lunes, 23 de julio de 2012

Previendo la Ingobernabilidad (Promovida por un Fujimón dentro de un Poder del Estado)

QUE TAL CUAJO
 En medio de reuniones de los facilitadores, monseñor Cabrejos y Padre Garatea, y ad-portas de los cambios ministeriales, balances de gobierno, y el mensaje a la nación del 28 de julio, Villa Stein ha dado un golpe a la justicia y la gobernabilidad, favoreciendo a Fujimori, ultras y extremos. Veamos.
 Eliminar el delito de lesa humanidad a las violaciones a los derechos humanos del Grupo Colina va a tener serias consecuencias. Para empezar, la reducción de penas de los principales responsables de estos crímenes, no sólo a Martín Rivas o Kerosene, sino también a Montesinos y Hermoza Ríos. Segundo, que estaremos sujetos a demandas de la Corte Interamericana de DDHH por contradecir su sentencia  dada para el caso Barrios Altos. Finalmente y lo más grave, sería que ese fallo crearía precedentes para favorecer a Alberto Fujimori y Abimael Guzmán. Como bien viene explicando y aclarando Rosa María Palacios, dejando de lado su pasado cercano a Hurtado Miller, Villa Stein no les está diciendo toda la verdad a los peruanos al menos en sus entrevistas, al afirmar que el delito de lesa humanidad se retira por la supuesta falta de práctica sistemática del Estado. El verdadero fundamento se basa en que el grupo Colina ya no se considera como un comando paramilitar que eliminaba civiles, tratados como delincuentes terroristas; sino que el grupo Colina se considerará a partir de esta vergonzosa sentencia como grupo militar que eliminaba terroristas sin considerarlos civiles. Con esto se acepta implícitamente que estuvimos en un conflicto interno contra terroristas, considerados como un ejército beligerante y cuyos reos podrán considerarse como prisioneros de guerra, sujetos al Derecho Internacional Humanitario. Bajo esta nueva jurisprudencia legal, no solo Alberto Fujimori pediría la revisión de su sentencia, por ya no existir autoría mediata, ni asociación ilícita sobre los crímenes de un comando militar; sino también Abimael y los miembros de Sendero Luminoso por ya contar con derechos de guerra retroactivos, al estar sujetos a la III Convención de Ginebra, citada por la Sala Penal de la Corte Suprema en su sentencia. Una indignante aberración.
 Las implicancias políticas de la audacia y temeridad de Villa Stein son aún predecibles y peligrosas. Causa gracia que cierto sector de la izquierda relacione al Poder Ejecutivo con el Judicial, como en la época del autoritarismo de Fujimori, o el totalitarismo que practicó también García en el control de los tres poderes del Estado. Esa no es la situación ahora, sino que tanto el Poder Legislativo y el Judicial son escenarios de continuas disputas, gerenciadas por los partidos políticos y los poderes fácticos. Bajo este nuevo escenario legal, se brinda a sectores de ultra derecha y extrema izquierda un instrumento político para negociar con el Estado, dándoles vitrina mediática que favorecerá esa polarización, que el gobierno central viene tratando de aminorar. Entre el Fujimorismo y Movadef, se justificarán la legalidad de sus actos. Y como siempre, inteligentes y tontos útiles en la derecha y la izquierda, aprovecharán esta situación para implicar al Estado, fomentar la ingobernabilidad, e incrementar la conflictividad. En la derecha liberal, no sólo se verá inoportuna la desmembración de la Alianza Parlamentaria, por la unión de Acción Popular con un fujimorista para el sueño de la bancada propia, convirtiéndose automáticamente en DBA; sino que los sectores de izquierda que tratan de diferenciarse de Movadef, serán invisibilizados al tratar de hacerle frente al fujimorismo, como lo harán también ex miembros de Sendero Luminoso que pedirán revisión de sus sentencias. Finalmente, enfrentamiento entre dos poderes del Estado, con el Ministro de Justicia Jiménez ante la Corte Suprema de Villa Stein y los medios RPP, Comercio, Expreso o Correo en otra complicidad.
 El asunto es delicado, que no sólo ameritaría acciones del Estado en la casi imposible apelación de una sentencia en última instancia de la Corte Suprema, sino que requerirá la acción de la OCMA, y fuerte presión del resto de Poderes del Estado, organismos de DDHH y la sociedad civil. Y para que no queden dudas para aquellos que piensan que esto es sólo una cortina de humo, este escenario no se lo deseamos a ningún país democrático, donde uno de sus poderes de Estado, es manejado por opositores que no quieren el beneficio del país, sino que promueven la pérdida de credibilidad de las instituciones, para obtener beneficios o réditos políticos. En la lucha contra la impunidad, el revés que ha dado Villa Stein tiene el objetivo de beneficiar a Fujimori, al crear ese precedente que podría favorecerlo, con consecuencias en DDHH graves, e incrementando la polarización del país…
 René Galarreta
Lima, domingo 22 de julio de 2012

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