La discusión acerca de qué
salida debe darse a la presencia de Martín Belaunde Lossio en Bolivia ha
eclipsado una maraña de casos de corrupción en este y anteriores gobiernos. Lo
grave es que esta postergación en la atención pública es consecuencia del
empleo de oscuras maniobras para provocar la impunidad.
Encontramos así a Alan García
tratando de borrar su firma de los miles de indultos otorgados a
narcotraficantes durante su gobierno o a Alejandro Toledo ensayando su undécima
explicación para justificar el dinero que fue a parar a Ecoteva. Por supuesto,
a los fujimoristas, que disimulan las condenas de su líder disfrazándose de
zares anticorrupción de este gobierno.
Buena parte de las fuerzas
políticas representadas en el Congreso son o han sido objeto de investigación
por casos de corrupción y al mismo tiempo integran las comisiones que
investigan al gobierno nacionalista. Ello explica que el cálculo político haya
primado sobre el interés por esclarecer los casos. Sintomático es el caso de la
Comisión Óscar López Meneses.
El parlamentario fujimorista
Juan Díaz Dios utilizó el caso para intentar desestabilizar al gobierno,
tratando por todos los medios de que Humala fuera citado y filtrando
información confidencial a la prensa. Queda claro que su objetivo era dañar al
gobierno sin tocar al principal investigado, hombre cercano al fujimorismo y a
quien se dio un trato preferencial durante toda la investigación.
La estrecha relación entre el
prófugo Martín Belaunde Lossio y la pareja presidencial dio pie a una serie de
especulaciones desde el inicio de este gobierno. Un reportaje de Cuarto Poder
reveló que este personaje había intermediado para que empresas de sus allegados
lograran importantes contratos con el Estado. Resta definir si lo hizo avalado
por el presidente o si se aprovechó de la posición ganada en tiempos de la
campaña electoral.
Los ministros Cornejo,
Castilla, Von Hesse y Mayorga fueron acusados de beneficiar a grupos de poder
con la elaboración de leyes con nombre propio como la ley Coca-Cola o la firma
de contratos con empresas amigas como Interoil. Los Cornejoleaks dejaron ver la
práctica continua del lobby al interior de este gobierno, con personajes
cuestionados influyendo sobre las decisiones de dichos ministros en temas
sensibles para la economía.
A nivel regional, el gobierno
actuó de forma tardía y desarticulada ante las redes de corrupción de gobiernos
regionales como los de Ancash, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Cuzco y Loreto. Solo
a partir de la muerte de Ezequiel Nolasco, conocido opositor de César Álvarez,
se adoptaron algunas medidas para combatir en serio el crimen y el abuso de
poder ejercido en las regiones. Lastimosamente esto no impidió que algunos de
los 19 presidentes regionales investigados fueran reelectos.
Hay que añadir que el papel
del Ministerio Público en el caso Ancash fue objeto de cuestionamientos por la
sospechosa remoción de fiscales que investigaban a Álvarez y por la propia
participación del ahora suspendido Carlos Ramos Heredia en maniobras para
proteger a la mafia enquistada en dicho gobierno regional.
La captura del empresario
Rodolfo Orellana en Colombia, considerada un gol por el ministro Urresti, no
fue otra cosa que el cumplimiento de una obligación por parte de un gobierno
que, al igual que el anterior, permitió que este y sus colaboradores se
infiltraran en instituciones clave para desarrollar negocios ilícitos con la
mayor impunidad.
En suma, el caso Martín Belaunde Lossio es apenas la punta del
iceberg de un problema que está presente en este y los anteriores gobiernos,
con partidos políticos e instituciones cómplices actuando en un contexto de
vergonzosa impunidad. Si ese es el panorama actual, resulta inquietante preguntarse
a qué extremos llegaremos cuando encontremos a estos mismos actores compitiendo
por volver al poder en el 2016.
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