DESDE EUROPA CRITICAN EN
PORTADA HOY
Una pésima imagen
internacional del Perú, ha causado el comportamiento de tres magistrados del
Tribunal Constitucional, quienes excediendo funciones han pretendido nombrar a
un Fiscal Superior. Cuando ya siete (7) veces. Había sido rechazado su
nombramiento. Por el único ente correspondiente, como lo es, de acuerdo a la
Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura.
Incluso, la última vez, que
fue rechazado el nombramiento del Fiscal, en cuestión, lo había sido por
unanimidad de la totalidad de votos el Consejo de la Magistratura. Esto es, 7
votos.
El miembro del Consejo Nacional
de la Magistratura Gonzalo García Nuñez, afirmó hoy que su Colegiado denunciará
penalmente a los tres magistrados que realizaron este legicidio, Mesía, Alvarez
y Eto ante la Fiscalía.
Y que él personalmente acudirá
a la Corte de Costa Rica, a fin que supranacionalmente atienda los derechos
vulnerados de su persona y el Consejo Nacional de la Magistratura por parte de
los miembros antes aludidos del Tribunal Constitucional del Perú.
El miembro del Tribunal
Constitucional Calle, declaró hace minutos, que él se encuentra en contra del
legicidio. Y que el Presidente del Tribunal Urviola, el Magistrado Vergara y
con su voto. Empatan el voto, de los tres que votaron excediéndose en
funciones, con responsabilidades penales incluso.
De esta manera con el voto
dirimente del Presidente del Tribunal Constitucional, Urviola que aplicará ante
el pedido de nulidad que formulará como ya lo ha expresado el Consejo Nacional
de la Magistratura, el entripado jurídico habrá sido resuelto, en el peor de
los casos.
Puesto antes, cualquiera o los
tres cuestionados miembros del Tribunal Consticional, podrían revocar su
inicial posición.
El tema no resiste mayor
análisis. Ya que el exceso es monumental, como incluso ha recibido el rechazo,
de los dos contendores recientes al Colegio de Abogados de Lima, como son el ex
Ministro García Toma, y el Decano de la Orden actual, Amoretti.
Sin embargo, el daño causado
por estos irresponsables miembros del máximo Tribunal Constitucional es
gravísimo.
Reproducimos por ello, el
artículo publicado hoy en portada por uno de los principales Diarios de Europa,
como es EL PAIS de España, que detalla el tema como Golpe de Estado al Estado
de Derecho.
“El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha emitido este miércoles un
fallo de inconstitucionalidad que ordena al Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM) designar como fiscal supremo a un abogado y anular el nombramiento de dos
fiscales de esa misma categoría. El órgano advierte que de no cumplir la
sentencia, multará a los consejeros y tramitará su destitución, aunque las
designaciones de jueces y fiscales, de acuerdo a la Constitución de 1993, son
responsabilidad del Consejo y no del Constitucional.
El TC debe estar formado por
siete miembros, pero en este momento solo cuenta con seis, de los cuales solo
uno tiene nombramiento vigente, ya que el de los otros cinco ya venció, en
algunos casos hace más de un año. En julio el Congreso negoció la elección de
los nuevos magistrados del tribunal, incluyendo un par de posibles miembros
cercanos a partidos políticos, pero una movilización ciudadana frenó la
denominada “repartija” de puestos.
“Esto ha ocurrido porque
estamos en falta”, dijo, en un noticieron de Canal N, el congresista
oficialista Daniel Abugattás, del Partido Nacionalista, en alusión al tiempo
que ha transcurrido sin que el Legislativo elija a los nuevos miembros del Alto
Tribunal.
En un comunicado, la ONG Instituto
de Defensa Legal opina que la sentencia viola la Constitución porque el nombramiento de fiscales “es competencia
exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya se pronunció en
seis oportunidades en este caso”, y porque fue emitida sin quorum, con solo
tres de cinco miembros del Tribunal, contraviniendo el reglamento. La
institución indica que de acuerdo a la Carta Magna, las autoridades ejercen el
poder “con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes
establecen”, por lo que el fallo es nulo y amerita una investigación del
Congreso.
En entrevista con EL PAÍS, el
abogado Carlos Rivera, jefe del equipo legal de IDL, indica que el Tribunal
Constitucional ”ha inventado un argumento" que llevará a que en un futuro
"cualquier candidato a fiscal superior o juez que no resulte nombrado
exigirá su nombramiento mediante una acción constitucional”. “Alguien ha
decidido empezar una nueva etapa en la junta de fiscales supremos”, añadió
Rivera, catedrático de derecho penal y especializado en casos de violaciones de
derechos humanos.
A mediodía del jueves, el
Consejo Nacional de la Magistratura se reunió de emergencia para responder al
fallo del Tribunal Constitucional y bajó la bandera de su local a media asta.
