miércoles, 30 de abril de 2014

PIDEN DESAPARICIÓN DE PERUPETRO Y SALIDA DE SU PRESIDENTE LUIS ORTIGAS


MANO DURA. Coalición de sindicatos exige al gobierno retornar los lotes a Petrperú.
NO MÁS PASEOS. 
Dirigentes de Petroperú lamentan que Perupetro no tenga capacidad de negociación y haya permitido que Interoil haga lo que quiera con los lotes.
Enrique Villegas Rivas
 Piura
 Como país hemos perdido soberanía porque ahora cualquier "empresita" extranjera hará lo que quiera. Como institución, Perupetro no está preparada para negociar porque no hizo los actos formales para salvaguardar los intereses del país.
 Así resumió el presidente de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, Juan Castillo, el hecho que Interoil haya comunicado que jurídica o financieramente no existe base para que Perupetro le cobre por el tiempo que operó los lotes III y IV mientras se resolvía el arbitraje.
 “Responsabilizo al presidente de Perupetro, Luis Ortigas, de todo esto porque siempre se buscó favorecer a Interoil. El Congreso de la República debe otorgar la facultad a Petroperú para que administre los lotes porque el Perú gana, pero los funcionarios no saben qué hacer”, sostuvo.
 Por su parte, el vicepresidente de la coalición, Evin Querebalú, dijo que Luis Ortigas debe salir y Perupetro desaparecer porque ahí se han dado muchas cosas irregulares en contra del país como el faenón petrolero.
 “Es momento de apostar por las empresas grandes para que realicen una alianza con Petroperú. El fortalecimiento de la estatal no se debe detener por estos cuestionamientos. El presidente de la República, Ollanta Humala, debe pronunciarse este 1 de mayo cuando llegue a Talara a colocar la primera piedra del Proyecto de Modernización de la Refinería”, aseguró.
 El dirigente comentó que no están en contra de la inversión privada, pero con reglas claras. Por ello, el Estado debe cautelar mejor los recursos, pues detrás de Petroperú hay grandes intereses que imponen las cosas como la prórroga del contrato a Interoil.
 A su turno, el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, indicó que el escándalo demuestra la falta de política energética y la debilidad institucional en las más altas decisiones de gobierno.

 “A partir del 2011 la producción de crudo en ambos lotes (III y IV) disminuyó por la falta de inversiones necesarias. La lógica era simple, había que presionar a Perupetro y aprovechar las debilidades de un organismo entreguista que acordó en octubre del 2013 prorrogar por 10 años los contratos que caducaban, salvo los operados por Interoil por haber interpuesto un recurso de amparo en el 2012 para seguir operando después de marzo del 2013, y demandado internacionalmente al Estado”, recordó Jorge Manco.
CLAVE
  • Jorge Manco refirió que Interoil, desde el 2011, está en un acelerado proceso de descapitalización a vista y paciencia de Perupetro, pues sus activos después de alcanzar los 124 millones de dólares en el 2009, disminuyen a 98 millones en el 2011 para llegar a los 11.7 millones de dólares en el 2012.

TESTIGO DE CENTRO DE ESPIONAJE ACUSA A HERIBERTO BENÍTEZ DE LLEVAR AUDIOS DE “CHUPONEO


Coincidencia. El congresista Benítez tenía un departamento en el mismo edificio donde funcionaba "La Centralita", pero niega relación con actividades de espionaje.
CADENA DE MANDO
Parlamentario señalado como "escudero" del presidente regional de Áncash, César Álvarez, niega imputación de Colaboración Eficaz de la Fiscalía Anticorrupción y dice que testimonio es similar al que ofreció en Chimbote una persona y que luego la fiscalía local archivó por falta de pruebas.
Marìa Elena Hidalgo.
El colaborador eficaz de la Fiscalía Anticorrupción que investiga el caso del gobierno regional de Áncash, ha proporcionado a las autoridades información relevante que compromete al congresista Heriberto Benítez Rivas, considerado el "escudero del presidente regional César Álvarez Aguilar".
De acuerdo con el testigo protegido –quien laboraba en el centro de espionaje conocido como "La Centralita", que controlaba y financiaba César Álvarez–, el legislador Heriberto Benítez era quien presuntamente suministraba los audios que contenían grabaciones de las conversaciones "chuponeadas" de los enemigos y críticos del presidente regional de Áncash. Benítez rechazó lo expresado por el declarante protegido por las autoridades.
Según el testimonio del colaborador eficaz, Benítez a su vez recibía los audios de manos de un importante estudio de abogados, con el cual el congresista reconoció haber estado contactado hasta hace aproximadamente cuatro años.
"A 'La Centralita' llevaba los audios Heriberto Benítez, quien a su vez se los entregaba a Jorge Burgos Guanilo, asesor de César Álvarez. Burgos repartía los audios al personal que laboraba en 'La Centralita' para que hicieran la transcripción", relató el testigo a las autoridades que investigan el caso, de acuerdo con las actas de sus manifestaciones a las que tuvo acceso La República.
"Todos (los audios) eran 'chuponeos' de personas que estaban en contra de Álvarez. Benítez era el que llevaba los audios a Chimbote", apuntó el colaborador eficaz.
Coincidentemente, Heriberto Benítez alquilaba un departamento en el mismo edificio donde funcionaba "La Centralita", ubicado en la calle Los Pinos N.º 600, en la Urbanización La Caleta, en Chimbote.
El 13 de julio del 2011, cuatro fiscales anticorrupción que recibieron información sobre actividades de espionaje en el inmueble de Los Pinos fueron presionados por el congresista Heriberto Benítez y el presidente César Álvarez en un intento por impedir el allanamiento de "La Centralita".
El testigo protegido manifestó que el asesor de Álvarez, Jorge Burgos, pocas horas antes de la intervención de los fiscales anticorrupción, dispuso que sacaran todos los archivos, computadores y material comprometedor de "La Centralita" y que pintaran algunas paredes.
Benítez denunció a los cuatro fiscales anticorrupción y logró que el ahora fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, dispusiera que se aperture la investigación contra las autoridades que fueron despedidas de su centro de labores.
Sin embargo, Heriberto Benítez Rivas lo niega todo.
"Ya escuché antes la misma versión, idéntica, solo que ahora en boca de un supuesto colaborador eficaz. Se trata de una persona que luego se desdijo de lo que afirmó. Por lo tanto, se trata de un testimonio manoseado y sin ningún valor legal", señaló el congresista a La República.
"Es la impresión que tengo, y lo digo sin saber quién es el colaborador. Quizás se trata de alguien que se ha copiado de la primera versión que nunca fue confirmada. Es un testimonio que la fiscalìa de Chimbote ya archivó", añadió el parlamentario.
De acuerdo con Benítez, el testimonio obtenido por la Fiscalía Anticorrupción sería el mismo que circuló en Chimbote. "No me sorprendería que se trate de la misma persona. Si es así, están sorprendiendo a la fiscalía", indicó.
La santa paciencia de Ética
Desde que el 14 de abril último el congresista por Áncash Modesto Julca Jara denunció ante la Comisión de Ética Parlamentaria a su colega Heriberto Benítez Rivas, el grupo parlamentario presidido por Humberto Lay ni siquiera ha señalado fecha para citar a Benítez.
Julca acusa de interferencia a Benítez por haber pretendido impedir la actuación de cuatro fiscales anticorrupción en "La Centralita".

En febrero de este año, el ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos pidió al presidente de la Comisión de Ética investigar a Heriberto Benítez. Lay rechazó la solicitud. Nolasco demandó a Lay que reconsiderara su decisión, pero Lay respondió que esta no procedía. El 14 de febrero de este año asesinaron a Nolasco.

