lunes, 12 de agosto de 2013

FISCAL DE LA NACIÓN HA ARCHIVADO 28 CASOS DE PRESUNTA CORRUPCIÓN DETECTADOS EN EL GOBIERNO APRISTA


Sospechas
Dudas. José Peláez asegura que actúa al margen de la política, pero llama la atención cómo ha librado de procesos a altos funcionarios del régimen aprista.
Al pedirle explicaciones, José Peláez Bardales afirmó que el archivamiento no significa que no se abra una investigación si se presentan nuevas pruebas contra ex altos funcionarios apristas.
María Elena Hidalgo
En medio año de gestión, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, ha dispuesto el archivamiento de 28 investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, como aprovechamiento indebido del cargo y enriquecimiento ilícito.
Lo llamativo es que en la mayoría de casos los beneficiados por la decisión de Peláez son funcionarios de alto nivel del segundo régimen de Alan García Pérez, entre ellos, los ex jefes del gabinete Jorge del Castillo Gálvez y José Antonio Chang, y los ex ministros Aurelio Pastor, Enrique Cornejo y Miguel Hidalgo.
El sucesivo archivamiento de las acusaciones contra ex funcionarios gubernamentales de la administración aprista por parte del fiscal de la Nación ha sido interpretado como un adelanto de opinión por los integrantes de la Megacomisión parlamentaria que indaga los supuestos actos de corrupción durante la gestión presidencial de Alan García.
La Megacomisión ha encontrado indicios de actos de corrupción en varios de los casos que ha mandado al archivo el fiscal José Peláez Bardales. De modo que cuando el informe del grupo de trabajo del Congreso llegue al despacho del fiscal de la Nación, para que proceda a la acusación penal contra ex funcionarios del gobierno aprista, dispondría el archivamiento de todo bajo el argumento de que ya investigó a estos por los mismos hechos, según el pensamiento del presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada.
Consultado por La República, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, afirmó que era infundado el temor de la Megacomisión de que se archiven sus investigaciones sobre corrupción en el segundo gobierno de García.
“Cuando el Congreso de la República apruebe el informe de la Megacomisión, emita su dictamen y proceda a denunciar, inmediatamente los documentos de la acusación constitucional pasarán al fiscal de la Nación y en un plazo de tres días deberá derivarlos al juez correspondiente para que en cinco días dicte el auto de apertura del proceso”, explicó Peláez.
“En este caso, la Constitución no le da al fiscal de la Nación ninguna atribución para poder decidir si es procedente o no. Su mandato consiste en que, cuando llega la documentación a sus manos, debe elaborar la acusación respectiva sin ninguna capacidad para observar ni discutir”, aseguró el fiscal de la Nación.
El magistrado agregó que sus actos están desprovistos de intencionalidad política.
“Para resolver un caso no nos basamos en la persona, ideología o el partido. Simplemente analizamos el caso, evaluamos si la conducta del funcionario tiene contenido penal. Aquí investigamos pero con sustento”, dijo.
Respecto a la coincidencia de que la mayor parte de los casos de corrupción archivados por su despacho favorecen a ex altos funcionarios del segundo régimen aprista, desmintió que dichas resoluciones impliquen alguna forma de impunidad.
“Esas resoluciones no tienen la condición de cosa juzgada. Con nuevas pruebas, esos casos se pueden reactivar. Si el Congreso encuentra hechos nuevos, yo formularé la denuncia correspondiente”, resaltó el fiscal José Peláez.
NIEGA INFLUENCIA POLÍTICA
El fiscal de la Nación, José Peláez, ha formulado cargos contra 34 funcionarios y servidores públicos por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en ninguno de los 34 casos ha sido acusado algún ex ministro o ex congresista.
Según Peláez, este dato demuestra que su despacho sí actúa contra la corrupción.
“De esos 34 no sabemos a qué línea política pertenecen y tampoco nos importa. Aquí se investiga al margen de influencias políticas”, expresó.
Aunque todavía está dentro del plazo para continuar con sus investigaciones, la Mega-comisión ha documentado un importante número de casos de presunta corrupción durante el segundo gobierno de Alan García. La mayor parte está relacionado con inversiones en infraestructura.
CASOS DE MINISTROS
1.- Enrique Cornejo Ramírez, ex ministro de Transportes. Delito: Aprovechamiento indebido del cargo. Se le atribuye aprovecharse de las ventajas que le otorgaba el cargo que ejercía, al interesarse indebidamente en la transferencia de la autorización de la frecuencia de radio 92.5 en la ciudad de Ica a favor de la empresa Radiopolis SAC, desconociendo el proceso judicial y medidas cautelares sobre el cumplimiento de contrato y el uso de la mencionada frecuencia.
2.- Aurelio Pastor Valdivieso, ex ministro de Justicia. Delito: Peculado de uso. Se le imputó el haber utilizado los bienes del Estado para sus actividades  proselitistas.
3.- Jorge del Castillo, ex premier. Delito: Tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.   Se le imputa  haberse aprovechado de su alto cargo de premier para favorecer a diversas empresas extranjeras en perjuicio de la nación.
4.- Miguel Hidalgo Medina,ex ministro del Interior. Delito: Colusión.   Se le imputa –cuando fue director general de la PNP– de ser el responsable directo del desabastecimiento generalizado de antirretrovirales, afectando a los pacientes de VIH.
5.- José Antonio Chang Escobedo Ex ministro de Educación. Delito 1: Malversación de fondos. Se le imputa haber propiciado irregularidades  en la remodelación, rehabilitación y equipamiento de las instituciones públicas educativas emblemáticas y del Estadio Nacional. Delito 2: Abuso de Autoridad. Se le imputa haber abusado de sus atribuciones y concertado con funcionarios públicos del Ministerio de Educación con la finalidad de manipular el expediente administrativo de contratación de consultor para la elaboración de un expediente técnico y así poder cambiar las constancias de inscripción del Registro Nacional de Proveedores presentada por el postor.  
6.- Octavio Salazar Miranda,  ex ministro del Interior   Delito: Peculado de uso. Por aprovecharse de su cargo al haber dispuesto al personal policial realizar una persecución institucionalizada contra la empresa Police Security SAC.

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