miércoles, 21 de agosto de 2013

EXMINISTRO APRISTA AURELIO PASTOR, LIBERÓ CABECILLAS DE LA BANDA “DEL PANZÓN”

Los conmutados que mostró el video de “Cuarto poder” no eran “simples agricultores”, ni “pobres señoras paqueteras”. Eran de una banda internacional que traficaba PBC por el al Ecuador
El exinterno del penal de Cajamarca Jorge Huanca Alvarado, a quien el expresidente Alan García y su ministro de Justicia Aurelio Pastor le bajaron la pena de 15 a 10 diez años, no era un “pobre campesino”, como ha dicho en su defensa el ex ministro Aurelio Pastor. La sola magnitud de su pena (15 años) muestra que fue condenado por tráfico ilícito de drogas (en modo agravado), esto es, por encabezar una organización criminal.
En efecto, junto con Huanca Alvarado también se le conmutó la pena al narcotraficante Abraham Jiménez Chocan, alias (a) “‘Panzón’,”, – el otro cabecilla peruano de esta organización criminal que en ningún momento fue mencionado en el video–, pero que aparece en la misma Resolución Suprema N° 303-2009-JUS, del 24 de diciembre del de 2009, siendo beneficiado con igual rebaja de su carcelería: de 15 a 10 diez años. Ambos conformaban formaban parte de una banda internacional que traficaba pasta básica de cocaína hacia el Ecuador.
LA BANDA DEL ‘“PANZÓN’”
En este caso, nuevamente la historia comenzó mucho antes. De acuerdo al documento Nºo 237-05-99-DINANDRO-PNP-UCI, ambos delincuentes fueron detenidos a finales del gobierno de Fujimori, el 20 de mayo de 1999, durante un operativo policial con participación del Ministerio Público, que permitió el hallazgo de 16.5 kilos de PBC al interior de un vehículo de transporte interprovincial de la empresa Horna, de placa UO-6016, a la altura del caserío de Llacanora, a 15 kilómetros de Cajamarca.
Huanca Alvarado y Jiménez Chocan, alias ‘ (a) “Panzón’”, habían acondicionado la droga en varias encomiendas que viajaban en la bodega del vehículo, las mismas que tenían como destino la ciudad de Trujillo (donde probablemente se encontraba el laboratorio de clorhidrato de cocaína), para posteriormente sacar la droga al Ecuador. Se trataba de gente que actuaba en una conocida zona de operaciones de firmas como la de ‘“Los Norteños’”.
Además de Huanca Alvarado (30) y Jiménez Chocan (45), se identificó a una buena parte de la organización criminal: Gabriela Sebastiana Ticcla Graos (36), Santos Alberto Rodríguez Galarreta (30) y Víctor Vera Hilario (75).
Como no habidos, fueron registrados: José García Jaramillo (alias ‘ (a) “Galán’)”, Pablo Flores Huertas, Francisco Yupanqui López (alias ‘ (a) “Pancho’)”, Clemente Vargas Jiménez, Yovany Vegas Rivera y, dos ecuatorianos cuyos alias eran ‘“Polibio’” y ‘“Eleodoro’”, que eran los contactos en el Ecuador.
El remitente del cargamento de cocaína era Clemente Vargas Jiménez; y la destinataria en la ciudad de Trujillo, era Hely Yovany Vargas Vegas Rivera. El caso fue derivado de la Fiscalía Especializada en TID-Trujillo, a la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca, que los acuso acusó de TID agravado.
TRES REBAJAS DE PENA
Sus cabecillas, Jorge Huanca Alvarado y Abraham Jiménez Chocan, el 27 de abril del añode 2001, fueron condenados por la Segunda Sala Penal de Cajamarca a 18 años de prisión, una pena muy por debajo de los 25 años que establecía el Código Penal vigente como pena mínima, pese a que se trataba de un delito agravado. Es decir, desde un comienzo fueron extrañamente favorecidos.
Posteriormente, el 20 de setiembre de 2005, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia les otorgó una segunda rebaja de su pena a 15 años, por “retroactividad benigna”. No contentos con esta rebajita, presentan un “recurso de revisión” a la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, pidiendo una nueva reducción a 12 años, la que fue declarada “improcedente” el 21 de octubre de 2008.
Nuevamente, Huanca y Jiménez, haciendo un alarde del aparato legal que buscaba obtener beneficios y burlar la ley, antes de terminar el año 2008, presentaron ante el Tribunal Constitucional un recursos de agravio constitucional contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.
