martes, 30 de abril de 2013

50 VERDADES SOBRE LAS SANCIONES ECONÓMICAS DE EE UU CONTRA CUBA



En la ONU 186 paises piden fin al bloqueo
Por  Salim Lamrani
 La visita de la estrella estadounidense de la música Beyoncé y su esposo Jay-Z a La Habana volvió a suscitar la polémica sobre el mantenimiento de las sanciones contra Cuba desde hace más de medio siglo.
He aquí algunos datos sobre el estado de sitio económico más largo de la historia.
1.       La administración republicana de Dwight D. Eisenhower impuso las primeras sanciones económicas contra Cuba en 1960, oficialmente a causa del proceso de nacionalizaciones que emprendió el gobierno revolucionario de Fidel Castro.
2.       En 1962, el gobierno demócrata de John F. Kennedy aplicó sanciones económicas totales contra la isla.
3.       El impacto fue terrible. Estados Unidos siempre constituyó el mercado natural de Cuba. En 1959, el 73% de las exportaciones se hacían con el vecino del Norte y el 70% de las importaciones procedían de ese territorio.
4.       Ahora, Cuba no puede exportar ni importar nada de Estados Unidos. Desde 2000, tras las presiones del lobby agrícola estadounidense que buscaba nuevos mercados para sus excedentes, La Habana está autorizada a importar algunas materias primas alimenticias, con condiciones draconianas.
5.       La retórica diplomática para justificar el endurecimiento de este estado de sitio económico evolucionó con los años. Entre 1960 y 1990, Estados Unidos evocó primero el caso de las expropiaciones de sus empresas para justificar su política hostil hacia La Habana. Luego, Washington evocó sucesivamente la alianza con la Unión Soviética, el apoyo a las guerrillas latinoamericanas en lucha contra las dictaduras militares y la intervención cubana en África para ayudar a las antiguas colonias portuguesas a conseguir su independencia y a defenderla.
6.       En 1991, tras el desmoronamiento del bloque soviético, Estados Unidos en vez de normalizar las relaciones con Cuba, decidió al contrario reforzar las sanciones invocando la necesidad de restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos.
7.       En 1992, bajo la administración Bush padre, el Congreso de Estados Unidos adoptó la ley Torricelli que recrudece las sanciones contra la población cubana y les da un carácter extraterritorial, es decir contrario a la legislación internacional.
8.       El derecho internacional prohíbe a toda ley nacional ser extraterritorial, es decir aplicarse más allá de las fronteras del país. Así, la ley francesa no se puede aplicar en Alemania. La legislación brasileña no puede aplicarse en Argentina. No obstante, la ley Torricelli se aplica en todos los países del mundo.
9.       Así, desde 1992, todo barco extranjero –cualquiera que sea su procedencia– que entra en un puerto cubano se ve prohibido de entrar a Estados Unidos durante seis meses.
10.   Las empresas marítimas que operan en la región privilegian el comercio con Estados Unidos, primer mercado mundial. Cuba, que depende esencialmente del transporte marítimo por su insularidad, tiene que pagar un precio muy superior al del mercado para convencer a los transportistas internacionales de suministrar mercancía a la isla.
11.   La ley Torricelli prevé también sanciones a los países que brindan asistencia a Cuba. Así, si Francia o Brasil otorgan una ayuda de 100 millones de dólares a la isla, Estados Unidos disminuye su ayuda a esas naciones por el mismo importe.
12.   En 1996, la administración Clinton adoptó la ley Helms-Burton que es a la vez extraterritorial y retroactiva, es decir, que se aplica sobre hechos que ocurrieron antes de la adopción de la legislación, lo que es contrario al derecho internacional.
13.   El derecho internacional prohíbe a toda legislación tener un carácter retroactivo. Por ejemplo, en Francia, desde el 1 de enero de 2008 está prohibido fumar en los restaurantes. No obstante, un fumador que hubiera consumido un cigarrillo el 31 de diciembre de 2007 durante una cena no puede ser sancionado por ello, pues la ley no puede ser retroactiva.
