jueves, 21 de agosto de 2014

“ALANISTAS Y FUJIMORISTAS UNIDOS POR LA CORRUPCIÓN”


¿HASTA AHORA,  NO PASA NADA?
"Alanistas y fujimoristas unidos por la corrupción"
El exfiscal supremo que investigó a Alberto Fujimori (Avelino Guillén*) comenta las conmutaciones e indultos otorgados por el gobierno de Alan García a sentenciados por tráfico ilícito de drogas. Recién llegado de Guatemala, en donde presenció el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, revela su creciente preocupación por el accionar del Ministerio Público: “Hay un alto número de casos de corrupción archivados”.
¿Cuál es su balance del trabajo de la megacomisión?
Este grupo de trabajo ha puesto en agenda varios hechos graves. Existe un avance importante en las investigaciones de los casos Sedapal y remodelación de colegios emblemáticos, pero el caso más grave es el de los indultos y conmutaciones. Los hallazgos han provocado una reacción desmesurada desde el APRA que acusa al gobierno de persecución. Es que Alan García será candidato en el 2016.
El Ministerio Público ha cerrado en dos instancias la investigación sobre los colegios emblemáticos.
Es preocupante, pues las conclusiones esgrimidas por la fiscalía difieren de los hallazgos de la megacomisión y de la contraloría. Antes que en las atribuciones para remodelar, la investigación fiscal debió centrarse en las irregularidades. El proceso puede ser reabierto con nuevas pruebas.
Esto refleja el cruce de funciones entre las instancias encargadas de investigar casos de corrupción.
Cuando el Congreso investiga a funcionarios que tienen la prerrogativa del antejuicio no pueden llevarse a cabo investigaciones paralelas que conduzcan a resultados diferentes.
¿Hay presiones del APRA para cerrar las investigaciones a funcionarios del gobierno anterior?
Es innegable que el APRA tiene un peso importante en el sistema de justicia. Estoy de acuerdo en que un magistrado tenga una tendencia política determinada, pero está mal que un juez o un fiscal se inscriban dentro de una estrategia partidaria o de una red con objetivos políticos. Preocupa el alto número de casos de corrupción archivados en el Ministerio Público.
INDULTOS Y CONMUTACIONES
Usted mencionó que el caso de los indultos podría tener mayores consecuencias para los exfuncionarios del gobierno aprista.
Se está demostrando la existencia de una red delictiva en el sector Justicia vinculada a pedidos de dinero para el otorgamiento de indultos y conmutaciones y se tiene que verificar hasta dónde llega la cadena de mando. La megacomisión debería evitar filtraciones y abocarse a recoger información: testimonios de colaboradores eficaces, levantamiento de secretos bancarios y de las comunicaciones de los implicados, y el registro de ingresos de los promotores a los penales. El masivo otorgamiento de conmutaciones a sentenciados por tráfico ilícito de drogas apunta a la existencia de un sistema judicial paralelo. El Ministerio de Justicia, a través de la Comisión de Gracias Presidenciales, se convirtió en una suerte de cuarta instancia que decidió la suerte de implicados en casos graves de narcotráfico.
Entre ellos, personas que habían solicitado la rebaja de su pena o la revisión de su condena por la modalidad agravada en el Tribunal Constitucional y que obtuvieron su libertad vía conmutación.
El expediente que se elabora para las conmutaciones es muy endeble pues solo contiene la sentencia y los informes administrativos del INPE. García dice que revisaba, a conciencia, las sentencias y, sobre esa base, determinaba cuáles eran excesivas. Yo me pregunto cómo una persona que no conocía nada del proceso podía rebajar penas a la mitad.
¿Qué otros perjuicios han ocasionado al Estado?
Los sentenciados por narcotráfico cuyas penas fueron conmutadas no han cumplido con pagar la reparación civil. Otros han vuelto a delinquir y, como ustedes han señalado, podría existir cierta direccionalidad en el otorgamiento de gracias presidenciales a militantes apristas. Contrataron indebidamente a promotores o facilitadores quienes decidían qué casos llegaban a la Comisión de Gracias Presidenciales, la que elaboraba los expedientes que se elevaban al presidente García.
La justificación de García y de Miguel Facundo Chinguel para el otorgamiento de gracias es la necesidad de reducir el hacinamiento en las prisiones.
Eso no se va a conseguir gracias a la salida masiva de condenados por la modalidad agravada de tráfico de drogas. Varios de los condenados son delincuentes capturados con varios kilos de estupefacientes o con laboratorios. García, como abogado, debió percatarse de la magnitud de las condenas al leer las sentencias. Su excusa se contradice con sus discursos públicos a favor de mayores penas para los criminales.
¿Hay algún delito que comprometa al expresidente García por este caso?
Para arribar a esa conclusión primero debe investigarse sólidamente.  Sin embargo, llama la atención la reacción desmesurada de García, incluyendo una querella contra el director de Diario16.
Y restan investigar en la megacomisión algunas aristas del caso Petroaudios.
En particular, hay que centrarse en la sustracción de pruebas vinculadas al caso Business Track, que puede ser tan grave como el caso de los indultos. Por ello es imprescindible la ampliación de la investigación por un plazo mínimo de 120 días.
ÁNCASH Y GUATEMALA
En Áncash se han removido a fiscales que investigaban una central de espionaje telefónico presuntamente vinculada con el presidente regional.
Esto me hace recordar el periodo de Blanca Nélida Colán al frente del Ministerio Público. En esa época, una vez que se intuía que un fiscal podía ir en determinada dirección se le reemplazaba inmediatamente. Es obligación de las altas autoridades del Ministerio Público respaldar a sus fiscales. ¿Qué mensaje damos si los magistrados que toman un caso importante son despedidos o cesados?
Y en un contexto en el que autoridades políticas de Áncash han sido asesinadas.
He escuchado a excolegas decir que el caso es tan complejo que debería traerse a Lima. Estoy en desacuerdo. En cada sede deben investigarse los delitos que corresponden a su jurisdicción.
Usted estuvo en Guatemala observando el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, que fue bloqueado por otro tribunal. ¿Cuál es su evaluación?
La defensa del general Ríos Montt carecía de estrategia. Al inicio, pretendió negar la existencia de un genocidio, decir que todo era un invento de la prensa y de algunas organizaciones de defensa de derechos humanos. Esa argumentación fue devastada por la sólida actuación del Ministerio Público, que presentó más de cien testigos que confirmaron los crímenes cometidos. Ante ello buscaron paralizar el proceso, lo que fue evitado por la valiente actitud de la presidenta del tribunal, Jazmín Barrios.
¿Existen similitudes con el juicio a Alberto Fujimori?
Advertí algunos parecidos. Los defensores de Ríos Montt señalaron que no se podía condenar al general, pues sería reconocer que Guatemala era un país genocida. De forma parecida, los fujimoristas decían que castigar a Fujimori implicaba aceptar la existencia de terrorismo de Estado para combatir a la subversión. Es cierto que el Poder Judicial de Guatemala es más débil que el peruano, pero la posición firme del Ministerio Público ha permitido sostener adecuadamente la acusación.
¿Debe ser indultado Fujimori?
Estamos en una fase estrictamente política del proceso. La solicitud debería ser declarada infundada porque el reglamento de gracias presidenciales establece requisitos concurrentes y es fácilmente descartable la tesis de que las actuales condiciones carcelarias son desfavorables para su salud. Sin embargo, el peso político del fujimorismo hace que el gobierno entre en un limbo y en consideraciones de cálculo político.
(*) Agregado por Yoni
Enviado por: La plata llega sola como es la mía < richardjauregui@outlook.com >

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