lunes, 27 de enero de 2014

CORREA PEDIRÁ A EE.UU. QUE SAQUE SUS MILITARES DE ECUADOR

Rafael Correa Nacionalista
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció este miércoles que pedirá la salida inmediata de los militares estadounidenses que se encuentran en su país, y que fueron asignados por la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) bajo un supuesto programa para fortalecer la democracia en esta nación suramericana.
Mediante una rueda de prensa el mandatario ecuatoriano consideró de escandalosa la cantidad de efectivos militares estadounidenses ubicados en la embajada de Quito (capital). “Son alrededor de 50 (militares) ¿Quién puede justificar algo así? Ya estamos actuando al respecto”, aunque no especificó cuántos efectivos deberán abandonar Ecuador.
El año pasado el presidente, Rafael Correa, cuestionó la pretensión de Estados Unidos de “imponer al mundo sus valores democráticos” y consideró “un insulto” que la Usaid tenga un programa para fortalecer la democracia en su país por lo que mandó a investigar el número de militares que hay en la embajada de Washington en Quito.
“Hay muchas cosas admirables en Estados Unidos, pero hay que rechazar su prepotencia de creer que sus valores son universales, y tratar al resto del mundo como colonias”.
No obstante, el portavoz de la embajada de Estados Unidos en Quito, Jeffrey Weinshenker, señaló este miércoles a la agencia de noticias AFP que su país aún no ha recibido una “notificación formal” del gobierno de Correa respecto al desalojo de estos militares.
Son “aproximadamente 20 empleados del departamento de Defensa de Estados Unidos, militares y civiles, asignados al Ecuador y plenamente acreditados. Todas nuestras actividades se realizan con la aprobación explícita de las contrapartes ecuatorianas”, sostuvo el vocero.
Un mes atrás Correa, que en 2009 decidió no renovar un acuerdo que le permitía a Estados Unidos operar una base antidrogas en territorio ecuatoriano, reveló que militares estadounidenses iban a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que fue baleado en la frontera con Colombia el 3 de octubre de 2013.
Tensión y desconfianza
El presidente Correa, manifestó este miércoles que hay “tensiones” y “desconfianza mutua” entre su país y Estados Unidos, pero aseguró que, a pesar de ello, seguirá firme en denunciar ciertas políticas de Washington (capital estadounidense), entre las que destacan las actividades de espionaje estadounidense y el uso de drones en la lucha contra el terrorismo, porque han causado con cierta frecuencia la muerte de inocentes.
Correa también recordó la renuncia unilateral, en 2013, de Ecuador a unas preferencias arancelarias otorgadas por EE.UU. La renuncia ocurrió después de que desde Estados Unidos se amenazara con cancelar dichas preferencias, que se otorgaban por la lucha contra el narcotráfico, si Quito concedía asilo al exanalista de la NSA Edward Snowden, cuando aún no había recibido refugio en Rusia y esperaba en un aeropuerto de Moscú, tras filtrar miles de archivos secretos.
“Ecuador no necesita caridad”, dijo el presidente Rafael Correa, quien recordó que EEUU aportaba unos 30 millones de dólares al año en proyectos de fortalecimiento de la democracia, que en muchos casos iban a parar a “fundaciones opositoras al Gobierno”.
teleSUR-AFP-Telam-EFE/ba-GP

domingo, 26 de enero de 2014

CONVERSANDO CON RÓMULO LEÓN

EL FAENON

Yo daba cuenta diaria de lo que hacía a García
¿Para qué sirve un político que no es capaz de llegar al poder?
Con esa frase, Alan García, reclama infructuosamente desde hace tiempo un lugar superior al jefe histórico del APRA que como se sabe murió como presidente de la Asamblea Constituyente, el único cargo electivo que ocupó en la vida.
Rómulo León, el mismo personaje de los petroaudios, el amigo de la juventud de García, al que buscó el peor adjetivo para descalificarlo cuando estalló el escándalo en octubre de 2008, está frente a mí y ha decidido romper el hielo para iniciar una conversación informal, tanteando mi interés sobre detalles poco conocidos sobre la historia del único aprista que llegó dos veces a la presidencia.
Alan puede ser una maquinaria electoral de la que todo el partido se prende y por la que los dirigentes formales sacan la cara, pero hay muchos resentimientos acumulados por malos tratos y la forma cómo se resuelven las diferencias.
¿Tú crees que Jorge del Castillo le va a perdonar que lo dejaran con su gabinete en pleno ante un hemiciclo vacío cuando quería hacer sus descargos, y que Velásquez Quesquén que estaba siguiendo las indicaciones de Palacio, no reinstalara la sesión? Ahora tiene que defender a García porque es el secretario general y se espera que se tomen las acusaciones en su contra como si fueran contra toda el APRA.
Ya había oído que Rómulo es un excelente conversador y ahí lo tenía frente a mí. La cita se concertó porque quería decir a la prensa que los mismos fiscales que archivan las investigaciones sobre García, son lo que insisten en acusarlo en una interminable serie de casos judiciales, donde él piensa que hay una mano maestra.
Yo contesté que estaba dispuesto a darle la oportunidad de hablar. Después de todo soy autor de muchos artículos sobre el asunto de los petroaudios y me parecía periodísticamente muy inquietante tratar directamente con uno de sus protagonistas. Pero el intercambio fue, como no podía ser de otra manera, más allá de los avatares fiscales y judiciales del que fuera el hombre de Canaán y el interlocutor al otro lado de la línea en los sabrosos diálogos con Don Bieto.
El tema que atravesó toda la conversación, por interés mutuo, fue Alan García.
¿Sabes lo que le pasó a su hermano Carlos? Para él, las dos victorias electorales de Alan fueron un calvario. Nunca quiso recibirlo ni conversar con él. Más bien distribuyó una directiva para que no le dieran atención en ninguna oficina pública. La madre de ambos trató de interceder para lograr un encuentro, pero el presidente se negó a todo trato con el hermano.
Carlos García fue profesor universitario y funcionario de organismos internacionales. Murió en febrero de 2008 y fue velado en la Casa del Pueblo, en la avenida Alfonso Ugarte. Ahí el que recibía las condolencias era Alan García, su hermano, que no había querido hablar con él por más de veinte años. Para entonces Alan se había distanciado mucho con la militancia, pero no tuvo empacho en reaparecer como un sufrido deudo, que recibía el pésame del pueblo aprista.
LOS PETROAUDIOS Y  GARRIDO LECCA
A mí me llamaron al Hotel Country, después que la delegación dominicana política y empresarial  encabezada por Peggy Cabral, viuda del dirigente político Francisco Peña Gómez, muy cercano al APRA, se hubiese reunido con el presidente y las autoridades del gobierno, dice Rómulo León, porque García había recomendado su nombre a uno de los empresarios que tenía vivo interés de hacer inversiones en el Perú.
Efectivamente un día después, uno de los presentes, inconfundible por su extraño peinado y la manera como se hacía notorio en el grupo, lo llamó a su teléfono para proponerle un encuentro y decirle que volvería pronto a Lima y que quería ver la manera de que trabajara para él. Pocos días después estaba de regreso, lleno de entusiasmo por lo que habían sido sus primeros encuentros con los peruanos y seguro de haber conquistado el apoyo del presidente.  
Quería que Rómulo fuera su representante por un salario mensual de 5 mil dólares y lo ayudara a llegar a los ministros y funcionarios que verían los proyectos en lo que estaba embalado referidos a construcciones carcelarias y hospitales de la red del ministerio de Salud.
Yo acepté, pero cuando me hice cargo ya se había producido la primera entrevista con el Dr. Vallejos que era el ministro de Salud, apunta el padre de Lucianita. Pero estuve en las siguientes reuniones en el MINSA y acompañé a Canaán al ministerio de Justicia donde la ministra María Zavala con la que hubo dos entrevistas, añade.
Y, como no pierde oportunidad para agregar una anécdota, me cuenta que en la segunda visita al MINJUS, estaba también presente el general Carrión, jefe del INPE, que luego que el dominicano del copete presentó sus diapositivas tridimensionales para mostrar los adelantos en arquitectura carcelaria, dijo en tono despectivo que esas eran construcciones para otros países, burlándose de los techos a dos aguas que según dijo eran para áreas lluviosas y no para el Perú.
A esto, según Rómulo, le sigue que Canaán se para y dice que da por terminada su gestión advirtiendo que no haría ningún trabajo con el ministerio mientras tenga jefes como el general que no sabía que los techos en punta eran para que los internos no ocupen las azoteas como suele pasar en los motines. Zavala, apenas si alcanzó a darle la mano. Pero no le fue mejor con Vallejos que tampoco pudo llegar a ningún acuerdo y poco después dejó el ministerio.
Esa fue mi perdición, me dice sorpresivamente. Y añade: no sé dónde había leído que el mejor ministro de Salud no había sido un médico sino un ingeniero agrónomo, Eduardo Watson Cisneros, bajo el gobierno de Prado, en 1961, se lo dije a Alan para que ensayáramos alguien más ejecutivo y ahí surgió el nombre de Garrido Lecca, que se encontraba en el sector Vivienda, lidiando con el tema de la reconstrucción de Pisco e Ica.
¿POR QUÉ TU PERDICIÓN?, LE PREGUNTO.
Porque el que estaba siendo chuponeado era Hernán, que se había metido a liberalizar las importaciones de cemento, suscitando la irritación del grupo Cementos Lima, que encargó a sus abogados buscar información sobre sus movimientos.
Ahí es donde entra BTR, que chuponea al ministro por el asunto del cemento, y termina captando las conversaciones de Rómulo León con Garrido Lecca sobre hospitales y de ahí las de Rómulo y Canaán, Rómulo y don Bieto, y así sucesivamente. El estudio que recibió la información fue el de García Sayán, y uno de sus abogados estrellas era Alberto Varillas, marido de Rosa María Palacios, y gerente legal de Petrotech. Tal vez por todo este enredo de relaciones es que García decide que los chuponeadores eran pagados por la empresa petrolera y se la agarra con ellos.
PETROAUDIOS Y GARCÍA
Yo informaba a Alan García de mis gestiones y lo que hacía con Canaán, casi todos los días, asegura Rómulo. Le enviaba mails, que no contestaba, aunque de vez en cuando conversaba con Mirtha Kunza, su secretaria en Palacio, y con Luis Nava, secretario de la presidencia, que me preguntaban detalles sobre mis correos. Todo eso estaba registrado en el disco duro de la computadora que me incautaron cuando estaba escondido y que se mantuvo en poder de la Policía y del fiscal encargado hasta que pasé al juez, subraya León para que le crean su historia.
¿Sabes lo que pasó con esos correos?, me pregunta. Y sigue: cuando deslacraron mi computadora y la encendieron ya no estaban, los habían borrado, y habían también limpiado los mails con otros ministros, con los secretarios de Palacio, y me habían agregado unos supuestos correos con mi hija en la que ella se incriminaba como si hubiera estado al tanto de lo que hacía. Parecía una trampa para involucrarla. Felizmente se estableció que eran correos falsos que fueron colocados de mala fe, dice alegando con las manos.
¿Quién ordenó destruir unas pruebas y fabricar otras? Deja la respuesta en el aire, y apunta que el que tuvo a su cargo la computadora fue el equipo del general Hidalgo, el mismo que actuó en el caso BTR, y los fiscales designados por Echaiz.
Hace una digresión y apunta que los fiscales Echaíz y Peláez, responden al partido y a Alan García, aunque últimamente los hayan hecho pelear como si fueran de dos líneas opuestas. Pero tal vez se deba a que ante la Megacomisión, la doctora corrigió al expresidente y precisó que ella fue llamada a Palacio y que no fue su iniciativa participar del caso BTR, sino una invitación del presidente.
Parece que eso no le gustó a Alan y no se lo perdona, reflexiona Rómulo en voz alta.
RÓMULO LEÓN Y SUS PROCESOS
El caso petroaudios está entrampado en la justicia. De un lado porque no se ha terminado de definirse el asunto de la “prueba prohibida”, o sea saber si los audios captados ilegalmente pueden ser pruebas en un proceso. Y de otro porque no habiéndose realizado las licitaciones y la construcción de los hospitales, ni habiéndose entregado el lote del famoso “faenón” de Discovery Petroleum, no se ha logrado tipificar los delitos por los cuales se estaría acusando a los implicados.
Pero sí existen derivaciones del caso, que surgen de las investigaciones posteriores. Una de ellas es el denominado caso de los Hopitales e Inscripción de Fortluck (empresa de Canaán) en la que se acusa a León de haber hecho pagos a un funcionario del MINSA para obtener información privilegiada (cosa que niega, señalando que no hay elementos probatorios); de hacer tráfico de influencias para conseguir que se asignen las buena pro a favor de la empresa de Canaán (el punto fue desestimado en primera instancia y está en apelación); y de haberse concordado (cohecho) con funcionarios del Estado para la inscripción irregular de Fortluck y por un monto muy superior al que había originalmente solicitado.
Sobre este último asunto, Rómulo León asegura que concluyó su relación de trabajo con Canaán en marzo del 2008, en términos ásperos que están reflejado en los propios petroaudios y que la inscripción en CONSUCODE que es la materia de la acusación se hizo el 30 de junio del 2008, a cargo de su nuevo tramitador, Guillermo Gomero. El fiscal pide 12 años de prisión por este caso. Y Rómulo me emplaza otra vez: ¿quién crees que está detrás?
UNA REFLEXIÓN FINAL
Después de conversar con Rómulo León no he cambiado mi idea sobre los métodos del gobierno aprista para captar inversionistas y manejar las obras del Estado. Mi propio interlocutor lo reconoce cuando indica que Canaán insistía en que el presidente ya le había asegurado que él haría los hospitales, a pesar de que en el camino había que pasar por licitaciones. Pero también soy consciente de que después del maxiescándalo de los petroaudios (especialmente por lo procaz de las conversaciones), el tema ha perdido peso por la aparición de otros casos de corrupción mucho más graves como Narcoindultos, Decretos de Urgencia y el propio caso BTR. 
Por otra parte me parece de legítimo interés periodístico saber la versión de uno de los protagonistas principales del último quinquenio aprista, cuya peculiaridad es que en ese lapso no ocupó ninguna función de gobierno, pero sí muchos titulares entre 2008 y 2011. Definitivamente se trata de alguien que conoce muy bien a Alan García lo que hace muy interesantes muchas de sus afirmaciones.
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viernes, 24 de enero de 2014