ISABEL MIRÓ QUESADA: "NADINE HEREDIA LLAMÓ A EMPRESARIOS PARA IMPEDIR QUE SALGAN CIERTAS PARTES DE ENTREVISTA"


La editora general de la revista Cosas, Isabel Miró Quesada, confirmó que la primera dama Nadine Heredia, sí pidió censurar el contenido de la entrevista realizada el pasado 13 de abril.
DIARIO CORREO
En declaraciones al programa No Culpes a la Noche, Miró Quesada contó que previo a recibir la carta notarial (12 días después de la entrevista), de la esposa del presidente Ollanta Humala, para editar parte de la publicación, recibió llamadas de algunos empresarios conocidos que le pedían que levantara "ciertas partes" de la entrevista.
"La carta nos llegó el viernes y nos vimos forzados a cambiar la foto de portada (...) Previo a esa carta notarial hubieron otro tipo de circunstancias que nos sorprendieron. Nos llamaron gente conocida muy importante (empresarios) que no están ligados a nuestra empresa, que nos citaron y nos pidieron muy incómodos para que se levantaran ciertas partes de la nota. Ellos habían recibido llamadas de la primera dama. Eran llamadas en las que ella ponía mucha presión", acotó.
Señaló que a pesar de las llamadas mantuvo siempre la idea respetar la línea editorial de manera firme y contó con el apoyo de su familia. Asimismo indicó que ya se imaginaba la actitud tomada por la presidenta del Partido Nacionalista tras la polémica ocasionada por sus declaraciones.
"Yo me imaginaba que iba a intentar confundir al público en general sobre cómo se dio las cosas", dijo.
Finalmente, opinó que tras la polémica la primera dama no respeta la libertad de expresión.
NADINE HEREDIA SÍ INTENTO CENSURAR LA ENTREVISTA PUBLICADA EN LA REVISTA ‘COSAS’
UTERO.PE
Aquí les damos la historia completa. Todo empezó anteanoche, cuando Augusto Álvarez Rodrich dio la primicia: Nadine Heredia envió una carta notarial a la Revista “Cosas” por una entrevista que iba a salir publicada:
La editora comenta que se enviaron previamente los temas de la entrevista. Además, Nadine sabía que se estaba grabando (en una de las respuestas, ella hace referencia a la grabadora). Aun así, sí se quiso censurar parte de la publicación:
La editora señaló que Jorge Salazar y Roxana Altuna, asesores de Heredia, acudieron a las oficinas de su medio para ‘negociar’ la no publicación de algunas partes de la entrevista que salió a la luz este martes. Es más, la esposa de Ollanta Humala llamó mientras se debatía el hecho entre la editora y los asesores.
Asimismo, la representante del medio escrito indicó que un grupo de empresarios también intentaron impedir la publicación. Además, siempre siguiendo las declaraciones de Miró Quesada, la presidenta del Partido Nacionalista habría llamado al periodista Gabriel Gargurevich en otro de sus vanos intentos preguntándole con quién tiene que darle ‘solución’ a su problema.
Luego de todas estas presiones, y ante la negativa de la revista, es que recién llega la carta notarial.
Entonces, ¿hubo intención de censura?
Luego de conocidos todos estos hechos, volvimos a consultar con el abogado Roberto Pereira. Nosotros nos quedamos con su interpretación del caso:
No sólo se habría tratado de “persuadir” de que no se publicaran algunos contenidos a través de visitas oficiosas, sino incluso se llegó a implementar un mecanismo de presión a través de empresarios, que se presume podrían influir en el medio para que no publicara algunos contenidos de la entrevista. Un auténtico caso de censura sofisticada motivada por el arrepentimiento de declaraciones políticas. En ese contexto, la carta notarial puede ser interpretada como un recurso desesperado por malograr la edición de la revista y su consiguiente difusión, ante el fracaso de las presiones para conseguir que el medio comparta el arrepentimiento de la esposa del Presidente. Es como pretender impedir que se siga jugando el partido, porque se prohíbe usar una de las pelotas.
La entrevista, sobre todo las partes políticas, ha sido publicada en la edición de “Cosas” de hoy. Lo que tuvo que cambiarse es la diagramación debido a que no se pudieron publicar todas las fotos.
Digamos que, al final, Cosas no obtuvo la luz verde.