14.   La ley Helms-Burton sanciona a toda empresa extranjera que se instaló en las propiedades nacionalizadas que pertenecían a personas que, en el momento de la estatización, disponían de la nacionalidad cubana, violando el derecho internacional.
15.   La ley Helms-Burton viola también el derecho estadounidense que estipula que las demandas judiciales en los tribunales sólo son posibles si la persona afectada por un proceso de nacionalizaciones es ciudadano estadounidense cuando ocurrió la expropiación y que ésa haya violado el derecho internacional público. Ahora bien, ninguno de esos requisitos está cumplido.
16.   La ley Helms-Burton tiene como efecto el de disuadir a numerosos inversionistas de instalarse en Cuba por temor a represalias por parte de la justicia estadounidense y es muy eficaz.
17.   En 2004, la administración de Bush hijo Creó la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre, que impuso nuevas sanciones contra Cuba.
18.   Esta Comisión limitó mucho los viajes. Todos los habitantes de Estados Unidos puede viajar a su país de origen cuantas veces quieran, menos los cubanos. En efecto, entre 2004 y 2009, los cubanos de Estados Unidos sólo pudieron viajar a la isla 14 días cada tres años, en el mejor de los casos, con tal de que consiguieran una autorización del Departamento del Tesoro.
19.   Para poder viajar había que demostrar que al menos un miembro de la familia vivía en Cuba. No obstante, la administración Bush redefinió el concepto de familia, que se aplicó exclusivamente a los cubanos. Así, los primos, sobrinos, tíos y otros parientes cercanos ya no formaban parte de la familia. Sólo los abuelos, padres, hermanos, hijos y cónyuges formaban parte de la familia, según la nueva definición. Por ejemplo, un cubano que residían en Estados Unidos no podía visitar a su tía en Cuba, ni mandarle una ayuda económica a su primo.
20.   Los cubanos que cumplían todos los requisitos para viajar a su país de origen, además de tener que limitar su estancia a dos semanas, no podían gastar allí más de 50 dólares diarios
21.   Los ciudadanos o residentes estadounidenses podían mandar una ayuda financiera a su familia, sin límite de importe, menos los cubanos que no podían mandar más de 100 dólares al mes entre 2004 y 2009.
22.   No obstante, si un cubano de la Florida deseaba mandarle dinero a su madre –miembro directo de la familia según la nueva definición– que vivía en La Habana, era imposible si la madre militaba en el Partido Comunista.
23.   En 2006, la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre adoptó otro informe que recrudeció las restricciones contra Cuba.
24.   Con el objetivo de limitar la cooperación médica cubana con el resto del mundo, Estados Unidos prohíbe toda exportación de equipos médicos a países terceros “destinados a utilizarse en programas a gran escala [con] pacientes extranjeros”, mientras la mayor parte de la tecnología médica mundial es de origen estadounidense.
25.   Por la aplicación extraterritorial de las sanciones económicas, un fabricante de coches japonés, alemán, coreano u otro, que desee comercializar sus productos en el mercado estadounidense, tiene que demostrar al Departamento del Tesoro que sus coches no contienen ni un solo gramo de níquel cubano.
26.   Del mismo modo, un pastelero francés que desee entrar en el primer mercado del mundo tiene que demostrar a la misma entidad que su producción no contiene un solo gramo de azúcar cubano.
27.   Así, el carácter extraterritorial de las sanciones limita fuertemente el comercio internacional de Cuba con el resto del mundo.
28.   A veces, la aplicación de estas sanciones toma un giro menos racional. Así, todo turista estadounidense que consuma un cigarro cubano o un vaso de ron Havana Club durante un viaje al exterior, en Francia, Brasil o Japón, se arriesga a una multa de un millón de dólares y diez años de prisión.
29.   Del mismo modo, un cubano que reside en Francia teóricamente no puede tomar una hamburguesa en McDonald’s.
30.   El Departamento del Tesoro es tajante al respecto: “Muchos se preguntan a menudo si los ciudadanos estadounidenses pueden adquirir legalmente productos cubanos, incluso tabaco o bebidas alcohólicas, en un país tercero para su consumo personal fuera de Estados Unidos. La respuesta es no”.
