lunes, 27 de abril de 2015

"A NOSOTROS HUMALA TAMBIÉN NOS TRAICIONÓ”

CON QUE CARA SE REUNIRA CON SUS CAMARADAS
•Hablan militares en retiro afectados por la ley de pensiones aprobada y que discrimina negativamente a quienes se jubilaron antes de diciembre del 2012.-ADOFAIP.
“Es una lástima que un comandante en retiro del Ejército se olvide hoy de sus camaradas de armas, de sus instructores, de sus técnicos. No sé si algún día (Ollanta Humala) pueda reunirse con ellos con la frente en alto, si pueda entrar con orgullo a su escuela. Nos ha traicionado a todos”, dice el coronel en retiro de la Fuerza Aérea del Perú Fredy Arias Portugal, de 63 años.
“A nosotros Humala también nos traicionó”
Hablan militares en retiro afectados por la ley de pensiones aprobada y que discrimina negativamente a quienes se jubilaron antes de diciembre del 2012.
“Es una lástima que un comandante en retiro del Ejército se olvide hoy de sus camaradas de armas, de sus instructores, de sus técnicos. No sé si algún día (Ollanta Humala) pueda reunirse con ellos con la frente en alto, si pueda entrar con orgullo a su escuela. Nos ha traicionado a todos”, dice el coronel en retiro de la Fuerza Aérea del Perú Fredy Arias Portugal, de 63 años. Es uno de los miles de militares en retiro afectados por la congelación de las pensiones ordenada por la administración Humala.
Sucede que cuando Humala era candidato se paseó por todas las asociaciones de militares y policías en retiro pidiendo su apoyo en las urnas. A todos les prometió no sólo respetar la pensión renovable sino, además, trabajar por un reajuste salarial justo.
“En ese tiempo era ministra de Economía Mercedes Aráoz y ella estaba decidida a abolir la pensión renovable y a cerrar por dos años las escuelas militares. Decía que significaban mucho gasto para el país. Nosotros, alarmados, hablamos con Humala”, recuerda el vicealmirante de la Marina de Guerra en retiro Francisco Vainstein Borrani, de 80 años. “No se preocupen. Una ley se deroga con otra ley” –les respondió Humala– “Pero para hacerlo tengo que ser presidente”. Los pensionistas confiaron en el candidato nacionalista e hicieron campaña por él en su local de San Felipe, Jesús María.
La “pensión renovable” se aprobó en 1945, con el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, para compensar los bajos sueldos que recibían los militares durante los años de servicio. La ley, refrendada por Velasco en 1972, establece que la pensión del personal de las fuerzas armadas en retiro “varia en concordancia” con los aumentos que se hagan a los sueldos de los miembros activos.
En su primer discurso como presidente Humala se reafirmó en su promesa. “Queremos recuperar la moral de nuestras Fuerzas Armadas”, aseguró el flamante presidente en el Congreso. “Se reformará el sistema remunerativo reduciendo la brecha salarial que existe entre los distintos grados. Esto se hará salvaguardando la obligación que tiene el Estado de honrar el pago de pensiones, que es un derecho fundamental consagrado. Mantendremos la pensión renovable”, dijo entre aplausos el día de su investidura.
Las primeras sospechas se suscitaron cuando Humala nombro a Luis Castilla, viceministro de la Aráoz en el gobierno aprista, ministro de Economía. Las sospechas no tardaron en contar con argumentos sólidos. “Nos enteramos que él quería congelar a toda costa las pensiones de los miembros retirados de las fuerzas armadas y la policía. Luego nos enteramos que quiso convocar a una reunión de consejo virtual para discutir, bajo sus términos, una nueva ley de pensiones para nosotros. Hubo un gran pleito entre Daniel Mora y él. Pero Daniel Mora se fue del gabinete y al año siguiente se aprobó la ley de Castilla”, cuenta Vainstein.
El decreto ley aprobado en diciembre del 2012 por Humala ha creado tres sistemas de pensiones y sólo acepta aumentos para los oficiales y suboficiales que hayan pasado al retiro después de la promulgación de esta norma. Las pensiones de los más antiguos han quedado automáticamente congeladas.
“Es discriminatorio”, dice el general de división EP en retiro Roberto Chiabra, de 64 años, que fue jefe de operaciones en el frente del Huallaga en 1993 y jefe de operaciones en el Cenepa en 1995.
“Nos están recortando la pensión a quienes hemos luchado contra  el terrorismo. ¿Cómo pueden ser tan miserables con los que hemos cargado con la defensa del país?”, se pregunta el vicealmirante en retiro Vainstein. “Nosotros hemos sufrido mucho. ¡Lo que hemos tenido que ver! Cuando mataban a nuestra gente le sacaban los ojos, los testículos y luego  los empalaban. Y el Estado nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Cuando uno es joven no habla, pero ahora tengo claras las cosas. Cada vez que vencíamos militarmente a Sendero en algunas localidades, veíamos cómo pronto regresaba porque el Estado no era capaz de instalar comisarías en esos lugares, de construir hospitales, escuelas. Eran zonas olvidadas”, agrega.
Los militares en retiro han presentado una serie de demandas llegando, incluso, hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos.
“El tema de las pensiones de los militares y policías debería ser visto como urgente y prioritario”, dice Chiabra. “Humala despertó las expectativas de los pensionistas militares cuando estaba en campaña y nos ha defraudado. La única oportunidad que le queda para cumplir con nosotros es en el último presupuesto (2016), que debe comenzar a armarse en julio. Cualquier cambio en la ley lo debe hacer antes”, explica. El general (r) agrega: “Quieren que el militar esté hasta en las calles cuidando a la gente de la delincuencia pero cuando se quiere hablar de mejorar nuestros sueldos o pensiones, nadie se acuerda de nosotros”.
