes serán sus integrantes y desde cuándo empezará a trabajar.

Marco Cáceres

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