lunes, 5 de agosto de 2013

FUJIAPRISMO SE OPONE A LEY DE “MUERTE CIVIL”


LOS CORRUPTOS TEMEN A "LA MUERTE CIVIL"
A qué se debe tanto temor de los aprofujimoristas a la “MUERTE CIVIL”.
Critican resistencia de esos sectores a proyectos anticorrupción en el Parlamento, donde esas propuestas tienen apoyo mayoritario.
La oposición de parlamentarios fujimoristas y apristas a aprobar el proyecto de ley que establece la “muerte civil” para los sentenciados por delitos de corrupción que no paguen las reparaciones que adeudan al Estado, entre otras sanciones, dio lugar a críticas de analistas y legisladores políticas.
Una voz diferente
El dirigente aprista Carlos Roca consideró, a título personal, que debe aplicarse toda la severidad punitiva del caso con todos los sentenciados por actos de corrupción, ya que esta decisión “es una exigencia unánime de la población, especialmente de la juventud”. “Debe partirse de esta premisa: que los sancionados por delitos de corrupción no pueden ejercer funciones públicas”, recalcó. Roca recordó que esta gente es la que ha defraudado la buena fe de la población que votó por ellos en puestos electivos o vio con simpatía su designación en cargos públicos.
El analista político Juan Sheput declaró a LA PRIMERA que tal oposición se debe a dos razones distintas: de supervivencia política en el caso de los integrantes del Apra, y de la búsqueda desesperada de volver al poder, en el caso de los fujimoristas.
En el caso de los apristas, hay actualmente una gran cantidad de funcionarios que sienten amenazado su futuro político por una norma anticorrupción severa, opinó. “Y en lo que se refiere al fujimorismo, ellos están por el sabotaje a cualquier tipo de iniciativa que busque luchar contra la corrupción”, detalló.
SILENCIO
Sheput interpretó el silencio del expresidente Alan García sobre este tema, en razón a que está muy complicado con las pesquisas del caso de los “narcoindultos” y otros temas que está investigando la Megacomisión, relativas a su segunda gestión gubernativa.
“Y la imprescriptibilidad abarcaría a este segundo gobierno de García, descompuesto por la corrupción”, afirmó.
Manifestó que el rechazo del fujimorismo a la “muerte civil” para los corruptos ratifica su rechazo a todo propósito de enmienda sobre su cuestionado pasado, ya que –anotó- su verdadera intención es la de “volver a repetir el plato” de la corruptela gubernamental.
“Hablar de la corrupción es hablar de la soga en la casa del ahorcado, en el caso del fujimorismo. Por lo que ellos se opondrán sistemáticamente a cualquier tipo de iniciativa que tenga por objetivo liquidar este flagelo”, puntualizó.
Aunque el expresidentes García y la dirigencia aprista no han comentado el tema, sus parlamentarios sí se han opuesto a esta norma, en forma tajante
El congresista fujimorista Octavio Salazar atacó con vehemencia la propuesta llamada “muerte civil” para los corruptos aduciendo que se trata de una norma que servirá para perseguir a los políticos opositores.
Javier Velásquez es uno de los apristas que coincide con Salazar al comentar que la norma servirá al gobierno para perseguir a los que no están de acuerdo con las medidas del Ejecutivo.
LA PROPUESTA
El parlamentario nacionalista Juan Pari presentó en mayo un proyecto de ley que establece inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la administración pública o “muerte civil” para los sentenciados por delitos de corrupción agravada, así como la imposibilidad de realizar actividades económicas, ni siquiera abrir cuentas bancarias, para los condenados que no paguen reparaciones al Estado. De aprobarse este proyecto, los corruptos, no podrán efectuar ninguna acción civil como firmar documentos, contratos, préstamos, entre otros, hasta cancelar el último centavo de su deuda.
La propuesta legislativa se encuentra en la Comisión de Justicia, a la espera de su debate y/o modificación, y aprobación; para luego ser presentada al Pleno del Congreso, que ya, en el 2011, rechazó un proyecto similar.
La iniciativa en mención modifica el Código Penal, a fin de establecer la pena de inhabilitación definitiva y la interdicción civil para los delitos de corrupción agravada.
El presidente Ollanta Humala pidió en su Mensaje a la Nación del 28 de julio a los legisladores que den prioridad a los proyectos de la “muerte civil” al declarar como imprescriptibles los delitos de ese tipo.
DERECHA
El parlamentario de Alianza por el Gran Cambio, Javier Bedoya, indicó que la denominada “muerte civil” para los sentenciados por corrupción podría ser apoyada por su grupo legislativo, aunque con reservas.
Bedoya consideró que a nivel de su bancada aún no hay una posición definida sobre esta iniciativa, ya que aún no ha sido debatida internamente, ni se ha examinado en profundidad el proyecto presentado por la bancada nacionalista, pero no se opuso como lo hacen legisladores apristas y fujimoristas.
Javier Soto

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