31.   Las sanciones económicas también tienen un impacto dramático en el campo de la salud. En efecto, cerca del 80% de las patentes depositadas en el sector médico provienen de las multinacionales farmacéuticas estadounidenses y sus subsidiarias y Cuba no puede tener acceso a ellas. El Alto Comisariado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas subraya que “las restricciones impuestos por el embargo han contribuido a privar a Cuba de un acceso vital a los medicamentos, las nuevas tecnologías médicas y científicas”.
32.   El 3 de febrero de 2006, una delegación de dieciséis funcionarios cubanos, reunida con un grupo de empresarios estadounidenses, fue expulsada del Hotel Sheraton María Isabel de la capital mexicana, en violación de la ley azteca que prohíbe todo tipo de discriminación por raza u origen.
33.   En 2006, la empresa japonesa Nikon se negó a entregar el primer premio –una cámara– a Raysel Sosa Rojas, joven cubano de 13 años que padece una hemofilia hereditaria incurable, que Ganó el XV Concurso Internacional de Dibujo Infantil del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNMA). La multinacional nipona explicó que la cámara digital no podía entregarse al joven cubano porque contenía componentes estadounidenses.
34.   En abril de 2007, El banco Bawag, vendido al fondo financiero estadounidense, cerró las cuentas de un centenar de clientes de origen cubano que residían en la república alpina, aplicando así de modo extraterritorial la legislación estadounidense en un tercer país.
35.   En 2007, el banco Barclays ordenó a sus filiales de Londres que cerraran las cuentas de dos empresas cubanas: Havana International Bank y Cubanacán, después de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro ejerciera presiones.
36.   En julio de 2007, la compañía aérea española Hola Airlines, que tenía un contrato con el gobierno cubano para transportar a pacientes que padecían enfermedades oculares en el marco de la Operación Milagro, tuvo que poner término a sus relaciones con Cuba. En efecto, cuando solicitó al fabricante estadounidense Boeing que realizase reparaciones en un avión, ése le exigió como condición previa romper su contrato con la isla del Caribe y precisó que la orden procedía del gobierno de Estados Unidos.
37.   El 16 de diciembre de 2009, el banco Crédit Suisse recibió una multa de 536 millones de dólares del Departamento del Tesoro por realizar transacciones financieras en dólares con Cuba.
38.   En junio de 2012, el banco neerlandés ING recibió la mayor sanción jamás dictada desde el inicio del estado de sitio económico contra Cuba en 1960. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la institución financiera con una multa  de 619 millones de dólares por realizar, entre otras, transacciones en dólares con Cuba, a través del sistema financiero estadounidense.
39.   Los turistas estadounidenses pueden viajar a China, principal rival económico y político de Estados Unidos, a Vietnam, país contra el cual Washington estuvo más de quince años en guerra, o a Corea del Norte, que posee el arma nuclear y que amenaza con usarla, pero no a Cuba que, en su historia, jamás ha agredido a Estados Unidos.
40.   Todo ciudadano estadounidense que viole esta prohibición se arriesga a una sanción que puede alcanzar 10 años de prisión y 1 millón de dólares de multa.
41.   Tras las solicitudes de Max Baucus, senador del Montana, el Departamento del Tesoro admitió haber realizado, desde 1990, sólo 93 investigaciones relacionadas con el terrorismo internacional. En el mismo tiempo, efectuó otras 10.683 “para impedir que los estadounidenses ejerzan su derecho de viajar a Cuba”.
42.   En un informe, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (United States Government Accountability Office – GAO) apunta que los servicios aduaneros (Customs and Border Protection – CBP) de Miami realizaron inspecciones «secundarias» sobre el 20% de los pasajeros procedentes de Cuba en 2007 con el fin de comprobar que no importaban tabaco, alcohol o productos farmacéuticos de la isla. En cambio, el promedio de inspecciones fue sólo del 3% para todos los demás viajeros. Según el GAO, este enfoque sobre Cuba «reduce la aptitud de los servicios aduaneros para llevar a cabo su misión que consiste en impedir que los terroristas, criminales y otros extranjeros indeseables entren en el país».