EL PRESIDENTE COMPASIVO

¿Constructores de indultos?
Aurelio "Rata" Pastor firmaba nueve resoluciones de indulto o conmutación de penas cada día en los diez meses que fue ministro de Justicia del delincuente Alan García, entre ellas la más conocida la del empresario de televisión José Enrique Crousillat, y la de alrededor de 400 condenados por narcotráfico en su modalidad agravada.
En total 1,692 personas dejaron las prisiones en este corto período, pero si se toma en cuenta que antes de llevar cada caso al presidente se debía revisar y seleccionar las solicitudes que merecían trámite, se tendrá que el ministro Pastor y la comisión Chinguel estaban en esto a tiempo completo.
Parece que esta historia empezó sin embargo en la gestión previa de la ministra Rosario Fernández cuando se armaron las primeras normas para facilitar las excarcelaciones masivas.
A Pastor le siguió García Toma que aparentemente se distanció de esta feria indulta dora, pero luego volvió Fernández y la cosa tomó forma de liquidación por cierre. En marzo del 2011, luego que Chang dejara el premier ató, la Fernández fue nombrada en su reemplazo con retención de la cartera de Justicia y continuó la salida de narcos y otros delincuentes.
A Rosario Fernández se le deben 3,259 indultos y conmutaciones, y dentro de esos 235 casos de narcotráfico agravado. ¿Alguien puede dudar aquí que hubo una política premeditada de violentar las decisiones judiciales y de favorecer a muchos reos sin otra característica que el dinero que genera el narcotráfico y otros crímenes contra la sociedad y el Estado?
Pero los mejores detalles de todo esto se encuentra en primer lugar en el hecho que cuando revienta el escándalo del indulto humanitario a Crousillat que obligó a retroceder en la gracia, lo que sobrevino no fue un cambio de política sino una pausa para volver luego con más fuerza al asunto.
Una resolución del 2010 cambió el concepto de conmutación de variación de pena a reducción de la misma. Para poder mejor negociar el valor de cada año conmutado.
En segundo lugar, que todo esto ocurrió entre el 2009 y el 2011, cruzado con los escándalos de los Petroaudios, BTR, COFOPRI y los decretos de urgencia.
Es decir que después de condenar a las ratas de su gobierno en octubre del 2008, García no iba camino de enmendarse sino de acelerar la descomposición moral de su gobierno.
Claro ya sabemos que los beneficiados por las gracias de García no van a contar cuánto pagaron para quedar libres, como si lo ha hecho el que le faltó plata para cubrir las exigencias. Y los fiscales y jueces alanistas dirán que no hay pruebas, mientras Mulder se recupera de su actual desconcierto. Después de todo ahí está la prensa del expresidente remarcando que el problema es Nadine y no el APRA de García que muestra toda su podredumbre, junto a la prensa CORRUPTA.
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jueves, 23 de enero de 2014

EX JEFE DEL SIS RECIBIÓ INDULTO PRESIDENCIAL POR CÁNCER TERMINAL SIN HABER SIDO SENTENCIADO Y AHORA ESTÁ BIEN DE SALUD

¿El Cáncer terminal de Julio Espinoza Jiménez?
Se trata de Julio Espinoza, delincuente aprista, ex jefe del Seguro Integral de Salud SIS que recibió el indulto presdiencial de Alan García por sufrir un cáncer términal, pero ahora, varios años después goza de buena salud y dicta clases universitarias. Fue acusado por el robo de 19 millones de soles destinados a los damnificados por el terremoto en Pisco.
Archivan proceso a médico aprista involucrado en caso de corrupción. Julio Espinoza asegura estar al borde de la muerte, pero pasea por las calles con total normalidad. Mientras caso de donaciones en Pisco no se resuelve.
Julio Espinoza Jiménez, médico y conocido militante aprista, era jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), un organismo creado para la atención médica de los más pobres y de cuyas arcas se sustrajeron más de 19 millones de soles para apresuradas compras de víveres, con los que supuestamente ayudarían a los damnificados por el terremoto ocurrido en Pisco, en el 2007.
El detalle es que cuando tenía apenas 8 meses recluido –de los quince años que corresponden por delito de peculado– fue privilegiado con una casi clandestina gracia presidencial, con la cual pudo abandonar el penal y todos los cargos quedaban olvidados.
El programa “Cuarto Poder” presentó una resolución con fecha 14 de junio del 2008, aprobada en primera instancia por la comisión de indultos y avalada por la entonces ministra de Justicia y hoy primera ministra Rosario Fernández.
El documento que contaba con la firma del mismo Alan García le concedía al médico aprista la gracia por razones humanitarias, amparada en dos requisitos.
Según la resolución, Espinoza padecía una enfermedad que podía colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad y también tenía más de 65 años. Lo extraño es que en el 2007, cuando Espinoza pidió este beneficio, tenía 61 años, cuatro menos de lo exigido por ley.
 IMPUNIDAD APRISTA
 El caso del SIS fue uno de los primeros grandes escándalos de corrupción de este gobierno, en los que se vieron involucrados no solo Espinoza como aprista sino también uno de los primos de Jorge del Castillo, el ex militar Pedro Molina Gálvez, quien era gerente de Plamol, una de las empresas proveedoras en la estafa en Pisco.
Según el protocolo médico de la Junta Penitenciaria de San Jorge, a Espinoza se le diagnosticó un tumor en la zona pélvica que fue extirpado con éxito, con lo que no había riesgo para su vida.
Según el abogado penalista Mario Amoretti, esta gracia es inconstitucional porque vulnera la independencia del Poder Judicial.
JUSTICIA DEFIENDE INDULTO DE ESPINOZA
El Ministerio de Justicia emitió una carta sobre el polémico indulto a Julio Espinoza, en la que se indica que se otorgó el derecho de gracia al amparo al numeral 2 del Art. 22 de la resolución ministerial, es decir, solo por razones de salud.
Admiten, además, que se consignó el numeral 4 del mismo artículo, donde Espinoza mintió sobre su edad. Al respecto aseguran que “se trata de un error material no trascendente”.
Sobre la mentira en su edad, Espinoza indicó que nunca apeló a ese argumento. Esto a pesar de que la resolución ministerial y el mismo Ministerio de Justicia dicen lo contrario.

