jueves, 2 de octubre de 2014

UN SHOCK ANTICORRUPCIÓN

No hay una sino varias políticas anticorrupción.
Cada organismo de control tiene la suya que no es coordinada con la de los otros. Los organismos de control funcionan como compartimientos estancos y cada uno de ellos defiende celosamente su autonomía.
Existe entre ellos tensiones y contradicciones que los corruptos aprovechan para hacer de las suyas.
Es ilustrativa al respecto la pugna actual entre el Congreso y el Poder Judicial.
Los corruptos tienen sus cortes superiores, sus fiscalías y sus juzgados favoritos que los investigan, los juzgan y los limpian de cualquier acusación de corrupción.
Los organismos de control institucional tampoco coordinan con las organizaciones de control social (la esfera pública y la sociedad civil) que generalmente vigilan a los aparatos del Estado y a sus funcionarios. Pese a que el control social no es vinculante (como el control institucional) sus acusaciones y denuncias públicas tienen una incidencia especial gracias a lo que Habermas llama la fuerza política de la publicidad (entendida esta como el hecho de hacer públicas las denuncias). Esta es una vieja idea clásica (que se conserva hasta ahora) según la cual lo público corrige las fallas institucionales y nos hace mejores ciudadanos.                            
El control vertical que ejercen los ciudadanos en el momento de elegir a sus representantes y gobernantes no puede ser coordinado con los organismos de control institucional y social, pero un mejor funcionamiento de estos los ayuda a elegir mejor.
La cultura política permisiva con la corrupción del 41% de los limeños tiene que ver con la corrupción de los gobernantes nacionales y locales y con el mal funcionamiento de los organismos de control que favorecen la impunidad y generan desmoralización pública.
¿Qué hacer?
Teniendo en cuenta que el establecimiento de una política anticorrupción es una tarea compleja, por ahora solo sugiero cuatro puntos que me parecen centrales.
Primero, es necesario crear una autoridad autónoma del más alto nivel con poder suficiente y legítimo para que pueda coordinar obligatoriamente con todos los organismos de control institucional y social.
Segundo, dado el alto nivel de corrupción, de impunidad y de permisividad social al que se ha llegado en el Perú, es necesario diseñar políticas anticorrupción draconianas, pensando en una sociedad de canallas como dicen los especialistas en el diseño institucional.
Las principales medidas draconianas pueden ser las siguientes:
No hay prescripción para los delitos de corrupción, prisión efectiva y embargo de todos los bienes del político corrupto, inhabilitación permanente para todo cargo público (muerte civil).
Tercero, establecer legalmente la coordinación obligatoria de los organismos de control institucional en todo lo que se refiere a las políticas de corrupción respetando la especialización de cada una de ellas.

Cuarto, buscar un acuerdo de la autoridad anticorrupción, de los organismos de control institucional con los medios y con las principales organizaciones de la sociedad civil para impulsar una política común de lucha implacable contra la corrupción. Esta coordinación podría ser muy efectiva.

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