viernes, 28 de marzo de 2014

FISCAL PELÁEZ DESESTIMÓ INVESTIGAR A CONGRESISTAS BENÍTEZ Y CRISÓLOGO POR CASO DE CENTRO DE ESPIONAJE

Persistente. Nolasco denunció varios casos de corrupción.
DIARIO LA REPUBLICA
Fiscal de la Nación rechazó solicitud de Fiscalía de Chimbote para abrir proceso a los parlamentarios que interfirieron en el caso conocido como "La Centralita". Otro de los implicados, el presidente de Áncash, César Álvarez, presentó un hábeas corpus y logró que lo sacaran de la investigación. También su asesor, Jorge Burgos, que amenazó de muerte a Ezequiel Nolasco.
María Elena Hidalgo.
Chimbote. Enviada especial.
El ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos afirmó en reiteradas ocasiones que los congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo estaban vinculados con las actividades de un centro de espionaje en Chimbote que la prensa local conocía como "La Centralita". Nolasco fue asesinado el 14 de marzo y hasta ahora el caso sigue sin resolverse.
"La Centralita" operaba en un inmueble donde Heriberto Benítez tenía un departamento. En el mismo lugar funcionaba un grupo de medios de comunicación relacionados con el parlamentario Víctor Crisólogo. También operaba la empresa productora de radio y televisión de Martín Belaunde Lossio, que prestaba servicios  de imagen al presidente de la Región Áncash, César Álvarez Aguilar. Y, por si fuera poco, Jorge Burgos Guanilo, asesor personal de Álvarez, contaba con una habitación. La policía comprobó que desde un teléfono de propiedad de Burgos Ezequiel Nolasco recibió varios mensajes de texto con amenazas de muerte.
Por coincidencia, el día que cuatro fiscales anticorrupción se preparaban para allanar "La Centralita", el jefe del equipo, César Jiménez Rodríguez, fue convocado de urgencia por su jefe, el fiscal superior Dante Farro Murrilo. En el despacho de Farro se encontraban los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, además del presidente de la región, César Álvarez. Y a ellos se sumó el ex secretario general de Construcción Civil Víctor López Padilla, un hombre estrechamente relacionado con Álvarez.
El propósito de los cuatro personajes, según lo ha confirmado a La República el ex fiscal anticorrupción César Jiménez, era impedir que incursionaran los fiscales en "La Centralita".
La ruta de la impunidad
Por estar involucrados en el caso "La Centralita" los congresistas Benítez y Crisólogo, el fiscal provincial especializado en Delitos de Funcionarios Públicos,  Juan Toledo Calero, derivó el expediente al fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, para que les abriera investigación.
Pero Peláez devolvió los actuados a la Fiscalía Provincial del Santa. De este modo, Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, dos notorios defensores de César Álvarez, se libraron de una investigación que le correspondía dirigir al Fiscal de la Nación.
Pasada de mano
En su informe sustentatorio, el fiscal Juan Toledo detalló la interferencia de los congresistas Benítez y Crisólogo en la actuación de los fiscales que investigaban "La Centralita", con la expresa finalidad de frustrar la acción de las autoridades fiscales en el caso de "La Centralita".
Cuando los cuatro fiscales allanaron "La Centralita" y recogieron documentos, videos, audios y diverso material incriminatorio sobre la existencia de un centro de operaciones de espionaje manejado por personas presuntamente relacionadas con el presidente de la Región Áncash, se interpuso  en el camino Heriberto Benítez.
De acuerdo con las actas de los fiscales, "el congresista Benítez recomendó a la propietaria del inmueble materia de intervención ('La Centralita'), Mary García Miranda, para no firmar el Acta de Intervención", señaló el fiscal Toledo.
Incluso Heriberto Benítez pidió la participación del fiscal de prevención del delito, Carlos Zavaleta Grández, para  que impidiera el allanamiento de "La Centralita". La actuación de Benítez estaba sin duda parcializada a favor del presidente de la Región Áncash, César Álvarez.
Sin embargo, el fiscal de la Nación, José Peláez, retornó a Chimbote el caso de "La Centralita" con el argumento de que el fiscal Juan Toledo no había precisado en su solicitud el tipo de delito que habrían cometido Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, de acuerdo con fuentes de su despacho.
Empero, de la lectura del documento remitido por Toledo se detallan los hechos con claridad.
