Fiscalía Contra el Crimen
Organizado denunció a César Álvarez y 28 personas, entre ellas sus principales
colaboradores y sicarios, por el asesinato de Ezequiel Nolasco. En Chimbote,
juez dispone la captura de otros 21 integrantes de su organización, en el caso
conocido como La Centralita. Ellos, empresarios, funcionarios públicos y
periodistas "comando", integrarían su fuerza de choque.
La fiesta y el abuso de poder
terminó para César Joaquín Álvarez Aguilar. El hasta hace unas semanas el intocable
y poderoso presidente de la región más prospera del país, Áncash, cambiará las
comodidades por la prisión.
Ayer, tras quince días de
prisión preventiva, el fiscal especial contra la criminalidad organizada,
Manuel Cuadros, denunció a César Álvarez como presunto organizador y jefe de
una organización criminal responsable del asesinato de su opositor político,
Ezequiel Nolasco Campos.
El fiscal solicitó que Álvarez
y otros 28 colaboradores y presuntos sicarios afronten en prisión este proceso
por los delitos de asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado. De
ser acogida esa solicitud, Álvarez podría permanecer 36 meses detenido, hasta
que se realice el juicio público y se dicte un veredicto en su contra.
La denuncia de la fiscalía
contra la criminalidad organizada se suma a la decisión del juez de
investigación preparatoria del Santa, Richard Concepción, quien dispuso el
miércoles último la detención preventiva de Álvarez por 18 meses, en relación
con el caso La Centralita, el presunto bunker de espionaje y seguimiento de
opositores a Álvarez, que operaba en la ciudad de Chimbote.
ASESINATOS
En el caso del asesinato de
Ezequiel Nolasco, junto a Álvarez Aguilar son denunciados el ex jefe de la
subregión Pacífico y luego alcalde del Santa, Chimbote, Luis Humberto Arroyo
Rojas, y el gerente general de la región Hernán Molina Trujillo, como las
principales autoridades políticas responsables de las organización criminal que
operaba en Áncash.
Para la fiscalía, Álvarez,
Arroyo y Molina habrían aprovechado sus cargos para, en colaboración con los
dirigentes de construcción civil Víctor López Padilla y Modesto Mondragón
Becerra, beneficiarse con los recursos destinados a la ejecución de obras
públicas.
Según los informes de gestión
de la Región Áncash, la administración de César Álvarez gastó, entre el 2007
hasta la actualidad, 3,258 millones 303 mil 879 soles. Se sospecha que, de ese
monto, el 10% fue destinado al pago de los llamados "diezmos" que las
empresas contratistas debían entregar a los funcionarios públicos.
Para mantener y encubrir este
robo al Estado se habría planeado y ordenado silenciar (matar) a los opositores
o las personas que denunciaran la corrupción en la región Áncash, entre ellos
Ezequiel Nolasco. La fiscalía precisa que hay otros ocho asesinatos que habría
cometido esta organización, como el del vicepresidente regional José Luis
Sánchez Milla, o la desaparición de Carlos Enrique Landa La Rosa, que están
pendientes de investigar.
El equipo de fiscales que
encabeza el doctor Cuadros trabajó durante 48 horas la elaboración de la
denuncia, un documento que reúne las conclusiones del atestado de la división
de Homicidios de la Policía Nacional y el análisis del levantamiento del
secreto de las comunicaciones que obtuvo la fiscalía.
La denuncia fue presentada a
los Juzgados Penales Nacionales, en su sede de la cuadra 1 de la avenida
Uruguay. El juez Walter Sánchez Sánchez se encargaría de evaluar la denuncia y
disponer el inicio de la instrucción judicial.
Hoy o mañana, el juez
convocará a una audiencia pública para escuchar los motivos por los que la
fiscalía solicita mantener y ampliar la detención de Álvarez y los demás
denunciados. También escuchará a los abogados defensores.
