El Instituto de Defensa Legal
(IDL) expresó su preocupación porque la comisión multipartidaria del Congreso
encargada de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), al
Defensor del Pueblo y a los directores del Banco Central de Reserva (BCR), no
ha brindado hasta el momento ninguna información sobre los procesos de
selección de los citados representantes, ni ha adoptado medidas de
transparencia esenciales que incluyan la participación de la sociedad civil y
de la ciudadanía en general, pese a la trascendencia de esta tarea.
Hasta el momento no se cuenta
con la debida publicidad de los postulantes oficiales, no se sabe de
entrevistas públicas ni cuáles son los perfiles requeridos, cuál es la
trayectoria de los candidatos, etc.
Sólo se conoce de supuestos
candidatos de consenso por informaciones periodísticas, pero lo que prima es la
incertidumbre y la falta de transparencia.
Y de acuerdos al interior del
Congreso, sólo sabemos por declaraciones del congresista fujimorista José
Becerril, que las bancadas han acordado que Perú Posible elegirá al Defensor
del Pueblo, mientras que las vacantes del TC serán propuestas de la siguiente
manera: 3 candidatos por parte del Partido Nacionalista y Perú Posible, 2
candidatos por el fujimorismo, y uno por Alianza por el Gran Cambio.
El reparto y el cuoteo
político son inevitables. Sin embargo, el IDL considera que lo que no es
negociable son la transparencia y el compromiso demostrado con la democracia y
el Estado de Derecho que deben tener los candidatos.
En ese sentido, expresó que
preocupa que entre los candidatos voceados al TC haya personas cuestionadas por
su papel contrario a la defensa de la democracia y a los derechos humanos, algo
que contraviene el perfil exigido por los valores y principios constitucionales
que el cargo impone defender. Nos referimos principalmente al ex congresista
fujimorista Rolando Souza y al ex presidente de la Corte de Justicia de Lima,
Marcos Ibazeta.
Sobre el primero, ello está
evidenciado a través de su rol como socio del estudio de abogados encargado de
la defensa del condenado Alberto Fujimori, así como su participación en
comisiones legislativas como las de Justicia y Relaciones Exteriores. Su
presencia forma parte de un permanente esfuerzo fujimorista por promover
estrategias dirigidas a favorecer indebidamente al hoy sentenciado por
violación a los derechos humanos y corrupción. Y si bien su voceada candidatura
al máximo órgano de la justicia constitucional no es sorpresiva, sí es
altamente peligrosa para el Estado de Derecho y la democracia.
Por su parte, es conocida la
postura del ex juez Ibazeta en relación a la defensa que ejerció de la
irregular destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional y la
“constitucionalidad” del juzgamiento de civiles por el fuero militar; la
remoción de la entonces jueza Greta Minaya del caso de hábeas corpus del
general Robles en lugar de defender los fueros jurisdiccionales; contravenir la
competencia exclusiva de la Sala Antidrogas a cargo en ese entonces de la jueza
Inés Villa (1996); o el comunicado en apoyo de mayores funciones de la entonces
Comisión Ejecutiva de Dellepiane que intervino el Poder Judicial.
Asimismo, Ibazeta objetó la
paradigmática sentencia que el TC emitió en el caso de la Ley Wolfenson, la
misma que volvió al cauce constitucional la actuación del Poder Judicial.
El IDL lamentó que en la
elección se haya impuesto hasta ahora el secretismo y la falta de
transparencia, así como el privilegio de intereses políticos a la luz de
algunos de los voceados que, de ser elegidos, significaría un golpe
irreversible a la independencia del TC. El Congreso debe establecer con
urgencia y antes de cualquier elección, un shock de medidas mínimas de
transparencia sobre el proceso y los candidatos, cuidando que el resultado
final privilegie los valores y principios constitucionales antes que los
partidarios.
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