43.   Los ex presidentes James Carter y William Clinton han expresado varias veces su oposición a la política de Washington. “No he dejado de pedir pública y privadamente la eliminación de nuestro bloqueo económico contra el pueblo cubano, el levantamiento de todas las restricciones financieras, comerciales y de viaje”, declaró Carter tras su segunda estancia en Cuba en marzo de 2011. Para Clinton, la política de sanciones “absurda” ha sido un “fracaso total”.
44.   La Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa el mundo de los negocios y a las más importantes multinacionales del país, también expresó su oposición al mantenimiento de las sanciones económicas.
45.   El New York Times ha condenado “un anacronismo de la Guerra Fría”.
46.   El Washington Post, diario conservador, aparece como el más virulento respecto a la política cubana de Washington: “La política de Estados Unidos hacia Cuba es un fracaso […]. Nada ha cambiado, excepto que nuestro embargo nos hace más ridículos e impotentes que nunca”.
47.   La mayoría de la opinión pública estadounidense también está a favor de una normalización de las relaciones entre Washington y La Habana. Según un sondeo realizado por CNN el 10 de abril de 2009, el 64% de los ciudadanos estadounidenses se oponen a las sanciones económicas contra Cuba.
48.   Según la empresa Orbitz Worldwide, una de las dos más importantes agencias de viajes en Internet, el 67% de los habitantes de Estados Unidos desean irse de vacaciones a Cuba y el 72% piensan que “el turismo en Cuba tendrían un impacto positivo en la vida cotidiana del pueblo cubano”.
49.   Más del 70% de los cubanos nacieron bajo estado de sitio económico.
50.   En 2012, durante la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 188 países de 192 condenaron por 21 vez consecutiva las sanciones económicas contra Cuba.
Para profundizar en el tema:
-Salim Lamrani, État de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba, Paris, Éditions Estrella, 2011.
-Salim Lamrani, The Economic War against Cuba, New York, Monthly Review Press, 2013.
*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula The Economic War Against Cuba. A Historical and Legal Perspective on the U.S. Blockade, New York, Monthly Review Press, 2013, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.

“NARCOINDULTOS HUELEN A PESCADO MALOGRADO”



El presidente Ollanta Humala rompió su silencio político en una entrevista televisiva con la finalidad de enviar un mensaje de tranquilidad al sector empresarial por el tema Repsol, aunque también aprovechó el momento para referirse a otros temas de coyuntura. Y aunque al inicio dijo que no se referiría a sus posibles sucesores, sí hizo una referencia directa a Alan García, al señalar que el caso de los ‘narcoindultos’ de su gobierno huele a pescado malogrado.
“No se puede responsabilizar de esto al APRA como partido, pero sí creo que eso huele a pescado malogrado y, por lo tanto, hay un rastro evidente, objetivo, de que ha habido la comisión de un delito, o por lo menos que hay que investigarlo seriamente, por la cantidad de indultos vinculados con esa actividad ilícita (narcotráfico)”, indicó.
En una entrevista a “Punto final”, trasmitida también por TV Perú, Humala evitó, sin embargo, dar una opinión final sobre la investigación de este escándalo del segundo régimen aprista, en el que se le concedieron gracias presidenciales a más de tres mil condenados por narcotráfico, y solo añadió que confía en que la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público investiguen el caso.
Pero esa no fue su única referencia. En otro momento, el jefe de Estado rechazó que el Ejecutivo realice “persecución política” contra alguien. Como se sabe, García fue quien se quejó de una persecución política al protestar por la investigación de la Megacomisión congresal a su segundo gobierno. Este dijo que con ello se busca impedir su candidatura en 2016.
“Me da pena que la clase política tradicional se mantenga en este nivel de la chacota. Le hacemos daño a la democracia. Al decir que el presidente es chavista o hablar de persecución política, ¿qué estamos diciendo en el fondo? Que no hay democracia. Haría un llamado a la responsabilidad (…). Hablar de persecución política me parece poco serio”, señaló el mandatario.
Humala también dijo que las persecuciones se daban contra agrupaciones y por temas ideológicos, y no “por un tema de investigación de orden delictivo”.
