Como no podía ser de otra manera, terminada la etapa del
pleito parlamentario, que se resolvió como ya se sabe con la capitulación del
PPC y otros grupos menores, el gabinete Cornejo pasó a enfrentar la oposición
de verdad que es la que se expresa en las calles y en las carreteras y ahí lo
que hemos podido ver es que la crisis de autoridad es mucho más profunda de lo
que podría haberse supuesto a primera vista.
Los mineros que apalean policías en Lima y destruyen
propiedad pública y privada, están dando un testimonio apabullante de su
irritación hacia el gobierno y de la falta de respeto que mantienen hacia el
gabinete de tecnócratas que la CONFIEP defendió apasionadamente en los días de
la crisis de la confianza. Pero no son los únicos. Los médicos de los servicios
del ministerio de Salud preparan su tercera huelga indefinida en tres años, en
una secuencia que ha pasado de un reclamo que se convirtió en acta de acuerdos
en el 2012, y que suscitó otra huelga un año después para que se cumpla lo
pactado y que este año lleva como consigna que se cumplan los acuerdos del 2013
que consistían en que se cumpliría lo pactado el 2012.
Es decir que el gobierno ya cansó con la mecedora del MEF
que permite que los ministros se comprometan a lo que después no podrán cumplir
porque la caja de Economía no lo permite. Hay otros problemas con los
trabajadores del Poder Judicial, que tienen paralizada la administración de Justicia,
las enfermeras que están haciendo paros escalonados en diversas partes del
país. Y los cocaleros del VRAEM que han tenido una delegación de treinta
dirigentes por estos días en Lima para tratar con el primer ministro el tema
del plan de erradicación de hojas de coca que ha anunciado la señora que dirige
DEVIDA, y que responde a su propio fracaso en la aplicación de los planes de
desarrollo alternativo. El precario acuerdo con Cornejo es un plazo de cuatro
semanas, que vence a fines de abril, para que el gobierno les presente una
propuesta o tendremos otra huelga regional en el lugar más conflictivo de
nuestra geografía económica y política.
Una lucha empresarial se ha sumado a toda esta movida
brusca del ambiente y es la huelga indefinida de los más de mil grifos de 12
regiones de selva y sierra que han sido comprendidos en un decreto supremo que
reduce a la mitad la cuota de gasolina que podrá ser vendida a cada
distribuidor, con el supuesto propósito de reducir el acceso a insumos para el
narcotráfico. La medida gubernamental ha sido cuestionada por los griferos que
señalan que se está alterando bruscamente sus programas de venta y expectativas
de ingresos, a lo que están asociadas sus obligaciones de pago con su personal,
proveedores y sus deudas con el sistema financiero. La idea, además, de que un
recorte de la oferta, desabastecerá a los narcos es sencillamente estúpida ya
que fácilmente se puede deducir que si hay narcos comprando libremente
gasolina, probablemente acapararán el stock disponible, desabasteciendo las
actividades legales y el transporte.
La huelga de los dueños de los grifos pudo ser evitada si
las autoridades escuchaban sus argumentos, pero los funcionarios de la PCM que
tienen a su cargo el tratamiento de los conflictos contestaron a sus delegados
que en vista que todavía no había estallado un conflicto abierto no podían
tratar con ellos. Ahora les están pidiendo que levanten la huelga para
recibirlos, después que pudieron haber negociado cuando no había una acción de
lucha. Entre los departamentos castigados por la reducción de su cuota de
combustibles están Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Huancavelica, Cusco
(excepto la provincia de Cusco, capital del departamento), Puno, Junín, Pasco,
Huánuco, San Martín, Amazona s y Loreto. Casi medio Perú.
¿Qué está pasando?
Hay un elemento evidente de incompetencia del gobierno
para afrontar problemas, obsesionado como anda este gobierno en hacer la buena
letra para la gran empresa y los medios de comunicación que forman parte de la
concentración mediática. En el caso de los pequeños mineros, es responsabilidad
de Humala y sus ministros el haber generado desde diciembre de 2011, en pleno
problema de Conga, una grotesca amalgama entre los problemas de formalización y
desarrollo de las actividades de pequeños mineros artesanales que existen en
una gran parte del país, y el concepto
de minería ilegal que abarca a los que ocupan zonas prohibidas por su impacto
ambiental y sistémico, que generalmente realizan grandes inversiones y reclutan
mano de obra semiesclava en Madre Dios y parte de Puno, y que han construido
una red de intermediación que permiten que todo el oro de origen dudoso se
legalice finalmente y forme parte de las estadísticas de exportación.
Cuando el general Daniel Urresti, al que Humala le ha
encargado perseguir manu militari a la llamada “minería ilegal”, se queja de
que los mineros de Chala o Apurímac están siendo engañados por los ilegales que
les dicen que el gobierno los quiere eliminar, está faltando a la verdad porque
fue el gobierno el que quiso engañar al país y servir a la gran minería cuando
metió a todo el mundo en el mismo saco, y puso al mismo Urresti a mirar
diversos problemas con el mismo enfoque represivo de que la única minería que vale
es la del tipo de la practica Roque Benavides. Pero hay un segundo elemento en
esta etapa de la crisis que es el de la violentización de las protestas por los
huecos de autoridad que atraviesan a Humala y su gobierno.
Es el resultado de un zarandeo continuo en el que los
medios no respetan al gobierno, el Congreso lo señala con las peores
intenciones, el presidente no respeta a sus ministros (salvo a Castilla) y la
primera dama deja en ridículo a su marido. La derecha que se goza de su
situación de tener en el bolsillo al gobierno y a la vez poder representar el
papel de beligerante opositora, ha venido difundiendo además la idea de que es
democrático destruir propiedad privada y pública en Caracas, si uno no está de
acuerdo con el gobierno, pero le parece una barbaridad que eso ocurra en Lima.
Hay pues un cruce de mensajes y de falta de rumbo que está echando leña al
fuego de una situación política cada vez más caldeada.
¿Y Humala? Sigue haciendo declaraciones desorientadas
invocando a la una autoridad a la que el mismo renunció cuando aceptó
imposiciones de distintos lados.
Publicado
Hildebrandt en sus Trece
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