jueves, 22 de mayo de 2014

LA FARSA DEL MOVADEF


El 9 de abril el Gobierno anunció un golpe demoledor y definitivo al terrorismo en el país, luego de detener a 24 personas que no estaban realizando actos terroristas ni planeaban hacerlos.
Fernando Rospigliosi
En efecto, el Movadef nunca ha sido acusado de haber realizado ningún atentado terrorista.
Tampoco la Policía le ha encontrado armas, explosivos o campos de entrenamiento para realizar acciones armadas. El Movadef no ha realizado ni realiza propaganda a favor de la lucha armada o la violencia revolucionaria.
Es un grupo que aplica la nueva estrategia de Abimael Guzmán, expresada públicamente en 1993 y ratificada varias veces después: la guerra terminó, fueron derrotados y ahora hay que buscar soluciones políticas.
Actualmente están dedicados a hacer propaganda a favor de la amnistía para sus líderes y a tratar de conseguir la inscripción legal de su movimiento para participar en elecciones. Son repudiados y repudiables, pero no terroristas.
No se necesitan dos años de investigación ni 300 policías y 47 fiscales y abogados dedicados a eso —como dijo el presidente Ollanta Humala desde Canadá— para llegar a esa conclusión.
Tampoco para detener a decenas de dirigentes del Movadef —varios de la tercera edad— que no estaban en la clandestinidad sino haciendo vida pública, con direcciones conocidas.
La acusación se basa en declaraciones de arrepentidos, algunas de las cuales se han demostrado falsas. Por ejemplo, como ha verificado IDL-Reporteros, la reunión entre Alfredo Crespo y Artemio el 14 de abril del 2008 en el Alto Huallaga, en la que Crespo supuestamente dijo “hay que liberar a los camaradas para que la lucha armada no caiga”, nunca se realizó. En esa fecha Crespo estaba en la Base Naval visitando a Guzmán. El otro abogado y dirigente del Movadef, Manuel Fajardo, tampoco estuvo en Tingo María en esa oportunidad.
Es más: desde principios del 2013 la Policía sabía que esa versión del arrepentido era falsa, y un informe de Dircote enviado al ministro del Interior y los mandos policiales así lo confirmaba.
Sin embargo, un año después el Mininter filtró a sabiendas esa falsa información a los medios para apoyar y sustentar la denuncia del Gobierno.
La versión del medio millón de soles proveniente del narcotráfico que supuestamente entregó Artemio al Movadef se basa en una suposición con muy poco asidero. Según el semanario Hildebrandt en sus Trece, un contador de la Policía calculó que eso es lo que habría gastado el Movadef para intentar su inscripción, y luego deduce que el dinero proviene del narcotráfico. Ambos supuestos sin prueba alguna.
Aún más: toda la acusación se basa en hechos presuntamente ocurridos hace seis u ocho años. Artemio fue detenido en febrero del 2012 y en ese momento su banda ya estaba agonizando.
Que existe una relación directa entre Guzmán y Crespo es algo obvio y no se requiere dos años de investigación e inmensos recursos para demostrarlo. Como no se requiere una gran pesquisa para saber que el abogado de Alberto Fujimori, William Castillo, está tratando de crear un movimiento —ya compró el kit electoral— para abogar por el indulto de su defendido. El tema es que eso no es un delito, como afirman Humala, el ministro Walter Albán y el Gobierno.
Esto abona la idea de que se trata de una maniobra política del Gobierno destinada a mostrar a la ciudadanía que hace algo por la seguridad y cubrir su rotundo fracaso en la lucha contra la delincuencia
Desde Canadá Humala se dio tiempo para anunciar el gran éxito: los del Movadef “fueron capturados en la operación Perseo 2014 por ser presuntos autores de los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo con dinero proveniente del narcotráfico”. Pero, como ya es indudable ahora, hasta hoy no hay ninguna evidencia de ninguno de esos delitos.
El periodista Pedro Tenorio ha revelado que en octubre del 2013 las más altas autoridades del Mininter dijeron confidencialmente que ya tenían todo listo para dar un gran golpe contra el Movadef. Probablemente era cierto. Tenían preparada la operación propagandística para hacerla pública cuando creyeran que la necesitaban.
Esto abona la idea de que se trata de una maniobra política del Gobierno destinada a mostrar a la ciudadanía que hace algo por la seguridad y cubrir su rotundo fracaso en la lucha contra la delincuencia.
Con la ayuda de los medios, han tenido relativo éxito: el 77% de los que conocen el asunto (que son el 65% del total) aprueba la detención de los dirigentes del Movadef, según la encuesta de Ipsos de abril.