ESTIMADOS COLEGAS PENSIONISTAS, AMIGOS TODOS

MARCHA DE PENSIONISTAS
Esta noticia y fotocopias difundidas, que obviamente llenan de entusiasmo no sólo a los pensionistas antiguos de las FFAA y PNP sino también al personal de actividad, constituyen un hálito de esperanza para aquellos que en gran mayoría aún percibe una miseria de pensión congelada con el Dec. Leg. 1133 en el más bajo monto, después de haber esperado 21 años sin incremento alguno.
Es cierto y real que la promulgación  de este proyecto satisfacería no sólo a militares y policías, sino también a aquellas autoridades, políticos y pueblo en general que además de gratos con dichas instituciones tienen dos dedos de frente para darse cuenta del grave daño que se ha auto ocasionado la sociedad peruana con una medida administrativa aparentemente inofensiva e intrascendente como el de quitarles la pensión renovable y congelárselas en extremo  a los “más viejtos” además del programa muy largo de incremento de remuneraciones, lo que lamentablemente tiene graves repercusiones en diferentes ámbitos de la vida nacional que ya empezamos a sufrirlas.
A veces las vicisitudes económica de una nación puede determinar que se adopten ajustes drásticos en diversos ámbitos, pero no al extremo de auto ocasionarse daños severos que de persistir sumirían al pueblo peruano en el caos total. No somos una nación étnica ni culturalmente uniforme, no somos aún un pueblo desarrollado económica, social ni menos políticamente, tenemos instituciones débiles o casi inexistentes que son fácilmente infiltradas, doblegadas o corrompidas.
Señores, estamos en Sudamérica con hábitos y costumbres propias que no nos podemos aún desenvolver con madurez. La gran mayoría desciende de poblaciones proclives al caciquismo, al totalitarismo, a la sumisión, a esperar que sus autoridades le solucionen sus problemas; poblaciones que aún quisieran ser protegidas, guiadas o tuteladas por su cacique, su inca o su virrey; tal vez por eso desde siempre se vienen denominando a las FFAA y PNP como instituciones tutelares del Estado; como si fueran las “únicas” encargadas de proteger, dirigir, amparar, defender, así como supervigilar,  controlar y corregir a la población, cuidando que vayan por el camino correcto; lo que en estos tiempos es inconcebible.  Y si esas Instituciones tutelares, se desmoralizan, se desprestigian, se degeneran y se corrompen; ¿qué le queda a esa masa amorfa de la población que se siente sin guía, sin tutor, o con estos que han perdido toda autoridad? ¿Qué le queda asimismo a esas instituciones del Estado columnas de la estructura de nuestra organización constitucional?, cuando ven que las instituciones tutelares también encargadas de apoyarlas en su función se degeneran, caminan a medio tiempo, se corrompen o devienen en incapaces; entonces el caos y la corrupción generalizada campea y se instala en las mismas autoridades; el crimen encuentra entonces su caldo de cultivo.
Desde que se exteriorizó el deseo de políticos teóricos de quitarnos la pensión renovable a mediados del gobierno anterior, lo manifestamos y está escrito por muchos sobre las consecuencias que se vendría de tales despropósitos, sobre todo cuando se veía que no se hacía nada para repotenciar la policía y FFAA  ni para enfrentar a la delincuencia creciente, así como tampoco se hacía nada contra la entonces “inocente” llegada masiva al país de extranjeros dudosos especialmente mexicanos, colombianos, panameños y de otros países. Ahora vemos la gravedad del crecimiento del tráfico de drogas que está penetrando a las instituciones, que ya se habla de Narco estado. Vemos hoy la instalación masiva de estafadores y de operadores del crimen organizado (secuestros, extorsiones, cobro de cupos y sicariatos), que han sido adoptados rápida y eficientemente por la delincuencia y el pandillaje local y hasta por autoridades regionales y locales. La organización estatal se está resquebrajando y cualquier rato se puede venir abajo. No debemos permitirlo.
Creo que si eso es el caso, sería realmente bueno que el gobierno corrija esta injusticia que era la más aguda en contra de los pensionistas más antiguos, los que junto con el actual presidente participamos en la recuperación de la paz y la tranquilada de la que ahora goza nuestro país.
Pero creo que el gobierno debe hacer aún más para mejorar las difíciles condiciones sociales y políticas actuales de nuestro país y de paso acallar ciertos rumores golpistas. El gobierno debe  recapacitar y luchar real y eficientemente contra la corrupción que está minando al país y a sus órganos de gobierno; luchar realmente por recuperar la seguridad ciudadana  y combatir la delincuencia común, el narcotráfico, las extorsiones, el sicariato, etc... Es urgente que equipe bien a las FFAA y PNP y deje de maltratarlas con remuneraciones y pensiones miserables, especialmente a la PNP. Considero que es momento de reestructurar bien a esta institución policial que es la que realmente está en permanente guerra;  capacitando y reentrenando a su personal, separando a aquellos que no califican para buenos policías, así como a aquellos delincuentes que reingresaron a la institución con medidas precautelatorias de jueces corruptos.
Es necesario y pronto como era en la Guardia Civil del Perú,  un policía a tiempo completo y a dedicación exclusiva con un sistema de rotación en el servicio que haya un turno de “reten” (disponible dentro de la comisaría o cuartel pero no en servicio) donde los policías se reúne diariamente en aulas y recibe información e instrucciones sobre el servicio,  analizan su facción anterior y comentan con sus compañeros aciertos y errores, así como la forma de cómo mejorar los actos del servicios, replanteando los procedimientos y técnicas de patrullajes, operaciones, servicios, etc., aprendiendo o mejorando el uso de equipos modernos y otros adelantos tecnológico que apoyen la lucha contra el crimen, sugiriendo o proponiendo en caso necesario la retroalimentaciones de los planes para enfrentar con mayor éxito las nuevas y cada vez más versátiles estrategias de la delincuencia, creando nuevas técnica e instrumentos para facilitar la labor policial. Eso es también hacer investigación, ciencia y tecnología; y no que vengan del extranjero a que nos capaciten gente que no conoce nuestra realidad. Los de “reten”, además de hacer deporte, salían también a apoyar operativos policiales y en horas punta reforzaban a los que se encontraban de servicios.
Así, con policías bien preparados, entrenados y motivados, dedicados a tiempo completo a su labor, ejercitados en  defensa personal, con una buena remuneración que los libre de preocupaciones ajenas al servicio y sobre todo con una moral alta, tendremos policías eficientes y comprometidos místicamente con su profesión y con el servicio a su colectividad… el resto es mentira y salida del paso… claro que eso cuesta y ojalá haya también plata para eso.  
SOBRE EL PROYECTO DE LEY 3385/2013 CR
·         El referido  proyecto tiene fecha Febrero 2014. Su recepción en la mesa de partes del Congreso fue el 15 Abril 2014, y el proveído del Oficial Mayor pasándolo a la Comisión de Defensa, Orden interno…, para su estudio y dictamen, se efectuó el 23 Abril 2014.
·         El proyecto fue presentado por un grupo de congresistas pertenecientes a la  bancada oficialista, los que al parecer, sin ser los más representativos de su “partido” tienen cierta notoriedad en el congreso y sobre todo en el sur del país, donde las agrupaciones de pensionistas FFAA y PNP son muy activas en sus gestiones ante diferentes entes y ante los congresistas de su región.
·         Sería necesario saber, si ese grupo de 6 congresistas firmantes han actuado aisladamente por su cuenta o han hecho coordinaciones previas con los demás miembros de la bancada oficialista o con el ejecutivo, que les hubieran dado o no “luz verde”; porque si no es así esto no pasaría de ser un engaña muchachos o una cortina de humo, ya que no superaría la comisión y menos el pleno.
·         El texto de la propuesta es claro y contundente; sólo hay que derogar la segunda disposición complementaria final del Dec. Leg, No. 1133, que permitiría que los pensionistas jubilados ante de DIC 2012 puedan reestructurar sus pensiones de manera similar a los posteriormente jubilados; restableciéndose  de esta manera el clima de equidad y justicia entre los pensionistas de las FFA y PNP.  Ojalá sea así por el bien de la gran mayoría de pensionistas.
·         Es obvio que para que esta propuesta logre su objetivo de ser ley promulgada, tienen que darse muchas condiciones:
·         Que el líder del grupo de congresistas que suscribieron el proyecto haya coordinado previamente con el ejecutivo; es decir con el presidente de la república y ministro de economía y finanzas, quienes le habrían autorizado; porque de lo contrario resultaría inconcebible que por su cuenta y riesgo hayan generado una iniciativa legislativa que va en contra de la opinión reiterada e indubitable del “responsable” ministro de economía que es una de las cabeza visibles y determinantes de este gobierno, y que se ha impuesto como principal tarea la de mantener el equilibrio fiscal de la economía así como aprobar los gastos sólo sostenibles en el tiempo; ya que lo que propone el referido proyecto de ley, así lo niegue la exposición de motivos, si va a generar mayor gasto, mucho gasto que no sé cómo ni con qué se financiaría. Ojalá hayan craneado bien la cosa para que el aumento sea real y valedero, en caso se produzca.
·         Que se esté previendo dicho gasto a cuenta del incremento de la producción minera prevista para fin de año; en todo caso la buena noticia se empezaría a ejecutar a partir del 2015.
·         Que los congresistas procedentes de las FFAA y PNP, así como todos aquellos que simpatizan con  nuestros pensionistas coordinen y comiencen desde ya a apoyar la propuesta para una más eficiente y rápida promulgación de dicha ley.
·         Que todos los pensionistas de las FFAA y PNP en general, así como los directivos de las diferentes asociaciones haga coordinaciones con congresistas conocidos y allegados así como con amigos de nuestra causa para que apoyen dicha gestión o en todo caso indaguen e informen sobre el verdadero propósito de la presentación del mencionado proyecto, en caso no sea potable.
·         Consultar a abogados constitucionalistas sobre la viabilidad de dicho proyecto, ya que los congresistas no tienen iniciativa de gasto.
·         Recuerden como ya ha sucedido con el poder judicial y otros, así el congreso desarrolle dicha ley, si no hay financiamiento el “dueño de la plata” Miguel Castilla, simplemente va a decir que “no hay disponibilidad fiscal” y punto.
Que cualquier otra información confirmando o desmintiendo al respecto agradeceré nos  lo hagan conocer por el mismo medio para estar informados; así como espero aporten sus opiniones que siempre son valederas.
Un abrazo a todos.
Oscar Muñoz Det

martes, 29 de abril de 2014

PERU: TRABAJO SIN DERECHOS


El contraste entre el crecimiento del Producto Bruto Interno en el Perú y las cifras de empleo con derechos es lamentable.  Una muy pequeña minoría de peruanos accede a un trabajo decente y con derechos laborales, mientras que el grueso de la población sigue sumido en la informalidad y precariedad laboral. ¿A qué se debe esta situación y cómo podemos revertirla? Aquí contamos las causas y las consecuencias del empleo precario y presentamos las propuestas para brindar derechos laborales a todos los ciudadanos.
POR UN TRABAJO DECENTE
Trabajo decente” es la categoría que ha encontrado la OIT para calificar al trabajo con derechos o trabajo en planilla, como lo denominamos en el Perú. Aquí tenemos un agudo contraste entre el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y el porcentaje de trabajo decente. Mientras que el primero ha estado entre el 6 y el 7% en los últimos diez años el trabajo decente apenas alcanza al 12% de la Población Económicamente Activa (PEA). El panorama se completa con una informalidad del 75% de la PEA ocupada, un pequeño porcentaje de desocupación abierta de algo más del 6% y una cantidad de trabajadores que trabajan en empresas formales pero a los que no se les reconocen todos sus derechos. El resultado es una gran creación de riqueza que contrasta con una pequeñísima creación de puestos de trabajo con plenos derechos.
Bernardo Kliksberg, el reputado intelectual que reflexiona sobre la relación entre ética y economía, nos señala, que la cifra macroeconómica más importante no es el crecimiento del PBI, sino el porcentaje de la PEA que tiene trabajo decente. Kliksberg nos dice que el trabajo decente, al brindar derechos y estabilidad, da perspectiva a las personas y produce integración social, es decir, crea sociedad. Este contraste que tenemos en el Perú entre gran creación de riqueza y poquísimo trabajo decente, explica la aguda desigualdad social y la persistencia de altos índices de pobreza, lo que da como resultado una sociedad desintegrada y con muchas dificultades para ser representada políticamente.
¿A qué se debe esta situación?
Por una parte, tanto el Perú prehispánico como el colonial nos dejan un fuerte legado de trabajo gratuito, bajo formas esclavistas y serviles, que en muchos casos llegaron hasta bien entrado el siglo XX. Por otra, hemos tenido desde la colonia un predominio de modelos económicos de exportación de materias primas que se han caracterizado por la creación de pocos puestos de trabajo, escaso valor agregado y muy poco eslabonamiento con el resto de la economía. La ofensiva neoliberal de los últimos veinte años, al no tocar sino más bien profundizar el modelo ancestral y su desconsideración por el trabajo, ha multiplicado el dinero circulante en la economía pero ha mantenido sino profundizado su desigual distribución.
De esta manera, se ha generado una cultura contraria a la creación de puestos de trabajo y más todavía de trabajo bien remunerado y con derechos. Esto ha llegado al exceso de considerar los derechos laborales como “sobrecostos” o “trabas” que deben ser eliminados. De lo que se trata en la visión dominante es de crear la mayor cantidad de riqueza en el menor tiempo posible sin atender las necesidades de la mayoría.
La creación de puestos de trabajo, sin embargo, ha sido la bandera más repetida en las últimas campañas electorales –recordemos a Toledo, García y Humala para olvidarla como tantas otras promesas una vez llegados al poder. Hoy, sin embargo, las grietas del modelo ponen sobre la mesa las reivindicaciones laborales más urgentes. La ley general del trabajo, largamente debatida en los últimos años, espera su turno para convertirse en ley.
Si seguimos fomentando empleo precario y mantengamos el modelo extractivista no seremos un país desarrollado.
A contracorriente del reclamo popular el gobierno de turno impone una legislación de carrera pública, denominada Ley Servir, que recorta los derechos laborales. Por último, el aumento del salario mínimo tiene gran apoyo de la población y de los expertos, pero ello no conmueve a las minorías que manejan nuestra economía.
Tanta miopía en un tema crucial puede llevar a resultados inesperados e indeseables. Ojalá que hubiera algo más de atención al agudo problema laboral.

