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| ¿DE HEROE A VILLANO? |
Coronel PNP (r) Benedicto
Jiménez, director del pasquín ‘Juez Justo’, es conducido a los calabozos de la
Dirincri, en la avenida España.
Justicia Se terminó la
impunidad que protegía a la organización criminal de Rodolfo Orellana Rengifo y
su operador Benedicto Jiménez Baca.
Al filo de las 10 de la noche
del lunes último, la jueza Juana Mercedes Caballero, titular de la Sala Penal
Nacional de Lima, ordenó la detención preventiva por 15 días del abogado
Rodolfo Orellana (50), del coronel PNP (r) Benedicto Jiménez (61) y de otras 23
personas más por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para
delinquir en agravio del Estado.
La mañana siguiente, tres
equipos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) se apostaron en
las casas de Orellana y de Jiménez, así como en el local de Guardia Civil 835,
en San Isidro, el centro de operaciones de Orellana y la sede del pasquín ‘Juez
Justo’, que dirigía Jiménez.
A las 7 y 30 de la noche,
Jiménez fue arrestado cuando salía de dicho local. “Esto es un atropello”, masculló
mientras era conducido a un vehículo policial.
Una hora después fue
trasladado a los calabozos de la Dirincri, en la avenida España.
Al cierre de esta edición,
Orellana era “no habido”. Policías y fiscales allanaron algunos inmuebles donde
se supone podían encontrarlo, pero el abogado no apareció. Carlos Camacho,
quien funge de su vocero, declaró que Orellana se pondrá a derecho, pero no
especificó cuándo ocurriría esto.
Probablemente buscaba ganar
tiempo. Fuentes judiciales revelaron que allegados a Orellana interpusieron un
hábeas corpus en la Corte Judicial de Madre de Dios buscando revertir la orden
de detención de la jueza Caballero.
Ya anteriormente Orellana
obtuvo hábeas corpus favorables en las Cortes de Ucayali y del Santa, en
Áncash. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) declaró improcedentes
todos estos amparos y una Comisión Evaluadora de la Corte Suprema tomó el control
de la Corte de Ucayali para investigar los vínculos del presidente Francisco
Boza y Orellana.
Algunas versiones policiales
alimentaban rumores sobre una posible fuga del abogado. Orellana no es visto en
público desde hace una semana.
El domingo último concedió una
entrevista telefónica al programa Cuarto Poder y el lunes 30 habló vía Skype
para el programa de Juliana Oxenford en RPP. El impedimento de salida del país
recién se hizo efectivo el martes 1.
LA DENUNCIA
La orden de detención preliminar
se produce después de una interminable investigación que arrancó en la Fiscalía
del Crimen Organizado, en 2010.
Finalmente, la tarde del lunes
último, la fiscal Marita Barreto Rivera formalizó denuncia contra Orellana y su
organización delictiva.
En el documento, la fiscal
Barreto acusa a Orellana de dirigir “una organización dedicada al blanqueo de
capitales procedentes del tráfico de terrenos de propiedad del Estado y de
particulares, a través de supuestas deudas por préstamos de dinero en efectivo,
laudos arbitrales fraudulentos, empresas liquidadoras, cooperativas y medidas
cautelares en Lima y provincias”.
Entre las víctimas que cita la
fiscal figuran la Fundación por los Niños del Perú, el Hospital Hermilio
Valdizán, la SUNAT, el club Alianza Lima, las Municipalidades de La Victoria,
Miraflores y San Borja; la ex Compañía Peruana de Teléfonos (Cervatel), la
Marina de Guerra, el Scotiabank, entre otros.
Barreto adjunta como elemento
probatorio clave el informe de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS),
elaborado en el 2012, que determinó que “Orellana y sus familiares más cercanos
recibieron, entre junio del 2002 y diciembre del 2011, dinero en efectivo de
terceros en distintas cuentas bancarias por un total de US$ 2’329,179
vinculados, principalmente, al tráfico ilícito de drogas”. CARETAS 2296 –
Orellana Reglaje SAC
JUGADA DECISIVA
En setiembre del 2010, a
pedido de la procuradora Julia Príncipe, las múltiples investigaciones contra
Orellana por tráfico de terrenos, estafa, apropiación ilícita, asociación
ilícita para delinquir fueron acumuladas en una sola y compleja investigación
por lavado de activos en la Cuarta Fiscalía Provincial Contra la Criminalidad
Organizada, a cargo de Luis Arellano.
Dos años después, Arellano
archivó la investigación por “falta de pruebas” y filtró el documento de la SBS
al propio investigado, lo que permitió que Orellana denunciara al
superintendente de la SBS, Sergio Espinoza.
En ese entonces, uno de los
asesores del exfiscal de la Nación, José Peláez, era Daniel Ramsay, socio de
Orellana en la fraudulenta cooperativa Coopex.
En abril del 2013, la fiscal
superior Isabel Flores declaró infundado el fallo de Arellano y ordenó que la
investigación a Orellana por lavado de dinero prosiga.
El caso pasó a la Segunda
Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, a cargo de Amalia Vega, quien
nombró como su adjunta a la fiscal Marita Barreto.
El 25 de abril de este año,
sin embargo, Peláez removió a Vega y puso en su lugar a Eduardo Esgúsquiza, un
fiscal provincial transitorio, es decir de rango inferior. Egúsquiza, sin
embargo, mantuvo en su equipo a la fiscal Barreto.
Dos meses después, en junio
pasado, Egúsquiza solicitó un mes de vacaciones y el caso quedó paralizado hasta
hace una semana, cuando la adjunta Marita Barreto logró que la nombren titular
de dicho despacho.
A la valiente Barreto apenas
le tomó unos días formalizar la solicitud de detención preliminar contra
Orellana y su red que elevó a la jueza Caballero.
De hecho, la captura del
expresidente regional de Áncash, César Álvarez, y sus vínculos con el caso ‘La
Centralita’, a mediados de mayo pasado, colocaron a Orellana en la palestra. Y
entonces empezó la cuenta regresiva.
Este caso ha puesto en duda la
propia legitimidad del fiscal de la Nación, Carlos Ramos, por su presunta
cercanía con Orellana. Su captura permitirá dilucidar hasta dónde llegaron los
vínculos de Orellana en el Ministerio Público, el Poder Judicial y en otras
instituciones del Estado.
“Cuando todos (prensa,
sociedad civil y operadores de justicia) cumplen su función, se impone la
justicia”, tuiteó el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu.
El martes 24 pasado, con la
presión mediática a cuestas y el cerco político estrechándose a su alrededor,
Orellana anunció que desistiría de las querellas que interpuso contra una
veintena de periodistas. Un alarde de victimización tras cuatro años de acoso
judicial y una infausta campaña mediática contra fiscales, jueces, congresistas
y hombres de prensa que finalmente llega a su fin.
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