Han repetido la experiencia del operativo “Bokassa 2012”, cuando anunciaron que habían descubierto a “narcoterroristas” que lavaron 100 millones de soles de los senderistas del VRAE. El ministro del Interior de aquel entonces recorrió las propiedades incautadas en el sur chico. Tuvieron primeras planas durante una semana. El presidente Humala mencionó la operación en su mensaje del 28 de julio de ese año como una muestra de los avances de su Gobierno en la lucha contra el terrorismo.
Dos años después, todos los capturados están libres. Jamás se demostró su relación con los senderistas del VRAE. Pero sirvió para el propósito propagandístico del Gobierno en ese momento. Los medios que le dieron cobertura nunca se ocuparon de rectificar las mentiras oficiales.
Finalmente, es triste que un ministro como Walter Albán, que adquirió prestigio en la Defensoría del Pueblo como sostenedor de los derechos de los ciudadanos y garante de la justicia y la legalidad, hoy se preste a una artimaña burda con el único propósito de tratar de levantar la alicaída popularidad de su jefe, en lugar de dedicar sus energías a luchar contra los verdaderos enemigos, la delincuencia y los remanentes terroristas del ahora VRAEM.
EFECTISTA Y DESACERTADA
“Esto abona la idea de que se trata de una maniobra política del Gobierno destinada a mostrar a la ciudadanía que hace algo por la seguridad y cubrir su rotundo fracaso en la lucha contra la delincuencia”
Por Gustavo Gorriti
La impresionante redada contra el Movadef, que tuvo lugar la semana pasada, haría pensar, a juzgar por los recursos movilizados, que el Gobierno peruano reaccionó en todos los frentes ante un peligro mayor, claro e inminente.
Sobre todo si se la compara con la extraña negligencia que mantuvo en otros casos urgentes en el ámbito de seguridad.
Uno, por ejemplo, es el crecimiento explosivo de narcovuelos, especialmente en el VRAE, que han alcanzado dimensiones tales como para considerar reconstruido, (por más que sea en otra dirección) el puente aéreo que marcó el auge del narcotráfico desde comienzos de la década de 1980 hasta mediados de los 90.
Otro es la virulencia con que ha crecido el crimen organizado, especialmente el más violento. Lo peligroso de ese fenómeno es que no se trata de un proceso lento, sino uno que suele desencadenarse con rapidez y que una vez afianzado resulta mucho más difícil de enfrentar que cuando todavía es incipiente.
Ninguno de estos dos problemas ha sido enfrentado, salvo esfuerzos meritorios pero aislados, por este Gobierno con seriedad, responsabilidad y, menos aún, con eficiencia.
Entonces, al ver el aparatoso despliegue de la redada contra el Movadef, pensé que de repente el Gobierno sabía algo que los demás ignorábamos hasta ese momento.
Así que me pregunté y me pregunto de nuevo: en el caso del Movadef, ¿hay algún peligro real, nuevo, inminente? ¿Hay algo que no se conozca? Hasta donde he podido ver, no hay nada que no se haya sabido una y cien veces.
El hecho es que se movilizó los recursos operativos más selectos del Estado para capturar a gente que hace vida pública y que no está en la clandestinidad. Al ver los arrestos, además, daba la impresión de que alguien había tenido una mala lectura de González Prada y estaba llevando a cabo una guerra alucinada contra la geriatría.
Lanzar a fuerzas combinadas de la Policía y de la Fuerza Armada, junto con decenas de fiscales, contra una organización derrotada, vencida, con un porcentaje muy alto de presos y de viejos, varios de ellos en franca entropía vital, no tiene sentido.
¿Que el mensaje de estos viejos ha calado en algunos jóvenes que desconocen o no conocen bien el pasado terrible de la guerra interna? Es verdad. Pero, ¿cuál es ahora ese mensaje? ¿Existe alguna prueba, luego de todas las investigaciones, de que se esté organizando a esos jóvenes desorientados, hacia la violencia, que se los esté preparando para la insurrección? Ninguna. No la hay en ninguno de los documentos que explican y justifican esa operación.
Debo decir que no tengo duda sobre la relación estrecha y subordinada que existe entre el Movadef y el PCP-SL que dirige Abimael Guzmán. Aquél es, en mi opinión, un ‘organismo generado’ que sigue con disciplina los objetivos del PCP-SL de Guzmán.
Pero la pregunta por responder es ¿cuáles son ahora esos objetivos?