Lo mismo sienten los miembros de la Alianza por la Reivindicación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (Adofaip). “El maltrato es permanente. Las autoridades no van ni al sepelio de los miembros de las FFAA y la PNP. Nos abandonan totalmente. Pero si muere un artista, un guitarrista, reservan el Museo de la Nación para velarlo. No es por desmerecer su oficio, pero nosotros arriesgamos nuestras vidas”, se queja el coronel FAP en retiro Fredy Arias Portugal, miembro de la Adofaip.
Describen lo que ha hecho Humala al congelar sus pensiones como un “golpe bajo”. “Para el personal de las FFAA y la PNP la pensión renovable era algo así como nuestro seguro de vida. Durante años hemos mantenido un sueldo miserable, poniendo en riesgo permanentemente nuestras vidas y la estabilidad de nuestras familias, pensando que nuestra vejez estaba asegurada”, dice Arias. A su lado los coroneles PNP Gualberto Ruiz Dávila y Jaime Vidal Berroa y el coronel EP Herbert López Valderrama, también miembros de la Adofaip, asienten mientras buscan en el libro de “visitas ilustres” de la asociación la firma de Humala.
“Aquí está”, dice el coronel EP Herbert López Valderrama, de 76 años, señalando la rúbrica. “Vino a pedir nuestro voto. Dijo que respetaría la pensión renovable pero todo era mentira. Humala ha aprendido muy rápido a ser político, a mentir”, añade Arias.
“Durante las tres décadas que estuve al servicio del país jamás tuve 30 días corridos de vacaciones”, recuerda y asegura que con estas nuevas condiciones, menos jóvenes van a postular a las escuelas militares.
“Se va a dar una fugar de talentos si no ofrecen mayores incentivos”, advierte el coronel PNP de Servicios Gualberto Ruiz Dávila, de 68 años. “Y cuando el personal activo tome pleno conocimiento de lo que pretenden hacer con sus pensiones, los más jóvenes van a pedir su baja cuanto antes. En la FAP vamos a perder a los mejores pilotos. Van a preferir irse a trabajar a las aerolíneas privadas. Todo lo que le ha costado al Estado su instrucción se va a ir al tacho por dar esa ley de Castilla”, añade Arias.
EL coronel FAP en retiro asegura que Humala fue más allá con su promesa: “nos prometió que haría cumplir el decreto 213 de 1990, que dice que un general debe ganar el 75% de la remuneración total de un congresista”.
“No es justo. Nos están recortando la pensión a los viejos que enfrentamos a las guerrillas del 65, a Ecuador en el falso Paquisha, al narcotráfico y al terrorismo en la época más dura, y a todos los policías que a diario le hemos hecho frente a la delincuencia organizada”, dice el coronel en retiro de la PNP Gualberto Ruiz.
“He pasado muchas penurias. En los ochenta, siendo mayor, había veces que no me alcanzaba para comprarme zapatillas. Pero me sacrificaba pensando en que mi vejez estaba asegurada. Esa es para muchos la única motivación a lo largo de nuestra carrera y ahora nos la están recortando”, agrega.
El coronel Jaime Vidal Berroa, de 77 años, perteneció a la antigua Guardia Civil de la Policía y ha sobrevivido a dos accidentes aéreos mientras estaba de servicio. “La primera vez fue en 1985. Me habían enviado a Mazamari, Cusco, con un grupo de compañeros a hacer un reconocimiento del territorio siguiéndoles la pista a unos narcotraficantes. Íbamos en una avioneta piloteada por un civil que no era muy experto en cuestiones mecánicas y había hecho mal un cambio. La avioneta comenzó a perder aceite en pleno vuelo y cayó. Felizmente no hubo explosión”, recuerda. La segunda vez fue al norte del Lago Titicaca. “Iba en un helicóptero del Ejército. Era más de la 1 de la tarde y los vientos eran muy fuertes. El piloto perdió el control del helicóptero, la hélice se destruyó, nos estrellamos”, cuenta. Esa vez estuvo doce horas desaparecido.
“Yo sufrí un atentado en 1986”, dice a su turno el coronel EP en retiro Herbert López Valderrama. El oficial hacía trabajos de inteligencia y era buscado por los terroristas. “Era la época en la que en Lima se caminaba por las noches con salvoconducto. Una noche gente del MRTA esperó a que saliera de un local policial para matarme. Me dispararon cuatro veces. Hasta hoy tengo una bala alojada en la tibia”, recuerda.
Y asegura que si Humala ganó la segunda vuelta fue, en gran parte, gracias a ellos. “La diferencia con la otra candidata fue de 3 puntos porcentuales, unos 400 mil votos. Ahí estábamos nosotros”, dice el coronel López.
Su pensión se ha congelado en 6,631 soles. Menos de la mitad de lo que gana un congresista y casi cuatro veces menos de lo que ganan algunos asesores del MEF que pueden llegar a recibir cerca de los 24,000 soles.
Chiabra agrega que lo que se está pidiendo al gobierno no es nada exagerado. “Es lo justo y lo legal”, dice. “Todo lo que pedimos es que dentro de una misma ley de pensiones no hayan tratos diferenciados, que no nos discriminen a los más antiguos. Pero no nos hacen caso. ¿Qué quieren, que paremos el país?”, pregunta indignado. Y agrega que los más perjudicados son los subalternos. “La pensión de un técnico supervisor antiguo se ha estancado en 2,120 soles. Están ganando incluso menos que un técnico de segunda que acaba de pasar al retiro”, explica. Y añade: “Los que acaban de pasar al retiro reciben 2,660 soles”.
Chiabra afirma que de ponerse de acuerdo las quince asociaciones de pensionistas de las fuerzas armadas y de la policía harían una marcha mucho más grande que la de los “pulpines”. También asegura que el personal en actividad habría dado muestras de querer unirse. “A ellos les hemos pedido que se mantengan al margen. Tampoco queremos desestabilizar al país. Sería terrible”, advierte.

