RODRIGO CRUZ ARANA (@rcruza)
“Orellana es el criminal
organizado más grande que tiene el Perú”, dice sin titubear el congresista
Víctor Andrés García Belaunde al referirse al empresario acusado de estafar al
Estado por más de S/.56 millones.
Rodolfo Orellana Rengifo, 50
años, es abogado de profesión. Nació en la provincia de Tocache. Es un ex
simpatizante aprista. En el 2006 fue candidato a regidor del Concejo
Metropolitano de Lima. Dirige diferentes compañías, como la cooperativa Coopex,
asociación acusada por la fiscalía de haber timado al Estado al emitir y
falsificar 54 cartas- fianza.
Orellana lidera un grupo
delictivo, según señala García Belaunde, que se dedica al tráfico de terrenos,
la interceptación telefónica y el lavado de activos.
“Ellos cuentan con el apoyo de
funcionarios de la fiscalía y el Poder Judicial; así como con notarios y
efectivos de la policía”, sostiene el congresista.
De hecho, un informe de la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banco y Seguros
(SBS), elaborado en el 2012, ayudaría a entender la real dimensión de esta
presunta organización criminal. En este informe se señala que 83 personas
estarían ligadas a Orellana. Ellas formarían una inmensa red de lavado de
activos y tráfico ilícito de drogas. Para estos fines, habrían contado también
con la participación de 63 personas jurídicas.
LOS ALTOS MANDOS
Del documento se puede
desprender que este grupo estaría dirigido principalmente por cinco personas:
Orellana, como el jefe de esta organización; Churchill Orellana Rengifo, hijo
adoptivo de Orellana y secretario de Coopex; William Cruzalegui, ex presidente
de Coopex; Hernán Villacrez Torres, presunto testaferro del grupo; y Ludith
Orellana, hermana y socia del cuestionado abogado.
Sobre los cuatro primeros, el
informe señala que utilizaron el sistema financiero para recibir de terceros
más de US$2 millones en efectivo de presunto origen ilícito, junto con la
empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C. Esta firma tendría en Ludith
Orellana a su principal socia y depositante.
Las pesquisas de la SBS
señalan también que Orellana, involucrado además en el Caso ‘La Centralita’,
está vinculado al menos a 17 empresas, las cuales usaría para fines ilícitos.
Al respecto, el congresista García Belaunde asegura que esta agrupación “se
dedica a fundar empresas para luego estafar”.
TRÁFICO
DE TERRENOS
Pero otro cuestionamiento que
tiene Orellana es el tráfico de terrenos. No por nada, el jueves pasado, el
Congreso decidió crear una comisión especial para que investigue su
responsabilidad en este delito.
García Belaunde contó que
entre los afectados por esta red estarían nada menos que el hospital Hermilio
Valdizán, el Ministerio de Educación y la Fundación por los Niños del Perú. “Lo
que hace Orellana es apropiarse de bienes que puedan tener algún tipo de
conflicto. Él espera ver una pequeña rajadura en la madera para meterse como
polilla y quedarse con la propiedad”, advierte.
Orellana usaría a la empresa
Investigaciones Corporativas, la cual fundó para recopilar información e
identificar a sus próximas víctimas, afirma el congresista.
ARBIZU
ACUSA A ORELLANA DE BUSCAR AMEDRENTAR A LA PRENSA
Ex procurador del Estado Julio
Arbizú señaló que el abogado Rodolfo Orellana Rengifo está
"intrumentalizando" al Poder Judicial para tratar de intimidar a los
periodistas que lo investigan.
Recordó que conversó sobre
este tema con el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, quien luego
exhortó a los magistrados judiciales para que estén atentos a cualquier acto
delictivo de la organización Orellana.
Arbizú, quien ahora defiende a
los periodistas denunciados penalmente por Orellana, indicó que dicha
organización se gestó hace cinco o seis años, y lamentó que, el ahora ex fiscal
de la Nación, José Peláez, no haya decidido, en su momento, que el Caso La
Centralita sea visto en Lima y no en Áncash.
Cuando se le preguntó sobre el
rol que cumple el actual titular del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia,
dijo que urge una renovación de autoridades jurisdiccionales. "¿Tiene que
haber un muerto [en el caso La Centralita]?, preguntó Milagros Leiva,
conductora del programa "Sin peros en la lengua". Arbizú espera que
eso no ocurra.
FISCAL INTENTA
SALVAR A RODOLFO ORELLANA DE PROCESO POR ESTAFA
RODRIGO CRUZ ARANA @rcruza
Desde el tres de diciembre del 2012, el cuestionado
empresario Rodolfo Orellana Rengifo es procesado por los presuntos delitos de
estafa, falsa declaración en procedimiento administrativa y asociación ilícita
para delinquir en agravio del Estado.
Por los mismos cargos también han sido sindicados sus
socios Oscar Pantoja Barrero y Churchill Orellana Rengifo. En el caso de Manuel
Trujillo Castillo, también relacionado al cuestionado empresario, él es acusado
únicamente por asociación ilícita para delinquir.
Contra ellos, la titular del 23° Juzgado Penal de Reos
Libres de Lima, Elena Mayuri, dictó comparecencia restringida. Este proceso de
instrucción se abrió a pedido de la 38° Fiscalía Provincial Penal de Lima, a
cargo del fiscal Carlos Juárez Muñoz.
Según el fiscal, la Cooperativa de Ahorro y Crédito para
Empresas Exportadoras (Coopex) emitió y elaboró indebidamente 54 cartas fianzas
a favor de empresas del rubro de la construcción por un monto de S/. 56’ 467.
234 con la finalidad de acreditar supuesta solvencia y respaldo económico en
los diferentes procesos de licitaciones convocados por el Estado.
Rodolfo Orellana, como se sabe, es gerente general de
Coopex, empresa fundada en el 2008. Oscar Pantoka, por su parte, es el
vicepresidente del Consejo Administrativo de esta compañía. El resto de
imputados son funcionarios o personas vinculadas a Coopex. Según advirtió la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), hace tres años, esta cooperativa no
está habilitada para emitir cartas fianzas.
Las pesquisas del fiscal Juárez señalan que Coopex
falsificaría estas cartas fianzas, pues no contarían con el respaldo económico
patrimonial que aseguran en su documento.
Del mismo modo, el fiscal señala que los imputados, presuntamente a
través de estas cartas, “inducen al error
mediante engaño a los funcionarios encargados de ejecutar las
licitaciones”.
BUSCARÍAN
LIMPIARLO
Pese al contundente informe que en octubre 2012 elaboró
el fiscal Juárez, en septiembre del año pasado el fiscal adjunto de la Vigésima
Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, Félix Aníbal, opinó que Orellana
debía ser excluido de este proceso.
Según el fiscal Aníbal, acusar al gerente general de
Coopex por estafa es inexacto, ya que se entregaron las cartas fianzas “no con
el afán de obtener un beneficio económico indebido para sí mismo, sino con el
objetivo de que empresas determinadas obtengan un contrato”.
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