CURA CIPRIANI MINTIÓ AL PERÚ

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No una sino en múltiples oportunidades el cura Juan Luis Cipriani ha dicho públicamente que la jerarquía de la más grande ONG que hay en el Perú, la Iglesia Católica, no ganaba igual que los ministros. Gracias a la tenacidad e investigación de Humberto Ramírez Arroyo, es posible dar a conocer los documentos que aquí publicamos que desmienten lo afirmado por Cipriani. ¿Es también virtud de la fe mentir y hacerlo con descaro y contumacia como lo ha hecho el señor de marras?

El Perú gasta dinero en sectores ociosos. Un concordato firmado entre Perú y el Estado del Vaticano, en 1979, entre gallos y medianoche, configura un tratado internacional que ningún Congreso ha ratificado y menos estudiado. Su anulación inmediata, terminal y contundente, es premisa ineludible para cualquier estudio decente que proponga separar al Estado de la Iglesia, cualquiera la confesión que profese. El Estado no puede mantener a improductivos cuya única misión al llegar con los socios hamponescos de la conquista, fue expoliar al Perú, depredar sus riquezas naturales y mineras y repartirse, como hacen las mafias, los sectores de influencia para incrementar sus botines. Cualquier otra cosa intermediante, es adefesio o caricatura de Estado laico.

El DS No. 146-91-EF, firmado por Alberto Fujimori Fujimori, Carlos Boloña Behr y Carlos Torres y Torres Lara y de fecha 2-6-1991, decreta en su primer artículo: “Modifíquese las referencias establecidas en el Artículo 1º del DS. No. 275-89-EF, en la forma siguiente: a) Cardenal, Arzobispo Primado, equivalente al 100% del Monto Único de Remuneración Total de un Ministro de Estado.”

¿Qué puede decirnos sobre el particular el cura Cipriani?

El DS. No. 275-89-EF, firmado por Alan García Pérez, Guillermo Larco Cox, César Vásquez Bazán y María Angélica Bockos de Grillo, de fecha 23-11-1989, decía en su Art. 1: “Modifícase las referencias establecidas en el Art. 1 del DS. No. 249-87-EF, en la forma siguiente: a) Cardenal Arzobispo Primado, equivalente al 100% de la Remuneración Principal de un Ministro de Estado.”

Más aún.

El DS. 249-87-EF, firmado por Alan García Pérez, Gustavo Saberbein y Carlos Blancas Bustamante, de fecha 17-12-1987, dice en su primer artículo: “Las subvenciones que perciben por el Pliego del Ministerio de Justicia los Obispos, Canónigos y personal eclesiástico y civil al servicio de la Iglesia con asignación consignada en el presupuesto del Régimen Eclesiástico serán equivalentes a las Remuneraciones principales de los funcionarios y directivos del Estado, establecidas por el DS. No. 107-87-PCM (Escala 01)…..”

Con el rótulo enorme de SECRETO, el DS. No. 380-86-EF, firmado por Alan García Pérez, Luis Alva Castro y Carlos Blancas Bustamante, de fecha 13-11-1986, dice en su artículo 1: “Las subvenciones que perciben por el Pliego del Ministerio de Justicia los obispos, canónigos y personal eclesiástico y civil al servicio de la Iglesia con asignación consignada en el presupuesto del Régimen Eclesiástico serán equivalentes a las remuneraciones principales de los funcionarios establecidas por el DS. No. 057-86-EF (Anexo No. 1), …..”. ¿A qué se debe el secreto de esta norma?

También bajo el sello de SECRETO, el DS. 394-85-EF, firmado por Alan García Pérez, Luis Gonzales Posada y Luis Alva Castro, de fecha 2-9-1985, se dice en el artículo 1: “Las subvenciones personales y pensiones que se otorgan al Régimen Eclesiástico, conforme al DS. 222-80-EFC, de fecha 13-10-1980, se incrementarán en un monto igual a dos veces el establecido por dicha norma legal”.

Como se ve, son varios los dispositivos entre secretos y públicos los establecidos entre el primer gobierno de Alan García Pérez, 1985-1990 y uno durante la administración del nipón Kenya Fujimori. ¿Será por eso que la obsequiosidad que dispensa el mandatario García a Cipriani llega hasta el ridículo de besarle la mano? Cortesanías de esa naturaleza denigran al primer servidor público del Perú y más aún tratándose de un confeso mentiroso y violador de derechos humanos como es el capitán mayor de la cofradía católica, Juan Luis Cipriani.

