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| ¿LA MAFIA AHORA SE SIENTE REPOTENCIADA? |
En blanco y negro. De los casi
50 casos de corrupción en obras públicas y adquisiciones durante la gestión de
Álvarez como presidente ancashino, tres de ellos –coliseo de Chimbote,
reconstrucción de la avenida y compra de ambulancias– han avanzado
razonablemente. Lo mismo no se puede decir de los casos por el asesinato de
Ezequiel Nolasco y de su hijo.
María Elena Hidalgo
El emblemático caso del
asesinato de Ezequiel Nolasco Campos, atribuido a una organización criminal que
presuntamente encabezaba César Álvarez Aguilar cuando era presidente regional
de Áncash, se encuentra estancado.
Aunque en un principio el
sicario y los autores materiales aceptaron que la mafia de Álvarez financió el
crimen y ordenó la ejecución, los cuatro
procesados han coordinado
voluntades para torpedear y hundir la investigación fiscal. Ahora lo
niegan todo, o no contestan las preguntas.
Como autores materiales son
sindicados los delincuentes Christian Cruzate Pereda, Jorge Malca Valdivia,
Juan Garay Obregón y Rubén Moreno Olivo, a quienes la fiscalía señala como
autores del homicidio, y como instigadores o autores intelectuales, César
Álvarez y el ex alcalde del Santa Luis Arroyo Rojas. Por supuesto, Álvarez y
Arroyo también lo niegan todo.
Ante la estrategia de los
implicados en la muerte de Nolasco de guardar silencio para echar a perder el
caso, el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Crimen Organizado,
Manuel Castro Sánchez, ha resuelto pedir a la Sala Penal Nacional una
ampliación de 60 días más para recabar más evidencia incriminatorio contra los
autores intelectuales, César Álvarez y Luis Arroyo.
SANGRE Y DINERO
El asesinato de Ezequiel Nolasco está
íntimamente relacionado con el crimen de Roberto Torres Blas, hijo político de
Nolasco. El 20 de julio de 2010, Torres murió al intentar defender a su
padrastro cuando dos sicarios ingresaron en su vivienda para ejecutarlo.
Durante las investigaciones, se determinó que uno de los que organizaron el
frustrado homicidio de Nolasco fue Rubén Moreno Olivo, alias "Goro",
reclutado por Carlos Palacios, guardaespaldas del entonces alcalde del Santa,
Luis Arroyo, brazo derecho de César Álvarez.
Ahora "Goro" y
Arroyo han reaparecido en el caso de la muerte de Nolasco, el 14 de marzo de
2014. La vinculación entre estos personajes es más que evidente. En enero de
este año, la Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria del Santa absolvió a
todos los implicados en el crimen de Roberto Torres, entre los que se
encontraban Luis Arroyo y "Goro". ante la serie de irregularidades,
la defensa de Nolasco apeló y logró que el expediente fuera trasladado a la
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por César San Martín
Castro. El fallo de dicha sala está
pendiente.
Por el caso "La
Centralita", el presunto centro de espionaje de César Álvarez, el fiscal
del caso, Marco Huamán Muñoz, ante la aparición de más implicados, requirió una
ampliación de 36 meses para cumplir con las diligencias. Solo le aceptaron 18
meses. Recién concluiría sus labores en abril de 2016. Este proceso tiene para
rato (aquí también está implicado Martín Belaunde Lossio, cuyo caso será
tratado en la edición de mañana).
Más avances se observan en los
casos por presunta corrupción en obras públicas. La gestión de César Álvarez es
investigada por aproximadamente 50 casos de operaciones ilegales con recursos
públicos.
De estos casos de licitaciones
corruptas, las autoridades han avanzado en dos casos emblemáticos: la
construcción del coliseo cerrado de Chimbote por 40 millones de soles y el
mejoramiento y reconstrucción de la avenida José Pardo, también en Chimbote,
por 37.5 millones de soles. Otro hecho escandaloso es la adquisición
sobrevalorada de ambulancias por 16.9 millones de soles.
El fiscal provincial del
Santa, Carlos Franco Alzamora, encargado de la investigación, imputa a una veintena de funcionarios de la
región Áncash –incluido César Álvarez– haber adelantado el 60 por ciento de los
40 millones acordados para la ejecución de la obra a la Corporación Salem. No
obstante, la compañía –representada por Anamelba Jacay Peña y Luis Torres
Tuanama– solo había avanzado un 10 por ciento del proyecto.
Por añadidura, las autoridades
de la Región Áncash aceptaron de la Corporación Salem dos Cartas Fianza de
Coopex por 2.7 millones de soles, la empresa de Rodolfo Orellana Rengifo que no
estaba autorizada para extender dichos documentos de garantía.
En el caso de las obras en la
avenida José Pardo de Chimbote, en el que se detectó un pago en exceso de 4.1
millones de soles a favor del Consorcio Pardo –representado por Enrique
Pugliese Paredes y Carlos Enrique Cabrera–, la investigación está en manos de
la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
del Santa.
Están implicados César Álvarez
y una docena de funcionarios de la Región Áncash, además de los representantes
del Consorcio Pardo. Sin embargo, la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado
la inclusión en el caso del ex alcalde del Santa Luis Arroyo Rojas por el
presunto delito de colusión.
Por si fuera poco, en este
caso también metió la mano la mafia de Orellana.
Las autoridades encontraron
que el Consorcio Pardo presentó Cartas Fianzas de Coopex por más de 10 millones
de soles como garantía por su participación en las obras de la avenida Pardo.
Coopex no contaba con fondos.
Respecto a la compra de 79
ambulancias por 16.9 millones de soles, las autoridades han validado el
peritaje de la Contraloría General de la República que confirman que existió
sobrevaloración de precios de por lo menos 3 millones de soles.
El mismo peritaje señala que
los vehículos no son útiles para funcionar como ambulancia porque ponen en
riesgo la vida de los pacientes. Son la muerte.
EL CASO BENÍTEZ Y CRISÓLOGO
En el Congreso está pendiente de respuesta la
solicitud del Poder Judicial para levantar la inmunidad parlamentaria de los
congresistas Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo.
A los congresistas se les
atribuye haber formado parte de la organización que encabezaba César Álvarez
Aguilar, especialmente en el caso 'La Centralita'.
En 2011, por presión de César
Álvarez, y la intermediación de Benítez y Crisólogo, el entonces fiscal
superior Hugo Farro Murillo denunció y despidió a 3 fiscales anticorrupción que
intervinieron en 'La Centralita'.
En el condominio donde
funcionaba 'La Centralita', Heriberto Benítez tenía un departamento, y el hijo
de Víctor Crisólogo dirigía un local donde funcionaba una televisora para hacer
campaña a favor de la imagen de César Álvarez.
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