Entre abril y junio del
presente año han sido descubiertos cuatro casos diferentes de tráfico de
narcóticos a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez, dos con la
participación directa de agentes policiales, y otros dos que comprometen a
trabajadores de LAP y otras empresas que le prestan servicios complementarios.
Esta es una situación grave que exige una revisión profunda de los términos de
la privatización que permiten este tránsito intensivo de drogas por nuestro
principal terminal aéreo.
A las 4.30 de la mañana del
día 8 de abril de 2014, el ciudadano mexicano Sergio Gilberto Muñoz Reyes,
salió de su habitación en una hostal de Los Olivos y en un lugar cercano
recibió una maleta de mano vacía, de un peruano que se hacía llamar “Diego” y
que había estado a cargo de su estadía en Lima, junto con otro conocido como
“David”, durante un mes, en el que se preparaba un envío drogas que Muñoz Reyes
debía hacer llegar a sus contactos mexicanos. En la maleta vacía colocó tres
polos doblados y se dirigió al aeropuerto.
Una vez que había llegado a la
cola de registro de la compañía Avianca, el mexicano recibió una llamada en su
celular Nextel, de una persona que se identificó como “Pepe”, que le indicó que
luego de controlar su pasaje se dirigiera a la zona de restaurantes del segundo
piso para esperar nuevas instrucciones. Sobre las 6.40 am, “Pepe” le ordenó
ingresar en ese momento y dirigirse, luego de pasar por la revisión de
seguridad, a una oficina ubicada cerca de los baños, y que para distinguirla
debía ver que no tuviera banderas en su entrada, ya que a su lado se encontraba
otra, con dos banderas a la vista, que correspondía a la Dirección de
Migraciones.
Al llegar al lugar indicado,
Muñoz Reyes debía decir una frase clave: “señor, para sacar una copia de mi pasaporte”,
y las personas que estaban allí lo atenderían de inmediato porque sabían lo que
les correspondía hacer. El mexicano pasó el arco de seguridad de entrada a la
zona internacional y sometió su maletín a los rayos X, sin que se registrara
ningún problema. Se dirigió hacia la zona de revisión de pasaportes a cargo del
personal de Migraciones buscando la oficina sin banderas, y como no la hallaba
requirió a uno de los empleados que le indicó el donde se encontraban las
oficinas y los baños.
Afectado de los nervios y
tratando de disiparse quiso entrar al baño, pero apenas lo hizo, sonó el Nextel
que llevaba, y otra vez “Pepe” le indicó que no hiciera eso y que fuera a la
oficina del lado rápidamente. Se movió entonces como le habían indicado y al ingresar
al local que era el de la unidad de Requisitorias de la Policía se adelantó a
pronunciar la frase en clave, pero el tipo que estaba parado en la puerta como
esperándolo, lo cortó y le dijo “pasa, pasa..”, y tomándolo del hombro lo
orientó hacia el fondo de la oficina, colocándolo detrás de unos armarios. Se
trataba del suboficial Miguel Bernaola García, jefe del equipo de guardia de
ese domingo, al que luego se sumó el suboficial Jorge Patiño Guzmán cuya tarea
fue traer de una habitación contigua una cantidad de paquetes envueltos en
fundas que fue colocando en el maletín de mano.
Estaban en esa labor cuando se
oyó una voz de mujer reclamado por qué había ingresado un pasajero a una
oficina que pertenece al área restringida. El suboficial Bernaola salió
entonces con el pasaporte del mexicano en la mano y explicó que estaba sacando
una copia. La mujer se retiró y los policías tranquilizaron al burrier
indicándole que no iba a haber problemas. Muñoz salió con dirección a los
controles finales de migraciones donde se revisa la documentación, cuando fue
alcanzado por otro policía de nombre Pedro Jayo Salazar, que le pidió que
regresara a la oficina de Requisitoria, donde había olvidado algo. En realidad
había dejado 4 paquetes que le fueron colocados en la maleta completando trece
“ladrillos” de droga con un peso de 12 kilos 823 gramos.
Para ese momento los
movimientos nerviosos de Muñoz Reyes y su doble entrada en una zona prohibida
para los viajeros, ya había despertado sospechas en otros controladores,
especialmente en los de Migraciones. Por ello, al llegar a la caseta de
registro de pasaportes, la encargada lo interrogó directamente por su amago de
ingreso al baño y su posterior entrada a una oficina restringida. Además le
indicó que de acuerdo a los sellos de su pasaporte había excedido su tiempo de
permanencia autorizada en el Perú y debía pagar una multa. Al ser conducido a
la oficina con las banderas (Migraciones) fue interrogado más severamente y
llevado nuevamente a la zona de seguridad donde personal de aduanas revisó su
equipaje y encontró la droga.