En estos cinco años de gobierno, Alan García ha beneficiado a 5.313 internos con gracias e indultos presidenciales. Sin embargo, esta institución ha recibido varias críticas al respecto, primero por el indultado José Enrique Crousillat, y ahora sobre un posible indulto que se estaría cocinando para el ex mandatario Alberto Fujimori, preso en la sede de la Diroes.

BUROCRACIA PIRATA EN ESSALUD

VIRGINIA BAFFIGO DE PINILLOS
Dijimos, ayer, que la Dra. Baffigo, de Essalud, había tenido el desparpajo de justificar, en el programa de Lúcar, a los 432 casos de altos funcionarios que entre noviembre del 2004 y noviembre del 2010, fueron calificados como despedidos arbitrariamente para que pudieran cobrar la indemnización establecida por este concepto, lo que representó un egreso de 16 millones 432 mil soles, según Caretas del 14 de octubre del 2013. 
Ninguno de estos fue despedido realmente sino que se trasladaban a nuevos trabajos, en muchos casos en la misma administración pública, pero la recomendación de la gerencia de Recursos Humanos, era que no renunciaran y que se generara una resolución de cese, consignando que se había dado por concluido el vínculo laboral y eso era suficiente para dar por “despedido” al personaje y llenarle lo bolsillos. El propio Barrios Ipenza indicó en su descargo que a él le dijeron que existía esa posibilidad, por lo que se hizo el despedido antes de jurar como ministro.
Pero Baffigo puede ser tan patética como para sacar algunas de esas resoluciones y decir que efectivamente no se trató de renuncias sino de conclusiones del vínculo laboral, como si realmente quisiera sugerir que basta lo que se pone en un papel para falsear un despido y saquear la Seguridad Social. Claro que no lo hace por gusto, porque cuando a ella la propusieron para reemplazar al Dr. Álvaro Vidal en la presidencia de Essalud, sus padrinos Miguel Castilla y Jorge Villena, le exigieron que se hiciera acompañar en la secretaría general por uno de sus operadores, Jorge Velarde Salazar, que es ahora el hombre de confianza del MEF y el encargado del acelerado programa de las asociaciones públicas-privadas en que se ha metido a la institución a un alto costo.
Pues bien, el señor Velarde es uno de los que cobró en paila por declarase despedido arbitrario, antes de emigrar de la secretaria general de Essalud en el 2006 a la Gerencia Legal de la ONP, desde donde se tortura a los jubilados. O sea el “despedido” se metió 253 mil soles (132 mil por “despedido”) antes de emigrar a un nuevo puesto de alta dirección en el Estado y luego regresó, con la teoría de los “expertos” con la que se ha venido meciendo a Humala desde el comienzo de su gobierno. Entonces, ya no sólo es la conchudez de cobrar por falso despido, sino la extrema desvergüenza de regresar al mismo cargo y tener a una presidenta ejecutiva declarando en público sobre que todos tenemos derecho al trabajo, como si “todos” pudiésemos hacer maniobras de este tipo para esquilmar sistemáticamente al Estado.
Es impresionante ver cómo personas que tienen entre sus tareas diarias ajustar a otros (trabajadores y jubilados), se permiten no sólo sueldos y beneficios muy por encima del resto, sino sucias trampas  a la ley para llenarse de dinero.

miércoles, 22 de enero de 2014

DELITO JUSTIFICADO



JUSTIFICANDO EL DELITO
JUSTIFICANDO EL DELITO
http://www.youtube.com/watch?v=ot4uwbDjO44
Cuentan que la doctora Baffigo, presidenta ejecutiva de EsSalud, se fue indignando tanto con la visión del informe que el programa de Nicolás Lúcar presentó antes de entrevistarla, que en la pausa le recordó que su institución estaba poniendo publicidad en el canal. Evidentemente no hubo tiempo para que funcionara la amenaza y gracias a eso vimos en directo una discusión sobre un tema que esta columna había tratado hace algunos meses, sin lograr mayores reacciones.
Lúcar emplazó a la supuesta estrella de la Seguridad Social (fue presidenta ejecutiva del IPSS entre 1997-1998, reemplazando a Luis Castañeda, durante el gobierno de Alberto Fujimori), para que explique por qué había recontratado a varios funcionarios que salieron de la institución luego de ocupar cargos de confianza y cobrar indemnizaciones indebidas fingiendo un despido intempestivo, bajo el modelo del expresidente de EsSalud Fernando Barrios, que fue uno de los grandes escándalos del segundo gobierno de Alan García.
Uno de los angelitos era nada menos que el secretario general, José Alberto Velarde Salazar, que tuvo el mismo cargo hasta el año 2006, y se retiró para ocupar la gerencia legal de la ONP, y fue indemnizado por “despido intempestivo” con 132,600 y una liquidación total de 253 mil soles.
Baffigo contestó entonces con dos adjetivos: lo que se había transmitido era un refrito y un material amarillista para perjudicar su gestión. Sobre lo de fondo la doctora dijo cosas que son en verdad inolvidables: (a) ¿Por qué los que se fueron no van a poder regresar?, (b) todos tienen derecho a ejercer su vida laboral, (c) los ceses de estas personas se produjeron por conclusión de vínculo laboral, es decir, no fueron renuncias.
Vean ustedes que tenemos una presidenta de la Seguridad Social, que justifica lo que el propio Barrios reconoció como un error (horror) de su parte, por lo que devolvió el dinero percibido. La complicidad total de las instancias administrativas es la única explicación de que se buscara la fórmula de “concluirle” los contratos al personal de la argolla de confianza para pagarles como despedidos, precisamente en concordancia con las fechas en que cada uno de ellos se desplazaba a otro lugar dentro de la administración pública.
Obviamente todas estas personas abusaron de su posición, lo que ha sido señalado por la Contraloría de la República, pero para Baffigo eso solo quiere decir que en el futuro ya no habrá más “despidos” a pedido de los interesados. Es decir la trampa pertenece al pasado y bienvenidos de nuevo los tramposos.
La presidenta de EsSalud ha premiado el delito y hace apología del robo al Estado, mientras muchos pensionistas de esa institución no logran cobrar lo que les adeudan. Los médicos y trabajadores siguen reclamando mejores remuneraciones y 5 mil burócratas dorados se embolsican las aportaciones de los asegurados.
Raúl Wiener

jueves, 16 de enero de 2014

APRISTAS ESTARÍAN ASUSTADOS


Apristas están en capilla
Megacomisión concluyó investigación sobre presuntas irregularidades en el segundo gobierno de Alan García. Exmandatario aprista y algunos de sus exministros estarían incluidos en alguno de los ocho informes aprobados, pero Sergio Tejada rehusó adelantar detalles.
Más de dos años “En cerca de 25 meses de trabajo hemos tenido 44 sesiones ordinarias, 4 sesiones extraordinarias y 38 sesiones de interrogatorio. Hemos hecho solicitudes con cerca de mil documentos enviados a entidades públicas y privadas. Ha sido un trabajo intenso con 8 informes aprobados. Esperamos un debate serio, alturado y respetuoso de estos informes en marzo”, manifestó Sergio Tejada.
El presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada, confirmó ayer que el expresidente Alan García y algunos exfuncionarios del gobierno anterior están mencionados en algunos de los ocho informes elaborados por esa comisión investigadora, pero dijo que no adelantará en qué casos ni los nombres de los involucrados para que los apristas no digan que se les está imputando un supuesto delito.
 “García está en algunos informes, pero no queremos generar una ola de especulaciones que después dañen el ambiente político. Hemos acordado no dar detalles y pedimos a la prensa evitar especular sobre el contenido de los informes porque estos van a seguir un procedimiento hasta que puedan ser sustentados ante el Pleno en marzo”, afirmó.
Añadió que “no necesariamente se determinará responsabilidades del expresidente Alan García en todos los informes. En el informe de Sedapal no se le menciona pues tiene que ver con la gestión interna de la empresa pública. Hay otros casos donde se hace una evaluación de la gestión pero tampoco se establecen responsabilidades, pero en otros sí se establecen responsabilidades”.
Según nuestras fuentes, entre los principales mencionados por presuntas irregularidades estarían el expremier aprista Jorge del Castillo, los exministros José Antonio Chang, Hernán Garrido-Lecca, Luis Nava, Aurelio Pastor y Juan Sarmiento. También algunos funcionarios que ocuparon cargos de menor rango.
El legislador de Gana Perú indicó que no se pronunciará si en algunos de los informes García estaría involucrado en alguna irregularidad, infracción constitucional o supuesto delito.
“No me voy a pronunciar si es acusado porque cada vez que hablo se tergiversa y además porque han dicho que estoy acusando a exfuncionarios del anterior gobierno y no es cierto. No se está acusando a nadie”, argumentó.
Tejada realizó un balance del trabajo de la comisión investigadora del segundo gobierno de García en el último día de sesión de la misma, y remarcó que las investigaciones no siguieron consignas políticas para inhabilitar a nadie y se basaron en pruebas y documentos.
TRANSPARENCIA
 “Esta no ha sido una investigación politizada sino objetiva, además no podríamos inventar documentación o medios sustentatorios. Todo lo que hemos encontrado lo hemos puesto en el informe. Se ha buscado mucho politizar esta investigación, se ha buscado señalar que esta investigación responde a una intención de reelección conyugal que fue una figura inexistente”, dijo Sergio Tejada.
Remarcó que la única intencionalidad de las investigaciones al segundo gobierno de García “es que se conozca la verdad y cumplir un mandato del Pleno y un mandato de la ciudadanía. Uno camina por la calle y la gente dice que se haga justicia, que se conozca la verdad y eso es lo que estamos tratando de hacer”.
“Para nada he recibido órdenes de Palacio de Gobierno. Aquí somos parte de una comisión multipartidaria y yo puedo dar fe de que hemos discutido cada conclusión con bastante detalle, incluso en algunos casos hemos eliminado conclusiones y recomendaciones buscando que todo sea fruto del consenso”, enfatizó.
SIN PERSECUCIÓN
Recordó que el objetivo de la Megacomisión desde que inició sus funciones en enero del 2012 no tuvo la intención de persecución política al expresidente García y recordó que en anteriores gobiernos también se formaron comisiones investigadoras similares.
 “Cuando la Megacomisión inició sus investigaciones, García no era candidato y dejaba recién de ser Presidente. Nosotros no estábamos investigando a un potencial competidor para el 2016. Nosotros también recién habíamos ganado la presidencia y no pensábamos en 2016”, subrayó al rechazar el alegato del líder aprista sobre una supuesta conspiración para impedirle ser candidato.
El congresista nacionalista manifestó que contra la Megacomisión se usaron estrategias legales (acción de amparo) para obstaculizar o atrasar las investigaciones de la Megacomisión.
“Creo que ha habido argumentos que han servido para tratar de desacreditar a la comisión para politizar al extremo la misma. Lamento que este tipo de acciones legales nos haya creado dificultades o retrasos y no se haya generado debate para responder por los casos materia de la investigación”, agregó.
Tejada refirió que cuando el caso pase al Pleno del Congreso, sustentará un resumen general de todo lo actuado y luego se deberá exponer cada uno de los ocho informes ante la representación nacional.
Javier Solís