lunes, 28 de abril de 2014

PERUPETRO: A DEDO NO, A DEDO SÍ


Humberto Campodónico
A mediados del 2011, el Directorio de Perupetro había acordado que los lotes petroleros cuyos contratos estaban por expirar no serían prorrogados de ninguna manera y que, a su término, debían ser licitados. Estos acuerdos fueron tomados por Daniel Saba y, después, por Aurelio Ochoa.
En el período 2011-2015, los lotes cuyos contratos expiran en Talara son: el Lote III y IV (la noruega Interoil), el Lote II (Petrolera Monterrico, del empresario Vera Gutiérrez), el lote IX de (Unipetro, de la Universidad Nacional de Ingeniería). En Pucallpa estaba próximo a expirar el Lote 31 (de Maple). Y en la Selva Norte, expira en el 2015 el Lote 1-AB, el más grande del Perú (Pluspetrol y la estatal china CNPC).
Todos estos lotes (con excepción del 1-AB) fueron de Petroperú, hasta la privatización de los 90. Era razonable, por tanto, plantear que volvieran a la empresa estatal para fortalecerla, tema congruente con la política del nuevo gobierno.
No solo eso: el Estado tiene la potestad para hacerlo, pues los recursos naturales son de la Nación. Y lo avala también la Ley de Hidrocarburos 26221 que establece que Perupetro puede celebrar los contratos por negociación directa o por licitación. (Art.11).
Los lotes de Talara tienen 60 millones de barriles (MMB) de reservas probadas (no tomamos en cuenta las probables) y producen 2.5 MMB al año. A un precio de US$ 100/barril, las ventas ascienden a US$ 250 millones anuales. Si se considera una utilidad neta del 20%, tenemos US$ 50 millones anuales. Y como las utilidades de Petroperu hoy son US$ 150 millones, el incremento sería de 33%.
Sin embargo, por lo señalado, esta no era la política de Perupetro. Pero poco a poco se llegó a una nueva fórmula: los lotes serían licitados, pero con un cambio importante: Petroperú sería socio del ganador, con un porcentaje mínimo del 25% y un máximo del 49%.
Perupetro también desechó cualquier prórroga, incluso si se planteaba que Petroperú tenga porcentajes importantes de participación. La razón era siempre la misma: no se puede prorrogar los contratos “a dedo” a los mismos contratistas, aunque vengan con Petroperú, pues no sería transparente y otras empresas podrían quejarse de un trato discriminatorio.
Pero en octubre del 2013 el nuevo Directorio de Perupetro cambió su acuerdo: todos los contratos próximos a expirar serían prorrogados por 10 años a los mismos contratistas. ¿Por qué este cambio de 180 grados?
Algunos argumentos aparecidos en los medios dicen que “la convocatoria de licitaciones públicas para atraer nuevos capitales llevaría al derrumbe de la producción y del canon”. También que el periodo de transición entre el operador antiguo y el nuevo sería de 3 años. Y que Perupetro habría contratado una consultora que, en tiempo récord, le habría recomendado hacer el exacto inverso de su política.
Ahora estamos, entonces, en la prórroga “a dedo”. Ha comenzado con los Decretos Supremos que otorgan a Interoil un contrato temporal de un año. Y seguirán con los que van expirando (salvo Interoil, los demás aún no han expirado).
Es importante remarcar que en octubre del 2013 se debatió en la Comisión de Energía y Minas el Proyecto de Ley 1607-2012, que también proponía la prórroga de los contratos por 10 años en Talara. Después de las discusiones, el PL no ha llegado al pleno del Congreso, clara muestra de una falta de consenso.
La cuestión central aquí es que la prórroga no se justifica. Estamos hablando de ingresos (solo en Talara) de US$ 2,500 millones y de utilidades de US$ 500 millones en 10 años. El argumento de que Petroperú no puede hacerse cargo es deleznable, pues es práctica común en la industria celebrar contratos de servicios para la operación de los campos.
No solo eso. Petroperú ya tiene el Lote 64 en la Selva Norte, otorgado con DS-011-2013-EM. Este Lote 64 le fue transferido a título gratuito por las empresas Talisman y Hess, a partir de negociaciones que comenzaron en noviembre del 2012.
Así, estamos frente a la siguiente paradoja: el único lote que tiene Petroperú le fue transferido por empresas privadas extranjeras, no por el Estado, que es su accionista mayoritario. Lo más incomprensible es el Art. 6 de la Ley 30130, impulsada por el ministro Luis Castilla: Petroperú no puede participar en ningún negocio que le genere un pasivo o un pasivo contingente.
Dicho esto, el gobierno está aún a tiempo de modificar su política energética: se va a firmar pronto el contrato de la refinería de Talara y el 30 de junio se debe licitar el Gasoducto Sur Peruano, que debe culminar con la puesta en marcha de la petroquímica. Estos buenos proyectos deben ser complementados con la derogatoria de los acuerdos de Perupetro y la transferencia de los lotes de Talara a Petroperú, comenzando por Interoil. Es solo una cuestión de voluntad política. ¿Será?
LA PATRIA NO SE VENDE, ¿LA PATRIA SE DEFIENDE? O ¿LA PATRIA SE REGALA?
PERÚPETRO Y LA ILEGITIMIDAD DE LAS PRÓRROGAS
Por Alberto Ríos Villacorta
El 30 de octubre de 2013, las autoridades de Perúpetro defendían ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso una indefendible norma que propone prorrogar los contratos a las empresas privadas que explotan el petróleo de todos los peruanos, en lugar de iniciar un proceso de investigación sobre el fracaso de la política de privatización petrolera.
El organismo estatal pretende premiar el desinterés de las empresas privadas en realizar exploraciones y elevar las reservas existentes, prorrogando los correspondientes contratos por otros 10 años más. Si en 20 años solo se han dedicado a extraer las reservas probadas del petróleo nacional, generando un déficit de miles de millones de dólares al Estado, quien asegura que en 10 años más no se van a dedicar a hacer más de lo mismo.
El impacto económico del desastre privatizador
Uno de los más prolíficos y acuciosos investigadores del sector petrolero en el país, Jorge Manco Zaconetti, ha demostrado en innumerables artículos las cifras del desastre económico que ha significado la privatización de los activos de Petroperú y las circunstancias sombrías en que se realizó el proceso privatizador durante el gobierno de Alberto Fujimori. En un artículo anterior, "El Fracaso de la Política de Privatización Petrolera", se demostró que las empresas petroleras privadas, encargadas de la exploración y explotación del petróleo peruano, son culpables de arrastrar al país a una situación de dependencia energética indeseable, complicada y peligrosa, puesto que se han dedicado a invertir exclusivamente en desarrollar pozos de explotación y mínimamente han realizado prospecciones para elevar las reservas existentes.
Desde la época de privatización hasta finales de septiembre del 2013, la producción diaria de petróleo se ha reducido desde unos 120 mil barriles diarios en 1996 a poco más de 62 mil barriles diarios a finales de septiembre de 2013. La reducción de producción de petróleo es una de las causas del aumento de importaciones para satisfacer la creciente demanda del país. Según Germán Alarco, investigador de la Universidad del Pacífico, el coste económico de las importaciones en el año 2013 sería de 6500 millones de dólares en petróleo y derivados mientras que en el año 2012 se alcanzó la cifra de 5000 millones de dólares.
No existiría ningún inconveniente a esta delicada situación si los miles de millones de dólares gastados en la importación del crudo y derivados se trasladasen directamente a los consumidores directos de tan escaso y preciado recurso. El asunto es que la volatilidad de los precios de petróleo y sus derivados en la década pasada obligó al Estado a crear un Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el año 2004, que inicialmente pretendía amortiguar las oscilaciones de los precios durante 180 días, pero terminó convirtiéndose en una herramienta de subsidio estatal, que ya ha gastado hasta la fecha más de 8000 millones de soles en subsidiar los precios de los combustibles.
El Estado cubría la diferencia del constante incremento del petróleo experimentado desde el año 2002. Es decir, los impuestos de los ciudadanos se empleaban para satisfacer los altos precios del petróleo por la compra de petróleo nacional e importado. Los principales beneficiarios del mencionado Fondo de Estabilización de Combustibles fueron los pudientes segmentos de los estratos económicos más altos del país, las empresas de transporte de mercancías y personas así como las empresas privadas que vendían el crudo nacional a Petroperú a precios internacionales. Ya en el año 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas reconoció que el subsidio a los combustibles beneficiaba a las hogares más pudientes del país, así el 20 por ciento de los hogares más ricos del Perú se benefician 8 veces más que los hogares más pobres.
Por otro lado, según Jorge Manco Zaconetti, entre 1997 y 2012, PetroPerú ha pagado más de 14 mil millones de dólares por el crudo nacional producido en las concesiones otorgadas a las empresas privadas. En ese periodo, el precio promedio pagado por cada barril de petróleo nacional fue de aproximadamente 109 dólares. En resumen, extracción de petróleo asegurado por las reservas probadas existentes y venta asegurada a la empresa estatal Petroperú. Sin duda un negocio muy rentable para las empresas privadas, ahora se entiende el porqué de la comprensible insistencia en obtener una prórroga de los contratos. 
Cronología de las prórrogas indebidas
El gobierno de transición de Valentín Paniagua entre 2000 y 2001 permitió la modificación del contrato de servicios por un contrato de licencia en el Lote 1-AB. La empresa PlusPetrol Norte sustituyó a la OXY y extendió el contrato hasta el año 2015, cuando debería haber finalizado en el año 2001. La producción del Lote 1-AB o Lote 192 se ha reducido desde unos 28 mil barriles diarios en 2006 a algo más de 15 mil barriles en el año 2012, figura 1. En octubre del año 2013, la producción promedio diaria del Lote 1-AB fue de 13 mil 195 barriles, según información de Perúpetro. El precio por la venta del crudo del lote 1-AB a 100 dólares  el barril se valoriza en casi un millón 320 mil dólares al día. Más de 480 millones de dólares al año. Asimismo, las tasas de regalías del Lote 1-AB fueron modificadas durante la negociación realizada en el año 2001 por el nuevo operador PlusPetrol Norte y se redujeron a un 28,3%. 
Figura 1: Evolución de la producción diaria del Lote 1-AB entre 2005 y 2012. La República
En la tabla 1, se presentan las reservas del Lote 1-AB, según el "Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos" publicado por el Ministerio de Energía y Minas a 31 de diciembre del año 2012, las reservas totales probadas desarrolladas y no desarrolladas del Lote 1-AB son superiores a 112 millones de barriles, es decir, presenta una valorización económica - a 100 dólares por barril - igual a 11 mil 200 millones de dólares. Si el Lote 1-AB revierte a Petroperú, no solo hay que dedicarse a la extracción de las reservas probadas, tal como lo han hecho las empresas privadas en los últimos 20 años, sino a realizar exploraciones para incentivar la producción adicional de petróleo en el mencionado Lote.
