viernes, 14 de febrero de 2014

LOS NARCOS LIBRES Y LOS PERIODISTAS ENJUICIADOS

Denunciados por  investigar drogas en Aeropuerto
De cómo la empresa Lima Airport Partners ha perseguido a los periodistas que investigaron el tráfico de drogas a través del Aeropuerto Jorge Chávez y terminaron en manos de jueces que creen que investigar es difamar.
El 25 de febrero de 2009, la policía antinarcóticos fue informada que de acuerdo al resultado de acciones de inteligencia previas un “sujeto conocido como “gordo Jesús” estaba desplazándose a inmediaciones del centro comercial del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez… a bordo del vehículo de placa de rodaje DQ-6436, color plomo portando armas de fuego, por lo que al montarse vigilancia discreta, siendo aproximadamente las diez horas… se ubicó a la citada unidad vehicular… a la altura de la cuadra 34 de la avenida Elmer Faucett … (el) conductor… pretendió darse a la fuga  , sin embargo se logró su intervención siendo identificado como… Jonny Yesquén Huby… al que se le encontró… dos armas de fuego… cuatro teléfonos celulares… Asimismo al efectuarse el registro del vehículo se encontró en la maletera… dos maletas… hallándose en la primera 29 paquetes y en la segunda 30 paquetes… conteniendo clorhidrato de cocaína con almidón con un peso  neto total de 57 kilos con 850 gramos…”
“Al prestar su declaración preliminar el denunciado Yesquén Huby… señaló que el sujeto conocido como “Primo” … (le entrega) las maletas conteniendo droga y el vehículo en el que fue intervenido… a fin de que trasladara hasta la puerta de loa empresa Gate Gourmet en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, empresa encargada de abastecer alimentos al avión de la compañía LAN vuelo 636 que partía a horas trece con treinta minutos con destino al DF México… para lo cual realizó coordinaciones con el conocido como ”Monchi”, con el que acordó el pago de mil seiscientos dólares americanos por cada kilo de droga. Dinero que sería repartido entre los funcionarios de Aduanas, Policía Nacional, trabajadores de la línea aérea LAN y Lima Airport Partners”.
Lo que usted está leyendo, estimado lector, son los párrafos iniciales del auto apertorio de instrucción correspondiente al expediente Nº 2009-01108-0-701-JR-PE-6, emitido por el sexto juzgado penal del Callao y suscrito por el Juez Fidel Gómez Alva el 2 de marzo del 2009, abriendo proceso a 34 personas por delitos Contra la Salud – Tráfico Ilícito de Drogas, en las modalidades de trasporte y acondicionamiento de clorhidrato de cocaína, conspiración de personas para facilitar el tráfico de droga y omisión de actos funcionales (policías y funcionarios públicos). El caso, por cierto, rebasaba el límite de la nota policial al haberse producido durante el año anterior (2008) varias capturas de envíos de droga en diversos países, en vuelos procedentes de Lima, que habían sido materia de denuncias periodísticas, a las que la empresa administradora del aeropuerto había respondido que no era su responsabilidad porque su obligación era evitar amenazas contra los aviones y los viajeros y no los contenidos que salían hacia el exterior.
Desde que se hizo la concesión, LAP declaró el área del espigón internacional y de las pistas donde estacionan los aviones que realizan vuelos al exterior, como zona fuera de control de las autoridades peruanas, dificultando el trabajo de la policía, los fiscales y los jueces, aún en casos de presuntos delitos o cuando la empresa era la demandada. Se creó un sentido de extraterritorialidad que antes no se concebía y un problema crítico para la lucha antinarcóticos.
El 8 de noviembre de 2008, el programa dominical Cuarto Poder de América Televisión presentó un informe denominado “Aeropuerto Jorge Chávez es una coladera de droga”, que hacía énfasis en el tráfico por vía aérea y recapitulaba hechos del año que confirmaban la falta de controles. El 11.12.08, el periodista Herbert Mujica presentó una denuncia penal en la fiscalía del Callao por la falta de acción de la empresa LAP ante el aumento de los casos de narcotráfico procedentes del Perú que eran detectados en otros países en aviones que habían despegado de Lima. 
Con estos antecedentes, la captura del “Gordo Jesús” (Jonny Yesquén), en febrero del 2009, era casi un desenlace anunciado de lo que ya se estaba volviendo un sistema de salida de mercadería ilegal. El carro intervenido con 57 kilos de droga y armas sin licencia, fue noticia los días siguientes en los medios. Lo que nadie sabía era el grado de ramificación criminal de la organización que sacaba la droga. Informes de inteligencia, investigación fiscal e instrucción judicial establecieron que una banda como esta no podía tener éxito si no contaba con la colaboración de “gente de adentro”, lo que comprometería agentes de aduana, policías, trabajadores y funcionarios de la administradora del aeropuerto y de las líneas aéreas en las que se embarcaba la cocaína.
