martes, 16 de julio de 2013

ADVIERTEN RIESGO DE PRESENCIA DE DEFENSORES DE DICTADURA FUJIMORISTA EN TC



El Instituto de Defensa Legal (IDL) expresó su preocupación porque la comisión multipartidaria del Congreso encargada de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), al Defensor del Pueblo y a los directores del Banco Central de Reserva (BCR), no ha brindado hasta el momento ninguna información sobre los procesos de selección de los citados representantes, ni ha adoptado medidas de transparencia esenciales que incluyan la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, pese a la trascendencia de esta tarea.
Hasta el momento no se cuenta con la debida publicidad de los postulantes oficiales, no se sabe de entrevistas públicas ni cuáles son los perfiles requeridos, cuál es la trayectoria de los candidatos, etc.
Sólo se conoce de supuestos candidatos de consenso por informaciones periodísticas, pero lo que prima es la incertidumbre y la falta de transparencia.
Y de acuerdos al interior del Congreso, sólo sabemos por declaraciones del congresista fujimorista José Becerril, que las bancadas han acordado que Perú Posible elegirá al Defensor del Pueblo, mientras que las vacantes del TC serán propuestas de la siguiente manera: 3 candidatos por parte del Partido Nacionalista y Perú Posible, 2 candidatos por el fujimorismo, y uno por Alianza por el Gran Cambio.
El reparto y el cuoteo político son inevitables. Sin embargo, el IDL considera que lo que no es negociable son la transparencia y el compromiso demostrado con la democracia y el Estado de Derecho que deben tener los candidatos.
En ese sentido, expresó que preocupa que entre los candidatos voceados al TC haya personas cuestionadas por su papel contrario a la defensa de la democracia y a los derechos humanos, algo que contraviene el perfil exigido por los valores y principios constitucionales que el cargo impone defender. Nos referimos principalmente al ex congresista fujimorista Rolando Souza y al ex presidente de la Corte de Justicia de Lima, Marcos Ibazeta.
Sobre el primero, ello está evidenciado a través de su rol como socio del estudio de abogados encargado de la defensa del condenado Alberto Fujimori, así como su participación en comisiones legislativas como las de Justicia y Relaciones Exteriores. Su presencia forma parte de un permanente esfuerzo fujimorista por promover estrategias dirigidas a favorecer indebidamente al hoy sentenciado por violación a los derechos humanos y corrupción. Y si bien su voceada candidatura al máximo órgano de la justicia constitucional no es sorpresiva, sí es altamente peligrosa para el Estado de Derecho y la democracia.
Por su parte, es conocida la postura del ex juez Ibazeta en relación a la defensa que ejerció de la irregular destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional y la “constitucionalidad” del juzgamiento de civiles por el fuero militar; la remoción de la entonces jueza Greta Minaya del caso de hábeas corpus del general Robles en lugar de defender los fueros jurisdiccionales; contravenir la competencia exclusiva de la Sala Antidrogas a cargo en ese entonces de la jueza Inés Villa (1996); o el comunicado en apoyo de mayores funciones de la entonces Comisión Ejecutiva de Dellepiane que intervino el Poder Judicial.
Asimismo, Ibazeta objetó la paradigmática sentencia que el TC emitió en el caso de la Ley Wolfenson, la misma que volvió al cauce constitucional la actuación del Poder Judicial.
El IDL lamentó que en la elección se haya impuesto hasta ahora el secretismo y la falta de transparencia, así como el privilegio de intereses políticos a la luz de algunos de los voceados que, de ser elegidos, significaría un golpe irreversible a la independencia del TC. El Congreso debe establecer con urgencia y antes de cualquier elección, un shock de medidas mínimas de transparencia sobre el proceso y los candidatos, cuidando que el resultado final privilegie los valores y principios constitucionales antes que los partidarios.

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