martes, 14 de enero de 2014

JUECES A FAVOR DE GARCÍA ESTUDIARON EN LA SAN MARTÍN


Jueces que fallaron contra Mega son de la San Martín
Los tres estudiaron en universidad que maneja expremier aprista Chang, donde enseña Alan García y dos de ellos son profesores. El otro, además, es hermano de un conocido militante aprista.
Los tres magistrados de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró la nulidad parcial de lo actuado por la Megacomisión investigadora del último gobierno de Alan García, están vinculados a la Universidad San Martín de Porres, de la que es rector José Antonio Chang, exministro y expremier de esa administración y donde trabaja el exmandatario aprista con un sueldo elevado.
Se trata de Gunther Gonzales Barrón, quien es docente de la maestría en Derecho Notarial y Registral de esa universidad, que además fue vocal titular y presidente del Tribunal Administrativo de la Propiedad del Organismo de Formalización de la Propiedad (Cofopri) entre 2007 y 2009, Vocal y Presidente de la Sala Transitoria del Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) en 2009, bajo el gobierno aprista.
Otro magistrado es César Solís Macedo, quien se graduó de bachiller, se tituló de abogado y también cursó estudios de doctorado en derecho en la Universidad San Martín, donde trabaja Alan García, y donde el juez superior titular de la Primera Sala Civil, dicta la asignatura de Garantías, según consta en la página web de la Facultad de Derecho de la casa de estudios
El otro magistrado es Jesús Soller Rodríguez, Juez Superior de Justicia de Lima, quien estudió posgrado por coincidencia en la San Martín, aunque sus estudios en derecho los realizó en la Universidad Nacional Federico Villarreal, también bajo influencia aprista. Un dato más, es hermano del militante aprista Luis Felipe Soller Rodríguez, quien se autodefine como “discípulo de Haya de la Torre”.
Para el jurista Carlos Rivera, está claro que los profesores de la Universidad San Martín están vinculados al rector José Antonio Chang, y, a través de él, lógicamente, al expresidente Alan García.
Añadió que, de probarse que hay también una vinculación política sería un hecho grave que ameritaría investigarlos, pues bajo ninguna circunstancia se podría admitir que un simpatizante de una organización política esté resolviendo los casos judiciales del líder de esa organización.
60 MIL MENSUALES
Chang le paga sueldo de lujo a García
Al sostener que había comprado una residencia en Miraflores con el producto de sus actividades como conferencista, entre otros ingresos, el expresidente Alan García consignó que en 18 meses había ganado en la Universidad San Martín con su trabajo académico, la sideral suma de 803 mil soles, lo que generó reacciones de escepticismo.
 “El sueldo que le pagan a Alan García en la Universidad San Martín me parece francamente deleznable. Eso debe ser investigado escrupulosamente desde el punto de vista ético y moral. ¿Por qué le pagan tanto? ¿Quién gana S/. 60,000 al mes en una universidad del país por más que haya sido presidente de la República?”, comentó entonces el analista Samuel Adrianzén.
Ángela Arce

domingo, 12 de enero de 2014

TALARA BUSCA DEROGAR DOS ARTÍCULOS EN LA LEY DE MODERNIZACIÓN DE REFINERÍA

CAMPODONICO 
CAMPODONICO. Recomendo el 20% de la participación de la empresa privada en Petroperú.
FORO.
Congresista Manuel Dammert aclara intención de anular los artículos 2 y 6 de la Ley 30130, mientras que el secretario general del sindicato de Petroperú mostró las consecuencias de la privatización.
Eduardo Nizama
Piura
Tras la promulgación de la Ley de la Modernización de la Refinería de Talara (MRT), todo indicaba que el proyecto se aplicaría tal y como la Ley 30130 lo establecía, aun con la inclusión del polémico artículo tercero, donde se autoriza hasta el 49% de la participación privada en la empresa estatal Petroperú; sin embargo, a poco menos de un mes de la promulgación, un grupo de ciudadanos y autoridades se ha propuesto llevar adelante una iniciativa ciudadana contra la presunta privatización de la empresa.
La mañana de ayer los integrantes del sindicato de trabajadores de Petroperú, autoridades locales, el congresista Manuel Dammert, el ex presidente del directorio de Petroperú, Humberto Campodónico, y pobladores de la ciudad petrolera se reunieron en el Club Petroperú, donde se ofreció un análisis de la situación económica y empresarial de la entidad, se comparó la situación peruana con otras experiencias de emprendimientos estatales en el rubro, y finalmente se lanzó la convocatoria para el inicio de la recolección de firmas con el objetivo de rechazar el artículo tercero y sexto.
¡NO A LA PRIVATIZACIÓN!
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Petroperú, Juan Castillo, analizó la “primera privatización” vivida en la empresa desde el gobierno de Alberto Fujimori, criticando la pérdida económica que ha representado la privatización de los lotes petroleros. “Petroperú no produce crudo, no procesa gas natural, no envasa ni un solo galón de gas licuado de petróleo, no participa en la distribución del combustible”, lamentó el dirigente al mostrar las consecuencias de la privatización.
Resaltó que mientras Ecuador, Colombia y Venezuela han tomado el rubro hidrocarburos como una actividad económica estratégica, en el Perú se ha aceptado el fraccionamiento de la propiedad estatal.
Castillo sustentó que la presencia de petroleras estatales de terceros países que realizan operaciones exitosas y rentables explotando los recursos hidrocarburíferos –mientras Petroperú S.A. no explota ningún barril de crudo– demuestra el pésimo negocio de la privatización de activos de Petroperú, que constituye una trasferencia de riqueza desde el Estado para favorecer la acumulación privada.
A su turno el ex presidente del directorio de Petroperú, Humberto Campodónico, expresó su apoyo para el proyecto de la MRT solo en su artículo segundo, mientras lamentó el artículo tercero y sexto. Recomendó la participación de la empresa privada hasta un 20%.
“No veo ninguna razón de que sea el 49% (la participación de la empresa privada), mientras que en el artículo sexto se le prohíbe a Petroperú participar en las actividades que le darían mucha renta petrolera”, indicó Campodónico en referencia a la integración vertical de Petroperú.
La iniciativa ciudadana denominada “contra la segunda privatización de Petroperú” fue sustentada por el congresista Dammert, quien anunció una asamblea a realizarse el próximo viernes en Piura, luego el 7 de febrero en Lima, después en Arequipa, y finalmente en Cusco, con la intención de recolectar firmas hasta llegar a 70 mil adhesiones, y plantear la derogatoria de los mencionados artículos de la Ley 30130.
Al ser consultado sobre si es que la iniciativa ciudadana interfiere con la aplicación de la ley para la MRT, Dammert aseguró que el colectivo no busca entorpecer la modernización sino potenciarla. “Lo que reclamamos es que el presidente Humala firme de una vez todas las partes técnicas y económicas para hacer la refinería. Una cosa es la refinería, que ya debería estar firmada y caminando, y otra es la iniciativa ciudadana que busca modificar un par de los artículos, los que en la práctica impiden que Petroperú tenga una integración vertical”, sentenció el congresista.
Finalmente el asesor laboral José Bolo Bancayán sustentó la base legal de la iniciativa ciudadana en la Ley 26300, que desarrolla el artículo 32 de la Constitución Política del Perú.
Se pensaba iniciar ayer con la recolección de firmas para la derogatoria de los artículos mencionados; sin embargo, una demora por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la entrega de los padrones no permitió la actividad.
Con el juramento de la defensa de la soberanía energética la población presente se comprometió en la recolección de firmas bajo el eslogan “Petroperú integral es soberanía nacional”.
¿Directorio de Petroperú en la mira de los ministros?
Humberto Campodónico instó al gobierno central a dejar sin efecto la modificatoria de la ley (que fue introducida en la Ley de Presupuesto del 2014), que permite a los ministros de Economía y de Energía y Minas cambiar a su voluntad a los miembros del directorio de Petroperú.
“Eso le quita autonomía a Petroperú, y esa autonomía es la que necesita el sector público para funcionar como una empresa. No es conveniente que una empresa pública sea vista como el apéndice del gobierno de turno”, opinó Campodónico.
También se refirió a la finalización de los contratos de concesión de los diferentes lotes petroleros en el Perú, y se preguntó ¿por qué premiar a las empresas privadas y castigar a la empresa estatal?
CLAVE
La Ley 26300 sobre los Derechos de Participación y Control Ciudadanos establece que la iniciativa legislativa de uno o más proyectos de ley, acompañada por las firmas comprobadas de no menos del cero punto tres por ciento (0.3%) de la población electoral nacional, recibe preferencia en el trámite del Congreso. El 7 de febrero se iniciaría la recolección de firmas para esta iniciativa.
EN CIFRAS

70 mil firmas esperan recibir los dirigentes del sindicato de Petroperú para forzar un referéndum sobre la Ley 30130.
49% es el tope de la participación de capitales privados permitido por la Ley 30130 en la empresa nacional Petroperú.