COMPRA DE REPSOL
Pero quizá el interés del presidente en dar esta entrevista fue enviar un mensaje de tranquilidad al país ante las críticas por la intención del Estado en comprar acciones de Repsol, situación que ha hecho que se advierta un posible regreso al concepto estatista de ‘La gran transformación’.
Humala confirmó que el Ejecutivo ha demostrado su interés por esa compra, aunque aclaró que esta aún no la ha decidido la empresa. “Con esto hemos podido ver los libros y ver de qué se trata, pero de ahí no hay más”, remarcó.
El mandatario consideró esas críticas como una “exacerbación de pasiones” en las que solo se utiliza conceptos ideológicos, cuando –añadió– la decisión que tome su gobierno, si así se decide, “será estrictamente basada en aspectos económicos, comerciales”.
Añadió que uno de los requerimientos que se pondrá, si la compra se concreta, será que Petroperú no vaya solo, sino con inversión privada, y como accionista minoritario, como una forma de “garantizar el mínimo de riesgos que puede tener Petroperú”.
Humala añadió que debido a los casos de corrupción del pasado, el Estado se ha visto debilitado. “La decisión se tomará con cabeza fría”, remarcó.
NI CHAVISMO NI CANDIDATURAS
En otro momento, Humala defendió su viaje a Venezuela para asistir a la asunción del presidente Nicolás Maduro, y tras recordar que él no fue el primero en reconocer esos resultados, dijo que fue porque además el Perú ejerce la presidencia pro témpore de la UNASUR.
No obstante, aseguró que con su viaje “no avaló ni consolidó nada”, sino que fue respetuoso de los resultados dados por el ente electoral venezolano, y que en el pasado no fueron cuestionados.
Sobre el permiso del Congreso, dijo que este Poder del Estado puede fiscalizar sus acciones, pero no impedir su conducción de la política internacional, que señala la Constitución, y que también comprende sus viajes al extranjero.
En la entrevista el mandatario también tuvo algunas referencias al fujimorismo, como cuando recordó la renuncia por fax del expresidente Alberto Fujimori, o cuando discrepó de la comparación del caso Venezuela con el del Perú del año 2000, pues –dijo– aquí hubo violaciones a los derechos humanos, además del grupo Colina, situación que no se ve en ese país.
Humala no quiso ni afirmar ni negar que su esposa, Nadine Heredia, será candidata a la presidencia en 2016. Entre risas, negó que ella cogobierne con él. “Su candidatura no está en nuestra agenda. Algunos candidatos adelantados le tienen miedo; que sufran”, sostuvo.
Sobre el caso del indulto a Alberto Fujimori, dijo que aún no recibe el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales y que cuando lo reciba decidirá el tema cuando lo crea conveniente. Es decir, ni siquiera aseguró una pronta respuesta apenas le sea remitido ese documento.
EL DATO
Humala agradeció nuevamente el apoyo del nobel de literatura Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de 2011, así como de otros actores como Alejandro Toledo, pero dijo que quien debe tomar decisiones de gobierno es él y no el escritor.
LUIS GARCÍA ROJAS
 

lunes, 29 de abril de 2013

¡TRAMPAS DE ALAN ANTE DEFENSORÍA!



Por Guillermo Olivera Díaz;godgod_1@hotmail.com
Tengo ante mí las siete páginas impresas del escrito de Alan García presentado al Defensor del Pueblo, el 15-4-3013, que la benevolencia de alguien me las hizo llegar. De principio a fin se lamenta, casi llora, de la lesiva actuación de la Comisión Investigadora de la Gestión Presidencial 2006-2011, presidida por Sergio Tejada, que, según señala, viene actuando, de “manera sistemática, con clara afectación de (sus) derechos constitucionales”, sin respeto de las “garantías mínimas del derecho al debido proceso en sede parlamentaria”.