Una nueva mirada al archivo de
los rayos X, mostró que la maleta de mano había pasado correctamente el control
porque no tenía droga en su interior, lo que quería decir que la mercadería
ilegal había sido colocado después de los controles. Muñoz Reyes, explicó
entonces todo lo que había ocurrido e identificó físicamente a los suboficiales
Bernaola, Patiño y Jayo, que fueron detenidos.
A su vez, indicó que en
diciembre del 2013, ya había estado en el Perú y realizado con éxito un pase de
cocaína bajo la modalidad de cambio de maletas en un ascensor ubicado frente a
la sala de embarque Nº 17, que lo realizó con un tipo que usaba dos fotochecks.
La fiscal titular del Callao especializada en tráfico ilícito de drogas, Edith
Hernández Miranda ha denunciado ante el juez al burrier mexicano y a los tres
policías implicados, de acuerdo al documento Nº 28-2014, de setenta páginas, de
donde se recoge esta historia.
Pero lo que no se sabe es para
quién trabajaba Muñoz Reyes en México, donde funciona una organización que
podía enviarlo a Lima en un espacio de cuatro meses para realizar sucesivos
pases de droga y mantener una estadía de un mes en distintos hoteles. Y mucho
menos se conoce la estructura asociada que actúa en el Perú, de la que forman
parte los seudónimos de “Diego”, “David” (que lo sostuvieron durante el mes que
vivió en Lima), “Pepe” (que lo guió en el aeropuerto), el hombre de los dos
fotochecks de diciembre, etc. ¿Alguien
puede creer además que no hayan decenas de otros Muñoz circulando entre Lima y
otros destinos, y una serie de conexiones para mover la droga de un lugar a
otro?
Responsabilidades
La fiscal Hernández concluye
su denuncia preguntándose por qué los policías de requisitorias y otros no son
pasados por el arco de seguridad y la máquina de rayos X cada vez que ingresan
al área internacional, como se hace con otros empleados. E indica que la
explicación de LAP y de los comandos policiales es que eso se hace en
aplicación de una “Guía de Procedimientos sobre tratamiento del Personal PNP”,
de agosto del 2008, que fue aprobado para el desarrollo de las actividades
relacionadas con la cumbre de la APEC y cuya vigencia concluía el 21 de noviembre
de ese año.
¿Cómo es que esta disposición
coyuntural, bastante extraña y relacionada con un evento internacional, se
prolongó en el tiempo y se siguieron expidiendo credenciales para los policías
que se renovaban en el servicio, cuando la guía ya no estaba vigente? Al
respecto, la fiscal señala: “llama poderosamente la atención y evidencia la
inercia puesta de manifiesto por las autoridades de control y la propia empresa
privada concesionarias del Aeropuerto… ya que dicha excepción se ha convertido
en una regla… por casi cinco años”.
La pregunta es apabullante si
se considera que a los pocos días del caso Muñoz Reyes y los policías de
Requisitorias, se destapó otro pase de drogas, esta vez a cargo de agentes de
la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, que cambiaban maletas con los narcos
en los baños del espigón internacional y fueron filmados en actividad
sospechosa. Unas semanas después se denunció el caso de la banda de los
“maleteros” que eran supervisores y trabajadores de LAP y de empresas de
cabotaje y logística, que retiraban los stickers de las maletas de bodega y
sustituían el equipaje por maletas con droga que al llegar al lugar de destino
eran retiradas por sus cómplices. Los pasajeros que no recibían su equipaje se
quejaban y en el siguiente vuelo llegaban sus maletas.
Finalmente se supo que también
se enviaba droga con sellos de organizaciones humanitarias como fue denunciado
desde el Canadá. El resultado es que en poco más de dos meses han sido
detenidos casi veinte personas por asuntos de drogas y se han abierto varios
procesos, y por lo menos en uno de ellos se está considerando a las empresas
LAP, Transber y Talma (grupo Sandoval), como terceros civilmente responsables,
por una actuación más que negligente de sus responsables. Y pensar que en el
2009, los abogados de LAP enjuiciaron cinco veces al periodista Herbert Mujica
en relación al tema de narcotráfico, y tres veces a César Lévano y al que esto
escribe, por haber imaginado que dicha empresa podía tener personal vinculado a
estos ilícitos negocios y que estaba obstaculizando la acción de la policía
antidrogas.
Juicios que han durado hasta
ahora causando grave daño a las personas denunciadas.
Publicado en Hildebrandt en
sus Trece
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