ALAN GARCIA ES EL JEFE DE LA MAFIA QUE GOBIERNA EL PERU


Por: Jimmy Calla Colana.
Hay un lobby ciclópeo, monstruoso, más grande que el Palacio de Gobierno, que definitivamente prueba que el mismo Presidente de la República, Alan García, está seriamente comprometido, el que ’poseramente’ y con cálculo político, llamó Rata al prófugo y compadre espiritual, Rómulo León, y que -ojo- recibió a los directivos de la corrupta empresa en Palacio de Gobierno. Para negociar la entrega de nuestro patrimonio e hidrocarburo, a cambio de la financiación de la futura campaña presidencial del 20ll del otro padrino, mafioso y candongo, más conocido como ’tío George’, en la ’familia aprolitana’.
Es que los petroaudios encontrados en las últimas pesquisas mencionan al mismo Alan García, cabecilla del hampa y la camorra aprista, comprometido con el tétrico Fortunato Canaán quien dice, que el mandatario ’me ha garantizado que ganaría las licitaciones’.
Esta es la prueba que alguna inocente gente aprista, estaba esperando para abrir sus ojos. A todas luces el tío, Jorge del Castillo también está muy comprometido, hasta la saciedad. Él corrió al compás del tintileo monetario que escuchó no sólo en los ’desayuno de trabajo’, en el hotel donde se aposentó Canaán, donde corrió como fenicio, sino en las diversas y muy solemnes reuniones que fueron varias y variadas y que llegan a los 2 dígitos, y que prueban que si hubo una estrecha amistad entre Canaán y la ’familia aprolitana’.
El parloteo telefónico de Rómulo León Alegría registrado en los vídeos, a pesar de las elucubraciones y distractores del tío George y su sobrina Luciana, paseándose en los canales de TV, para justificar lo injustificable, lo único que han hecho es confirmar que toda la cúpula aprista están unidos para ser sostén del pozo de la corrupción.
Por lo que está planteado, que todos aquellos que firmaron una adhesión solidaria en defensa del ’tío George’, cuando dejó el premierato, pidan ¡el inmediato retiro de sus firmas!, y suscribir la caída del corrupto Alan García, de lo contrario serán arrastrados por la vorágine corrupta y serán los ’hazmerreír’ de la política criolla.
Pero el movimiento popular, la sociedad civil, tienen su camino independiente, deben plantear la caída inmediata de este gobierno y del jefe de la camorra aprista, Alan García, por incapacidad moral, para abrir paso a la lucha, por la instalación de un nuevo gobierno que solucione los álgidos problemas del país.
La Asociación para delinquir creada por Alan García, no puede quedarse un minuto más en el poder, ellos han planificado, han organizado, han reglamentado, mediante las mismas normas, llámese reglamento, minutas, directivas y toda la bathaola jurídica con la que han rifado nuestros recursos naturales, pero los audios y la opinión pública han arrinconado ante la pared a esta mafia.
Toda esta cúpula aprista ha salido del nido de ratas, del Instituto de Gobierno de la UPSM, de la que Rómulo León heredó el cargo dejado por Alan García. En otros países donde los abogadillos apristas hace apología jurídica, como la tradición jurídica anglosajona, donde la palabra personal tiene el valor de una prueba, Alan García, Del Castillo y toda su cúpula, estarían ya condenados a 30 años o cadena perpetua y Luciana logicamente desaforada y condenada también a cadena perpetua.
Pero en el Perú, no hay justicia, a Magaly y Ney los meten presos y son utilizados como cortina de humo, sin embargo a Alberto Quimper, Ernesto Arias Schreiber los dejan ir a su casa, dizque para vigilarlos mejor.
Viernes 31 de octubre de 2008
El Diario Internacional
UNO SÓLO ES EL REY
En la misma semana en la que Del Castillo y Pastor perdieron en su intento de acusar ante la Fiscalía de la Nación al presidente de la Megacomisión, Sergio Tejada; Agustín Mantilla fracasó ante el Tribunal Constitucional para excluirse del proceso contra el Comando Rodrigo Franco; y Facundo Chinguel se fue de bruces en otro recurso contra la Megacomisión; a Alan García le regalaron un fallo Sala Constitucional que ratifica una sentencia anterior en el sentido de que se invalida parte del trabajo investigatorio por fallas en la citación al grandazo producida en el mes de marzo.
Cualquiera podría sorprenderse que a conspicuos miembros del APRA les vaya tan mal en las instancias jurisdiccionales y que en cambio García siempre se salga con la suya (hace poco tiempo el Ministerio Público dispuso archivar una investigación sobre enriquecimiento ilícito, y más atrás el TC lo volvió a eximir del caso El Frontón ordenando no investigarlo). García debe ser el tipo con más sospechas de corrupción y de violaciones contra los derechos humanos, que circula libremente haciendo alardes de nuevo rico y de ningún arrepentimiento sobre los peores hechos de sus dos gobiernos.
Al fin de cuentas Fujimori está preso, aunque maniobre diariamente para que lo saquen del encierro; Toledo está acusado en la Comisión de Fiscalización, a pesar de todas sus declaraciones muy parecidas a las de García, asegurando que el caso Ecoteva es una persecución política; y a Ollanta ya lo metieron en condición de presunto culpable en la investigación sobre el caso López Meneses. AGP, por cierto, tiene informes calientes sobre temas muy duros como los de narcoindultos (abuso de la atribución de gracia para liberar sentenciados, y probable acto de corrupción al cobrar por estas beneficios aplicados en forma masiva); BTR (manipulación de pruebas incriminatorias contra miembros de su gobierno y él mismo, al momento de realizar la captura de los chuponeadores); Agua para Todos (sobrevaloración e incumplimiento de obras); colegios emblemáticos (favorecimiento a contratistas amigos del gobierno, ejecución sin control, incumplimiento de compromisos); etc.
Los tiene. Pero fiscales y jueces lo están salvando con argucias leguleyas, creando un enmarañado jurídico para compensar su más grave desventaja: lo exiguo de su representación parlamentaria que lo obliga a negociar con el fujimorismo y otras fuerzas. No importa cuántos muertos queden el camino y cuán desigual pueda ser la suerte de los investigados, a Alan García lo quieren de candidato, a pesar de que ello sea la consagración más escandalosa de la impunidad política. Había que ver los titulares de la prensa concentrada de los Miró Quesada y algunos satélites que daban por vencedor a quién no ha hecho descargo de ninguna de las denuncias en su contra, para darse cuenta del complot para hacernos partícipes de verdaderos actos de magia procedimental para que el bandido de los bandidos siga riéndose en la cara de los demás.
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10.01.14

sábado, 11 de enero de 2014

YO NO ME DEFIENDO CON AMPAROS

PJ no midió a Toledo y García con la misma vara
El caricaturista Heduardo ha resumido magistralmente la situación: el error de Toledo fue hacer un Habeas Corpus, cuando lo que tenía que hacer era un Alan Corpus.
Pero el ego colosal tampoco ha perdido la oportunidad de contar un chiste al agradecer públicamente a sus adversarios “porque con sus torpezas han podido poner al APRA al lado del pueblo”.
O sea el tipo anda con un promedio cercano al 80% que opina que está involucrado en graves actos de corrupción, según todas las encuestas, muchos de los cuales los ha puesto en evidencia la megacomisión, pero imagina que unos titulares de la gran prensa de un solo propietario, significan un espaldarazo de popularidad.
Alan García parece que entiende que hay un pueblo que aplaude los narcoindultos, los petroaudios, los decretos de falsa urgencia, las obras asignadas sin controles, etc. Y que lo único que le preocupa es que el eterno candidato (no ha trabajado en nada más en la vida) tenga expedito volverse a presentar a las elecciones teniendo detrás suyo a todos los que vimos en acción entre el 2006-2011.
En el Perú hay magistrados que piensan que a una persona como García hay que alcanzarle las preguntas que le van a hacer para que sus abogados le preparen las respuestas. Y a eso le llaman debido proceso, cuando lo que quieren hacer es salvar al expresidente del efecto de sus propias palabras.
No fue la megacomisión la que le colocó en la boca eso de que consultaba con Dios para dictar indultos y conmutaciones, que Facundo Chinguel era un hombre probo y que lo que lamentaba era no haber tenido tiempo para otrogar más gracias liberadoras a narcos y otros delincuentes. Si algo anularon los jueces son las propias palabras del fanfarrón.
Pero ahora sale al ruedo como si alguien hubiera proclamado su inocencia y todo lo que estuviera en juego es el supuesto veto que el malvado de Tejada viene organizándole para su votación en el Congreso.   
Ya todos hemos tomado nota de lo difícil que es acusar a este personaje. O si se quiere, que lo que verdaderamente está pasando es un complot para construir una víctima de persecución congresal a alguien que tiene que responder por asuntos ineludibles.
AGP, sin embargo, no está vetado, sino señalado por haber hecho abuso de sus facultades como gobernante. La Megacomisión no ha llegado más lejos que eso, porque no lo está acusando aún de complicidad con diversos delitos que sabemos que existieron: pagos para salir libres, tráfico de influencias para favorecer a ciertas empresas, manipulación de pruebas incriminatorias, enriquecimiento en el poder, favores de empresas favorecidas, etc.
En vez de hablar de veto para candidatear,  se debería hablar del peligro del regreso del partido de las langostas al poder, para no ser juzgados por lo que hicieron y completar su tercera gran corrupción.
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APRISTAS: PUEDE HABER GOLPE

¿HABLA DE GOLPE DE ESTADO DEMOCRÁTICO?