¡PEDIDOS ABERRANTES DE GARCÍA SOBRE EJECUCIÓN DE FALLO!

Guillermo Olivera Díaz
LEAN ESTE ARTÍCULO MÍO EN DIARIO UNO
Aberraciones de Alan García en su proceso de amparo. Pide nulidades a tontas y a locas. Primera Sala Civil de Lima declarará su IMPROCEDENCIA, debiendo ser más propiamente su INADMISIBILIDAD, pues la etapa de ejecución de sentencia no es NULIFICANTE de actos posteriores y ajenos al proceso seguido y sentenciado. ¡Se ejecuta el contenido puntual del fallo!
¡Pedidos aberrantes de García sobre ejecución de fallo!
Por  Guillermo  Olivera  Díaz
En los procesos constitucionales, de hábeas corpus o amparo, la ejecución de sentencia, que favorezca a quien fuese el demandante, incluso a quien se cree paroxísticamente un Alan García, tiene lugar en aplicación de sólo tres artículos del Código Procesal Constitucional: 22°, 59° y 60°, normas que son de carácter específico o especial, de obligatorio cumplimiento.
Carlin. Alan y la plata le llega sola a ellos el juez tiene que recurrir, sí o sí, en primer término, cuando busca que se cumpla un fallo firme. Supletoriamente, puede apelar a otros códigos procesales, si el caso amerita, respecto de actuaciones producidas dentro del proceso seguido, dentro, fuera NO. ¡Los Informes que increíblemente anuló, con dolo mayúsculo, eran y son asuntos extraprocesales (estaban fuera), aunque correspondan a la parte demandada!
1.- PRIMERA ABERRACIÓN
En el proceso de amparo de Alan García, cuando él pide, sin empacho, el 27-01-2014, vía 2 abogados suyos, la nulidad de los Informes Finales de la Megacomisión emplazada, no recurre a ninguno de los numerales citados, ni supletorios, ya que tampoco tales Informes eran actos-documentos procesales actuados dentro del amparo sentenciado, no se habían acompañado por las partes y ni el juez los había pedido al Congreso.
Lo mismo hace el juez Hugo Velásquez Zavaleta al decretar la nulidad solicitada. ¡Los anula, con Resolución N° 22, de 27-03-2014, dictada en etapa de ejecución de sentencia, sin citar ninguna norma legal que ampare semejante nulidad, sin haberlos visto, sin que consten en autos!
Por esta gruesa razón, entre otras del mismo grosor, la 1ª. Sala Civil de Lima (Soller Rodríguez y Tapia González) anula tal Resolución 22 y ordena que el juez emita un nuevo pronunciamiento, pidiendo los Informes en cuestión (Resolución N° 1066, de 1°-08-2014).  
El juez de marras no los pide a nadie, pero de nuevo declara la nulidad de los mismos con la pronta Resolución N° 33, de 1°-09-2014, que, apelada, está pendiente del fallo final, en la misma Primera Sala Civil (Lama More, Hurtado Reyes y Solís Macedo), cuya Vista de la Causa ya se produjo el 19-03-2015 y hasta la fecha este colegiado no suena ni truena.
El Artículo 22° que el juez debió aplicar, y no lo hizo, establece las reglas para la “actuación inmediata” de lo sentenciado, de ser posible, tal como, por ejemplo, la incorporación de un trabajador despedido que haya ganado el proceso de amparo que inició. Cuenta el juez con los “apremios” o “coerciones”, allí previstos, de multas fijas y acumulativas, así como también la destitución del funcionario que incumple el mandato específico que contiene el fallo.
Los Artículos 59° y 60°, de título “ejecución de sentencia”, concordantes expresamente con el numeral 22°, señalan otros “apremios” (queja ante el superior, proceso administrativo, denuncia penal), la posibilidad de una “sentencia ampliatoria” y el supuesto de “actos sustancialmente homogéneos”. A cada uno de estos supuestos el juez no recurrió, ni Alan García lo pidió.
Son los pasos allí previstos que el juez debe seguir para que el obligado cumpla una sentencia firme, apercibiendo la aplicación de los citados apremios o coerciones. Alan García había pedido que se apercibiera a la Megacomisión, el juez apercibió esa aplicación legal de apremios, empero, nunca hizo efectivo tales apercibimientos. ¡Olímpicamente, se zurró en ellos!
El 27-01-2014 el actor García, quien se olvidó de sus pedidos anteriores sobre apremios, aparece solicitando la nulidad de los Informes de la Megacomisión. Alan pidió la nulidad de esos Informes, sin recurrir a ley alguna, sin ampararse en las normas específicas referidas: 22°, 59° y 60°, a sabiendas que tales documentos no estaban en autos, que el juez no los había visto, no los conocía, ni los podría apreciar en su contenido. Es decir, pidió, a tontas y a locas, que se anule algo que no formaba parte del proceso. Fue un pedido malicioso, ayuno de juridicidad, que, sin embargo, su juez amparó, lo cual demuestra que juegan en pared, al socaire de la inmoralidad, la ilegalidad y la corrupción. Sólo así se explica la violación tozuda de la norma.
2.- SEGUNDA ESTREMECEDORA ABERRACIÓN ALANISTA
Frente a la demorada aprobación del pleno del Congreso de la República, de 19-06-2014, que ordenaba la denuncia constitucional contra Alan García, sobre la base de lo recomendado por el primer Informe de la Megacomisión,  relativo a narco-indulto-conmutaciones (libertad anticipada de más de 5,000 mil condenados por tráfico ilícito de drogas), el ventrudo exmandatario no se hizo esperar, saltó hasta su vidriado techo.
El siguiente día, 20-06-2014, García mismo, como movido por un potente resorte hipomaníaco, solicitó la nulidad de este acuerdo del Congreso. Su viveza y desbocamiento lo hizo creer que la etapa de la ejecución de sentencia era para todo dislate, aún de los que amaina con litio, teniendo un juez al alcance de su dadivosa mano.
Empero, su juez Velásquez Zavaleta no atracó, ante semejante pedido abusivo. He aquí lo que resolvió, quizá temiendo algún amago de vómito negro:
“Votación del pleno del Congreso (pedido de nulidad del 20 de junio de 2014).
Considerando Trigésimo: Con relación a lo indicado es necesario aclarar que la demanda de amparo se dirigió contra los actos y el procedimiento que venía tramitando la llamada Megacomisión. La misma que, por la naturaleza del informe que emitiría, debía responder a estándares jurídicos, como el respeto del debido proceso.
En ese sentido, no corresponde a este Juzgado emitir pronunciamiento sobre la actuación del Pleno del Congreso, el cual habría aprobado un primer informe en contra del actor, sin tener en cuenta la sentencia dictada en el proceso, ya que sólo se cuestionó la conducta de la mega comisión y no del Congreso de la República en su conjunto. Sin  perjuicio de ello  corresponderá al Congreso de la República en ejercicio de sus competencias adoptar las acciones pertinentes y necesarias para que los extremos de los informes aprobados por la Comisión emplazada que se refieran exclusivamente al demandante no sigan afectando los derechos del actor y así evitar que recurra nuevamente a sede constitucional”.
Allí tienen dos aberraciones de marca mayor, de la pluma, letra, ánimo, arrebatos y otros estados paroxísticos, de nuestro expresidente, Alan García Pérez, quien sueña, asaz despierto, también inconsciente, con el auxilio de la prensa venal y encuestadoras del mismo jaez, arrellanarse en el sillón presidencial, por tercera vez, el 2016, usando el alicaído membrete aprista y obsecuencia de conocidos pongos.
Lima, 26  de  abril  del  2015.