El TC sentenció recién el 17 de setiembre de 2010, declarando infundada la demanda. Pero era demasiado tarde, ambos reos ya habían salido en libertad el mismo 25 de diciembre de 2009, vía una resolución suprema firmada por Alan García y Aurelio Pastor que les conmutó la pena.
SE ZURRARON EN EL TC
Ahora sabemos, por los videos expuestos en el programa “Cuarto poder”, fechados en setiembre de 2009, que paralelamente a la demanda de habeas hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional, la misma que se hallaba en trámite, el ministro Pastor ya había llegado a un acuerdo con los narcotraficantes para la conmutación de sus penas, mucho más ventajoso, pues se les rebajó a ambos a diez años, siete meses, diez días.
¿Dónde se encontrará hoy el narcotraficante cabecilla de la banda Abraham Jiménez Chocan, alias ‘ (a) “Panzón’”? ¿Cuántos casos más se irán descubriendo conforme avancen las investigaciones independientes?, ¿Por qué quiere la dirigencia aprista detener toda investigación con el falaz argumento de la “persecución política”?
Durante la gestión del de Aurelio Pastor (julio de 2009-setiembre de del 2010) se otorgaron 1, 669 gracias presidenciales, de las cuales 1 ,107 (cerca del 70% por ciento) beneficiaron a sentenciados por tráfico ilícito de drogas.
Antecedentes
Un video grabado el 12 de setiembre del de 2009, difundido el domingo, 11 de agosto pasado por el programa de TV “Cuarto poder”, mostró muestra al exministro de Justicia Aurelio Pastor visitando el penal de Huacariz, en Cajamarca. La grabación fue hecha por el departamento de prensa del MINJUS y data de su gestión (julio de 2009-—marzo de 2010).
El ex ministro aprista aparece dirigiéndose a dos supuestos presos, con quienes sostiene una conversación peculiar. Ellos son: Felicita Delgado Vásquez y su presunto esposo (su DNI la registra como “soltera”), Jorge Huanca Alvarado, condenado apenas a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en la modalidad agravada a penas de quince años de prisión.
Huanca Alvarado fue liberado tres meses y medio después, cuando se conmutó su pena mediante una resolución suprema (N° 303-2009-JUS) emitida el 24 de diciembre de 2009, refrendada por Alan García y Pastor. La resolución salió publicada el 25 de diciembre y pasó desapercibida en medio de las celebraciones navideñas.
La mujer que sale en el video nunca estuvo presa (¿qué hacía en una cárcel de varones?), y se encuentra registrada en el padrón de nombramientos y contratos del sector Educación Regional de Cajamarca (2009) y de San Martín (2013) hasta el día de hoy.
El video ya está en manos de la Procuraduría Anticorrupción, la cual que considera que la grabación apoya su teoría de que “hubo una preferencia por darle conmutaciones a aquellos condenados por narcotráfico (...) Nosotros tenemos la tesis de que se dirigieron a ellos, porque esta gente maneja dinero y es la que era más pasible de pagar”, declaró de inmediato el procurador adjunto, Christian Salas.
Dirigencia aprista se opone a cualquier investigación
¿Es cierta la afirmación de Pastor y otros dirigentes apristas, según la cual se trata de una persecución política del gobierno y que las acusaciones han sido fabricadas pagando a criminales para que acusen al APRA?
La verdad de los hechos es que el gobierno, hasta hoy, no ha perseguido a los líderes del APRA ni siquiera para imponerles una papeleta de tránsito.
La acusación de presuntas vinculaciones del APRA con organizaciones criminales, ni siquiera fue adelantada por la Megacomisión que investiga el gobierno de Alan García, sino que proviene de fuentes completamente ajenas al gobierno, como la Fiscalía de la Nación, la DIRANDRO (mucho antes de este gobierno) y de medios de comunicación totalmente independientes del gobierno de turno.
Cuando se le investiga, el APRA exige el “debido proceso” y presenta un habeas hábeas corpus, para invalidar la indagación parlamentaria. Pero cuando es el Ministerio Público el que denuncia la existencia de una “organización criminal”, sale Del Castillo a exigir al gobierno que cese la “persecución política”.

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