La portada de Perú.21 es evidente con lo que se relató ayer en Panorama. El reportaje de Marco Antonio Vásquez desbarató ayer varias de las defensas de Jorge del Castillo sobre sus vínculos con Petrolera Monterrico y la extraña permuta de una vivienda con el empresario petrolero y televisivo Julio Vera Gutiérrez y abrió varias interrogantes más. Aquí el reportaje en dos partes:
¿Qué queda claro? Que el entonces Primer Ministro estaba sumamente interesado en la situación de la empresa de su amigo y que Alberto Quimper colaboró en acelerar los trámites, aunque queda por confirmar más detalles de la ya famosa reunión entre JDC y Don Bieto de mayo de 2008.
También queda por investigar el tema de los precios de la permuta, sobre todo, en lo que se refiere a la depreciación del departamento del Golf, que ha sido mayor a la normal. Y también no es poca cosa el no aclarado depósito hecho a la cuenta del parlamentario desde Suiza por un empresario, Simone Bassi, que señala nunca haber pisado el Perú y al que Del Castillo dice no conocer.
Políticamente, el tema le viene costando harto al APRA. Varios dirigentes apristas han reconocido ayer el costo político de las evidencias de estos dias, tanto en el tema Del Castillo como con lo ocurrido en COFOPRI y que ha golpeado al otro secretario general, Omar Quezada.De hecho, esta noche habrá una reunión de la comisión política del APRA, en la que se debatirán las consecuencias políticas y mediáticas de ambas denuncias.
Mientras tanto, en otro episodio del caso Petroaudios - BTR, ayer y hoy La República ha presentado evidencias mayores de los fines del espionaje. De un lado, entre 1999 y 2000, varios políticos y periodistas de oposición a Fujimori tuvieron los correos interceptados, lo que embarra más a Ponce Feijóo, quien trabajó en inteligencia naval en la época de Montesinos y del encarcelado jefe de la Marina, Américo Ibárcena Amico. Ello reafirma que varios de los agentes usados por Montesinos estuvieron (¿y están?) en empresas privadas de seguridad formadas a finales o luego del fujimorato.
Mientras que, de otro lado, Ponce grabó una reunión con Pedro García, el jefe de inteligencia naval, ocurrida en abril de 2007 en las instalaciones de la Dirección de Inteligencia de la Marina. ¿El motivo? Muy simple, el líder de BTR buscaba neutralizar a una persona que había cerrado las puertas para que los agentes privados de seguridad pudieran brindar información sobre temas de seguridad nacional. Esto se desarrolló en la misma época en la que Wilson Gomez Barrios y Giselle Giannotti iban por casas de políticos y gremios empresariales dando charlas sobre las Casas del ALBA y la Coordinadora Continental Bolivariana, para dar a entender que se venía un golpe de Estado.
Finalmente, hay un punto que reeleyendo el informe de la Comisión Luizar debemos destacar, ¿cuáles fueron otras motivaciones del espionaje?: a) Interceptar las comunicaciones de políticos, empresarios y periodistas para reflejar la vulnerabilidad de sus redes de comunicación y luego obtener contratos importantes para preservar la seguridad de dichas redes, b) motivaciones económicas por las disputas en el mercado del cemento o la persecusión a líderes regionales opuestos a determinadas actividades mineras y c) control de actividades políticas de candidatos y autoridades.
Tanto los actos de corrupción como los de interceptación deben ser aclarados. La trama es compleja, pero poco a poco, se van conociendo aspectos que nos llevan a ver la magnitud de lo ocurrido. Como lo hemos remarcado, todo esto configura tanto un modo de vínculo entre el Estado y la empresa privada, una forma de hacer negocios y una manera de tratar la seguridad nacional que deben ser desterradas de nuestro país.
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