viernes, 16 de mayo de 2014

EDITORIAL DE LA REPÚBLICA: PRIMERA OPERACIÓN ANTIMAFIA


ASESINO DE NOLASCO
 “Operación huracán”. El sicario "Goro", que participó en el primer intento de asesinato de Ezequiel Nolasco en el 2010, y que está relacionado con el presidente regional César Álvarez y con el alcalde chimbotano Luis Arroyo, fue el que contrató al asesino. En el caso hay implicadas 30 personas, entre funcionarios públicos y delincuentes, y de momento han sido arrestados 11.
Álvarez y Arroyo están no habidos.
La orden de captura de 28 personas y la orden de detención preliminar contra César Álvarez son indicadores que refuerzan la labor organizada entre Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional.
La operación coordinada entre Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional ha dado frutos y dio un gran golpe a la mafia enquistada en la región Áncash, tras la orden de captura de 28 personas ligadas al presidente regional de Áncash, César Álvarez, quien es acusado de liderar una organización criminal y que actualmente se encuentra prófugo.
El caso que ya había sido denuncia en años anteriores y que fuera archivado por “la anterior Comisión de Fiscalización” del Congreso, con los votos de cinco legisladores; ahora parece estar siendo resuelto, “tras la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de trasladar los casos sobre corrupción y crimen político de Áncash a la Sala Penal Nacional.
Sin duda alguna, el Editorial de La República también realza la valentía de la población de la región Áncash al denunciar los actos de corrupción que se cometían a vista y paciencia de las autoridades, y que “-la falta de acción- ha costado vidas y altas cuotas de inseguridad además de la pérdida de recursos públicos”.
Además, resalta que “Hace falta, por ejemplo, que se informe sobre los hallazgos del batallón de auditores que fueron movilizados a esa región hace más de un mes con grandes anuncios publicitarios”, por parte de la Contraloría General de la República.
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Lecciones de la hiedra convertida en pesadilla
La justicia ha lanzado un golpe de mano contra el grupo mafioso que ha copado la región Áncash. El Tercer Juzgado Penal de Lima Especializado en Crimen Organizado ha ordenado la detención preventiva de 29 personas, entre ellas el presidente de esa región, César Álvarez, otras autoridades y periodistas, imputados por homicidio y asociación ilícita para delinquir en el caso del asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco. La operación se ha desarrollado en Chimbote, Huaraz, Lima y Trujillo, ciudad donde se ha capturado al sicario que ultimó a Nolasco en Huacho en marzo pasado.
Es preciso anotar que esta operación ha sido posible tras la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de trasladar los casos sobre corrupción y crimen político de Áncash a la Sala Penal Nacional, luego de lo cual el caso Nolasco fue reactivado con nuevas diligencias y mayor transparencia. Lejos de las presiones y de los compadrazgos entre magistrados e investigados que condujeron al copamiento de la fiscalía y del Poder Judicial por las redes corruptas, ha sido posible reconstruir un caso que había ingresado a la lista de la impunidad, con los primeros resultados. También se debe  anotar la decisiva intervención del ministro del Interior, Walter Albán, quien aseguró a la familia Nolasco que había dispuesto empeñar esfuerzos para resolver el caso.
Lo sucedido es también el resultado de la valiente actitud de la sociedad ancashina liberada del miedo y de la muerte y dispuesta a denunciar las irregularidades en su región, demandando firmeza contra el crimen organizado. En esa movilización ha desempeñado un rol decisivo la joven Fiorella Nolasco, hija del asesinado ex consejero regional.
Otro papel crucial ha estado a cargo de la prensa, cuyas unidades de investigación documentaron hallazgos que la justicia en Áncash se había negado a aceptar o que fueron “olvidados” o escondidos. El asesinato de Nolasco significó un punto de inflexión informativa y al mismo tiempo una oportunidad para reparar ausencias y silencios. En ese proceso, fue la misma prensa la que investigó el oscuro desempeño de varios medios y periodistas en Áncash que se vendieron al poder o se integraron a la mafiosa red.
La justicia, aunque tarde, está reparando gruesas omisiones en el caso de Áncash aunque el costo de la falta de acción ha costado vidas y altas cuotas de inseguridad además de la pérdida de recursos públicos. En cambio, la Contraloría sigue desplegando tímidas estrategias y más allá del pedido del congelamiento de las cuentas a la Región Áncash no se tienen otros resultados. Hace falta, por ejemplo, que se informe sobre los hallazgos del batallón de auditores que fueron movilizados a esa región hace más de un mes con grandes anuncios publicitarios.
El operativo contra la red en Áncash deja asimismo mal parado al Congreso. La anterior Comisión de Fiscalización, con los votos de cinco legisladores (dos de Gana Perú, uno de Alianza para el Progreso, uno del Apra y otro del fujimorismo), archivó las denuncias contra César Álvarez por las irregularidades a pesar de las pruebas existentes.
Las operaciones abiertas contra la mafia ancashina apenas se inician y se espera que no se detengan. Otros espacios del poder regional y nacional reclaman similar firmeza. Que este episodio se convierta en una lección para la sociedad y el Estado sobre la necesidad de detener sin dilaciones los actos de corrupción antes que la hiedra se convierta en una sangrienta pesadilla que se lleva vidas, esperanzas y la confianza de la gente en sus gobernantes.

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