lunes, 19 de octubre de 2009

Las empresas públicas en el corredor de la muerte

Por Humberto Campodónico
Las denuncias periodísticas contra el ex presidente de Petroperú César Gutiérrez por las que tendrá que responder en el ámbito que corresponda han servido de trampolín para recomenzar la campaña que busca completar la privatización de esa empresa.
Hace pocos días, un artículo de Cecilia Blume en contra de Petroperú señaló que la actividad empresarial del Estado está prohibida por la Constitución, ya que esta señala que solo podrá ser realizada de manera subsidiaria, cuando los privados no lo hacen. Pero que “Petroperú logró sacarle el permiso al Congreso con una ley inconstitucional, que sigue vigente y se aplica” (El Comercio, 13/10/2009).
Lo que dice Blume es cierto: está vigente el marco legal del fujimorismo (Art. 60 de la Constitución) que dispone la privatización de todas las empresas públicas, lo que avanzó bastante con Fujimori pero no culminó. El proceso se paró en el 2002, debido al “arequipazo”. Pero ahora se ha retomado bajo la forma de concesiones (aeropuertos y puertos como en Paita) y, con el escándalo Discover, comienza a sentirse lo suficientemente fuerte para volver a su objetivo primigenio.
En esto la ayuda la poca voluntad del gobierno para emprender la modernización de la actividad empresarial del Estado, que debería comenzar por derogar el Art. 60. Luego se debería cumplir con lo que establece el Art. 223 del propio Plan de Gobierno del APRA del 2006: fortalecer a Petroperú, ENAPU, Electroperú y Sedapal.
Pero no. Lo único que se ha hecho es publicar el DL 1031 que “promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado”, parte del mismo paquete de leyes inconsultas del Ejecutivo al amparo del TLC, que incluye las rechazadas por el “baguazo”.
El gobierno no ha tenido la voluntad de reformar a Petroperú, lo que tiene que comenzar por la cabeza, como se ha hecho en Chile, donde en el Directorio de la estatal petrolera ENAP están no solo representantes del gobierno (como es el caso del Perú), sino del Instituto de Ingenieros de Minas, de la Sociedad Nacional de Minería y de la Sociedad de Fomento Fabril. Ese Directorio elige al gerente general de ENAP.
En Colombia, la estatal Ecopetrol ahora cotiza en Bolsa un máximo del 20% de sus acciones (aquí el DL 1031 establece que se venderá “un mínimo” de 20%). El presidente de Ecopetrol es elegido por la junta directiva, que lo evalúa a través del Tablero Balanceado de Gestión (indicadores que permiten medir el cumplimiento del Plan Estratégico de la empresa).
En Brasil, Petrobrás también cotiza en Bolsa (pero el Estado tiene la mayoría del capital social) y los accionistas minoritarios están en el Directorio, que elige al presidente de la empresa. También la Asamblea de Accionistas elige un Consejo Fiscal de 5 miembros (dos representan a los accionistas minoritarios) que tienen derecho a indagar sobre todas las decisiones y políticas de la empresa.
Estas tres empresas tienen actividades en el Perú: Ecopetrol compró Petro Tech Peruana, Petrobrás tiene el Lote X en Talara y explora gas en el Lote 58, al lado de Camisea, mientras que ENAP es dueña del 50% de los grifos Primax, en alianza con el Grupo Romero. Además, ENAP explota petróleo en Argentina, Ecuador y Colombia.
Los Estados dueños de estas empresas saben que la energía es estratégica y, además, aprovechan la renta petrolera (que es la diferencia entre el costo de producción de US$ 8/barril y el precio actual de US$ 70/barril).
Pero en el Perú andamos con las empresas en el “corredor de la muerte” (solo esperando ser ejecutadas con la Constitución del 93), en descapitalización constante (durante 15 años los neoliberales del MEF le negaron a ENAPU-Callao la compra de las grúas pórtico) y sin reforma o modernización que impida su uso como botín político y de corrupción del gobierno de turno.
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