“Perseo 2014” revela la respuesta equivocada a esa pregunta a través de una ceguera histórica: el intento de ignorar cambios fundamentales ocurridos desde 1992 hasta ahora.
Se actúa como si el SL de Guzmán fuera todavía una organización en guerra o conspirando para volver a ella.
Pero la realidad es que el SL de Guzmán es una organización derrotada, que reconoce su derrota e intenta concretar “un acuerdo de paz” desde 1993.
Lo que hasta entonces había sido la proclama radical y disyuntiva de la inevitabilidad de la guerra y la predeterminación del triunfo, se convirtió en la constatación de la derrota. Y en la aceptación de la misma.
Lanzar a fuerzas combinadas de la Policía y de la Fuerza Armada, junto con decenas de fiscales, contra una organización derrotada, vencida, con un porcentaje muy alto de presos y de viejos, varios de ellos en franca entropía vital, no tiene sentido
El llamado “pensamiento Gonzalo” posterior a las negociaciones con Montesinos y sus asesores, no tiene nada que ver con lo que antes pasaba como tal.
Abimael Guzmán consiguió parar intelectualmente de cabeza a su organización, persuadirla de la necesidad de creer en y defender posiciones que antes hubieran resultado anatema. El otrora ardiente enemigo del revisionismo terminó revisando todo. Y tan fuerte fue el culto a la personalidad en su organización, que la mayoría de sus militantes lo siguió.
Desde que abortaran las conversaciones con Montesinos y Fujimori hasta ahora, pasaron muchos años. Creo que tanto Abimael Guzmán como Elena Iparraguirre asumen que morirán en prisión. Los otros condenados a cadena perpetua, también.
Buena parte de lo que ahora esperan es negociar mejoras en las condiciones penitenciarias para los que seguirán en prisión así como la libertad para los que cumplieron sus condenas. ¿Tienen derecho a pedir hablar sobre eso y discutirlo? Por supuesto que lo tienen.
Están vencidos, doblegados y han sido castigados con la mayor dureza que establece la ley. Los que quedan en prisión buscan condiciones más dignas de encierro; y los que han salido en libertad, reclaman la posibilidad de ejercer derechos básicos, como el de trabajar y expresarse libremente. Mientras sea un ejercicio pacífico y legal de esos derechos, ¿qué razón hay en denegarlos?
¿Que no han pedido perdón ni han reconocido públicamente su sangriento error y que tampoco han proclamado su lealtad a la democracia constitucional y su repudio perpetuo a la vía de las armas?
Es verdad que no lo han hecho en forma lo suficientemente clara. Pero, ¿ha habido alguien dentro del Estado que lo haya demandado dentro de un mínimo proceso de diálogo? ¿Que con ellos no hay nada que conversar? ¿Y por qué nadie de la ultraderecha protestó cuando hubo las conversaciones, Frank Sinatra y torta de chocolate de por medio, con Montesinos?
¿Que esa es una táctica de engaño del senderismo que practica “la guerra sin tiempo” y que esperará pacientemente a salir en libertad para volver a la vía de las armas? Esa es una falacia. No existe la “guerra sin tiempo”.
Hay guerras de toda duración, desde las muy cortas hasta las muy prolongadas. Pero toda guerra tiene un comienzo y un fin. Las protagonizan seres humanos insertados dentro de la Historia, que con frecuencia entierra causas e ideas incluso antes de enterrar a las personas. Y, pase lo que pase, estas eventualmente envejecen, declinan y mueren.
En el caso de los senderistas, han pagado y saben que van a seguir pagando el precio de la derrota. Han querido negociar algunos términos de la misma con el Estado, y no han logrado interlocutor. Ha sido un error. Otras naciones, que han manejado contrainsurgencias inteligentes en el nivel político, han aceptado rendiciones después de largas guerras insurgentes y logrado el mejoramiento de condiciones de rendición o encierro a cambio de claras ventajas para la sociedad y el Estado.
Por lo pronto, el hecho es que entre los cientos de senderistas que salieron en libertad por cumplimiento de condena, el porcentaje de gente que volvió al camino de la violencia armada (política o criminal) es prácticamente inexistente.
Escribiré más sobre este tema en el futuro próximo. Concluyo con lo que para mí es evidente: en medio de problemas importantes de seguridad, que se agravan, la acción del Gobierno contra el Movadef fue efectista y errada.
Si se patea a un adversario vencido, la persecución exagerada crea un sentimiento de simpatía en muchos, que puede tornarse en solidaridad. Y el efímero efecto se esfumará entre la maraña de serios problemas desatendidos, ayer urgentes, mañana graves.
(Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2330 de la revista ‘Caretas’).

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