viernes, 6 de septiembre de 2013

MUERTE CIVIL…para los corruptos.

Los peruanos nos hemos esforzado mucho en lavarle la cara al país, después de varios años de crisis económica, terrorismo, narcotráfico, ineficiencia y mediocridad en el aparato estatal, atraso y falta de esperanza  en los partidos políticos, ahora estamos dando muy malas señales al mundo las que sin duda significan un duro golpe a la imagen del Perú, que parece estamos regresando al pasado vergonzante del que nos habla Don Manuel González Prada.
¿Es un privilegio para los peruanos, tener un presidente de la república sentenciado por delitos de lesa humanidad, robo agravado en perjuicio del Estado…? ¿Es un privilegio para los peruanos, tener a dos ex presidentes de la república con signos exteriores de riqueza, investigados presuntamente por lavado de activos, y el otro por indultar y conmutar penas a delincuentes por narcotráfico…? Entre otros casos que están en investigación, ¿Es un privilegio para los peruanos, tener ministros, congresistas, presidentes regionales, consejeros, alcaldes, regidores, como funcionarios de primer hasta de tercer nivel que están investigados por actos de corrupción y/o por su relación con el narcotráfico…?
En el Congreso de la República existen parlamentarios que se oponen  aprobar el proyecto de ley que establece la “muerte civil” para los sentenciados por delitos de corrupción que no paguen las reparaciones que adeudan al Estado.
Tal propuesta  encaletada desde los primeros días del año 2011, no la quieren llevar al pleno del legislativo precisamente por aquellos que de alguna manera están comprometidos o relacionados en actos de corrupción, so pretexto de que se trata de una norma que serviría para “perseguir” a dirigentes políticos opositores. Tal oposición a que se debata el proyecto de ley en el hemiciclo se debe a dos razones. Primero, a la supervivencia política de políticos corruptos y. Segundo, la búsqueda desesperada de los mismos para volver al poder.
El proyecto de ley de la “muerte civil”, establece la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la administración pública los sentenciados por delitos de corrupción agravada, así como la imposibilidad de usar su DNI para realizar actividades económicas, ni siquiera abrir o transferir cuentas bancarias. Tampoco podrán efectuar ninguna acción civil como firmar documentos, contratos, préstamos, entre otros hasta cancelar su deuda al Estado por reparación económica.
Esta iniciativa modifica el Código Penal a fin de establecer la pena de inhabilitación definitiva y la interdicción civil por este delito de corrupción agravada y además la “imprescriptibilidad” de éstos delitos, evitando que esos políticos y funcionarios corruptos se protejan en la “prescripción del delito” sin que hayan sido sancionados al pasar de los años.

Los ciudadanos dignos de este país que queremos luchar contra esta lacra social debemos apoyar toda gesta orientada a la dación de esta norma que sintonizan con las expectativas de la sociedad civil. Este Congreso de la República puede hacer mucho por ello y dar un mensaje al mundo que somos capaces de vivir en paz y con dignidad.

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