Mientras tanto, los
trabajadores del Poder Judicial cumplen 38 días en huelga, lo que afecta sobre
todo al sistema anticorrupción y a los juzgados de familia y de derecho penal
común. Cerca de 20.000 juicios por alimentos y de violencia familiar están detenidos.
Los empleados públicos se
niegan a ser administrados por una nueva ley de reforma del servicio civil, que
exige evaluaciones para mantener sus puestos de trabajo. La semana pasada el
presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, pidió a la sala Plena de la
Corte Suprema declarar en emergencia el sector, pero no se hizo. Las
negociaciones con el Ejecutivo tampoco prosperan.”
LOS HECHOS
Tras realizar un pleno
extraordinario de emergencia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
decidió defender su autonomía y calificó de un "atentado al orden
constitucional" la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que nombra a
Mateo Castañeda como fiscal supremo.
En este sentido, acordó
presentar el lunes una denuncia penal y otra constitucional, ante la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, contra los
magistrados Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda.
Además, le pedirán al TC la nulidad de la resolución y que esta sea resuelta
por el Pleno.
El presidente del CNM, Pablo
Talavera, precisó que el fallo del TC puede ser calificado como un golpe de
Estado no solo contra la entidad que él dirige, sino contra otras
instituciones, pues ha ordenado que se habiliten plazas y presupuestos cuando
esa no es función del máximo ente de interpretación constitucional.
Asimismo, anotó que lo único
que pretenden es hacer respetar las atribuciones del CNM. "No es una
actitud de resistencia o desobediencia, sino de defensa de nuestra
institución", subrayó.
CONTRADICCIONES
Talavera Elguera explicó que
han encontrado algunas deficiencias en el fallo, como el hecho de que solo sea
firmado por tres magistrados y no por el pleno del organismo constitucional.
Igualmente, que por un lado declara nulo el nombramiento de Zoraida Ávalos y
Nora Miraval y por otro ordena que se creen dos nuevas plazas para que ellas
las ocupen.
Además, dijo, hay una
contradicción con un fallo anterior en el que el TC dice que no puede hacer
nombramientos, porque eso significaría invadir las competencias del CNM.
Por su parte, el consejero
Gonzalo García Núñez opinó que el TC "se ha puesto del lado contrario de
la Constitución, con una infracción que deberá ser evaluada por el Congreso y
las instancias pertinentes".
Manifestó que el TC no solo ha
nombrado fiscal supremo a Mateo Castañeda, sino que incluso ha designado a un
magistrado, el titular del 5° Juzgado Constitucional, Hugo Velásquez Zavaleta,
para que expida el título respectivo y lo juramente.
El pleno del CNM acordó declararse en sesión
permanente, pues se espera que hoy el TC emita una segunda sentencia, esta vez
nombrando como fiscal supremo al juez del Callao, César Hinostroza Pariachi.
CONTUMAZ
En tanto, desde la otra
orilla, el magistrado del TC, Gerardo Eto Cruz, respondió que no hay nada
irregular en la sentencia a favor de Mateo Castañeda y que todo se debe a la
resistencia del CNM.
"En este momento tenemos
una conducta contumaz, omisiva, renuente del CNM, lo que ha desencadenado esta
situación. La madre del cordero radica en el Consejo, que no ha acatado el
fallo", enfatizó.
Por su parte, el magistrado Fernando Calle
argumento que la sentencia que anuló el nombramiento de Nora Miraval y Zoraida
Ávalos no es una usurpación de funciones. “Creo que el fallo es coherente. Es
constitucional, porque la mayoría voto así y en ese sentido tiene que
cumplirse”, afirmó Calle.
Mientras que Ernesto Álvarez reconoció que es
un mandato duro, pero necesario para hacer respetar las sentencias.
Luego de que el TC resuelva el recurso de
nulidad que presente el CNM, el expediente será remitido al 5° Juzgado
Constitucional, para que el juez Hugo Velásquez notifique a los consejeros. Si
estos se niegan a cumplir, será el juez Velásquez quien tendrá que emitir el
título y juramentar a Castañeda como fiscal supremo.
LA HISTORIA DE UNA INTROMISIÓN
Todo comenzó el 27 y el 28 de
enero del 2011, cuando el CNM, presidido por Edmundo Peláez, decidió no nombrar
a Mateo Castañeda y César Hinostroza como fiscales supremos y prefirió a Carlos
Ramos y Gonzalo Chavarry.
Hinostroza y Castañeda
presentaron acciones de amparo que fueron acogidas por el Tribunal
Constitucional y ratificadas en septiembre de 2013. El TC ordenó al CNM nombrar
como fiscal supremo a uno de los dos.
En diciembre del 2013, el CNM consideró que
esos fallos afectaban su autonomía, los volvió a rechazar y nombró a Zoraida
Ávalos.
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