INDEBIDO PROCESO

La impresión que nos quieren dar de Urresti, implicado en el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos por diversas declaraciones de militares y civiles, e incluido en el proceso desde junio del 2013, es que tal vez sea inocente ya que los jueces no han dictado orden de detención preventiva en su contra y hay todo tipo de autoridades, empezando por el presidente, que dicen que hay “presunción de inocencia”, lo que además cuenta con una prensa que no se escandaliza de ver como ministro a un presumible victimario de periodistas.

A la inversa, la idea que le han metido a muchas personas, por lo menos acá en Lima, es que Gregorio Santos, posiblemente es culpable, porque el fiscal y la jueza del caso le han impuesto 14 meses de prisión preliminar, con el aplauso en altavoz de los grandes medios que lo han llamado “ladrón” y otras lindezas, y con el presidente afirmando que ahora sí se está combatiendo la corrupción, como si quisiera decir que en la detención de Santos y varios presidentes regionales no sólo ha habido un asunto penal-judicial, sino también político gubernamental.

En otras palabras, la decisión de mantener libre a quién ya está en condición de acusado y encerrar en un penal de máxima seguridad al que todavía está como investigado, hace una diferencia muy importante en la percepción sobre la responsabilidad de las personas. La presunción de inocencia a uno le sigue para seguir de ministro y con ese título acudir en adelante ante los jueces; y al otro, por más presunción que se invoque, lo mandan a Piedras Gordas, arguyendo que “podría escaparse” cuando ha acudido a todas las citaciones, y porque su condena podría ser larga. ¿Y cómo sería la condena del presunto autor de asesinato en el caso Bustíos?

Para procesar a Urresti existen cinco testigos que dan su nombre para hacer sus declaraciones a pesar de que el aludido es un general del ejército y que los temas de la guerra interna siguen generando tensiones, que se perciben por ejemplo en las palabras del almirante Tubino, para el cual hay que olvidarse de los muertos de la época de la violencia. En el caso de Santos hay algunos “colaboradores eficaces” que son personas que declaran sin mostrar la cara o dar su nombre, que hacen acusaciones luego de haberlas negociado con la policía y los fiscales. Este sistema que es digno heredero de los “arrepentidos” de la década de los 90, no existe en ninguna parte del mundo y anula el derecho de defensa porque impide el careo entre las partes.

Por donde se le mire, los criterios con que la Justicia mira a las personas son marcadamente diferentes y no tienen nada que ver con la especial gravedad de uno u otro caso, o con la peligrosidad de los implicados. Un buen ejemplo es el de la “centralita” de Chimbote, que los fiscales y jueces no han terminado aún de definir de qué clase de delito se trata, al haber descartado la idea del centro de chuponeo. Sin embargo hay casi cincuenta personas para las que se ha dictado 36 meses de prisión preventiva, que representan tres años, mientras los otros acusados del caso Bustíos salieron en libertad a los cuatro años de ser condenados por matar a una persona y dinamitar su cadáver.

¿Hay alguna proporcionalidad en la lógica de los jueces? Por supuesto que no hay ninguna. Como que se invoca el “debido proceso” para las citaciones de García, interfiriendo investigaciones parlamentarias sobre grandes casos de corrupción, que la Fiscalía se resiste a investigar, y se mantiene en libertad a corruptos emblemáticos como Aurelio Pastor o se deja sin investigar a Hernán Garrido Lecca, y en otros casos se rellena la cárcel de personas para “seguirlas investigando”.

DICTADURAS Y DEMOCRACIA

El poder judicial peruano tiene obvios reflejos dictatoriales que lo convierte muchas veces en subordinado al poder. En los años 90, Fujimori “reorganizó” el aparato de justicia que ciertamente estaba podrido e infiltrado de intereses económicos y políticos, y produjo una recomposición en las distintas instancias con jueces al servicio del poder de turno, entre los cuales eran cásicos los jueces constitucionales (como el caso del juez Velásquez que sirve a Alan García), que tenían por tarea aprobar o desechar las medidas cautelares que ordenaba Montesinos, una de las cuales que permitió a Newmont apropiarse del yacimiento de oro de Yanacocha..

Salvo casos muy evidentes, al restaurarse la democracia, la generación fujimorista se quedó en la judicatura pero sirviendo a nuevos patrones y se revolvió con la vieja hornada aprista que regresó como uno de los signos del nuevo período. El sistema que hoy tenemos está dominado por jueces de la vieja hornada que se imponen a los jóvenes y que han sembrado una mentalidad amilanada y acomodaticia en los magistrados que es fácilmente penetrable por la corrupción. En el caso de Ancash se ve cuánto tiempo el poder judicial prefirió andar del brazo con el pequeño dictador regional y no cuestionar lo que estaba pasando, y de qué manera cuando reventó el escándalo se olvidaron del debido proceso y de las etapas de la investigación, y ordenaron que medio mundo fuera a la cárcel, consiguiendo que muchos de los implicados se escaparan.

Nunca ha habido una justicia anticorrupción en el Perú, al margen del pomposo título que llevan algunos fiscales y jueces, y a pesar de los esfuerzos de un puñado de magistrados probos que han hecho esfuerzos verdaderos por enfrentar a corruptos encumbrados. Algo parecido podría decirse de la justicia en materia de derechos humanos. El fiscal que ha dicho que está convencido que Urresti participó en el crimen contra Bustíos y que le queda por establecer si lo hizo solo dando órdenes o si usó su propia arma para acribillarlo, y el juez que lo ha puesto en manos de la Sala Penal para que inicie el juicio, son una excepción a línea de conducta de la justicia. Pero aun así, no han podido impedir que el presunto culpable que goza de todos sus derechos se convierta en ministro y vaya a enfrentar los siguientes requerimientos en esa condición de fuerza.

El Dr. Nakasaki, abogado de lujo que tuvo Fujimori hasta hace algunos meses, antes de reemplazarlo por un elemental camorrero, decía esta semana en la radio que en un caso en el que ejerció la defensa, logró reunir las pruebas que acreditaban la inocencia de su cliente y fue con ellas a hablar con el juez que estaba dirigiendo el proceso, pero se encontró con que el magistrado le decía algo así como: tiene razón doctor, pero qué hago, si la prensa ya lo declaró culpable, cómo voy a decir que es inocente. A lo que Nakasaki contestó preguntándole sobre cuál era entonces la salida para los inocentes, ¿acaso tendrían que buscarse una prensa para contrarrestar la que le es adversa?

Y la pregunta que sigue es si la jueza Caballero podría haber dicho ante el pedido del fiscal para que se detenga a Santos, que probablemente fue concertado durante la visita del Fiscal de la Nación, Ramos Heredia a Yanacocha unos días antes, que este llevaría el proceso en libertad y asumir el apanado total que le iba a caer de la gran prensa. O si habrá un tribunal capaz de dictar la culpabilidad de un ministro. Y todavía dicen que somos iguales ante la ley.

Publicado en Hildebrandt en sus Trece