domingo, 23 de marzo de 2014

CRÍMENES IMPUNES Y PRENSA SENTENCIADA


A escasos días de haberse enterrado al principal rival del presidente regional de Ancash, César Álvarez, asesinado alevosamente en una parada de viaje hacia Chimbote por sicarios contratados para eliminarlo, el juez Alejandro Mena Quispe que tiene a su cargo el Juzgado Unipersonal Penal Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Santa (¡tamaño nombresote!), condenó al periodista César Quino Escudero por haber supuestamente difamado al mismo Álvarez en una portada de su revista El Observador, en la que alude al enorme poder que ejerce en la región.
A fines de enero, apenas un mes y medio de su trágica desaparición, Ezequiel Nolasco había denunciado, junto a su familia, otra turbia decisión de la justicia chimbotana que absolvió a casi todos los miembros de la banda que acribilló a su hijo político en el primer intento por asesinarlo. Así, el amparo judicial contra el crimen se debilita en la medida que crece el blindaje contra autoridades que parecen dispuestas a cualquier cosa para retener el poder.
Ancash es una región con mucho dinero procedente del canon minero y las actividades pesqueras, y en la que los índices de inseguridad ciudadana han crecido aceleradamente. En poco tiempo se ha visto caer bajo las balas del sicariato al alcalde Casma, al exalcalde de Huarmey, al fiscal provincial de Casma, y a testigos importantes de estos mismos crímenes. La idea es evidente: sembrar el miedo en la gente, resolver contradicciones políticas y evitar investigaciones sobre corrupción a punta de balas.
¿Y qué hace el presidente regional para enfrentar la violencia que aqueja a su pueblo? Que se sepa nada, salvo insistir en la brillante tesis de que él no puede estar comprometido con los asesinatos políticos, porque nada lo perjudicaría más en sus aspiraciones, que involucrarse en ese tipo de temas. Un razonamiento sorprendente que permite la cobertura suficiente para que se siga produciendo la la eliminación sistemática de sus adversarios, y los jueces y fiscales sigan sin investigarlo.
Mientras tanto el juez Mena, da verdadera pena dirigiendo su afán sancionatorio hacia la prensa pequeña e independiente, con lo cual se vuelve a cumplir una regla perversa que se está repitiendo en el país, según la cual los casos graves de sicariato, corrupción, narcotráfico, quedan muchas veces sin resolver porque los jueces desestiman las pruebas y consagran la impunidad, mientras se ensañan contra la prensa que denuncia estos hechos y advierte de los responsables más probables con los recursos de la investigación periodística.
Quino Escudero ha declarado que la sentencia no sólo amenaza la libertad de expresión sino que instala un clima de persecución judicial contra la prensa, ya que al hacer intocable a Álvarez pone en situación comprometida a otros periodistas que también han sido denunciados como difamadores por el presidente regional. Entretanto Álvarez tiene 150 denuncias por peculado, malversación y abuso de autoridad. Y no le pasa nada.
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