domingo, 14 de julio de 2013

DAN MÁS RAZONES POR LAS QUE SOUSA NO DEBE IR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Al descubierto. A medida que se recuerdan los antecedentes antidemocráticos de Rolando Sousa, crece el rechazo a la posibilidad de que integre el Tribunal Constitucional
El Instituto de Defensa Legal también cuestiona la elección de Pilar Freitas en la Defensoría del Pueblo. Indica que ambos pondrían en riesgo la independencia de estas entidades.
María Elena Castillo.
Por muchas razones, el ex congresista fujimorista Rolando Sousa no debe llegar al Tribunal Constitucional. El Instituto de Defensa Legal (IDL) consolidó diez causas por las que su elección pondría en riesgo la imparcialidad del máximo ente constitucional.
Se le cuestiona por ser socio del estudio de abogados que defiende a los principales procesados por delitos de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Entre sus clientes están el ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, así como los generales Nicolás Hermoza y Julio Salazar Monroe; también están la familia Sánchez Paredes, por denuncias de narcotráfico, y el ex alcalde Luis Valdez, acusado de ordenar el crimen del periodista Alberto Rivera.
Ejerció como abogado de Hermoza Ríos en la audiencia en la que este se comprometió a devolver millones de dólares obtenidos ilícitamente en el gobierno de Fujimori.
Y en la actualidad, el estudio de abogados del que es socio defiende al parlamentario Alejandro Aguinaga en la investigación por las esterilizaciones forzadas en la década del 90.
Asimismo, Sousa fue uno de los gestores y defensor del Decreto Legislativo 1097, que permitía archivar los juicios sobre crímenes de derechos humanos si no se dictaba sentencia en tres años, estableciendo un marco de impunidad para los casos del grupo Colina que en ese momento estaban judicializados. Envió una carta a la hermana de Carlos Pichilingüe, integrante del grupo militar, en la que se irroga este decreto como parte de su labor legislativa. Apenas se promulgó la norma, varios miembros del grupo Colina se acogieron, pidiendo su libertad.
IDL también señala como argumento que en el 2010 Sousa habría intentado abogar ante el director de la Policía, Miguel Hidalgo, a favor del clan Sánchez Paredes, investigado por presunto lavado de activos y desvío de insumos químicos.
Ese mismo año trató de sabotear la postulación de César San Martín a la presidencia de la Corte Suprema, asegurando que la sentencia en el caso Fujimori se elaboró en el exterior.
Señalan que el ex congresista defendió la Ley 29703, que beneficiaría a funcionarios corruptos que no perjudicaban económicamente al Estado; y que, en el 2008, intercedió ante el presidente del INPE para flexibilizar el régimen de carcelario de Fujimori, sin seguir el trámite del Código de Ejecución Penal.
Además, recuerdan que Sousa fue candidato a la vicepresidencia y al Congreso por el fujimorismo en el 2006, con el eslogan “Llévame al Congreso para defender a Fujimori".
También se le acusó de interceder ante el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno para evitar la extradición de Fujimori, cuando se encontraba detenido en el país del sur.
EL CASO FREITAS
El IDL advierte además que el nombramiento de Pilar Freitas en la Defensoría del Pueblo afectaría la legitimidad que requiere esta entidad.
Entre otros casos, recordaron su participación en la reforma judicial de Fujimori, usada para controlar el sistema de justicia; haber sido procuradora del Poder Judicial en los procesos contra Baruch Ivcher para quitarle la nacionalidad y la administración del Canal 2; así como las denuncias por incurrir en irregularidades en la administración de la Fundación Canevaro.
Firmas contra la repartija política
Sigue creciendo el rechazo de la sociedad civil contra la pretensión de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y del defensor del Pueblo mediante el "cuoteo" y las negociaciones políticas sin tomar en cuenta las cualidades éticas y profesionales que deben tener.
La carta, suscrita por el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, ya cuenta con cerca de 800 adhesiones y se espera que el lunes o martes, al pasar las mil firmas, sea entregada a la presidencia del Congreso.
En las últimas horas el documento también fue suscrito por la congresista Verónica Mendoza, el parlamentario andino Alberto Adríanzén, entre otros.

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