Copia y pega, sin creación propia, las partes que entresaca del fallo de 8-8-2012 del Tribunal Correccional expedido en el Expediente N° 156-2012-PHC-TC, hábeas corpus planteado por el ex vocal supremo César Humberto Tineo Cabrera, quien había sido objeto de acusación constitucional (antejuicio) en el Congreso de la República, en el cual alegaba se había violado su derecho al debido proceso. Su demanda fue declarada improcedente en un extremo e infundada en otro, por lo que no es aplicable al caso Alan García, contra quien, con nombres y apellidos, no pesa proceso alguno por denuncia constitucional, es decir, no se tramita aún ningún antejuicio, lo cual se hará más adelante. Lo que aduce, pues, lo hace con trafa  o sibilina trampa confusiva.
La Megacomisión examina la “gestión presidencial 2006-2011”, que es otra cosa, otro supuesto jurídico, asaz diferente. Alan es una persona; la gestión es un “asunto de interés público”, que el Artículo 97 de la Constitución Política faculta investigar.
En la página cuatro del escrito de marras, punto 7), está lo que copia textualmente de la citada sentencia, sin el uso de comillas –lo cual es trafa también- por ser ideas ajenas:
 “7) El Tribunal Constitucional en su fallo recaído en el expediente N° 0156-2012-PHC/TC ha señalado claramente que son  garantías mínimas del debido proceso aplicables en los procedimientos seguidos ante las Comisiones Investigadoras en sede parlamentaria, entre otros, los siguientes:
1.       Respeto del principio de legalidad, lo que comprende el subprincipio de taxatividad;
2.       Derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación o motivo de la investigación, lo que implica comunicar concreta y puntualmente los cargos y las circunstancias que originan la investigación;
3.       Derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa;
4.       Acusación y derecho a la defensa, la cual podrá ejercerse efectivamente cuando se conozca de forma clara, detallada y precisa los hechos que se imputan;
5.       Derecho al plazo razonable (dejé de ejercer la Presidencia de la República hace más de 600 días, tiempo que supera todos los plazos establecidos para las investigaciones judiciales)”.
Todas estas exigencias mínimas del debido proceso corresponden a la persona en concreto que está siendo imputada e investigada, así se lee de la cita. La Megacomisión, en cambio, no investiga a nadie en particular; examina una gestión de un período presidencial de 5 años, no a personas. La mera citación y declaración de éstas no las muta a investigadas.
Una tercera trafa del escrito de García la constituye ampararse en el fallo de 31-1-2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “Tribunal Constitucional contra Perú”), en la parte que señala que “las garantías judiciales que contemplan los artículos 8 y 25 de  la Convención Americana de Derechos Humanos no sólo se aplican en el ámbito judicial, sino también a todo tipo de procedimiento en el que se ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales”. 
Parece que Alan García y su abogado no se dieron la molestia de leer el artículo 8 de la Convención citada, que se refiere a los derechos de una persona acusada e investigada, que no es la situación aún del quejoso.
La Megacomisión, no ejerce función “materialmente jurisdiccional”. Reitero, no ha abierto un procedimiento contra persona alguna, cuyo plazo razonable esté vencido, porque no le corresponde hacerlo, ni tal es el encargo recibido (examen de “gestión presidencial 2006-2011”), por cuya razón no tiene por qué presentar cargos a cada quien cita (todavía no los conoce, ni los que tiene que adivinar), aunque hayan ejercido la presidencia del país, ni enviar la comunicación previa y detallada de la acusación (que no existe), en la cual se debería concretar el añejo principio constitucional de la legalidad-taxatividad (nullum crimen, nulla poena, sine lege), donde se precise la figura típica imputada y que permita delimitar la defensa a la que se tiene derecho.
Estos pormenores que tratan los fallos del Tribunal Constitucional peruano, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo amparo recurre con trafa García, corresponden a cualquier persona acusada e investigada ante cualquier órgano del Estado. El Artículo 8 de la Convención invocado dice: “toda persona tiene derecho a ser oído… en la sustanciación de la acusación…” (Clarísima la trampa alanista)
Estos tópicos jurídicos serán motivo del antejuicio (acusación constitucional) que pronto se debe materializar contra García en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que sí ejerce “función materialmente jurisdiccional”, al buscar escudriñar entre variados delitos cometidos, imputados, acusados, evaluados y colegidos del acervo probatorio.