EL PERÚ SE NOS PUDRE


Punto de vista y propuesta: Diario virtual alternativo: César Aching Guzmán
¿La clase política y dirigente es tan cínicamente ciega que no se da cuenta de lo que está gestando? ¿De qué sirven las grandes cifras macroeconómicas sin derechos, sin justicia o paz social? ¿De qué sirve un gran proyecto de inversión que ha nacido muerto por la pésima reputación de la empresa que promete lo que la gente sabe que no cumplirá y que el gobierno quiere imponer a balazos?
CLAUDIA CISNEROS
Y es culpa de los políticos. Es culpa de los angurrientos empresarios. Y es culpa del modelo neoliberal que ha colocado la ganancia, el dinero, el lucro por encima de cualquier cosa y de todo. Por encima de las personas, por encima de los valores, por encima de la calidad y la cualidad. Todo lo que no pueda cuantificarse no sirve, es accesorio o absolutamente secundario cuando no prescindible. Incluyendo las personas, incluyendo la educación de calidad, la cultura, incluyendo el ejercicio de la justicia. Ese modelo todo lo corrompe: el ejercicio de la política, el ejercicio del control policial y judicial, el ejercicio del libre mercado. El Estado de Derecho y hasta la democracia son prescindibles si obstaculizan la generación de dividendos. Si no sirven para asegurar los dineros de los poderosos y el poder de los adinerados, entonces se atropella, se aplasta o se aniquila.
Lo de Tía María es solo un capítulo más de una historia que se viene repitiendo una y otra vez en los principales conflictos sociales: el empresario angurriento y prepotente; el gobierno presionado (o que se deja presionar) y que se pone del lado de la empresa; la desconfianza de la población por el sesgo habitual del gobierno en su privilegio a la empresa; el paro unos días; el bloqueo luego de la sordera e insensibilidad social del gobierno; la represión, la brutalidad, los detenidos, los heridos y finalmente los muertos. Siempre llegamos a los muertos, a la indignación, a las investigaciones que no llegan a ninguno de los lados a los que realmente tienen que llegar, las responsabilidades políticas y penales de gobernantes y autoridades (como en Bagua).
Es no solo ridículo, como ha dicho Marco Sifuentes (http://bit.ly/1GvGVwZ), sino desalentador, agotador, suicida, lesivo para el país, para la paz social, para la maldita política. Porque la gente queda cada vez más harta, hastiada y asqueada. Y los gobernantes, ministros, policías, jueces y fiscales cada vez más desprestigiados. Y eso lesiona la misma fibra de la democracia, el tejido mismo de la sociedad. Eso nos está pudriendo por dentro.
Un corrupto policía (que responde a un alto mando ¿policial o empresarial?) ‘sembrando’ a un agricultor con un arma para que un corrupto periodista de planta o a destajo) tome una foto amañada y un corrupto diario (siempre ultraderechoso) la use para criminalizar la protesta, para tildar a los manifestantes que están en contra del proyecto de terroristas. ¿Cuántas veces habrá pasado sin ser registrado en video? ¿Cuántas veces ese y otros medios, la policía, el gobierno, la empresa interesada habrán propiciado, sino pagado, para ejecutar estas despreciables manipulaciones?
¿Hasta dónde quieren? ¿La clase política y dirigente es tan cínicamente ciega que no se da cuenta de lo que está gestando? ¿De qué sirven las grandes cifras macroeconómicas sin derechos, sin justicia o paz social? ¿De qué sirve un gran proyecto de inversión que ha nacido muerto por la pésima reputación de la empresa que promete lo que la gente sabe que no cumplirá y que el gobierno quiere imponer a balazos? ¿De qué sirve el crecimiento del país si un humilde agricultor puede morir asesinado con una bala policial como si su vida fuera prescindible solo por defender su mínimo sustento de vida, sus cultivos que siente amenazados? ¿Es que no se dan cuenta o quizás, me inclino por creer esto, les importa tres carajos? Quizás, y me inclino por pensar esto, a esos empresarios solo les importa hacer dinero aun cuando cueste vidas, paz social, conflicto, atropello, abuso o asesinato. Solo les importa asegurar la mayor ganancia, al menor costo de inversión, a través del poder político en turno. Y al poder político de turno solo le interesa asegurarse la mayor ganancia posible en el poco tiempo asegurado en el cargo. Y en el medio quedamos todos nosotros, a merced de la ambición desmedida por el dinero, por la ganancia a costa de sangre. Están gestando un horrible, terrible, abominable monstruo que nadie, nadie quiere volver a ver. No sean imbéciles.