Por su parte, el fiscal
supremo Pablo Sánchez Velarde solicitó a la Corte Suprema anular la sentencia
de una Sala Penal del Santa que absolvió a los sicarios que participaron, el
2010, en el primer atentado contra Nolasco y el que fue asesinado su hijo
Roberto Torres Blas.
CASO LA CENTRALITA
Mientras los fiscales de Lima
preparaban y pulían su denuncia, en una audiencia pública que comenzó a las
8:00 de la noche del miércoles y terminó a las 8:45 de la mañana del jueves, el
juez de investigación preparatoria del Santa, Richard Concepción Carhuancho,
ordenó 18 meses de prisión preventiva para otros 20 colaboradores de Álvarez.
Entre estos se encuentran el
alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas; el presidente interino de la región,
Florencio Román Reina; el empresario Martín Belaunde Lossio; el hijo del
congresista Víctor Crisólogo, Carlos Crisólogo Saavedra, y otras 16 personas,
por su presunta participación en actos ilícitos ocurridos en 'La Centralita'.
Con ellos sumaban 26 personas
con orden de detención por La Centralita, pues el miércoles en la mañana el
juez había dispuesto lo mismo respecto de Álvarez y otros cinco colaboradores.
De ese grupo con orden de
detención, al menos 10 son los llamados "periodistas comando" y
trabajadores de las oficinas de imagen de la región Áncash y del proyecto
Chinecas. El juez Concepción continuará hoy, a partir de las 8:30 de la mañana,
resolviendo la situación jurídica de otro grupo de personas, entre ellos la
esposa de Álvarez, Milagros Asián Barahona.
En total, el fiscal
anticorrupción Laureano Añanca Chumbe acusó a 62 personas, por delitos de
asociación ilícita y peculado, por operar en La Centralita, para ensalzar la
imagen de César Álvarez y perseguir y desacreditar a sus competidores
políticos.
De acuerdo con la fiscalía,
las personas que operaban en La Centralita se financiaban con los
"diezmos" que se cobraba a los beneficiarios de los contratos con las
obras públicas en la región Áncash.
El juez sustentó la orden de
detención preventiva en el peligro de que obstaculicen la investigación o
pretendan evadir la justicia. En el caso de Martín Belaunde, la fiscalía lo
acusa de haber cobrado dinero por las portadas del Diario La Primera, en su
edición de Chimbote.
También se indica que el
empresario intervino en las decisiones del titular ancashino, incluidas las
acciones ilícitas, que se organizaban desde La Centralita. Belaunde se
encuentra actualmente con paradero desconocido, mientras que Román anunció que
en las próximas horas se pondrá a derecho.
Con lo resuelto en Lima y el
Santa, se desmiembra la organización liderada por Álvarez, y ya suman 50 los
que se encuentran detenidos en Lima y los que están prófugos.
INMUNIDAD DE BENÍTEZ Y CRISÓLOGO QUEDA EN RIESGO
El fiscal anticorrupción
Laureano Añanca Chumbe pedirá el levantamiento de la inmunidad de los
parlamentarios Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo por su presunta vinculación
en el caso ‘La Centralita’.
En la víspera, el juez Richard
Concepción Carhuancho, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria
del Santa, pidió al Ministerio Público pronunciarse sobre la situación judicial
de ambos legisladores y del abogado Rodolfo Orellana.
Según se supo, el fiscal
Añanca oficializará su solicitud en las próximas horas, la misma que tenía
prevista como parte de sus diligencias. El miércoles, incluso, dijo respecto a
los legisladores que “se seguirá lo que establece la ley procesal para altos
funcionarios”.
Benítez (ex Solidaridad
Nacional) y Crisólogo (Perú Posible) son acusados de haber impedido el
allanamiento fiscal a La Centralita y apoyar a Álvarez en acciones ilícitas.
Por su parte, José León,
vocero de Perú Posible, sostuvo que creen en la inocencia de Crisólogo, con
quien se han reunido para escuchar su versión. Por esa razón, dijo, no lo
separarán de la bancada, pero le han pedido que se someta a las investigaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario