jueves, 24 de enero de 2013

TELEFÓNICA 19 AÑOS MÁS

El dominio continua

Llega al Perú el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que de alguna manera se está tomando un aire de las fuertes presiones a la que está sometido en su país, y lo que encuentra en el Perú es un regalo inesperado (o tal vez era esperado y no lo sabemos): la aparentemente interminable negociación entre la Telefónica y el ministerio de Transportes y Comunicaciones ha concluido y ahora hay nuevo contrato y 19 años más de la empresa más discutida del proceso de privatización de los 90.
 De inmediato se ha abierto un debate nacional sobre el tema que no pudo desarrollarse antes por el carácter secreto con que se llevó adelante la negociación, como si para alguien hubiera sido importante evitar que las posiciones que tienen los peruanos sobre este punto fueran escuchadas. Al principio, sin embargo, parecía que la cosa se venía realmente dura cuando el presidente Humala dijo que no concebía que una empresa que se resistía a pagar sus impuestos y había judicializado su deuda tributaria, creyera que se podía renovar el contrato sin cumplir antes con sus obligaciones.
 Pero de eso ya hace mucho tiempo y Humala, que alguna vez se burlaba de las cuerdas separadas, admitió un trato diferenciado de estos dos asuntos: tributario y contractual,  y puso al ministro Paredes en la ruta de la renovación a la que debía arrancarle algunas novedades para volver a exhibir cómo es eso de que el gobierno negocia sin patear el tablero. En Ecuador, el mismo tema de los nuevos contratos de telefonía supuso que las empresas hicieran un desembolso a favor del Estado por el uso del espectro de comunicaciones y si no estaban de acuerdo se acababa el compromiso y se llamaba a otros interesados.
 En el Perú no hemos conseguido un solo centavo, como si un bien escaso como son las ondas radioeléctricas  no valiera nada y se otorgara como gracia al concesionario. Tampoco por supuesto se ha logrado una mejora de la tarifa considerada una de las más altas de la región, ni obligaciones en relación al servicio. Toda la negociación parece que ha estado centrada en conseguir que la empresa colabore con los programas sociales para pobres en que anda metido este gobierno y que se presume que tienen una cobertura total de un millón de beneficiarios. Es así que al final de la negociación, la “más dura” exigencia es que las tarifas para estas personas serán la mitad de lo que paga el resto, sin que se sepa aún cómo le empresa generará un mecanismo compensatorio para cobrarse de los otros usuarios la menor ganancia por lo que vendría a ser más o menos un 10% de todo su mercado.
 Lo esencial de esta supuestamente difícil negociación es que no había instrumentos de poder puestos en la mesa por el gobierno, por ejemplo la posibilidad de no renovación del contrato, o la eventualidad de una licitación abierta para comparar diversas ofertas. A la vieja manera, el ahora diluido nacionalista Ollanta Humala, colocó todo el énfasis en que la Telefónica se quede. Si el otro sabe que esa es la política, va a alargar, como lo hizo, la negociación cuánto sea necesario para que las pretensiones del Estado queden dentro de los límites que le sean más convenientes. Por eso es que quizás por un poco de vergüenza nos quieren vender que algunas pequeñas concesiones son una gran victoria sobre una empresa intransigente. Compárense los contratos peruanos con los de países vecinos para saber cómo entiende cada quién esto de la soberanía.  

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