miércoles, 22 de abril de 2015

CASO OROPEZA. TODO ENCAJA

Desagravio, compañero. De izquierda a derecha, Miguel Facundo y Miguel Rosas en la mesa de honor, en una ceremonia a favor de García.
La pista abierta por el ataque con armas de fuego y granadas de guerra contra el Porsche de Gerald Oropeza López, “Tony Montana”, o “Caracortada”, militante aprista, recientemente expulsado (luego de ser descubierto) a pedido de Alan García.
TODO ENCAJA
Por  Nelson Manrique
El caso viene brindando varias sorpresas. Primero, la procuradora antidrogas Sonia Medina declaró que Oropeza está denunciado en la fiscalía por lavado de activos provenientes del narcotráfico. No se trata de un pez chico. En su Porsche la policía encontró documentación de envíos de contenedores al extranjero, presuntamente usados para enviar droga camuflada: “Al hablar de barcos, asegura la procuradora Medina, estamos hablando de varios tonelajes (de droga)”.
Hasta aquí todas las evidencias apuntan a que el ataque contra el Porsche fue un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Ratifica esta impresión el reciente asesinato de Patrick Zapata Coletti (25), amigo de Oropeza y testigo clave en las investigaciones del “NarcoPorsche”, secuestrado y asesinado de 13 balazos a apenas 72 horas de haber declarado ante la Dirincri. Como en las películas de la serie negra, Zapata fue secuestrado y luego abaleado cuando retornaba a su casa de una juerga, al clarear el alba.
A esto se sumó la sorpresa de descubrir que Oropeza vivía en la mansión incautada por el Estado a José Enrique Crousillat, gracias a que el gobernador de La Molina, Ángel Vera, quien se jacta de ser aprista desde los 15 años y fue candidato a regidor de la municipalidad de Lima por el PAP en las últimas elecciones, le dio “garantías posesorias” el 28 de noviembre del 2007, durante el gobierno de Alan García, cuando la propiedad estaba incautada por el Estado. Varios videos testimonian las fiestas realizadas por Oropeza en esa vivienda con gente de la farándula.
Uno de los problemas más importantes que debe resolver el negocio del narcotráfico es cómo blanquear el dinero del negocio de la droga: cómo incorporarlo al circuito legal. Aparentemente la manera como lo hizo Gerald Oropeza fue fundando empresas dedicadas al ramo de la limpieza, pero éstas deberían ser lo suficientemente grandes como para incorporar a la circulación elevadas cantidades de dinero. Allí le sirvieron enormemente sus vinculaciones partidarias.
Sus empresas tuvieron un ascenso meteórico gracias a contrataciones con entidades del Estado. Su empresa Sergerosac, con RUC 20515392735, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), consiguió desde el año 2007 hasta la fecha 59 contratos con 23 entidades del Estado por un valor superior a 216 millones de soles. En estas operaciones jugó un papel inestimable Miguel Facundo Chinguel, otro destacado dirigente aprista, que defendió a Gerald cuando lo incluyeron en las investigaciones sobre el asesinato de su padre, el dirigente aprista Américo Oropeza. Miguel Facundo Chinguel no sólo ha sido su abogado sino se constituyó en su socio, al adquirir paquetes de acciones de sus empresas. Son varias las instituciones del Estado a las que las empresas de Oropeza brinda servicios. Ellas incluyen al poder judicial, la fiscalía y a la empresa de servicios postales SERPOST, cuya presidencia era ejercida, ¡oh sorpresa!, por Miguel Facundo Chinguel, gracias a un nombramiento otorgado por Alan García. Facundo Chinguel fue abogado y asesor de Gerald Oropeza en todos los contratos que firmó Sergerosac con el Estado.
Como es sabido, Alan García nombró también a Miguel Facundo Chinguel presidente de la comisión de gracias presidenciales, un cargo en que jugó un papel principalísimo en la selección de los 3274 narcotraficantes, 400 de ellos acusados por narcotráfico agravado, liberados con la aprobación y la firma de Alan García.
A estas alturas el Apra trata de reescribir la historia tomando distancia de los delincuentes descubiertos, pero en una sesión reservada de la megacomisión Alan García dijo que pondría las manos al fuego por Facundo Chinguel, a quien calificó de “un hombre probo”. Aún más, la noche del 9 de abril del 2013 la dirigencia del Apra ofreció una ceremonia de desagravio a Alan García en la Casa del Pueblo, cuando se hizo público que la megacomisión lo acusaría por la excarcelación de sentenciados por narcotráfico durante su gobierno. Entre los indignados por tan injusta acusación compartían la mesa de honor Omar Quezada, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, otros altos dirigentes apristas, y, cómo no, Miguel Facundo Chinguel
Como acertadamente pregunta uno de los personajes del ferozmente preciso Heduardo: “¿Y tú por quién votarías en la segunda vuelta, por el cartel del narcotráfico o por la yakuza?” (http://bit.ly/1H9lD8u). 
http://puntodevistaypropuesta.co/2015/04/21/peru-caso-oropeza-todo-encaja/