¿A cuento de qué hay que mantener una burocracia panzona, progenitora oculta de muchos hijos e impulsadora de sectas fanáticas, fascistas y reaccionarias que los políticos en Perú pretenden no combatir hasta que caigan bajo su férula autoritaria y vayan desconcertados al paredón? ¿A quién le ha preguntado el Estado si queremos seguir manteniendo a seres improductivos cuya única misión en Perú y Latinoamérica ha sido consagrar la mentira institucional de fe que no cuestiona nada, acepta todo y encima permite tratados internacionales que expolian el pobrísimo bolsillo del hombre y mujer común corriente?

Si el Congreso tuviera pantalones, y hay esperanzas que así lo demuestre, debería ¡inmediatamente! anular el concordato con la Iglesia Católica y decantar al Estado de  cualquier confesión. Quien quiera creer que crea y lo que le venga en gana, pero que sufrague su fe y sus mentiras ¡con su dinero! El sagrado recurso popular no se puede tocar para causas ociosas y viles como la actual que Cipriani ha negado varias veces.

Así de simple: ¡Cura Cipriani mintió al Perú!

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

Previendo la Ingobernabilidad (Promovida por un Fujimón dentro de un Poder del Estado)

QUE TAL CUAJO

 En medio de reuniones de los facilitadores, monseñor Cabrejos y Padre Garatea, y ad-portas de los cambios ministeriales, balances de gobierno, y el mensaje a la nación del 28 de julio, Villa Stein ha dado un golpe a la justicia y la gobernabilidad, favoreciendo a Fujimori, ultras y extremos. Veamos.

 Eliminar el delito de lesa humanidad a las violaciones a los derechos humanos del Grupo Colina va a tener serias consecuencias. Para empezar, la reducción de penas de los principales responsables de estos crímenes, no sólo a Martín Rivas o Kerosene, sino también a Montesinos y Hermoza Ríos. Segundo, que estaremos sujetos a demandas de la Corte Interamericana de DDHH por contradecir su sentencia  dada para el caso Barrios Altos. Finalmente y lo más grave, sería que ese fallo crearía precedentes para favorecer a Alberto Fujimori y Abimael Guzmán. Como bien viene explicando y aclarando Rosa María Palacios, dejando de lado su pasado cercano a Hurtado Miller, Villa Stein no les está diciendo toda la verdad a los peruanos al menos en sus entrevistas, al afirmar que el delito de lesa humanidad se retira por la supuesta falta de práctica sistemática del Estado. El verdadero fundamento se basa en que el grupo Colina ya no se considera como un comando paramilitar que eliminaba civiles, tratados como delincuentes terroristas; sino que el grupo Colina se considerará a partir de esta vergonzosa sentencia como grupo militar que eliminaba terroristas sin considerarlos civiles. Con esto se acepta implícitamente que estuvimos en un conflicto interno contra terroristas, considerados como un ejército beligerante y cuyos reos podrán considerarse como prisioneros de guerra, sujetos al Derecho Internacional Humanitario. Bajo esta nueva jurisprudencia legal, no solo Alberto Fujimori pediría la revisión de su sentencia, por ya no existir autoría mediata, ni asociación ilícita sobre los crímenes de un comando militar; sino también Abimael y los miembros de Sendero Luminoso por ya contar con derechos de guerra retroactivos, al estar sujetos a la III Convención de Ginebra, citada por la Sala Penal de la Corte Suprema en su sentencia. Una indignante aberración.

 Las implicancias políticas de la audacia y temeridad de Villa Stein son aún predecibles y peligrosas. Causa gracia que cierto sector de la izquierda relacione al Poder Ejecutivo con el Judicial, como en la época del autoritarismo de Fujimori, o el totalitarismo que practicó también García en el control de los tres poderes del Estado. Esa no es la situación ahora, sino que tanto el Poder Legislativo y el Judicial son escenarios de continuas disputas, gerenciadas por los partidos políticos y los poderes fácticos. Bajo este nuevo escenario legal, se brinda a sectores de ultra derecha y extrema izquierda un instrumento político para negociar con el Estado, dándoles vitrina mediática que favorecerá esa polarización, que el gobierno central viene tratando de aminorar. Entre el Fujimorismo y Movadef, se justificarán la legalidad de sus actos. Y como siempre, inteligentes y tontos útiles en la derecha y la izquierda, aprovecharán esta situación para implicar al Estado, fomentar la ingobernabilidad, e incrementar la conflictividad. En la derecha liberal, no sólo se verá inoportuna la desmembración de la Alianza Parlamentaria, por la unión de Acción Popular con un fujimorista para el sueño de la bancada propia, convirtiéndose automáticamente en DBA; sino que los sectores de izquierda que tratan de diferenciarse de Movadef, serán invisibilizados al tratar de hacerle frente al fujimorismo, como lo harán también ex miembros de Sendero Luminoso que pedirán revisión de sus sentencias. Finalmente, enfrentamiento entre dos poderes del Estado, con el Ministro de Justicia Jiménez ante la Corte Suprema de Villa Stein y los medios RPP, Comercio, Expreso o Correo en otra complicidad.