Periodismo de investigación
Todo esto es el comienzo de la historia de la catarata de juicios que LAP nos lanzó a los periodistas Cesar Lévano, Herbert Mujica y Raúl Wiener, por la osadía de respaldarnos en el documento judicial antes citado y de concluir en la misma hipótesis que lleva al juez Gómez Alva a iniciar el proceso. Fue el principal denunciado, según consigna el juez en su resolución, el que dice : “…igualmente intervendrían la denunciada Ana María Pedrera Ruiz en condición de supervisora de seguridad de la empresa LAN y quién coordinaría los turnos de los counters de seguridad cuando se va a hacer un envío de drogas; … y el denunciado John Charles Kirch Jr., jefe de seguridad de Lima Airport Partners, con el que coordinaría el denunciado Dianderas Castro para los envíos de drogas en las diferentes modalidades…”
Para mayor aclaración, el tal Dianderas Castro, agente de aduanas del aeropuerto era el ”Monchi”, que junto con “Primo” (Enrique Delgado Marín), actuaban como jefes de la banda, al decir de Yesquén Huby, y le facilitaron la droga y el carro. En concreto había una enorme veta informativa detrás del caso y un asunto de indudable interés nacional, en el que las dos empresas importantes comprometidas tenían la obligación de dar la cara. Hasta donde se sabe, la chilena LAN, destituyó a su jefa de seguridad y la separó de la empresa, señalando públicamente que daría todo su apoyo a las investigaciones.
Por su lado, LAP encargó a su estudio de abogados favorito: Benites-Forno-Ugaz, defender a su gerente de seguridad, consiguiendo inicialmente que el denunciado pudiese llevar el proceso en libertad, por tener un trabajo fijo (precisamente el que era materia de la acusación) y plantear un paquete de denuncias judiciales contra los periodistas que habían indicado que en las narices de la administradora aeroportuaria se hacían sucios negocios. El 26 de julio de 2009, a cinco meses de la captura de Yesquén Huby, el diario La Primera publicó el informe de investigación titulado: “Red de narcotráfico en el aeropuerto”, con la firma de Raúl Wiener, días después el director del diario, César Lévano hizo un comentario sobre el mismo. Por su parte Herbert Mujica citó en una nota que circuló en Internet, la investigación de Wiener.
Estos fueron los pretextos para la presentación de tres demandas por difamación contra Lévano y Wiener, y otras tantas contra Mujica. Un mismo texto, basado en un documento judicial, sobre un problema acuciante para el país, y que hacía mención a muchos implicados, a dos empresas y a varias instituciones estatales, sólo produjo molestia en LAP y sus directivos, que elaboraron recursos presentados ante seis juzgados, para decir que el objeto de lo publicado y las notas complementarias, era dañar su “honorabilidad”. Ciertamente, ninguno de los denunciantes dependiente de LAP, ni la empresa misma hicieron descargos públicos de los hechos denunciados, si se trataba de un asunto de honor. No apelaron a su derecho de rectificación y pretendieron ignorar en todo instante que eran ellos los que tenían que explicar graves hechos y no los periodistas que habían informado lo sucedido. Sin embargo, a pesar de ser todo tan evidente, la Justicia peruana que siempre es capaz de superarse admitió todas las querellas y las fue resolviendo erráticamente según el real entender o algo más, de los distintos jueces.
¿Quiénes eran los que demandaban?   
Los procesos contra los periodistas Lévano y Wiener de La Primera, basados en los mismos elementos de prueba: seleccionados por los demandantes: el informe de investigación del 26.07.09, unas “pataditas”, y una columna de César Lévano, de los días siguientes, han seguido la siguiente ruta: (1) Caso Kirch, referido a la demanda del jefe de seguridad de LAP, que argumentó haberse sentido difamado porque se le dio por integrante de una “red de narcotráfico”, cuando todavía no se había probado su participación y al haber sido posteriormente excluido del proceso, por lo que pedía prisión y una gruesa reparación a Lévano y Wiener.
Al respecto, la Segunda Sala de la Corte de Lima, dictaminó el 6 de octubre de 2011, en última instancia absolviendo a los demandados, que: "Este Colegiado considera que no se ha acreditado animus difamandi  por parte de los querellados (Wiener y Lévano), puesto que no se atribuyen calificativos que atentan contra el honor del querellante (Kirch) sino que lo relacionan a hechos que constan en el auto de apertura de instrucción con la finalidad de informar al público ante una noticia que era de interés nacional, tal como se había detectado que se estaba enviando droga al extranjero desde el Aeropuerto Jorge Chávez".
