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| Alan: "Estoy dispuesto a que me lleven ante los tribunales" |
Asunto personal.
De acuerdo con el ex
presidente García, él revisó personalmente cada uno de los expedientes de los
delincuentes a los que liberó y dijo no estar arrepentido.
Ex presidente defendió las
reducciones de pena e indultos a los narcotraficantes y arguyó que no es un
delito haberlo hecho bajo el amparo de la Constitución. Reconoció que designó
personalmente al abogado aprista Miguel Facundo Chinguel.
Ángel Páez
"Yo respondo por cada uno
de ellos (los indultos y las reducciones de pena)", expresó el ex
mandatario Alan García en la sesión reservada de la Megacomisión del pasado
tres de abril.
"Si me quieren enjuiciar
por esto (la excarcelación de 5 mil 500 reclusos durante su gobierno),
¡enjuícienme!", retó García a los parlamentarios.
"No me corro ni me
escondo", advirtió el ex jefe del Estado, fastidiado por la revelación de
que durante su mandato conmutó la pena u otorgó indulto a 400 condenados por
narcotráfico.
García hizo una cerrada
defensa de las liberaciones de reclusos en aplicación de las gracias
presidenciales que le faculta la Constitución. El ex presidente aprista asumió
la responsabilidad de las excarcelaciones.
"He invertido miles de
horas en revisar 7.200 expedientes. Yo no firmo lo que me pasan. Yo no soy mesa
de partes, no señor. Estudié largos minutos cada uno de los expedientes para
ver con mi convicción si cada uno de los presos merecía eso (la reducción de
pena o el indulto)", arguyó García, de acuerdo con una grabación de su
intervención en la reunión reservada con la Megacomisión.
El ex presidente fue más
enfático en justificar los beneficios que otorgó a los condenados por delitos
de tráfico ilícito de drogas, bajo el argumento de que había una tendencia de
las autoridades de aplicar condenas exageradas, en particular en el caso de los
"burriers", a los que consideró delincuentes de poca envergadura. En
realidad, de acuerdo con reportes de la Dirección Antidrogas de la Policía
Nacional, hay "burriers" que son parte de organizaciones
internacionales del narcotráfico.
"Tenemos en el Perú a
estos turistas que se convierten en 'burriers', que tragan los paquetes de
cocaína o, más primitivamente, los adhieren a sus cuerpos a cambio de 5 mil
dólares. A esta gente normalmente por criterio, supongo que de la Corte
Superior, la pena promedio es de 6 años y 8 meses. Son 6 años y 8 meses en una
cárcel peruana para un extranjero, que es alimentado por el pueblo peruano. De
manera que mi criterio fue: si han cumplido 3 años y 4 meses hay que
comunicarles a su embajada y a ellos, que si tienen el pasaje para salir del
país serán expulsados sin derecho al retorno al Perú, sólo después de cumplir 3
años y 4 meses. (…) Porque 3 años y 4 meses en una prisión como Lurigancho
valen como 12 años en cualquier prisión en un país ciertamente más
pudiente", manifestó García, según una grabación de la sesión reservada a la
que tuvo acceso La República.
El ex presidente se sintió
ofendido por las insinuaciones de que detrás de las excarcelaciones de reclusos
por narcotráfico haya existido algún beneficio económico.
"¡Qué cosa es eso! Tengo
derecho al mínimo respeto. Tengo el derecho a mi respeto", afirmó, aunque
concedió: "Yo sé que pudo haber habido funcionarios zamarros, o
precipitaciones en dar las cosas, sin buscar beneficios económicos, pero este
tema es de facultad presidencial".
PATA EN EL SUELO
Ante la ola de
cuestionamientos, adelantó que estaba dispuesto ir a juicio: "Estudiamos
(los expedientes) personalmente, en las
noches. Era mi trabajo en las noches. Yo no me puedo quedar con los brazos
cruzados mientras hay un montón de pobre gente comiendo basura en latas en las
cárceles. ¿Ustedes llaman a eso haberse beneficiado del gobierno? Estoy
dispuesto a que me lleven ante los tribunales", advirtió. A una pregunta
del presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, sobre la excarcelación de un
capo del narcotráfico, lo rechazó y emplazó al gobierno de Ollanta Humala a
responder por los casos que él denunció: "Mi gobierno emplazó a varias
familias completas, y no sé qué pasa con el gobierno de ahora".
García también habló de la
responsabilidad de los ministros de Justicia y de la Comisión de Gracias
Presidenciales. "La comisión es integrada por el presidente de la
República y por el ministro de Justicia (…) Estos expedientes llegan a Palacio,
los estudios los ve el presidente, y normalmente acata lo que dice la
resolución. (Para que se vaya) lo más rápido la sabandija (el recluso)'. Eso se
refrenda con resolución suprema por el ministro. Si no, sería ciego mi
ministro", precisó.
Interrogado sobre el aprista
Miguel Facundo Chinguel, asumió la responsabilidad de su nombramiento. Y lo
defendió a capa y espada.
"Fue designado por el
ministro (de Justicia) pero con mi consentimiento. (...) El señor Chinguel
viene de una clase muy baja, pero tiene varios títulos universitarios. Cuando
fue propuesto, acepté. (...) Es hombre de pueblo, pueblo. Pata en el suelo. Y
vayan a su oficina en el Paseo de la República a ver si se enriqueció liberando
narcotraficantes", lo respaldó.
Tejada retrucó dando cuenta de
beneficios otorgados a narcotraficantes de alto vuelo. García contestó:
"No me impute la capacidad que me da la Constitución. Cambie la
Constitución, cambie el Código Penal. Eso no es delito", contestó.
MEGACOMISIÓN SOLICITA 120 DÍAS DE AMPLIACIÓN POR CASO 'NARCOINDULTOS'
El presidente de la denominada
Megacomisión, Sergio Tejada, anunció el acuerdo de su grupo de trabajo para
solicitar la ampliación de 120 días útiles para profundizar las investigaciones
sobre el caso 'narcoindultos', los decretos de urgencia y presunto desbalance
patrimonial del ex presidente y líder aprista Alan García.
"El tema de las gracias
presidenciales ha resultado más grande de lo que esperábamos. Todos los días
hay nuevos casos. Esto requiere de más sesiones de interrogatorio",
aseveró Tejada tras el interrogatorio de los ex promotores de la Comisión de
Gracias Presidenciales Renato Dávila y Manuel Huamán. El tercer citado, Alfredo
Lizárraga, no asistió.
La República pudo conocer que
Renato Dávila cayó en muchas contradicciones respecto al supuesto pago de
dinero a cambio de indultos. Además, intentó culpar al actual gobierno por
mantener a Manuel Huamán en dicha comisión de indultos hasta julio del año
pasado.
Mientras que Manuel Huamán
dijo no recordar nada sobre la consultoría que brindó en temas penitenciarios a
la Comisión de Gracias Presidenciales que lideraba Miguel Facundo Chinguel.
Poco tiempo después de dicha consultoría, Huamán fue contratado por la misma
comisión.
Según se supo, además, Huamán
cobró más de 5 mil soles por 5 días de consultoría a la comisión de Chinguel.
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