Exasperados por inminente presentación del informe final de Megacomisión que podría dar lugar a inhabilitación de expresidente García.
Valle Riestra habla de propiciar un golpe de Estado democrático porque el régimen de Humala está carcomido.
La desesperación ante la inminencia de la presentación del informe final de la Megacomisión legislativa que podría inhabilitar al expresidente Alan García y el fracaso en su empeño para que el Poder Judicial anule absolutamente todas sus pesquisas, exasperó al Apra, al punto de advertir que en el Perú puede haber un golpe de Estado por este motivo.
El exparlamentario aprista y exprimer ministro de la dictadura fujimontesinista, Javier Valle Riestra, planteó el asunto durante una conferencia de prensa convocada por el Apra para exponer la defensa partidaria de su líder García.
“El gobierno no lleva dos años y medio, y ya es un régimen que está carcomido. Yo creo que puede venir una especie de golpe de Estado democrático, que consiste en convocar a una Asamblea Constituyente en la que estén representados todos los partidos políticos y reconstruyan al Perú. Que se reconstruya en parte la Constitución anterior, que es la legítima firmada por Haya de la Torre y que genera el camino de la democracia peruana”, amenazó.
Valle Riestra se ratificó en su discurso beligerante, al manifestar que este camino es el del Apra. “El Apra ha tenido dos mandatos y va a tener un tercer mandato porque los adversarios no tienen la consistencia que tienen nuestros postulantes. No tienen la leyenda del aprismo, no tienen la historia del aprismo, no tienen la novela del aprismo”, se jactó.
“Vamos a triunfar porque nuestros adversarios están liquidados por los grandes errores que han cometido”, apuntó el otrora crítico distante del exmandatario García.
Obviando la fuerte influencia aprista en los tribunales, Valle Riestra sostuvo que estamos ante algo clásico acá, en el Perú, como “la utilización del Poder Judicial para la venganza política, la utilización del poder de los jueces para tratar de neutralizar a un adversario”.
El exlegislador insistió en que si el Parlamento siguiese con el “acoso” a García, el Apra podría recurrir a instancias internacionales. “No solo a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, sino que se podría ir hasta la jurisdicción internacional, lo que sería escandaloso para el sistema integrante”, detalló.
“NULIDAD ABSOLUTA”
El parlamentario aprista Mauricio Mulder recalcó que la sentencia de las dos instancias del Poder Judicial “dice claramente que se declara nulo lo actuado y que se violaron los derechos humanos fundamentales de Alan García”, criterio que no comparten parlamentarios ajenos al Apra y juristas de diversas tendencias.
“Eso dice la sentencia en primera y segunda instancia así les duela, se revienten o lo que fuera. Eso dice la sentencia. La interpretación que ellos harán de la sentencia será otra cosa y efectivamente ahí vendrán los números”, anotó.
Mulder refirió entonces que el nacionalismo y sus aliados en el Legislativo “pondrán sus números seguramente y tratarán que de todas maneras se vote la inhabilitación porque el objetivo es político y eso escapa a la interpretación jurídica”.
“Si la mayoría parlamentaria… en forma apasionada va a hacer caso omiso a esa sentencia y… de todas maneras van a querer votar una inhabilitación contra García, se van a encontrar con que ya el Tribunal Constitucional, ya el Poder judicial –en dos instancias-, y la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha determinado que no puede haber inhabilitaciones sin previa taxatividad”, subrayó.
En consonancia con su compañero Valle Riestra, expresó que “este pseudo Congreso quiere tener más de 70 congresistas dando cabezazos a la pared; lo van a encontrar, pero con eso no van a lograr derribar el edificio jurídico que se ha construido alrededor de este tema y nadie lo va a reconocer”.
Mulder sostuvo que ya está listo el escenario en el que “de todas maneras van a perder” los detractores del investigado exjefe de Estado. “Ganando van a perder, vencerán pero no convencerán. Entonces para nosotros queda abierto evidentemente el terreno que en la lucha política no habrá posibilidad alguna que le puedan cerrar el paso a Alan García”, aseveró.
NO TIENE VERGÜENZA
Quezada expresó que el gobierno tiene que comprender que en una democracia y en un estado de derecho se tiene que respetar la institucionalidad democrática, “y el Ministerio Público y el Poder Judicial son instituciones tutelares dentro de un estado de derecho”.
MÁS ALEGATOS
Tras estimar que con la resolución de la Corte Superior de Lima “se ha consagrado el principio del debido proceso” para el expresidente García y cualquier ciudadano, el excanciller aprista Luis Gonzales Posada dijo que “nadie puede actuar independientemente o colisionando con el debido proceso del Congreso”.
A su turno, Omar Quezada arremetió también contra la comisión investigadora del Congreso del segundo gobierno de García, al indicar que “puede investigar lo que quiera”, pero en lo que no puede convertirse es en “comisión perseguidora”.
“El Poder Judicial le ha dado la razón al presidente Alan García y ha amparado sus derechos fundamentales. Los derechos fundamentales es una larga conquista de la historia para cada ciudadano en un estado de derecho”, argumentó.
Javier Soto /Roberto Contreras

martes, 7 de enero de 2014

CARTA ABIERTA DEL MAYOR GENERAL FAP CARLOS ORDOÑEZ VELAZQUEZ AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA OLLANTA HUMALA TASSO