martes, 21 de abril de 2015

EMPRESA DE GERALD OROPEZA TIENE MILLONARIOS CONTRATOS CON LA FISCALÍA APRISTA

   
 Los que protegieron a “Tony Montana”
Aprista.
Gerald Oropeza López era militante aprista hasta que su auto Porsche fue atacado por presuntos narcos.     
Investigación.
Fiscal de lavado de activos, Manuela Villar, dispone investigar contratos de la empresa Sergero SAC y asociados con el Estado, empezando con los suscritos con el Ministerio Público, en proceso contra Gerald Oropeza López.
César Romero C.
De los 59 contratos por más de 216 millones de soles que la empresa Sergero SAC, del prófugo Gerald Oropeza López, obtuvo con entidades del Estado, en los últimos años casi el 70% fueron con el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación.
PUEDES VER:
Según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la principal empresa del presunto narco denominado "Tony Montana" Sergero SAC firmó 17 contratos con el Ministerio Público por un monto de 149 millones de soles, desde el 2007 a la fecha. Los contratos siguen vigentes.
¿Cómo fue posible que pasara esto?
Al buscar una respuesta, lo primero que aparece es una brillante estrella en el firmamento económico de Sergero y Oropeza López. En la época en que se firmaron la mayoría de esos contratos, el Ministerio Público fue gobernado por personajes vinculados al Partido Aprista Peruano.
Allí estuvieron los ex fiscales de la Nación Gladys Echaíz Ramos y José Antonio Peláez Bardales, cuyos familiares directos –el cónyuge de la primera y los hermanos del segundo– son militantes y dirigentes del Partido Aprista. Y como gerente general, irreemplazable en toda esa época, estaba el economista Fernando Lazo Manrique, militante aprista hasta el 2009 y apoderado legal del ex presidente Alan García Pérez, hasta el año 2013.
El primer contrato de Sergero SAC se firmó en noviembre del 2007, cuando la fiscal de la Nación era la fallecida Adelaida Bolívar y el gerente general Fernando Ballón Landa, pero antes los contratos eran con Sanidad y Limpieza Industrial Peruana SAC (Salinpsac), del mismo grupo familiar.
Es más, a la buena pro del 2007, Salinpsac y Sergero se presentaron como competidoras, y en el proceso se convirtieron en un consorcio con el que en diciembre del 2008 se amplía y renueva el contrato.
Este vínculo con el Apra podría ser solo coincidencia, pues la militancia política no se mira en un contrato, pero la fiscal especializada en lavado de activos Manuela Villar Ramírez ya investiga el caso. Sobre todo ahora que se dice que el Ministerio Público no quiso atender, en noviembre del 2014, un pedido de la policía para investigar a Oropeza.
"Sí vamos a investigar a fondo, la  limpieza debe comenzar por casa", dicen que dijo la fiscal Villar. Luego, dispuso que todas las entidades del Estado, empezando por el Ministerio Público, informen a su despacho el detalle de los contratos firmados con Sergero SAC y otras empresas del grupo Oropeza López:  Sanidad y Limpieza Industrial Peruana SAC (Salinpsac), Servicios Generales Oro SAC (Sergeoro) y Servicios Oro Perú SAC.
La fiscal ha pedido el detalle de licitaciones públicas, funcionarios y montos comprometidos en los contratos. Esa información será analizada, evaluada y comparada por un equipo de peritos con los libros contables que las empresas de Oropeza López y su familia deberán presentar.
La fiscal Villar Ramírez inició una investigación a Gerald Oropeza por presunto lavado de activos. Se sospecha que las citadas empresas de limpieza solo eran fachadas para el blanqueo de fondos provenientes del tráfico internacional de drogas.
Entre otras instituciones a las que se ha pedido información están los Servicios Postales (Serpost) y Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (Reniec).
Sin embargo, un elemento que llama la atención es que el Ministerio Público aprista  ha sido la institución del Estado con la que Sergero SAC ha ganado más dinero con sus jugosos contratos.
TAMBIÉN EN SERPOST
-El consorcio de las empresas Sergero SAC también obtuvo millonarios contratos con los Servicios Postales del Perú (Serpost), en la misma época en que el director de la institución estatal era el hoy detenido ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales el aprista Miguel Facundo Chinguel.
-Miguel Facundo fue director de Serpost desde fines del 2006 hasta el año 2010. Al dejar Serpost, Facundo pasó a ser abogado de Gerald Oropeza y sus empresas.
-Entre el 2008 y 2009, la policía desarticuló dos organizaciones que utilizaban el servicio postal para enviar droga al exterior. Nunca se descubrió cómo ingresaban la droga y evadían los controles. Luego, los cabecillas de esta organización fueron indultados y salieron libres.
EN CIFRAS
216 millones de soles obtuvo Sergero SAC en contratos con el Estado desde el 2007.
149 millones de soles correspondieron a los contratos con el Ministerio Público.