 El asunto es delicado, que no sólo ameritaría acciones del Estado en la casi imposible apelación de una sentencia en última instancia de la Corte Suprema, sino que requerirá la acción de la OCMA, y fuerte presión del resto de Poderes del Estado, organismos de DDHH y la sociedad civil. Y para que no queden dudas para aquellos que piensan que esto es sólo una cortina de humo, este escenario no se lo deseamos a ningún país democrático, donde uno de sus poderes de Estado, es manejado por opositores que no quieren el beneficio del país, sino que promueven la pérdida de credibilidad de las instituciones, para obtener beneficios o réditos políticos. En la lucha contra la impunidad, el revés que ha dado Villa Stein tiene el objetivo de beneficiar a Fujimori, al crear ese precedente que podría favorecerlo, con consecuencias en DDHH graves, e incrementando la polarización del país…

 René Galarreta

Lima, domingo 22 de julio de 2012

YANACOCHA: ¿INVERSIÓN EXTRANJERA?

Javier Diez canseco

Yanacocha SRL, el ojo de la tormenta de Conga, se constituyó en 1992. La contribución de dinero fresco de los socios –no de préstamos o apalancamientos financieros– al capital social de la empresa, apenas bordeó los US $2 millones de dólares. Pero  generó –en 18 años– utilidades netas por la increíble suma de  US $5, 615 millones.

 Inició operaciones en 1993 con el proyecto Carachungo, a un costo de unos US $64 millones. 

¿Cómo lo hizo con un aporte de apenas US $2 millones de los socios? 

Todo indica que recurrió al apalancamiento financiero en el sistema bancario y la bolsa o mercado de capitales nacional o extranjero para conseguir la plata. Según sus estados financieros la empresa también emitió bonos por US $100 millones el 97,  y en 1999 se prestó del IFC (financiera del Banco Mundial que terminó de socia minoritaria) otros US $100 millones. En total, unos US $200 millones. Y, entre 1993 y el año 2000 sus utilidades netas llegaron a la modesta suma de US $816 millones 916 mil dólares de los que distribuyeron utilidades a sus accionistas por US $467 millones de dólares. Lo no repartido de las utilidades fue retenido, unos US $350 millones para reinvertir del mismo dinero ganado en el Perú. Y aún no había llegado el periodo de boom de los precios de minerales.

 El 2001, tuvieron US $80 millones de utilidad, repartieron US $10 millones entre los socios, y decidieron capitalizar US $206.5 millones de dólares en Yanacocha, manteniendo retenidas utilidades totales por US $214.3 millones de dólares. 

El 2002 arrancó el alza de precios y las ganancias netas (pagados impuestos y todos los costos) fueron, ese solo año, de US $220.85 millones. 

El año siguiente fueron US $313.14 millones, el 2004 fueron casi US $428 millones. 

El 2005 llegaron a US $535.5 millones, subieron a US $567.7 el 2007. Entre esos años se repartieron a los accionistas la friolera de US $1,291 millones y retuvieron ganancias por US $2,216 millones en la caja de la empresa. 

Las utilidades netas del 2007 cayeron a US $244.2 millones, pero volvieron a reinvertir US $189.6 millones ganados en el país en capital social.

 Ojo, a diciembre del 2012 el capital social de Yanacocha, declarado, es de US $398 millones 316 mil dólares y solo reinvirtió dos veces una pequeña parte de sus ganancias: un total de US $396.1 millones dólares. 

Así, concluimos que el capital social fresco aportado por los socios fue apenas de 2.1 millones de dólares, porque lo reinvertido de ganancias fue US $398.3 millones. 

¡Excelente negocio!, generado con las mismas ganancias de suelo peruano y un apalancamiento de créditos y bonos que no son ajenos a la captación de dinero peruano en sus inicios.  

Entonces, ¿cuánto dinero extranjero entró para Yanacocha si fue generado aquí, con los recursos naturales y el trabajo de peruanos que dieron enormes ganancias reinvertidas?  Además, Yanacocha usa tecnología y máquinas extranjeras que dan trabajo y generan envíos fuera, no en el Perú, tampoco transforma las materias primas en el Perú y paga impuestos a lo exportado según su declaración jurada, sin análisis detenido aquí de lo que sale fuera. 