Tabla 1: Reservas de petróleo en los Lotes en explotación a 31 de diciembre del año 2012. MEM
La extracción del petróleo lo puede hacer cualquier empresa de servicios petroleros bajo la modalidad de contrato por servicio, de la misma forma que actúan las grandes empresas petroleras internacionales. Es decir, el traspaso de las funciones de explotación solo implica un cambio de dueño y de cuenta bancaria sin necesidad de interrumpir la operación sin riesgos y sin jugar a la ruleta rusa. No existe ninguna razón técnica o económica para entregar esa suculenta renta petrolera a las empresas privadas, que además no han invertido en exploración solo se han dedicado a extraer el petróleo sin pensar en el interés nacional.
El gobierno de Alan Garcia continuó con esta curiosa forma de incentivar la inversión privada en el sector petrolero y la participación de empresas privadas en un sector estratégico. En contra de todas las normas básicas de transparencia y competitividad, que tanto defienden los paladines del neoliberalismo y el libre mercado, se prorrogó el contrato de explotación del Lote I y V en manos de una empresa filial de la Constructora Graña y Montero sin licitación alguna y sin analizar ninguna propuesta alternativa. Por cierto, Grama y Montero es una empresa petrolera privada con una inusual experiencia contrastada en el negocio petrolero durante decenas de años. El contrato vencía en el año 2011, pero se prorrogó a dedo, sin análisis técnicos y económicos serios en marzo del año 2010 hasta el año 2021.
La producción en los Lotes I y V, según información de Perúpetro, alcanzó en promedio en octubre del año 2013 unos 1508 barriles de crudo al día. La valorización económica por la venta  del crudo de los Lotes I y V - a 100 dólares por barril - superaría los 150 mil dólares al día, casi 55 millones de dólares anuales de ingresos por la venta del crudo. Las regalías de los Lotes I y V son relativamente bajos, 25,56% y 31,72%, respectivamente. Las reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas de ambos Lotes superan los 17 millones de barriles, según la tabla 1, lo que supondría unos ingresos esperados por la venta - a 100 dólares por barril - de 1700 millones de dólares.  
Puesto que, al parecer, en el país no existe responsabilidad ulterior por este tipo de artilugios legales, la prórroga de los contratos del Lote I y V se negoció sin discusión pública y sin analizar posibles alternativas a través de una licitación internacional. Es posible que estas prórrogas puedan ser defendibles legalmente pero no tiene ninguna legitimidad y demuestran el interés de Perúpetro en permitir que continúe una descarada extracción de un recurso natural escaso y primordial para el normal funcionamiento de las actividades económicas del país.
El Lote 1-AB de PlusPetrol Norte y los Lotes I y V de Graña y Montero juntos representan una producción promedio diaria de 14 mil 703 barriles de crudo ligero, que valorizados en ingresos por ventas anuales - a 100 dólares el barril - superarían los 536 millones de dólares. En conjunto, los mencionados Lotes disponen de reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas superiores a 129 millones de barriles de petróleo ligero, que a un precio de venta - a 100 dólares el barril - supondría una valorización económica potencial de 12 mil 900 millones de dólares.
En relación a los Lotes II, III, IV, VI/VII y IX cuyos contratos o han vencido o vencerán en próximos años, y que deberían revertir automáticamente a Petroperú, presentan situaciones distintas y diferenciadas. El Lote II operado por la empresa Monterrico contribuye con tasas de regalías de 51,4% solo superada por el Lote operado por la empresa de la Universidad Nacional de Ingeniería, Unipetro.  Los Lotes III y IV, operadas por la empresa petrolera noruega Interoil, así como el Lote IX, operado por Unipetro, cuyos contratos finalizaban en marzo del 2013, han recibido una absurdo y controvertida prórroga de dos años, tiempo insuficiente para recuperar cualquier inversión a realizar. Por tanto, es previsible esperar una reducción de la producción en los Lotes III, IV y IX. El Lote VI/VII es operado por la empresa estatal china Sapet, que paga reducidas tasas de regalías de 12,75% y que se ha visto salpicada por acusaciones de maltrato a la fuerza laboral e inadecuado mantenimiento de las instalaciones.
Los Lotes II, III, IV, VI/VII y IX, según la información de Perúpetro, presentaron en el mes de octubre de 2013 una producción promedio diaria de 6427 barriles, que presenta una valorización económica - a un precio de 100 dólares por barril - igual a 642 mil 700 dólares diarios, lo que representaría un ingreso anual superior a 234 millones de dólares. Si a estos Lotes se le suma el ingreso de los Lotes I-AB y los Lotes I y V, el ingreso anual por ventas del crudo superaría los 770 millones de dólares.
Las reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas de los Lotes I, II, III, IV, V, VI/VII, IX y I-AB, según la tabla 1 superan los 193 millones de barriles, lo que supondría un ingreso por ventas - a 100 dólares el barril - superior a 19 mil millones de dólares. Un monto económico potencial nada desdeñable. Las ganancias netas de Petroperú por la gestión, exploración, explotación y refino de esas reservas permitiría a la empresa estatal abordar innovadores proyectos de transformación energética, dirigidos a iniciar un proceso de desacoplamiento de la dependencia del petróleo e invertir en proyectos sociales en las zonas dueñas del recurso y hasta ahora eternamente postergadas. Para muestra un botón, casi el 80% de la población de Talara está por debajo del nivel de pobreza y extrema pobreza. 100 siglos de explotación petrolera no ha revertido en la mejora de las condiciones de vida de los verdaderos dueños del recurso
Es importante indicar que los Lotes I-AB, los Lotes I y V y los Lotes II, III, IV, VI/VII y IX son considerados campos marginales, es decir, campos maduros que necesitan de inversiones adicionales para recuperar el petróleo de los pozos en explotación existentes con ayuda de técnicas modernas. La tendencia actual de evolución de los precios del crudo internacional dista mucho de la existente durante el proceso privatizador y en el que las negociaciones se llevaron a cabo en una situación muy compleja del país con bajos precios del petróleo y con regalías adaptadas a esas condiciones. Hoy, la situación se ha revertido y los altos precios del petróleo permiten amortizar rápidamente las inversiones de explotación. Según Jorge Manco Zaconetti, la empresa Petrotech no invirtió un dólar en el Lote Z-2B, puesto que la empresa se capitalizó con los ingresos de la producción de petróleo.
No existe ninguna explicación sería que justifique la entrega de los campos marginales a las mismas empresas privadas que durante 20 años solo se han dedicado exclusivamente a extraer el petróleo del subsuelo sin hacer importantes inversiones en exploración y deslizando al país hacia una situación de alta dependencia energética por la inexorable reducción de la producción nacional de petróleo.
La solución más acorde con los intereses estratégicos nacionales y con el fortalecimiento de la empresa estatal es que los Lotes, analizados en el presente artículo, reviertan a Petroperú y se proceda a establecer nuevas condiciones a los futuros contratos petroleros a través de un proceso de licitación internacional. No obstante, y es muy importante incidir en este punto, resulta imperativo abordar una reforma radical en Petroperú que extirpe el cáncer de la corrupción y aclare las denuncias de sueldos estratosféricos de algunos gerentes de la empresa pública y otras corruptelas y malos manejos. Es necesario imprimir una gestión moderna basada en resultados y objetivos y blindarla del clientelismo político de los gobiernos de turno.
Si prevalece la defensa de los intereses nacionales, a la producción de los Lotes a revertir a Petroperú se debería añadir la producción esperada del Lote 64, ya en manos de Petroperú, con unas reservas probadas no desarrolladas de más de 31 millones de barriles. Se espera que en el Lote 64 la producción alcance los 7600 barriles diarios en el año 2016, según informó el Presidente de Petroperú Héctor Reyes en mayo del 2013. En total, en unos años la producción de petróleo correspondiente a Petroperú podría superar los 28 mil barriles diarios.
Asimismo, es importante evaluar las denuncias sobre las irregularidades asociadas al contrato del Lote Z-2B y a la producción de crudo en ese lote. En caso de verificarse las inadmisibles situaciones denunciadas, el Lote Z-2B deberá  revertir a Petroperú. En el año 1992, la producción de petróleo en el lote Z-2B era superior a 20 mil barriles diarios. En octubre de 2013, la producción promedio diaria fue de 10621 barriles. Las reservas probadas desarrolladas y no desarrolladas en el Lote Z-2B superan los 88 millones de barriles. La devolución del Lote Z-2B permitiría a Petroperú tener una producción en el año 2016 de unos 39 mil barriles, si se mantiene la producción de petróleo en los Lotes I, II, III, IV, V, VI/VII y IX a niveles actuales y la producción esperada en el Lote 64 alcanza el valor esperado.           
Una oportunidad de oro en la gestión de las reservas probadas
El Perú no es un gran productor de petróleo y debe centrar su política energética en aprovechar al máximo los escasos recursos petroleros existentes disponibles en los campos marginales. Por tanto, Petroperú deberá gestionar y administrar los escasos recursos existentes en los campos marginales y así para poder participar activamente en el proceso de transformación del modelo energético actual y saldar la deuda histórica con los verdaderos dueños del recurso. Una condición ineludible para una adecuada gestión pública de los recursos petroleros es realizar una profunda auditoría del funcionamiento de la empresa estatal en los últimos años y extirpar las corruptelas y los malos manejos denunciados.
El fracaso del modelo privatizador en los últimos 20 años exige una nueva visión de exploración y explotación de los lotes concesionados. No se entiende el empecinamiento de las autoridades de Perúpetro en continuar su suicida apuesta por prorrogar los contratos de los lotes petroleros vencidos o a vencer a las mismas empresas que solo se han dedicado a extraer el petróleo sin invertir en buscar nuevas reservas.
Los resultados del proceso privatizador son reveladores e incontestables: reducción de la producción nacional de petróleo y transformación del Perú en un país netamente importador con las implicancias económicas que esa situación significará para las futuras generaciones. Los responsables de la entrega del petróleo por diez años más del petróleo de todos los peruanos deberán reflexionar seriamente en las responsabilidades ulteriores de un acto claramente doloso y lesivo a los intereses del país.

