domingo, 28 de abril de 2013

EL ODIO A PETROPERÚ



La ley orgánica de Petroperú que regía durante el proceso de la privatización, señalaba de manera explícita que la empresa era “íntegramente de propiedad del Estado” y que sólo podía ser disuelta mediante ley expresa. Sin embargo, la venta sucia de la más grande empresa peruana se hizo amparándose en la norma general de privatizaciones (DL 674), sin ley que autorizara de manera directa afectar su patrimonio disgregándolo en unidades para su venta por partes.
 Se sacó así el tema de la discusión del Congreso y se saltó la ley. Para efectos de forma la refinería La Pampilla se vendió como si fuera una empresa aparte (se le fabricó un estatuto y se emitieron acciones a su nombre), pero el vendedor siguió siendo la CEPRI de Petroperú, encargada de matarla por etapas. Hoy, cuando Repsol ofrece la misma refinería, envejecida y debilitada, los enemigos de Petroperú recuerdan que no se puede formar nuevas empresas públicas sino por ley.
 Pero resulta que no se trata sino de un debate sobre si conviene recomponer el patrimonio productivo de una empresa existente, es decir más allá del aspecto político de la cuestión, esta es de una operación que debe ser vista desde el ángulo de la política de hidrocarburos que tiene como uno de sus brazos fundamentales a la empresa estatal del petróleo. Está a la vista que lo que no se quiere es que Petroperú se fortalezca y sea una empresa competitiva nacional e internacionalmente.
 Este espíritu destructivo estaba presente en los 90, cuando los funcionarios del Banco Mundial que monitorearon la privatización, insistieron en que había que desaparecer hasta el nombre, asociado a las políticas de nacionalización y desarrollo energético autónomo que estuvieron en auge en países como el nuestro antes de que se iniciara la ola neoliberal y las grandes privatizaciones.
 En pocas palabras: Petroperú evoca a Velasco. Y como está registrado en la historia hubo quienes se prestaron a apuñarla, no sólo desde las esferas del poder político y las consultorías bien pagadas, que sirvieron para liquidar los ingresos de la privatización. Hoy leemos a varios de esos actores regresar a sus viejas posiciones e insistir en lo retrógrado que es una empresa estatal con refinerías y grifos, cuando a cada paso vemos empresas también estatales ganando espacios en el país.
 Lo que resulta más curioso, por decir algo, es la posición del APRA, que en los 90 era parte del Comité de Defensa del Petróleo en el que participaban Gustavo Mohme Llona, Javier Diez Canseco, Manuel Dammert, el general Rodolfo Robles, entre otros, y que trató de impedir la venta de las dos joyas de Petroperú: La Pampilla y el lote 8X de la selva. Hoy el APRA de García y Del Castillo se escandaliza de que se esté estudiando la posibilidad de recuperar la refinería.

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