viernes, 26 de septiembre de 2014

CANDIDATOS QUE SE COMPRAN Y SE VENDEN

¿O PARA QUE HAYA MAS CORRUPCIÓN?
Estas elecciones locales y regionales han puesto sobre la mesa, una vez más, el grave deterioro de la representación política en el Perú. Este deterioro se expresa hoy como corrupción y como radicalismo político. La corrupción la tenemos en los candidatos sentenciados por delitos diversos, pero también en los candidatos involucrados en graves escándalos de corrupción. En casi todos los casos no hay explicaciones y los corruptos o denunciados como tales continúan en carrera sin que haya fuerza capaz de detenerlos. Es indudable que los atrae el imán de la política, pero ya no como la preocupación por la solución de los problemas de todos, sino como un negocio particular del cual seguir sacando provecho para sus bolsillos.
Al fenómeno de la corrupción, sin embargo, se junta el de los candidatos radicales. Sin un perfil político definido por alguna ideología sea de izquierda o derecha, o alguna reivindicación étnica mínimamente elaborada; aparecen candidatos que rechazan lo que se les pone por delante más allá de lo que esto implique. El “cerrar la Sunat” de Walter Aduviri en Puno quizá sea una muestra de ello, pero también los encontramos en Junín, Huancavelica y Apurímac. Podemos achacar esta actitud a la casi ausencia de candidaturas de izquierda o centro izquierda con alguna posibilidad de triunfo, donde las postulaciones de Gregorio Santos en Cajamarca y Zenón Cueva en Moquegua podrían ser la excepción.
El deterioro de la representación remonta sus orígenes inmediatos a la antipolítica que ha impuesto el neoliberalismo, tanto en dictadura como en democracia, fragmentando la sociedad y destruyendo el trabajo con sus políticas económicas, así como promoviendo el salir adelante “por cuenta propia” como ideología en boga. Sin embargo, tiene su explicación también en la propia política, que nos presenta un panorama de Estado capturado por los intereses particulares y partidos que han cedido su función primordial de poner la agenda pública a los grandes medios de comunicación, así como movimientos y partidos a los que les reprime si se atreven a plantear la situación. 
Esta falta de política y de Estado es la que permite que la fragmentación social aflore también y con relativa rapidez en el ámbito de la representación y la convierta rápidamente en el negocio grande de los lobbies empresariales y en los múltiples negocios grandes, medianos y pequeños, que la economía delictiva (narcotráfico, trata, lavado de activos, minería y tala ilegales, asalto a las arcas públicas) desarrolla a lo ancho y largo del Perú.
La salida a construir frente a esta corrupción y la falsa alternativa radical es más y mejor política. Hay necesidad de insistir en la democratización de esta democracia. Para ello debemos enfrentar la criminalización de la protesta que asoma frente a cualquier reclamo social y también denunciar la corrupción, ya sea la de “cuello y corbata” que se muestra en los lobbies de estos días, supuestamente protegida por alguna legalidad, como la de la economía delictiva que se esfuerza por controlar los procesos electorales.
SI FRACASAMOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN HABREMOS PERDIDO LA DEMOCRACIA.

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