2)  Caso Salas, en el que el exjefe de seguridad de LAP, que antecedió a Kirch, demanda a los mismos periodistas con los mismos elementos probatorios, por una alusión que se hace de su persona recogiendo una información de sus excompañeros de trabajo en CORPAC de que también tendría antecedentes negativos. El demandante no era parte de la denuncia principal sobre una red de narcotráfico, no obstante pretendiese que se le había vinculado. Sin embargo la jueza de primera instancia luego de declarar prescrita la causa contra Lévano, por razón de edad, condenó a Wiener por estimar que había una intención difamante, a pesar de que el único escrito presentado con su firma como elemento de prueba no mencionaba el nombre del señor Salas.
Llevado el caso a la segunda instancia, el colegiado reafirma la sentencia de cuatro años de prisión suspendida y aumenta la reparación civil de 40 a 100 mil nuevos soles, como si tratara de un caso de la mayor gravedad, atreviéndose a señalar: “…el querellado no realizó la más mínima labor de verificación del dato obtenido de fuentes muy relativas…”, lo cual es una suposición ofensiva que contrasta seriamente con el reconocimiento que la sentencia del 2011, que los vocales conocían, hace de la seriedad del trabajo de investigación realizado. En resumen para un juez y una sala no había difamación, sino un caso digno de investigarse, aún si se incurriera en errores o excesos, como se indica explícitamente; pero para una jueza y otra sala, el objeto de la denuncia de La Primera era perjudicar a Salas, aún en la nota en que no se da su nombre. Y eso merecía la máxima pena.  Este caso se encuentra actualmente en apelación ante la Corte Suprema.   
(3) Caso Montes-Pacheco, según el cual, dos apoderadas legales de LAP, Milagros Montes Morote y Catherine Pacheco Quesada, se presentan como trabajadoras afectadas por el daño moral que se habría inferido a su empresa al informar de la presunta existencia de funcionarios que incurren en delito de narcotráfico. Sin duda este es el proceso más disparatado en el que se pretende que la posible inconducta de una persona que es tratada en la prensa podría traer como consecuencia una mella a la honorabilidad de personas relacionadas laboralmente, que además adoptan una representación de otros trabajadores que no tienen cuando están actuando a cuenta de su empleador. No cabe por donde se le mire la figura de la difamación indirecta, y el que reclama debe probar que hay una intención en contra suya encubierta en el derecho informativo. Si tal cosa no pasaba en los casos Kirch y Salas, mucho menos podía haberlo con estas dos mujeres.
Tres jueces, sin embargo, han tenido en sus manos este expediente, sin devolverlo a las querellantes que era lo que correspondía. Y ahora, por lo que se sabe, el juez del 35ª Juzgado Penal de Lima, se propone sentenciar en contra de Lévano y Wiener, en un fallo que debería convertirse en un tema de toda la prensa peruana porque indica hasta donde pueden llegar algunos jueces. Fíjense el punto al que estamos llegando: en estos momentos ya es cosa juzgada que no hubo difamación contra Kirch, porque realmente fue incluido en un proceso judicial. Pero parece haber un juez para el que haber tratado este caso no “difama” al aludido, sino a las abogadas que trabajaban con él. El mundo al revés.
Efectivamente ya es casi para reír que se puedan dar tantas contradicciones como si no hubiera un concepto claro frente a un solo texto informativo, unas notas de chismes y un comentario del director. Todos los jueces han leído lo mismo y todos se han hecho conscientes que se trata de un cargamontón porque eso figura en los expedientes. Pero igual, hay los que se hacen los desentendidos sobre la intención real de lo escrito y respaldan la posición de la empresa que ha hecho todo lo posible por convertir un caso de narcotráfico en una persecución al periodismo con el cuento de que quieren difamarlos.   
¿Y a todo esto…?
Lo que más grotesco de esta historia, no es sin embargo el maltrato que recibimos los periodistas por levantar noticias de indudable interés público, y el riesgo de que una empresa extranjera que debería estar atenta a brindar el mejor servicio y responder ante los requerimientos en el cumplimiento de sus responsabilidades se sirva de los recursos que obtiene de la explotación de la concesión a su cargo para acallar cualquier intento de vigilancia sobre sus actividades, sino que ya se dejó de hablar de la droga aeroportuaria y todo indica que los implicados en el caso Yesquén Huby han salido libres de polvo y paja.
En nuestro país los jueces son más duros con la prensa que investiga, sobre todo si el investigado es muy poderoso, que con los propios narcotraficantes. No por gusto somos el país en que se condena a inocentes, se mantienen largos procesos y al final se libera a narcos con mucho billete e incluso tenemos expresidentes que se jactan de sus narcoindultos. Es por eso que creemos que el caso LAP contra Lévano-Wiener, es realmente una línea que va a marcar claramente la relación entre el Poder Judicial, la prensa, el poder económico y el narcotráfico.
En todo caso en el diario La Primera hemos decidido decir basta y salirle al frente a la prepotencia de LAP y al uso de la justicia contra la libertad de expresión. Que nadie crea que nuestros periodistas están solos. Y que nos doblegaremos en nuestra lucha por la verdad.

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