RECLAMAN DERECHOS PENSIONARIOS
Le dirijo, una vez más, una carta abierta en su calidad de Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, no como lo hice en las tres oportunidades anteriores,  para tratar los temas de la operatividad de la Fuerza ni para tocar los temas de la falta de entrenamiento del personal por no haber presupuesto para realizar esas operaciones.
No lo hago tampoco para tratar el tema del abandono total del personal militar y policial en situación de retiro así como la indolencia mostrada por su gobierno para con los discapacitados por actos del servicio como se lo hice saber en la carta anterior de julio 2012.
En esta ocasión lo hago para referirme a los alcances del Decreto Legislativo # 1133, una norma que fue aprobada por el Ejecutivo en diciembre 2012 que, como podrá notar después de leer la presente, está poniendo en peligro la Seguridad y Defensa Nacional y que muy pocos han reparado en ello, sobre todo sus asesores en temas de defensa.
Empero, quiero hacer presente que, como la norma legal y sus vericuetos referenciales, así como la exégesis que intento hacer de ella ha resultado algo extensa (pero necesaria), me permitiré el uso de títulos y subtítulos para ordenar la explicación de sus alcances, pero sobre todo de sus grandes incongruencias, inequidades e ilegalidades, entre otros.
El Decreto Legislativo Nº 1133 del 09 de Diciembre de 2012
La norma es el Decreto Legislativo Nº 1133 del 09 de diciembre de 2012 y que entró en vigencia al día siguiente de su publicación, y es llamado “Decreto Legislativo para el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial”.
Veamos un análisis lo más completo y detallado posible, acerca de sus disposiciones:
Nuevo régimen previsional para militares y policías
1.    Con el artículo 1º se ha creado un nuevo régimen de pensiones para el personal que recién ingresa a la carrera militar y policial.
Esta es una disposición pendiente de revisarse respecto de su constitucionalidad, pues a mi parecer, no es posible que ante iguales funciones y responsabilidades, pueda darse un nuevo sistema de pensiones totalmente diferente y que afecta enormemente al personal militar y policial egresados a partir del 2013 así como a sus familiares directos, con la ulterior afectación de la Seguridad Nacional.
2.    En los artículos 2º y 3º  se establece que este nuevo régimen previsional es aplicable al personal militar y policial que a partir de la entrada en vigencia de la norma, inicien la carrera de oficiales  o de suboficiales, según corresponda.
Para cualquiera que haya seguido la carrera de las armas, es claro que la carrera se inicia cuando se ingresa a las Escuelas de Formación. Eso significa que la norma recién sería aplicable a quienes hayan ingresado a las escuelas en el 2013. Sin embargo, en una interpretación tan antojadiza como injusta por parte del Ministro de Economía y del Ministro de Defensa, este decreto legislativo ya está siendo aplicado a los oficiales y suboficiales de las diferentes instituciones armadas, que han egresado a partir de enero de 2013. Esto es totalmente irregular  pues, quienes egresaron de las escuelas en enero 2013, habían ingresado en el año 2008, es decir, con leyes diferentes. Debo recordarle, Presidente, que -constitucionalmente- las leyes no son retroactivas.
Nuevos porcentajes de aporte a la Caja de Pensiones Militar Policial.
3.    Como otro punto importante a tener en cuenta es el incorporado en el artículo 6º que establece un nuevo porcentaje de 19% de aporte a este régimen de pensiones, del cual el 13% estará  a cargo del personal militar y policial y el Estado aportará solamente el 6%. Este nuevo porcentaje de aporte entrará en vigencia con el personal que en el 2018 se reciba de oficial o suboficial, es decir el personal que ha ingresado a las escuelas en el presente año 2013.  Este es otro punto en contra de los magros ingresos del personal.
En el sistema actual de la ley 19846 el porcentaje previsto al inicio del sistema fue de 27% correspondiéndole al personal aportante el porcentaje de 6% y el 21% al Estado, esto último nunca se cumplió dando lugar a la desfinanciación de la Caja de Pensiones Militar Policial. Lo que es más injusto es que en todos los sistemas previsionales militares de la región, siempre ha sido mayor el aporte del Estado que el del personal militar y policial aportante.
La nueva forma de ver las pensiones
4.    La pensión de retiro que se acredita con un mínimo de 20 años de servicio reales y efectivos, tiene un tope máximo de dos (02) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º de esta norma. Esto implica que, en un caso dado, aunque el monto de pensión calculada sea superior, el Estado sólo le reconocerá el monto de 02 UIT´s, afectando sus ya bajos ingresos.
Precisamente, una de las normas más injustas de este decreto legislativo, es aquella contenida en el artículo 14º sobre el cálculo de la pensión del personal militar que pasa al retiro. Ésta disposición establece que la pensión será equivalente al 55% de la remuneración de referencia, que es el promedio de las remuneraciones pensionables percibidas efectivamente en los últimos sesenta meses (Cinco años).
Para ser más explícitos pongamos un ejemplo de cómo se calcularía la pensión de un oficial del grado de Comandante o equivalente que pasa al retiro al término de su cuarto año en el grado (con valores actuales según Anexo 3 del D.S. Nº246-2012-EF):
Comandante                     S/.4,279.00   X   48 Meses          =               S/.205,392.00
Mayor                                S/.3,254.00   X   12 Meses          =               S/.   39,048.00
TOTAL                                                              60 Meses                           S/.244,440.00
                                                         ENTRE  60         
                             Remuneración de referencia       =                            S/.    4,074.00
Pensión     (55% Remuneración de referencia)    =                              S/.    2,240.00
Es decir, un Comandante que pasa al retiro con años de servicio cumplidos y cuya remuneración era de S/. 4, 279 nuevos soles, al pasar al retiro recibirá solamente S/. 2, 240 nuevos soles como pensión. ¿Es esto justo?
Normas ilegales e inconstitucionales sobre suspensión y pérdida del derecho a la pensión de retiro
Ø  El inciso b) del artículo 16º establece que “se suspende la pensión sin derecho a reintegro por salir del territorio nacional o permanecer fuera de él, sin la autorización correspondiente”.
Los técnicos que elaboraron esta norma ignoran que la libertad de tránsito dentro y fuera del territorio nacional es un derecho fundamental reconocido en el inciso 11 del artículo 2º de la Constitución y sólo puede ser limitado por razones de sanidad o mandato judicial, por lo tanto es una norma inconstitucional que debe ser derogada.
Ø  El inciso a) del artículo 17º  establece que “se pierde el derecho a pensión de retiro por haber sido condenado por delito doloso” y agrega “Si hubiere cónyuge, hijos o ascendientes del sentenciado que no hayan tenido participación directa ni indirecta en el delito, se beneficiaran con la pensión que perciba el sentenciado, aplicándose en cuanto a su distribución, las normas pertinentes a la pensión de sobrevivientes”.
Los “especialistas” que formularon la norma también desconocen que no basta haber sido condenado por delito doloso, sino que la sentencia debe especificar como pena accesoria la pérdida del derecho a la pensión. Esto está claramente especificado en el artículo 174º de la Constitución.
Por otro lado, el disponer que los familiares del sentenciado tengan derecho a percibir la pensión en calidad de sobrevivientes es una demostración de total e ilegal abuso de autoridad sin precedentes. Esto es inconstitucional.
Ø  El inciso b) del artículo 17º  establece que “se pierde el derecho a pensión de retiro por pérdida de la nacionalidad peruana”.
Primeramente es necesario resaltar que la Constitución reconoce en el inciso 21 del artículo 2º, el derecho de toda persona a su nacionalidad y que nadie puede ser despojado de ella. La constitución también establece en su artículo 53º que la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana.
Lo que queda en entredicho  es que si por renuncia a la nacionalidad se puede disponer administrativamente se pierda el derecho a la pensión.
Supongamos que un peruano de nacimiento con 55 años de edad tiene propiedades inmuebles, fundo de frutas, así como una planta envasadora y acciones en la bolsa de valores ¿Usted cree que si renuncia a la nacionalidad peruana (por cualquier motivo), tendría alguien derecho a quitarle su patrimonio o sus propiedades? La respuesta es obvia: no.
En ese sentido se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Sentencia del 28 de Febrero de 2003 en el Caso: “Cinco pensionistas versus Perú” donde expresamente menciona en el fundamento 103. Que “los pensionistas adquirieron un derecho de propiedad sobre los efectos patrimoniales del derecho a la pensión”.
Esta jurisprudencia ha sido recogida por el Tribunal Constitucional en sendas sentencias con fundamentos de carácter vinculante, donde resaltan el aspecto patrimonial de la pensión, siempre haciendo referencia a la Corte Interamericana y lo establecido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución.
En conclusión, es inconstitucional la norma que pretende que se pierda el derecho a la pensión (derecho patrimonial y de propiedad) por el hecho de la pérdida de la nacionalidad peruana por renuncia expresa.
La pensión para el cónyuge supérstite (la viuda).
5.    Para el caso de la pensión de sobreviviente (viuda) la situación se pone peor, puesto que según el artículo 28º, la pensión de viudez (cónyuge del causante o del pensionista fallecido) será el equivalente al 50% de lo que percibía o hubiera podido percibir el causante.
Para poder apreciar la situación de indigencia total en que se quedaría una viuda, podemos retomar el cálculo anterior y aplicar lo dispuesto en la norma:
Comandante                     S/.4,279.00   X   48 Meses          =               S/.205,392.00
Mayor                                S/.3,254.00   X   12 Meses          =               S/.   39,048.00
TOTAL                                                              60 Meses                           S/.244,440.00
                                              ENTRE                60         
                              Remuneración de referencia       =                           S/.    4,074.00
Pensión     (55% Remuneración de referencia)    =                              S/.    2,240.00
Viudez         (50% Pensión del causante)              =                               S/.    1,120.00
6.    Estas pensiones que, de por sí son indignas, por los ínfimos montos que representan, han sido calculadas haciendo de cuenta que el causante tiene 30 años de servicio reales y efectivos, ya que en caso tenga menos de 30 años y más de veinte, el monto de la pensión deberá calcularse en tantas treintavas partes de dicho monto en proporción a los años de servicios.
Si en el ejemplo anterior el oficial contaba sólo con 25 años reales y efectivos, las pensiones indicadas serían las que vemos a continuación:
Pensión              25/30 partes   de      S/.2,240.00   =          S/.1,866.67
Viudez                 (50%  de Pensión   S/.1,866.67)  =          S/.   933.34
¿Es ésta la forma de tratar a las mujeres que acompañaron la carrera de sacrificios y privaciones de sus maridos? Usted sabe la respuesta Presidente.
Las pensiones para los huérfanos y para los padres sobrevivientes
7.    En el caso de la pensión de sobreviviente (orfandad) según el artículo 29º, los huérfanos del causante tendrán derecho a dicha pensión solamente hasta los 18 años, pudiendo ser extendida hasta los 21 años para quienes sigan estudios en forma ininterrumpida y satisfactoria o para los hijos que hayan manifestado incapacidad desde su minoría de edad. La pensión de orfandad será el equivalente al 20% de la pensión que percibía o hubiera podido percibir el causante por cada hijo con derecho a pensión.
Pero en el inciso 2 de este mismo artículo, se establece una norma a todas luces discriminatoria y por lo tanto inconstitucional. Esta norma indica que “Tratándose de hijos adoptivos, el derecho a la pensión se genera si la adopción ha tenido lugar antes que el adoptado cumpla dieciocho (18) años de edad y antes que el adoptante cumpla los sesenta (60) años, siempre que el fallecimiento ocurra después de treinta y seis (36) meses de producida la adopción. Este último requisito no rige cuando el deceso se produce en acto o consecuencia del servicio”.
Todos sabemos, Comandante Humala, que la Constitución prohíbe todo tipo de discriminación y que todos los hijos tienen los mismos derechos y el mismo trato. Aquello que usted seguramente conoció con los términos de hijos legítimos, ilegítimos, naturales y adoptivos, entre otros, ya no existe. Sería bueno que usted esté enterado y disponga la corrección correspondiente.