domingo, 27 de abril de 2014

OTRA VEZ DROGAS EN EL AEROPUERTO

Instrucciones. Tras ser detenido, el burrier Sergio Gilberto Muñoz confesó que recibió indicaciones sobre el momento en que debía llevar la maleta a la zona de rayos X para su revisión.
Raul Alfredo Wiener Fresco
Noticia 1:
“Policías del aeropuerto Jorge Chávez eran narcos”. Efectivos repartían cocaína desde su oficina ubicada estratégicamente en el primer terminal aéreo. Caretas reveló investigación de Dinandro (La República 25.04.14)
Noticia 2:
“llama poderosamente la atención y evidencia la inercia puesta de manifiesto por las autoridades encargadas del control y la propia empresa privada concesionaria del AJCH, en una zona tan vulnerable… punto principal de salida de droga…” sustentó la fiscal (Edith Hernández, fiscal antidrogas del Callao) en la audiencia pública donde se definió la detención preventiva de los tres suboficiales (La República 26.04.14).
¿Y ahora?, ¿demandarán a Caretas y La República por recoger una opinión fiscal acerca de la por lo menos negligencia de la empresa concesionaria del aeropuerto respecto al control de los pases de droga?, ¿no es por este motivo que se desató una persecución judicial de cinco años contra los periodistas Wiener, Mujica y Lévano por citar documentos fiscales y judiciales que indicaban que el movimiento de la droga se realizaba con complicidad de algunos funcionarios de esa empresa?
Veamos:
se dice ahora que tres policías del aeropuerto mantenían un sistema por el cual los llamados burriers pasaban los controles de rayos X y registro personal con maletas vacías, que más adelante eran cambiadas por maletas con droga para que abordaran el avión. Y que para moverse con la mercancía usaban un fotocheck otorgado el año 2008 (reunión de la APEC) para exceptuarse de revisiones.
O sea que los de LAP y los de Aduanas eran distraídos y no se percataron que el fotocheck con el que recorrían las instalaciones del terminal aéreo había caducado en noviembre del 2008, el mismo mes que habían sido expedidos. Pero más curioso aún, los tres implicados que existen hasta ahora, no estaban asignados al aeropuerto hasta el año 2013. ¿Cómo tenían un permiso de cinco años antes?
Otra pregunta maliciosa: ¿no fue en febrero del 2009, que se tuvo la comprobación directa de la cocaína que salía en aviones que partían del Jorge Chávez, al descubrirse una red mafiosa que hacía entrar la droga a las bodegas, y que LAP aseguró no tener nada que ver con este asunto en el que un juez había implicado a su gerente de seguridad?, si fue así, ¿por qué LAP no revisó los permisos previos de las personas que circulan en la zona internacional y por qué no aleccionó a sus trabajadores de registro sobre los riesgos existentes?, ¿por qué centró su atención en los periodistas denunciantes?
Un dato adicional: en julio de 2013, LAP despidió a todos sus oficiales de seguridad, es decir a los que tenían que comprobar lo que había en los equipajes y lo que llevaban a la mano los viajeros, y los reemplazó por un servicio tercerizado. ¿Quería fortalecer o debilitar los mecanismos de control?, ¿era pura inercia, dejadez o algo más?
www.rwiener.blogspot.com