Para colmo, contabiliza como costos una regalía de 3% que Newmont le paga a Buenaventura-Benavides  y Newmont  cobra 2% por administración.

 Así, un negocio que se inició –como recuerda Alonso Ramos– comprando 609 hectáreas de tierra a humildes campesinos a S/.100 soles la hectárea con el apoyo de Fujimori,  continuó con el arreglo de los norteamericanos y Benavides con Montesinos para desalojar al socio francés BRMG y quedarse con su parte, consumió y contaminó el agua de Cajamarca y siguió con el inútil reservorio de San José inaugurado por Alan García y que está seco, resultó un mina de oro para una Yanacocha que pocos quieren.

Su ganancia neta por cada dólar de capital social es de US $2,654 dólares. 

Pero a Yanacocha SRL, ningún gobierno la obligó a dejar lo justo para el Perú, ni tampoco a respetar el agua y el ambiente, o le impuso el impuesto a las sobreganancias para atender agro, educación o salud, tan deteriorados. 

Ni García ni Humala. 

Los US $4,800 millones que anuncian de “inversión extranjera” en Conga son menos que los US $5,615.7 millones de utilidades netas que ya le sacaron al país. 

Tienen en su poder US $2,531.4 millones de utilidades no distribuidas. 

Es decir, la inversión extranjera solo es dinero peruano en el bolsillo de la Newmont y Benavides.

En nombre del crecimiento y la inclusión

Vicepresidenta de la República

MARISOL ESPINOZA CRUZ

Al asumir el gobierno en Julio del 2011, sabíamos que la tarea no era fácil, la inclusión social propuesta en la campaña implicaba que el Estado debía servir como promotor no sólo del crecimiento, sino también de la inclusión y el  desarrollo.

Un punto central de esta inclusión y progreso social es el que corresponde a la resolución de los conflictos sociales heredados. Principalmente los medio ambientales, el primer paso fundamental en este camino fue la aprobación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa, Ley N° 29785, que resulta siendo una norma importante en el debate sobre el actuar de las empresas extractivas y su relación con la población, porque los problemas que afrontamos tienen también un componente histórico acuñado por la desconfianza de la población en el actuar de las empresas mineras, y una burocracia estatal con poco tino para atender estas demandas sociales.

El conflicto  socio ambiental en Cajamarca es una expresión de esta problemática que es necesario conocer en su magnitud, los hombres y mujeres de Cajamarca no son opuestos a la inversión y así se demuestra con el desarrollo de proyectos mineros que actualmente vienen siendo explotados en la región y que cuentan con licencia social por parte de la población, como es el caso de Gold Fields, Michiquillay entre otras.

Menos aún es la violencia una característica de los pobladores cajamarquinos, hay que resaltar el importante trabajo que realizaron las rondas campesinas en favor de nuestra pacificación que nunca permitieron que el terrorismo avanzara. Sin embargo hay que reconocer que el manejo de este conflicto social no ha generado estrategias por parte de Yanacocha que descansen en una capacidad constructiva. La inclusión social requiere de una gran capacidad de escuchar el punto de vista de todos para entender su problemática y proponer soluciones concertadas y lamentablemente esta empresa minera muy poco ha hecho para ganarse la confianza de los cajamarquinos.

El informe de la Defensoría del Pueblo señala que el 88% de los conflictos se desarrollan en provincias cuya población se encuentra mayoritariamente bajo la línea de pobreza; y el 73% ocurre en aéreas rurales.

Es por ello que las empresas que ingresan a invertir en nuestro país deben ser transparentes con la población, cumplir con sus compromisos sociales y remediar sus pasivos ambientales, para así ganar su confianza y no lamentar después situaciones como las que actualmente enfrenta la empresa Yanococha, que durante 20 años no ha sabido tener empatía con la población.

La tarea que ahora tienen Monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea no es sencilla, sin embargo, estamos seguros que podrán ayudarnos a buscar un camino de solución a este conflicto, que permita el desarrollo de la inversión sin afectar la esperanza de la población y con respeto y cuidado del medio ambiente; el Perú necesita continuar con el crecimiento de su economía, pero para ello la relación entre el Estado y la inversión debe ser diferente, priorizando los intereses nacionales y no la soberbia que a veces muestran algunas empresas.

Juan Pablo II nos dejó un gran mensaje “que el diálogo… facilita la solución de conflictos y favorece el respeto a la vida. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad”.

(*)