En todo caso, por esta cuestión de formas, Benítez y Crisólogo se libraron de una investigación que debió emprender el Fiscal de la Nación.
Al regresar el expediente a Chimbote, cayó en manos del fiscal Laureano Añanca Chumbe, quien, en medio de un escándalo, archivó el caso. La Procuraduría Anticorrupción de Chimbote apeló y la Fiscalía Superior ordenó a Laureano Añanca formalizara denuncia contra César Álvarez, su asesor Jorge Burgos Guanilo y personal que trabajaba "La Centralita": Juan Barrios Ávalos, Nelson Vásquez Baca, Wilburg  Renilla Horna y Rosa Olivares De la Cruz, señalados como cómplices del  presidente de la región.
Juan Barrios Ávalos, trabajador de Martín  Belaunde, fue  la persona que reveló a Ezequiel Nolasco que en "La Centralita" se preparó el atentado en su contra, el 20 de julio del 2010.
Cuando se creía que finalmente César Álvarez y sus cómplices serían denunciados por la Fiscalía de Chimbote, sucedió algo extraordinario. El presidente de la Región Áncash interpuso un hábeas corpus ante un juzgado de Huaraz para que lo excluyeran del caso. Como era previsible, Álvarez consiguió su objetivo. Lo sacaron del caso.
El resto de implicados, basados en el fallo que favoreció a César Álvarez, recurrió al Poder Judicial del Santa para buscar zafarse de la investigación fiscal.
El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Ever Gutiérrez, les dio la razón a los acusados de "La Centralita", entre ellos Jorge Burgos Guanilo, el asesor de Álvarez que amenazó de muerte en varias ocasiones a Ezequiel Nolasco.
Para completar su faena, el juez Gutiérrez luego archivó el expediente con el pretexto de que no quedaba ningún implicado. Esto fue el 6 de setiembre del 2013.
El último soldado
Ante la cruda realidad de un sistema judicial que desechaba cualquier iniciativa para investigar y sancionar a los implicados en el caso "La  Centralita", el ex consejero regional Ezequiel Nolasco recurrió a la Comisión de Fiscalización y a la Comisión de Ética del Congreso para que se indagara la conducta de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, por la evidente interferencia de estos en el caso "La Centralita".
Sin embargo, como ha informado La República, la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Ética rechazaron las peticiones de Ezequiel Nolasco.
Mientras tanto, el ex consejero regional Nolasco, promotor incansable de las denuncias contra César Álvarez y sus escuderos, recibía más amenazas de muerte. Parecía el último soldado que quedaba en Chimbote luchando contra la corrupción.
El procurador anticorrupción de Áncash, Richard Asmat Urcia, apeló la resolución del juez Ever Gutiérrez, y consiguió que el caso lo revisara esta vez el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la magistrada Susana Quispe Trujillo.
Más de tres años después que el caso "La Centralita" estalló, dejando expuesta una organización que en la clandestinidad desplegaba acciones a favor de la presidencia de la Región Áncash, será retomado por las autoridades en busca de responsables.
Será todo un desafío, porque el clima en el que trabajan las autoridades fiscales y judiciales en Áncash, y en particular en Chimbote, es de miedo. El asesinato de Ezequiel Nolasco, un permanente denunciante de César Álvarez, es entendido como una advertencia para quienes se atrevan a investigar la Región.
Nancy Moreno preside Junta de fiscales de Ancash
El fiscal de la Nación, José Peláez oficializó ayer la designación de la fiscal superior anticorrupción Nancy Tereza Moreno Rivera, como la nueva presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Santa.
Moreno Rivera ya venía ocupando ese cargo, desde que el 5 de marzo último, Peláez trasladó al fiscal superior Hugo Dante Farro Murillo, acusado de ser incondicional del presidente regional César Alvarez Aguilar, a una fiscalía superior de Ica.
Ella se encuentra amenazada de muerte por investigar al gobierno regional de Ancash, y se le señala como la siguiente víctima del sicariato en esa región, tras el asesinato del ex consejero Ezequiel Nolasco. Ahora podrá investigar con más libertad.
CLAVES
Plazo.
El Congreso aprobó por mayoría investigar al Gobierno Regional de Áncash. La comisión tendrá 180 días para indagar nexos de mafias con funcionarios.
MIEMBROS.
La comisión está conformada por Juan Pari (GP), Mesías Guevara (AP-FA), Jesús Hurtado (FP), Mariano Portugal (UR), José León (PP), Luis Galarreta (PPC) y Enrique Wong (SN).

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