FAENÓN DE ESCÁNDALO VÍA SATELITAL

¡FAENÓN DE ESCÁNDALO!
En vísperas de Semana Santa, una pagana Resolución Suprema publicada en “El Peruano” confirmó las peores sospechas: compraremos, a pesar de innumerables objeciones técnicas, un satélite francés que cuesta 579 millones de soles. ¿Los dos discretos viajes del presidente Humala a París han tenido que ver con este negocio para cuya conclusión se tuvo que cambiar una serie de requisitos planteados originalmente? Que el Congreso se haga cargo.
Un poco de historia:
EXPRESO Digital Lun, 23/12/2013 El 9 de octubre, del año pasado el presidente Ollanta Humala abandonó abruptamente el Foro Económico de APEC. La razón era nada menos que una invitación extraoficial que le hizo el presidente francés François Hollande para conversar de temas “bilaterales”, a lo que Humala respondió saliendo a la carrera de esta importante cita internacional.
¿Qué era tan urgente conversar?
Ahora lo sabemos. Recordemos que una semana antes, el 3 de octubre, se reunieron en el Ministerio de Defensa una delegación francesa conformada por miembros de la Dirección Generale due Armanent (DGA), viceministerio de Defensa francés, de la embajada francesa y de la empresa francesa EADS Astruim. Por el Ministerio de Defensa peruano asistieron los representantes del Área Legal, la Dra. Paola Lobaton y el Dr. Stephen Rosholt.  Lo escandaloso fue que la reunión fue para ver detalles del contrato para la compra del satélite, ello cuando las solicitudes de propuestas a los proveedores recién serian enviadas el 18 de octubre, 15 días después. Todo ya estaba cocinado para favorecer a la francesa EADS Astrium.
¿Colusión ilegal?
El pasado 18 de octubre, el coronel FAP Edgardo Barrueto Plaza, presidente del Comité Técnico de Evaluación- COTE de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial-CONIDA, remite las invitaciones a los proveedores solicitando información técnico-operativa y económica para desarrollar el "Estudio de Posibilidades que ofrece el Mercado" (Estudio de Mercado), y fijan como fecha de entrega el día 4 de noviembre.
Directiva a la medida
El jueves 24 de octubre se publica la Directiva de Compras al Exterior de CONIDA (DI-004-OGA/OGLOG/001), la cual se diseñó especialmente para adjudicar a dedo el satélite al proveedor francés.  La Directiva contiene 38 páginas y en solo tres párrafos permite direccionar total mente el proceso, al establecer que cuando la compra es a través del mecanismo de Gobierno a Gobierno –algo que el Ministro Cateriano no se ha cansado de repetir–, todo el proceso se resume a dos etapas: el Estudio de Mercado, en el cual se elige un proveedor único, y la firma del contrato. Es decir no hay licitación, tampoco hay puntajes de calificación, o sea todo estaba arreglado para que los franceses se la lleven fácil y sin el más mínimo esfuerzo
Entregan propuestas
El 4 de noviembre las empresas EADS Astrium de Francia y Surrey Satellite de Inglaterra entregan sus propuestas, y como ya es público, ambas propuestas cumplen con los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM), por lo que no existe proveedor único. Aquí se da el primer dolor de cabeza para CONIDA. La empresa inglesa también cumple con todo, y peor aún, su propuesta no solo supera largamente los Requerimientos Técnicos, sino además cuesta S/. 110 millones menos que la propuesta francesa. Ante la imposibilidad de demostrar ante la opinión pública que la propuesta francesa es la única que cumple con los RTM y que es mejor y más económica, optan por la treta más sucia imaginable, declaran secreto los resultados e informes de esta evaluación. Así, entre gallos y medianoche, elaboran informes apócrifos en los cuales, con información falsa, dan como proveedor único a la empresa EADS y además sustentan falsamente que esta alternativa es la más favorable en términos técnicos y económicos, lo cual es totalmente falso. Tuvieron que transcurrir 40 días desde la entrega de propuestas (4 de noviembre), para que el pasado sábado 14 de diciembre se publique en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo 017-2013-DE firmado por el presidente, Ollanta Humala, y el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, mediante el cual se declara de interés nacional la compra del satélite al extranjero, requisito que forma parte del proceso de Gobierno a Gobierno de la Directiva de Compas al Exterior de CONIDA, y que además incluye ya los informes técnico y económico del proceso.  Asimismo este decreto clasifica innecesariamente de secreto a toda la documentación del Estudio de Mercado, una medida totalmente desesperada, que pone en evidencia que les ha sido imposible demostrar que hay proveedor único. Ya sabemos qué ocultan el Presidente de la República y su ministro. Una vez promulgado el decreto supremo, entre el lunes 16 y el miércoles18, CONIDA debió elaborar las Bases en las cuales de consignan las especificaciones técnicas del sistema satelital solicitado, sin colocar factores de evaluación para que el postor se la lleve fácil. Luego se debió haber cursado la invitación al falso proveedor único francés a través de la embajada francesa en Lima, y esta debió remitir la invitación a la empresa EADS Astrium en Francia. La empresa debió elaborar su propuesta de acuerdo a las especificaciones técnicas finales remitidas y finalmente CONIDA debió haber evaluado la propuesta y otorgar la buena pro, todo esto en increíbles tres días
¿Quién dice que en el Perú hay burocracia?
Es así que consumando este robo y traición a los intereses del Perú, el día jueves 19 de diciembre se instaló el Comité de Negociación integrado por CONIDA, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Perú. Por el lado francés están representantes de la embajada, de la empresa EADS Astrium y de la Dirección Generale du Armament - DGA (Vice Ministerio de Defensa Francés).  Estos últimos increíblemente ya están el Lima negociando la venta, es decir, que ya sabían los resultados inclusive antes de que el decreto supremo se promulgara.  Es lamentable que oficiales de la Fuerza Aérea del Perú traicionen los intereses del Perú. Y pensar que el presidente de la República es un ex oficial del Ejército peruano. Increíble.
Propuesta inglesa supera a la francesa
La propuesta de la francesa EADS Astrium ofrece un satélite submétrico AstroSat-300 (70 cms), con 14 km de ancho de barrido, solo capacitación y sin transferencia tecnológica, lanzamiento compartido sin fecha definida (en Chile por esta razón lanzaron 21 meses tarde) y su costo sería de aproximadamente S/. 550 millones de soles. La propuesta de la británica Surrey Satellite ofrece un satélite submétrico SSTL-300-S1 (87 cms), con 21 km de ancho de barrido, capacitación con programas de Maestría y Doctorado, un completo programa de transferencia tecnológica participando en la construcción del satélite submétrico y la construcción por peruanos de un segundo satélite de resolución media SSTL-100, incluido el licenciamiento para reproducirlo en Perú, lanzamiento dedicado de los dos satélites para diciembre del 2013 y su costo sería de aproximadamente  440 millones de soles. Como puede apreciarse, es imposible que la propuesta francesa supere técnicamente a la británica y, peor aún, son aproximadamente 110 millones de soles más caros
¿Qué delitos se configurarían? 
En esta ilegal operación se configurarían los ilícitos penales de delito contra la fe pública y colusión ilegal, delitos por los que tendrán que responder todos los implicados, incluidos el ministro de Defensa, el viceministro de Recursos Materiales para la Defensa, el jefe de CONIDA, los miembros del Comité Técnico de Evaluación y los miembros de la Oficina de Logística y de Asesoría Legal de CONIDA y del Mindef. Todos los cómplices de este hecho doloso parecen creer que tienen un manto de impunidad eterno, y no es así, tendrán que responder muy pronto por sus delitos. Recordemos que los delitos de corrupción los perseguirán por seis largos años.
Hildebrandt en sus trece:
JUEVES, ABRIL 24, 2014
Ministerio de defensa compra a la bruta el satélite en secreto, sin licitación y en forma ilegal
 Víctor Alvarado
 El gobierno  compró sin licitación y a precio sobrevalorado en más de US$ 100 millones un satélite Astrosat-300 a la empresa francesa EADs Astrium, luego de aplicar ilegalmente un decreto supremo de compras en secreto, ocultando la existencia de otro dispositivo que cancela el secreto en los casos de compras de bienes de usos múltiples, como lo es un satélite de esta naturaleza.
 La grave denuncia la hizo el experto en ingeniería satelital, capitán de fragata AP (r) Jorge Manrique Prieto, desde Utah (EEUU),  luego de tomar conocimiento que el gobierno del presidente Humala había consumado la compra del satélite y de advertir que el DS respectivo no tiene la firma del titular del MEF, Luis Miguel Castilla, lo que estaría indicando que no hay unanimidad en el gobierno respecto a esta compra.
