viernes, 30 de mayo de 2014

ORDENAN LA DETENCIÓN DE CÉSAR ÁLVAREZ Y 49 COLABORADORES Y SICARIOS


Fiscalía Contra el Crimen Organizado denunció a César Álvarez y 28 personas, entre ellas sus principales colaboradores y sicarios, por el asesinato de Ezequiel Nolasco. En Chimbote, juez dispone la captura de otros 21 integrantes de su organización, en el caso conocido como La Centralita. Ellos, empresarios, funcionarios públicos y periodistas "comando", integrarían su fuerza de choque.
La fiesta y el abuso de poder terminó para César Joaquín Álvarez Aguilar. El hasta hace unas semanas el intocable y poderoso presidente de la región más prospera del país, Áncash, cambiará las comodidades por la prisión.
Ayer, tras quince días de prisión preventiva, el fiscal especial contra la criminalidad organizada, Manuel Cuadros, denunció a César Álvarez como presunto organizador y jefe de una organización criminal responsable del asesinato de su opositor político, Ezequiel Nolasco Campos.
El fiscal solicitó que Álvarez y otros 28 colaboradores y presuntos sicarios afronten en prisión este proceso por los delitos de asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado. De ser acogida esa solicitud, Álvarez podría permanecer 36 meses detenido, hasta que se realice el juicio público y se dicte un veredicto en su contra.
La denuncia de la fiscalía contra la criminalidad organizada se suma a la decisión del juez de investigación preparatoria del Santa, Richard Concepción, quien dispuso el miércoles último la detención preventiva de Álvarez por 18 meses, en relación con el caso La Centralita, el presunto bunker de espionaje y seguimiento de opositores a Álvarez, que operaba en la ciudad de Chimbote.
ASESINATOS
En el caso del asesinato de Ezequiel Nolasco, junto a Álvarez Aguilar son denunciados el ex jefe de la subregión Pacífico y luego alcalde del Santa, Chimbote, Luis Humberto Arroyo Rojas, y el gerente general de la región Hernán Molina Trujillo, como las principales autoridades políticas responsables de las organización criminal que operaba en Áncash.
Para la fiscalía, Álvarez, Arroyo y Molina habrían aprovechado sus cargos para, en colaboración con los dirigentes de construcción civil Víctor López Padilla y Modesto Mondragón Becerra, beneficiarse con los recursos destinados a la ejecución de obras públicas.
Según los informes de gestión de la Región Áncash, la administración de César Álvarez gastó, entre el 2007 hasta la actualidad, 3,258 millones 303 mil 879 soles. Se sospecha que, de ese monto, el 10% fue destinado al pago de los llamados "diezmos" que las empresas contratistas debían entregar a los funcionarios públicos.
Para mantener y encubrir este robo al Estado se habría planeado y ordenado silenciar (matar) a los opositores o las personas que denunciaran la corrupción en la región Áncash, entre ellos Ezequiel Nolasco. La fiscalía precisa que hay otros ocho asesinatos que habría cometido esta organización, como el del vicepresidente regional José Luis Sánchez Milla, o la desaparición de Carlos Enrique Landa La Rosa, que están pendientes de investigar.
El equipo de fiscales que encabeza el doctor Cuadros trabajó durante 48 horas la elaboración de la denuncia, un documento que reúne las conclusiones del atestado de la división de Homicidios de la Policía Nacional y el análisis del levantamiento del secreto de las comunicaciones que obtuvo la fiscalía.
La denuncia fue presentada a los Juzgados Penales Nacionales, en su sede de la cuadra 1 de la avenida Uruguay. El juez Walter Sánchez Sánchez se encargaría de evaluar la denuncia y disponer el inicio de la instrucción judicial.
Hoy o mañana, el juez convocará a una audiencia pública para escuchar los motivos por los que la fiscalía solicita mantener y ampliar la detención de Álvarez y los demás denunciados. También escuchará a los abogados defensores.
Por su parte, el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde solicitó a la Corte Suprema anular la sentencia de una Sala Penal del Santa que absolvió a los sicarios que participaron, el 2010, en el primer atentado contra Nolasco y el que fue asesinado su hijo Roberto Torres Blas.
CASO LA CENTRALITA
Mientras los fiscales de Lima preparaban y pulían su denuncia, en una audiencia pública que comenzó a las 8:00 de la noche del miércoles y terminó a las 8:45 de la mañana del jueves, el juez de investigación preparatoria del Santa, Richard Concepción Carhuancho, ordenó 18 meses de prisión preventiva para otros 20 colaboradores de Álvarez.
Entre estos se encuentran el alcalde del Santa, Luis Arroyo Rojas; el presidente interino de la región, Florencio Román Reina; el empresario Martín Belaunde Lossio; el hijo del congresista Víctor Crisólogo, Carlos Crisólogo Saavedra, y otras 16 personas, por su presunta participación en actos ilícitos ocurridos en 'La Centralita'.
Con ellos sumaban 26 personas con orden de detención por La Centralita, pues el miércoles en la mañana el juez había dispuesto lo mismo respecto de Álvarez y otros cinco colaboradores.
De ese grupo con orden de detención, al menos 10 son los llamados "periodistas comando" y trabajadores de las oficinas de imagen de la región Áncash y del proyecto Chinecas. El juez Concepción continuará hoy, a partir de las 8:30 de la mañana, resolviendo la situación jurídica de otro grupo de personas, entre ellos la esposa de Álvarez, Milagros Asián Barahona.
En total, el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe acusó a 62 personas, por delitos de asociación ilícita y peculado, por operar en La Centralita, para ensalzar la imagen de César Álvarez y perseguir y desacreditar a sus competidores políticos.
De acuerdo con la fiscalía, las personas que operaban en La Centralita se financiaban con los "diezmos" que se cobraba a los beneficiarios de los contratos con las obras públicas en la región Áncash.
El juez sustentó la orden de detención preventiva en el peligro de que obstaculicen la investigación o pretendan evadir la justicia. En el caso de Martín Belaunde, la fiscalía lo acusa de haber cobrado dinero por las portadas del Diario La Primera, en su edición de Chimbote.
También se indica que el empresario intervino en las decisiones del titular ancashino, incluidas las acciones ilícitas, que se organizaban desde La Centralita. Belaunde se encuentra actualmente con paradero desconocido, mientras que Román anunció que en las próximas horas se pondrá a derecho.
Con lo resuelto en Lima y el Santa, se desmiembra la organización liderada por Álvarez, y ya suman 50 los que se encuentran detenidos en Lima y los que están prófugos.
INMUNIDAD DE BENÍTEZ Y CRISÓLOGO QUEDA EN RIESGO
El fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe pedirá el levantamiento de la inmunidad de los parlamentarios Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo por su presunta vinculación en el caso ‘La Centralita’.
En la víspera, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, pidió al Ministerio Público pronunciarse sobre la situación judicial de ambos legisladores y del abogado Rodolfo Orellana.
Según se supo, el fiscal Añanca oficializará su solicitud en las próximas horas, la misma que tenía prevista como parte de sus diligencias. El miércoles, incluso, dijo respecto a los legisladores que “se seguirá lo que establece la ley procesal para altos funcionarios”.
Benítez (ex Solidaridad Nacional) y Crisólogo (Perú Posible) son acusados de haber impedido el allanamiento fiscal a La Centralita y apoyar a Álvarez en acciones ilícitas.
Por su parte, José León, vocero de Perú Posible, sostuvo que creen en la inocencia de Crisólogo, con quien se han reunido para escuchar su versión. Por esa razón, dijo, no lo separarán de la bancada, pero le han pedido que se someta a las investigaciones.  

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