lunes, 20 de abril de 2015

LOS SÁNCHEZ PAREDES SE PELEARON CON GARCÍA POR MINA DE US$ 1000 MILLONES

RELACIONES PELIGROSAS
Explosiva revelación. “García Pérez presionó a un presidente de la Corte de Lima para favorecer a la minera Sulliden”, asegura Alfredo Sánchez Miranda
Por Henry Campos
El clan de los Sánchez Paredes, involucrado en delitos de narcotráfico y lavado de activos, que hizo aportes económicos en la campaña presidencial de Alan García en 2006 e incluso le compró una camioneta a este en 2003, pretende convencer de que ahora no está ligado al expresidente, al asegurar que incluso promovió una investigación fiscal en su contra. El Ministerio Público, dicho sea de paso, aún no concluye sus pesquisas que ya llevan ocho años sobre ese caso.
La razón de “la persecución” del gobierno de García, de acuerdo a Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, sindicado como cabecilla de una red de narcotráfico, fue la disputa, ocurrida en 2003, por una mina –que fue vendida hace tres meses por mil millones de dólares– entre su familia y la empresa canadiense Sulliden, la que fue patrocinada legalmente por el entorno de García Pérez.
En este “gran conflicto de intereses”, García, desde su posición como presidente de la República –asegura Sánchez Miranda–, presionó directamente a un presidente de la Corte de Lima para favorecer a Sulliden. Por tal razón, informó que su familia denunció a García en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber presionado a las autoridades jurisdiccionales en ese proceso.
“Tenemos como testimonios en esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a un exministro de García, que indica las irregularidades que hubo contra nosotros, un exasesor del Tribunal Constitucional, un expresidente de la Corte Superior de Lima, que afirma presiones directamente de García para apoyar a los señores de Sulliden contra nosotros”, dijo Sánchez Miranda textualmente en una entrevista concedida ayer a un medio radial.
En 2003 la empresa canadiense Sulliden era asesorada legalmente por Jean Pierre Nava Mendiola, hijo del exsecretario de Palacio de Gobierno Luis Nava, y su abogada fue nada menos que Rosario Fernández, quien fue luego ministra de Justicia de García Pérez.
“Cuando esta gente entra al Gobierno lo primero que hace es presionarnos a nosotros, políticamente, mediáticamente, para poder tranzar con Sulliden (...) y tuvimos que tranzar con ellos, pero el muñeco ya se había armado y siguió andando y estas son las consecuencias”, manifestó.
“Esa es mi hipótesis y está totalmente comprobada, porque la representación de Nava está en Registros Públicos y los cientos de escritos firmados por Charo Fernández están en los expedientes”, añadió Sánchez tuteando a quien fuera la ministra de Justicia en el gobierno de Alan.
Esta habría sido la razón, según Sánchez Miranda, para que el exmandatario ordenara a la Policía hacer un atestado contra su familia en una conferencia de prensa “sin haberse establecido una investigación fiscal previa”.
Una camioneta
Lo contado es lo nuevo. Pero no puede soslayarse la oscura relación entre García Pérez y los Sánchez Paredes que es corroborada, por ejemplo, con las peripecias de una camioneta Nissan Frontier de doble cabina importada de Yokohama, Japón, que, según la investigación de IDL-Reporteros, comprada por el líder del APRA, terminó luego en manos de Alfredo Sánchez Miranda, uno de los hijos de Orlando Sánchez Paredes.
Lo raro es cómo se dieron las transacciones. La camioneta, cuyo precio real de venta era de 29 850 dólares, fue comprada en 2002 por 18 000 dólares por García. Es decir, el líder del APRA tuvo un tremendo descuento de 11 850 dólares. ¡Qué suerte tienen algunos! ¿No?
Pero no solo eso. García la revendió al año no más obteniendo una ganancia de más de cuatro mil dólares. El comprador fue la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMSA), una de las empresas de fachada de los Sánchez Paredes, vinculado al narcotráfico. Fue el gerente general de ATIMMSA, Belisario Esteves Ostolaza, quien le pagó a García 22 mil dólares al contado por la camioneta.
¿Pero quién era Esteves Ostolaza? Pues nada menos que el viceministro de Comercio de García Pérez en su primer gobierno. O sea, la relación entre García y los Sánchez Paredes sería de larga data.
¿Y qué dijo el APRA sobre la historia de la referida camioneta? Pues que todo era una coincidencia. Que la camioneta se vendió a través de un aviso en los clasificados de El Comercio.
Pero hay otros hilos de la relación de los Sánchez Paredes con García. Resulta que uno que ocupó el cargo de gerente general de ATIMMSA hasta el 2007 fue el abogado Humberto Abanto, quien también fue asesor del entonces congresista y luego ministro Luis Alva Castro. Abanto, quien es aprista y ahora además defiende a Agustín Mantilla en el caso Rodrigo Franco, es uno de los hombres más cercanos a los Sánchez Paredes y, por lo visto, a la cúpula aprista.
Y los Nava también hicieron negocios con los Sánchez Paredes. Esto ocurrió en 2003 e interviene en este capítulo la compañía Transportes Don Reyna, cuyo gerente general era José Antonio Nava –hijo de Luis Nava, ex secretario general en el segundo gobierno de García–, que transportó en varias ocasiones insumos químicos a Comarsa, compañía minera de los Sánchez Paredes. ¿No es ya entonces demasiada coincidencia?
La plata sí llegaba sola
Y lo que cerraría el círculo de esa turbia relación es que el clan de los Sánchez Paredes realizó un importante aporte económico a la campaña presidencial del 2006 de García Pérez, quien ganó finalmente en esa contienda. Este, para atenuar el escándalo, tuvo que devolver el dinero aduciendo que no conocía el origen de ese dinero.
La suma –conocida hasta ahora– de los Sánchez Paredes fue de cinco mil dólares. Y fue el propio Alfredo Sánchez Miranda quien lo reveló a la prensa. Y no solo eso. También aseguró que el expresidente y líder del APRA estuvo muy al tanto de esa entrega.
“Al conocer la relación familiar de esa persona de apellido Sánchez Miranda con el grupo Sánchez Paredes, cumplo con devolver a usted esos US$ 5 mil, pues de haber tenido conocimiento de ese aporte y conocer esa relación familiar, no hubiera permitido de ninguna manera que la secretaría de mi oficina lo aceptara”, fue la defensa de García sobre el asunto a través de una carta.
Lo cierto es que Sánchez Miranda entregó los cinco mil dólares a través de un cheque a Mirtha Cunza, fiel secretaria de García Pérez. El propio abogado Abanto reconoció que ese dinero fue entregado porque el APRA lo necesitaba para financiar el arriendo de una avioneta que trajera a Lima a García para el mitin del cierre de la primera vuelta de 2006. Sin embargo, Sánchez Miranda aseguró que en realidad fue para la segunda vuelta del 2006, cuando García estaba compitiendo con el entonces candidato nacionalista, Ollanta Humala.
Quiere archivo
La reaparición de ayer en la prensa de Sánchez Miranda fue aprovechada para indicar que tras siete años de investigaciones, el Ministerio Público no ha encontrado pruebas para sustentar una acusación contra su familia. Lamentó, en ese sentido, que en lugar de que se archive se haya pedido una ampliación del caso en que están como principales investigados –tras reducirse en 2008 una lista de 77 sospechosos– Orlando Sánchez Paredes y sus hermanos Wilmer y Manuel; los hijos de este último, Fidel y Miguel Sánchez Alayo; Blanca Sánchez Príncipe, hija de Perciles Sánchez, y Belisario Esteves.