En efecto, sostiene Manrique, el gobierno hizo la compra del satélite aplicando el procedimiento de secreto militar establecido por el  DS 205- 2012-EF, el cual otorga el carácter de secreto las contrataciones de bienes, servicios y obras referidas a la seguridad nacional y el orden interno, así como los cuadros de organización del personal militar y listas del material bélico e infraestructura militar.
 USUARIOS
Pero, advierte Manrique, el gobierno, más precisamente el titular de Defensa, Pedro Cateriano, ocultó una expresa disposición, el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el DS 184-2009-EF, que obliga a la licitación  las compras de bienes de uso múltiple, principalmente civil, como es la compra de un satélite. 
 En el caso del satélite, subraya Manrique, el satélite tiene como principales usuarios, en el orden del 90% a los ministerios del Ambiente y Agricultura, el Indeci, Autoridad Nacional del Agua- ANA, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico- IGMM, y a las Fuerzas Armadas en el restante 10% de sus aplicaciones.
EL PERU EXIGE UNA EXPLICACION AL MINISTRO DE DEFENSA PEDRO CATERIANO 
A pesar de los innumerables cuestionamientos a las escandalosas irregularidades e ilegalidades, así como el evidente direccionamiento de todo el proceso al proveedor francés, señalados tanto por expertos en el tema, por la prensa escrita y televisiva y diversos Congresistas de la República, nada parece detener a la corrupción.....
Lo cierto es que firmado el contrato por UD., consumado el delito, y, ya entonces,  la Contraloría General de la República tendrá que pasar de las simples recomendaciones a acusación fiscal para Ud., la Srta. Canciller Eda Rivas y el Sr. Ollanta Humala (proceso que se reservara para agosto 2016)  ante los innumerables ilícitos ya consumados en los últimos meses en este proceso. 
Lamentable que los negocios estén por encima de los intereses del Perú: cero transferencia de tecnología, conejillos de indias de la empresa francesa con su satélite prototipo, sin fecha de lanzamiento y a un precio carísimo, pagando de más, más de S/. 140 millones de soles por una propuesta técnicamente pobre y que no traerá desarrollo local sino total dependencia tecnológica. El poder es efímero y tarde o temprano tendrán que rendir cuentas a la justicia los traidores a los intereses del país por el enorme daño que le están haciendo al desarrollo tecnológico del Perú. 
Les dejamos unas preguntas sueltas para que evalúen la "limpieza" de este proceso de compra que acaban de perpetrar:
·  Nos preguntamos, si es un hecho histórico y de gran beneficio para el país.... Por qué no fue el Presidente Humala??
·  Porque firma el contrato el Ministro de Defensa (nunca ha sucedido antes), si según la Directiva de Compras de CONIDA, es el Jefe de CONIDA quien debe de firmar el contrato, será que el General Carlos Rodríguez se niega a firmar por tantas irregularidades?
·  Porque se compra un satélite utilizando la vía administrativa de Proveedor Único si hay 4 proveedores que cumplen con los requisitos técnicos mínimos y por lo tanto corresponde pasar a la etapa de Selección (Licitación)?
·  Porque se tuvo que comprar con tan solo un Estudio de Mercado y no se hizo una Licitación Internacional, perjudicando los intereses del país? 
·  Porque se declararon como secretos solo los documentos de la evaluación y el costo final del satélite?, Porque le ocultan al Perú los cuadros de calificación? Sera que la propuesta francesa no es la mejor y además es la más cara?
·  Porque se compra un satélite prototipo jamás construido antes? Estamos para pagar por experimentos?
·  Porque se aceptó un lanzamiento compartido como carga secundaria, si bajo esa modalidad es imposible garantizar fecha de lanzamiento?, Allí está el ejemplo de esta misma empresa que lanzo el satélite chileno SSOT 22 meses más tarde. 
·  Porque se ha rechazado la oferta que enseñaba a construir satélites y desarrollar una industria aeroespacial peruana en 24 meses? Eso lo está ofreciendo la empresa francesa?
·  Porque para cambiar el estudio de factibilidad del satélite aprobado el 2010 no se presentó un informe técnico sino solo se hizo en base a una "posición institucional?, Acaso es que no había sustento y solo se trataba de acomodar el nuevo estudio al satélite francés?
·  Porque en el nuevo Estudio de Factibilidad realizado por CONIDA en julio del 2012 se ignoraron totalmente las necesidades de información satelital de resolución alta y media de las más importantes instituciones usuarias del país (MINAM, ANA, INGEMMET, IGN e INDECI).
·  Porque se le compra a una empresa cuestionada por lanzar sus mini satélites casi 2 años más tarde y acusada de sobornos?
·  Porque CONIDA ignoro las recomendaciones de cumplimiento obligatorio hechas por la PCM al aprobarse el nuevo Estudio de Factibilidad en lo relativo a garantizar un adecuado proceso de transferencia tecnológica, privilegiar el lanzamiento dedicado como contratista principal y garantizar el acceso a otros satélites, perjudicando con esto los intereses del Perú?
·  Porque en los cálculos del nuevo Estudio de Factibilidad elaborado por CONIDA se utilizan parámetros como ancho de barrido del satélite de 14.5 kms, resolución multiespectral de 3 mts y 3.4 coberturas del Perú en alta resolución en 1 año, coincidentes todas ellas con los parámetros del satélite francés? 
·  Porque el MINDEF elimino del borrador de la Directiva de Compras de CONIDA la obligatoriedad de la Transferencia Tecnológica, si su propia Ley Orgánica la obliga a promoverla?, Acaso esta aberración no favoreció a su proveedor favorito francés que no ofrece una verdadera transferencia tecnológica?
·  Porque CONIDA conociendo anticipadamente lo que ofrecían los 4 postores, elimino intencionalmente las principales ventajas ofrecidas por los postores diferentes a los franceses al solicitar las propuestas para el estudio de mercado? Acaso eso no es direccionar un proceso a un proveedor?
·  Porque una vez adjudicada la buena pro a los franceses siguiendo el ilegal procedimiento de compra de proveedor único, se les envían las bases sin puntajes de calificación? Porque beneficiar al proveedor en contra de los intereses peruanos, dándole la posibilidad de presentar una nueva propuesta al  tope del presupuesto, sin adicionar nada y con tan solo cumplir los requerimientos técnicos mínimos, tal y como ha ocurrido?
·  Porque que CONIDA no cumplió con enviar dentro de los 10 días posteriores a la aprobación de la compra los informes técnico y legal, así como la resolución de aprobación, y hasta la fecha transcurrido 4 meses no cumple con lo señalado en su propia directiva de compras?.
·  Porque se engaña a todo el país diciéndole que hay transferencia tecnológica cuando solo habrá un simple y obligatorio proceso de capacitación?
·  Porque se prefiere que el proveedor nos venda paquetes limitados de imágenes complementarias de resolución media y de radar, cuando otras propuestas ofrecían en total propiedad del estado peruano una constelación de satélites conformado además por un segundo satélite de resolución media y un tercer satélite de radar, y al mismo costo del único satélite francés? A quien favorece este negociado? 
·  Porque en Chile se compró a través de una Licitación Internacional donde hubieron 16 postores y aquí se hace con tan solo un Estudio de Mercado y siguiendo el procedimiento administrativo como si hubiera un proveedor único?
·   Porque en el caso de aviones instrucción de combate el propio Ministro Cateriano explico públicamente costos y detalles técnicos de las propuestas presentadas, y en este caso de un satélite multisectorial y de uso 90% civil se esconde toda la información a través de un ilegal decreto supremo? Que esconde el Ministro Cateriano?, cual es el miedo a mostrar los cuadros de calificación?
·  Porque el Ministro Cateriano anuncio en febrero del 2013 que ya estaban avanzadas las conversaciones con Francia para la compra del satélite si a esa fecha ni siquiera se había iniciado el proceso de compra?
·  Porque el 04 de noviembre el Ministro Cateriano anuncia públicamente que se compraría el satélite a Francia a través de un acuerdo de gobierno a gobierno y señala  que el gobierno peruano le pagara directamente al gobierno francés, si ni siquiera se habían abierto las propuestas técnico económicas de los 4 postores?      
!!! Esperamos sus respuestas aquí y ahora ministro, si no la justicia se las exigirá en agosto 2016 a usted y todos sus cómplices del ilícito penal!!!