8.    En el caso de la pensión de sobrevivientes (ascendientes) según el artículo 30º, el padre y la madre del causante tendrán derecho a dicha pensión, siempre que a la fecha del deceso de éste, haya sido con 30 años de servicio reales y efectivos (art. 27º) y concurran (al mismo tiempo) las siguientes condiciones:
a.    Ser inválido o tener sesenta (60) o más años de edad;
b.    Depender económicamente del causante;
c.    No poseer rentas o ingresos superiores al monto de la pensión que le correspondería; o,
d.    No existir beneficiarios de pensión de viudez u orfandad.
Cumplidos estos requisitos, el monto máximo de pensión de ascendencia será igual al veinte por ciento (20%) de la pensión que percibía o hubiera podido percibir del causante. Esto implica que, en caso subsistir ambos padres, percibirá cada uno de ellos el 10% del monto de la pensión del causante.
Como podemos apreciar, al formular esta norma perversa, los funcionarios dorados del MEF no sólo han puesto todas las trabas posibles para hacer imposible que los padres del causante puedan acceder a la pensión de ascendientes, sino que además, el monto es infame, según podemos apreciar al aplicarlo al ejemplo anterior:
Comandante      S/.4,279.00   X                  48 Meses          =               S/.205,392.00
Mayor                  S/.3,254.00   X                  12 Meses         =                S/.  39,048.00
TOTAL                                                              60 Meses                           S/.244,440.00
                                      ENTRE                        60         
                             Remuneración de referencia       =                             S/.    4,074.00
Pensión     (55% Remuneración de referencia)  =                                S/.    2,240.00
Ascendencia     (20% Pensión del causante)      =                                 S/.       448.00
(El monto que recibirían el padre y la madre sería de                        S/.       224.00 c/u.)
Por lo demás, esta disposición fue formulada sin tener en cuenta en lo más mínimo la realidad, pues, para que un efectivo MUERA en ACTO DEL SERVICIO y con un mínimo de 30 años de servicio se está refiriendo a un miembro de las FF.AA. o de la PNP, con las siguientes características:
                   Ingreso a la Escuela de Formación                      20 años         (promedio)
                  Años de formación en Escuela                              05 años
                  Mínimo de años de servicio                                   30 años
                                                      Total                                       55 años
Como se puede ver, un hombre de uniforme, con treinta años de servicio reales y efectivos implica ser una persona con, por lo menos, 55 a 60 años de edad que en caso de tener rango de oficial, debiera tener el grado de Coronel (antiguo) o General; y en el caso del rango de suboficial tendría el grado de Técnico de Primera o Técnico Inspector que son grados (para oficiales y suboficiales) en los que ya no se combate y las actividades operativas han cesado, pues sus labores son de planeamiento, administración y supervisión.
Por otro lado, a la edad entre 55 a 60 años del posible causante, los padres (si viven) deberían tener entre 85 a 90 años de edad, lo cual es muy improbable pues según el informe del INEI de agosto de 2013, la “esperanza de vida” en el Perú es de 81 años para la mujer y 79 años para el varón. Es decir, para cuando el causante “cumpla” con morir en acto del servicio y con 30 años de carrera ininterrumpida, para que se otorgue pensión por ascendencia a sus padres, éstos ya no existirán.
En pocas palabras, todas las disposiciones de esta norma no son reales y por lo tanto no se van a cumplir. Una norma sin correlación con la realidad no sirve para nada.
9.    En este punto debemos dejar bien en claro que, el artículo 27º de este decreto legislativo, establece que el derecho a la pensión de sobrevivientes (viudez, orfandad y ascendencia) se adquiere siempre y cuando se acredite un mínimo de treinta (30) años de servicios reales y efectivos, a diferencia régimen pensionario de la ley 19846 que, cuando el causante perecía en acto o consecuencia del servicio, sus deudos (viuda y huérfanos o ascendientes) podían acceder al íntegro de su ingreso mensual como pensión renovable cada 5 años, cualquiera sea la cantidad de años de servicio del causante. Esto porque ese Sistema Previsional tenía carácter SOLIDARIO y todos aportaban para todos, en una carrera cuya siniestralidad está por encima del 27%. El nuevo sistema es una AFP encubierta.
La pensión por invalidez permanente por Acto del Servicio y la pensión por incapacidad para el servicio
10. Para el caso de Pensión por Invalidez permanente, según lo establecido en el artículo 19º, ésta debe ser debidamente comprobada, haber sucedido en Acto del Servicio y siempre que acredite un mínimo de treinta (30) años reales y efectivos.
Según el artículo 20º, para el caso del personal militar y policial la pensión de invalidez se determina aplicando las reglas para el cálculo de la pensión de retiro.
En este caso la pensión será equivalente al 55% de la remuneración de referencia, que es el promedio de las remuneraciones pensionables percibidas efectivamente en los últimos sesenta meses, tal como vimos en el ejemplo del cálculo de la pensión para el retiro.
11. Para el caso de Pensión por Incapacidad para el servicio, debe tenerse en cuenta de acuerdo al artículo 21º que la incapacidad debe ser comprobada y haberse producido por causa distinta al Acto de Servicio.
Una causa distinta al acto de servicio puede ser, por ejemplo, un accidente automovilístico particular donde el personal militar o policial pierde un miembro inferior (pierna) o queda parapléjico.
Para el caso de personal que acredite un mínimo de 20 años de servicio reales y efectivos, la pensión de incapacidad se determina aplicando las reglas para el cálculo de la pensión de retiro.
Para el caso de personal que tenga menos de 20 años de servicios reales y efectivos, tiene derecho a percibir el 27,5% de la remuneración de referencia que es el promedio a remuneración consolidada de los últimos sesenta meses.
Si hacemos los cálculos para un Teniente que sufre un accidente particular quedando incapacitado para el servicio, tendríamos lo siguiente:
       Teniente  S/.2,258.00   X         8 meses =           S/. 108,384.00
       Alférez     S/.2,204.00   X        12 meses =         S/.    26,448.00
60 meses                                                                 =    S/. 134,832.00
ENTRE                 60
         Remuneración de referencia       =                  S/.     2,247.20
Pensión por incapacidad (27,5% Rem Ref)= S/. 617.98*
*Esta pensión no tendrá promoción económica pero será vitalicia.
La ley también establece para los cadetes de los Institutos Armados y de la Policía Nacional que sufran de incapacidad para el servicio por razones distintas al Acto del Servicio, que pueden acceder a una pensión equivalente al 27,5% de la remuneración pensionable de un Alférez en situación de actividad.
Entonces lo que recibiría un cadete como pensión (de por vida) por incapacidad para el servicio sería:
      Remuneración pensionable de un Alférez       =          S/.       2,204.00
Pensión del cadete por incapacidad (27,5%)     =          S/.          606.10
A simple vista se puede apreciar una gran inequidad, pues el Teniente con ocho (08) años de servicio reales y efectivos, va a recibir como Pensión por Incapacidad para el servicio casi el mismo monto que recibiría un cadete sin ningún año de servicio real y efectivo. Es una incongruencia grosera.
Situación similar se presenta para el caso del personal de alumnos de las escuelas de formación de suboficiales que, para la misma situación de incapacidad tienen derecho a acceder al 27,5%  de la remuneración pensionable de un suboficial de tercera.
Aparte queda la situación ilógica de percibir pensión por incapacidad ocurrida en situación fuera del servicio, sin contar con el mínimo de años de servicio y por lo tanto sin haber aportado lo suficiente para percibir pensión a pagarse por la CPMP.
El subsidio póstumo y el subsidio por invalidez permanente
12. La muerte o invalidez permanente sin haber cubierto el requisito que exige este decreto legislativo de tener un mínimo de 30 años de servicio reales y efectivos, merece un tratamiento aparte para poder explicar lo que quisieron hacer los “genios” del MEF que elaboraron esta ley.
Según el D. Leg. # 1133, para tener derecho a Pensión de Sobrevivientes (viudez, orfandad y ascendencia), el artículo 27º establece que la muerte del causante debe haber sucedido en ACTO DEL SERVICIO y además debe haber contado con un mínimo de 30 AÑOS de servicios reales y efectivos.
Como hemos visto en párrafos anteriores, las normas para estos casos están hechas para que no se pueda acceder a la pensión a que tendrían derecho la viuda, los hijos menores huérfanos, y en su caso, los padres sobrevivientes.
a)    Subsidio póstumo por Muerte en Acto del Servicio sin tiempo mínimo de servicios.
Veamos qué establece la ley para casos de muerte del causante sin contar con el mínimo de 30 años de servicio reales y efectivos:
Primeramente, debe tratarse de muerte en ACTO DEL SERVICIO, según el concepto explicitado en el artículo 12º del D. Leg. 1132.
Si este requisito se cumple, entonces se aplica lo que establece el mismo artículo: El Subsidio Póstumo a que se refiere el artículo 16º del Decreto Legislativo Nº 1132.
El subsidio póstumo (mensual) incluye, según el artículo 15º de dicha norma:
·         La remuneración consolidada del grado inmediato superior.
·         Bonificación por Fiestas Patrias (sólo en julio de cada año).
·         Aguinaldo por Navidad (sólo en diciembre de cada año).
 ·        Bonificación por Escolaridad (una vez al año en enero).
·         El monto mayor de las bonificaciones establecidas en el artículo 8º del D. Leg. 1132 (si le correspondía al momento del deceso).
Para entender mejor esta norma, tan injusta como irreal, es bueno plantear un caso ejemplo:
Supongamos que el Suboficial de Segunda (SO2) José Castillo (28) de la Policía Nacional es muerto en un ataque de delincuentes a la Comisaría de Jr. Andahuaylas en Lima. El SO2 PNP José Castillo no era casado pero convivió con Rosa Rubianes (25) durante cinco (05) años hasta su muerte y deja dos menores hijos: Miguel y Sofía de 04 y 02 años respectivamente.
Hagamos el cálculo de lo que le correspondería recibir a la viuda (conviviente) y los dos huérfanos del SO2 Castillo, cuya remuneración consolidada asciende a S/.2,005.00 mensuales (con valores actuales según Anexo 3 del D.S. Nº246-2012-EF):
Ø  Remuneración consolidada (Grado SO1ra. PNP)      S/.2,043.00
Ø  Gratificación por Fiestas Patrias. (Sólo en julio)          ----------------
Ø  Aguinaldo por Navidad. (Sólo en diciembre)               ----------------
Ø  Bonificación por Escolaridad. (Sólo en enero)            ----------------
Ø  Bonificaciones del art. 8º del D. Leg. # 1132:
*Bonificación por Desempeño Efectivo de Cargos de Responsabilidad. (No le corresponde por cargo
y grado)                                                                                    ---------------
*Bonificación por Función Administrativa y de
Apoyo Operativo Efectivo. (No le corresponde por no realizar la función según el reglamento)                    
*Bonificación por Alto Riesgo a la Vida.
Según el art. 9.3 del Reglamento del D. Leg. 1132
corresponde a lugares declarados en emergencia o para los Edecanes o Servicio de Seguridad y
Protección. (No le corresponde pues Lima no está en Emergencia y no estaba asignado al servicio de Seguridad y Protección.                                                   ----------------
Monto Total del Subsidio Póstumo Mensual*             S/.2,043.00
*En julio y diciembre se agrega S/.300.00 y en enero se agrega S/.400.00 por Escolaridad.
El total que recibiría Rosa Rubianes (25) y sus hijos Miguel Castillo Rubianes (04) y Sofía Castillo Rubianes (02) por concepto de Subsidio Póstumo por la muerte de su padre el SO2 José Castillo (a quien nunca volverán a ver) es el monto de S/.2,043.00 nuevos soles mensualmente por el lapso de cinco (05) años. Esto porque la ley establece que cada 5 años el personal que fallece será promovido al grado inmediato superior hasta el grado de Suboficial Técnico de Primera PNP, cuya remuneración consolidada es de S/.2,382.00 nuevos soles.
Es decir, desde el momento del deceso deben pasar 15 años para que los deudos pasen a recibir de S/.2,043.00 a la suma de S/.2,382.00 que significa solamente S/.339.00  más, o lo que es lo mismo, Veintidós y 60/100 nuevos soles (S/.22.60) por año, o Seis céntimos (S/.00.06) por día. Todo ese monto para mantener una familia.
¿Le parece  justo, Presidente?