viernes, 17 de abril de 2015

GOBERNADOR APRISTA ENTREGÓ POSESIÓN DE CASA DE CROUSILLAT



 Caso del aprista Oropeza: Cadena de usurpadores de la residencia Crousillat incautada por el Estado
Cadena de usurpadores. En 2007, el gobernador de La Molina, el aprista Ángel Vera Niño, reconoció como “posesionario” de la incautada residencia del empresario José Enrique Crousillat al usurpador Garry Guanilo Dreyfus. Es esta persona quien finalmente le entregó la vivienda al militante aprista Gerald “Tony Montana” Oropeza López. La clave para el descubrimiento fue el hallazgo en la casa de “Caracortada” de un documento de Registros Públicos a nombre de Garry Guanilo.
Por  Ángel Páez y Doris Aguirre 
GOBERNADOR APRISTA ENTREGÓ POSESIÓN DE CASA DE CROUSILLAT 
El dato  Está confirmado que en 2007, durante el gobierno de García, la residencia de Crousillat fue usurpada con ayuda del ex gobernador aprista de La Molina.
El dato Está confirmado que en 2007, durante el gobierno de García, la residencia de Crousillat fue usurpada con ayuda del ex gobernador aprista de La Molina.
LA PISTA CONDUCE OTRA VEZ A UN APRISTA. 
Hasta ahora no se sabía cómo es que la residencia del empresario José Enrique Crousillat terminó convirtiéndose en el centro de operaciones y de juergas de Gerald “Tony Montana” Oropeza López, propietario del lujoso Porsche volado en San Miguel por una banda de sicarios.
Garry Guanilo Dreyfus, señalado como el usurpador de la vivienda de La Planicie, consiguió adueñarse de la propiedad mediante una resolución de Garantías Posesorias que le extendió la Gobernación de La Molina, el 28 de noviembre del 2007, no obstante que la casa estaba incautada por el Estado. El gobernador del distrito de entonces era Ángel Vera Niño, ex subsecretario nacional de Capacitación del Apra, ex secretario general de la Juventud Aprista del Perú (JAP), en La Molina, y ex candidato a regidor provincial por Lima por el Partido Aprista Peruano en las últimas elecciones ediles del 2014.
Garry Guanilo es quien intentó vender la residencia de Crousillat a terceros. El 8 de enero de 2013, mediante un poder inscrito en Registros Públicos, Guanilo designó a Félix Salazar Méndez para que cerrara negocio con Silvio Vila Huanca. Pero no llegaron a un acuerdo y el inmueble terminó en manos de Gerald Oropeza, en el 2014.
Cuando Garry Guanilo inscribió el poder en Registros Públicos relató la historia de cómo tuvo acceso a la casa de La Planicie que estaba incautada por el Estado.
Señaló que el 12 de julio del 2007, José Medina Rodrigo le transfirió el “derecho de posesión” del inmueble. Medina, quien contaba con antecedentes por tráfico de tierras y extorsión, fue asesinado de cinco balazos el 13 de junio del 2011 en la avenida Víctor Malásquez, en Manchay. Según la policía, se trató de un ajuste de cuentas.
Menos de cuatro meses después que Medina transfirió el “derecho de posesión” sobre la propiedad de La Planicie a Garry Guanilo, este personaje consiguió que el gobernador de La Molina, el aprista Ángel Vera Niño, le extendiera una resolución que lo convertía en amo y señor de la casa.
Ángel Vera fue designado gobernador de La Molina por el gobierno de Alan García en 2007, el mismo año en que reconoció la “posesión” al usurpador Guanilo.
AMNESIA, COMPAÑERO
La República ubicó a Ángel Vera y le pidió que explicara por qué le entregó una resolución que reconocía al usurpador Garry Guanilo Dreyfus como “posesionario” de un inmueble que era público que el Estado le había incautado al empresario José Enrique Crousillat por haber recibido sobornos de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial del ex presidente Alberto Fujimori.
Ángel Vera no recordaba el caso.
“¿Usted como gobernador de La Molina en 2007 le dio a Garry Guanilo “garantías posesionarias” sobre la casa incautada de Crousillat?”, le preguntamos.
“Bueno, estamos hablando del 2007, cuando era gobernador, y acordarme de memoria cada una de las garantías que  di en esa época se me hace difícil. No le puedo decir”, arguyó Vera.
“¿Conoce a Garry Guanilo Deyfrus, vecino de La Molina?”, le indicamos.
“No lo conozco. No recuerdo haber conocido a Garry Guanilo”, contestó.
“¿Usted no se percató de que esa propiedad era de Crousillat y había sido incautada por el Estado?”, le precisamos.
“No lo sabía. Como le digo, yo no sabía que esa casa era de Crousillat. No le puedo decir nada si no tengo el expediente a la mano.
Si es que otorgué garantías posesionarias a favor de Garry Guanilo, la documentación debe estar en la Gobernación de La Molina”, señaló.
“¿Pero usted dio las garantias posesionarias de un inmueble incautado por el Estado?”, insistimos.
“Darle las garantías posesionarias, en realidad, no es un derecho a la propiedad. Si alguien me muestra que está en posesión de un local se le da las garantías para protegerlo mientras exista un proceso judicial”, manifestó Ángel Vera.
“Pero con esas garantías el usurpador Garry Guanilo intentó vender la residencia incautada por el Estado y al final terminó en poder de Gerald Oropeza, que también es aprista y cuyos padres fueron dirigentes y candidatos apristas, y ahora la policía investiga por presunto narcotráfico y lavado de activos”, le informamos.
“No lo sabía”, respondió.
“¿Conoce a Gerald Oropeza?”, preguntamos.
“No, no lo conozco”, afirmó.
“¿Y a su padre, Américo Oropeza?”, le decimos.
“A ellos no los conozco.No sé quiénes son”, expresó.
“¿Usted es militante aprista?”, persistimos.
“Sí, soy militante aprista desde años, desde que tenía 15 años. He sido dirigente y realizado varias actividades por mi partido”, relató.
EL ÚLTIMO PASAJERO 
Ángel Vera fue candidato a regidor por la lista del aprista Enrique Cornejo, pero fue sacado de carrera cuando se descubrió que tenía una condena por lesiones graves dictada por el 15° Juzgado Penal de Lima.
Convertido en posesionario de la casa de Crousillat gracias a la resolución que le expidió el aprista Ángel Vera Niño, el usurpador inició los trámites para vender la propiedad que no le pertenecía.
Efectivamente, de acuerdo con los archivos de Registros Públicos, el 8 de enero del 2013 Garry Guanilo entregó un poder a Félix Salazar Méndez con la expresa disposición de que vendiese el inmueble de La Planicie a Silvio Vila Huanca.
Vila es el empresario que reveló públicamente que en 2014 el abogado Fredy Saravia Paredes es el que le informó que  la vivienda estaba en venta. Coincidentemente, Saravia labora en el estudio de abogados del dirigente aprista Miguel Villegas Guerra.
En noviembre del 2014, cuando la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), con el apoyo de la policía, se presentó en el inmueble para tomar posesión de este, los funcionarios encontraron a Gerald “Tony Montana” Oropeza López como residente en el lugar. Como está probado, Oropeza tiene militancia aprista, al igual que su padre y su madre.
Esto indica que al fracasar el proyecto de Garry Guanilo de venderle la casa a Silvio Vila, Guanilo se la traspasa a Oropeza. Un indicativo de que así sucedió es que la policía encontró en la casa de La Planicie una copia del mandato que Guanilo le otorgó a Félix Salazar para que este vendiera el inmueble a Silvio Vila.
Dicho documento inscrito en Registros Públicos consigna que es posesionario de la casa incautada por el Estado. De ese papel se valió para buscar comprador. De momento se desconoce a qué tipo de acuerdo llegaron Garry Guanilo y Gerald Oropeza sobre la que fue la mansión de Crousillat.
Este diario no encontró a Guanilo en su casa del pasaje Eduardo Salas y nadie da razón de su paradero.
Otro documento que supuestamente probaba que Garry Guanilo controlaba la residencia de La Planicie es una Constancia de Derecho de Posesión que le otorgó la Municipalidad de La Molina, el 21 de noviembre del 2012.
De acuerdo con fuentes de La República en el municipio de La Molina, se le entregó el mencionado documento a Garry Guanilo –cuando la casa se encontraba incautada por el Estado–, porque este presentó la Resolución de Garantías Posesionarias que le había entregado el aprista gobernador del distrito, Ángel Vera. Ese documento le franqueó las puertas del inmueble de Crousillat a Gerald “Tony Montana” Oropeza.
Fiscales y ministro del Interior chocan por el caso Oropeza 
-El fiscal superior coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, dijo ayer que no se puede pedir la captura de Gerald Oropeza hasta que no concluyan las pesquisas que realiza la Policía Antidrogas.
-Anotó que Oropeza López, alias “Tony Montana”, enfrenta en este sistema dos investigaciones: una por el ataque del 2 de abril contra el Porsche que conducía y otra por presunta conspiración para el narcotráfico. Además, lavado de activos.
-Chávez también informó que la fiscalía cumplió con devolver a la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi) la casa de José Crousillat en La Molina que Oropeza había ocupado. Además, la fiscalía anticorrupción inició una investigación para establecer en qué momento y quiénes fueron los funcionarios que habrían permitido esa posesión.
-En respuesta el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, reiteró que Oropeza está libre porque no hay orden de captura en su contra por culpa de fiscales.