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| RELACIONES PELIGROSAS |
Explosiva revelación. “García
Pérez presionó a un presidente de la Corte de Lima para favorecer a la minera
Sulliden”, asegura Alfredo Sánchez Miranda
Por Henry Campos
El clan de los Sánchez
Paredes, involucrado en delitos de narcotráfico y lavado de activos, que hizo
aportes económicos en la campaña presidencial de Alan García en 2006 e incluso
le compró una camioneta a este en 2003, pretende convencer de que ahora no está
ligado al expresidente, al asegurar que incluso promovió una investigación
fiscal en su contra. El Ministerio Público, dicho sea de paso, aún no concluye
sus pesquisas que ya llevan ocho años sobre ese caso.
La razón de “la persecución”
del gobierno de García, de acuerdo a Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando
Sánchez Paredes, sindicado como cabecilla de una red de narcotráfico, fue la
disputa, ocurrida en 2003, por una mina –que fue vendida hace tres meses por
mil millones de dólares– entre su familia y la empresa canadiense Sulliden, la
que fue patrocinada legalmente por el entorno de García Pérez.
En este “gran conflicto de
intereses”, García, desde su posición como presidente de la República –asegura
Sánchez Miranda–, presionó directamente a un presidente de la Corte de Lima
para favorecer a Sulliden. Por tal razón, informó que su familia denunció a
García en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber presionado a
las autoridades jurisdiccionales en ese proceso.
“Tenemos como testimonios en
esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a un
exministro de García, que indica las irregularidades que hubo contra nosotros,
un exasesor del Tribunal Constitucional, un expresidente de la Corte Superior
de Lima, que afirma presiones directamente de García para apoyar a los señores
de Sulliden contra nosotros”, dijo Sánchez Miranda textualmente en una
entrevista concedida ayer a un medio radial.
En 2003 la empresa canadiense
Sulliden era asesorada legalmente por Jean Pierre Nava Mendiola, hijo del
exsecretario de Palacio de Gobierno Luis Nava, y su abogada fue nada menos que
Rosario Fernández, quien fue luego ministra de Justicia de García Pérez.
“Cuando esta gente entra al
Gobierno lo primero que hace es presionarnos a nosotros, políticamente,
mediáticamente, para poder tranzar con Sulliden (...) y tuvimos que tranzar con
ellos, pero el muñeco ya se había armado y siguió andando y estas son las
consecuencias”, manifestó.
“Esa es mi hipótesis y está
totalmente comprobada, porque la representación de Nava está en Registros
Públicos y los cientos de escritos firmados por Charo Fernández están en los
expedientes”, añadió Sánchez tuteando a quien fuera la ministra de Justicia en
el gobierno de Alan.
Esta habría sido la razón,
según Sánchez Miranda, para que el exmandatario ordenara a la Policía hacer un
atestado contra su familia en una conferencia de prensa “sin haberse
establecido una investigación fiscal previa”.
Una camioneta
Lo contado es lo nuevo. Pero
no puede soslayarse la oscura relación entre García Pérez y los Sánchez Paredes
que es corroborada, por ejemplo, con las peripecias de una camioneta Nissan
Frontier de doble cabina importada de Yokohama, Japón, que, según la investigación
de IDL-Reporteros, comprada por el líder del APRA, terminó luego en manos de
Alfredo Sánchez Miranda, uno de los hijos de Orlando Sánchez Paredes.
Lo raro es cómo se dieron las
transacciones. La camioneta, cuyo precio real de venta era de 29 850 dólares,
fue comprada en 2002 por 18 000 dólares por García. Es decir, el líder del APRA
tuvo un tremendo descuento de 11 850 dólares. ¡Qué suerte tienen algunos! ¿No?
Pero no solo eso. García la
revendió al año no más obteniendo una ganancia de más de cuatro mil dólares. El
comprador fue la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A.
(ATIMMSA), una de las empresas de fachada de los Sánchez Paredes, vinculado al
narcotráfico. Fue el gerente general de ATIMMSA, Belisario Esteves Ostolaza,
quien le pagó a García 22 mil dólares al contado por la camioneta.
¿Pero quién era Esteves
Ostolaza? Pues nada menos que el viceministro de Comercio de García Pérez en su
primer gobierno. O sea, la relación entre García y los Sánchez Paredes sería de
larga data.
¿Y qué dijo el APRA sobre la
historia de la referida camioneta? Pues que todo era una coincidencia. Que la
camioneta se vendió a través de un aviso en los clasificados de El Comercio.
Pero hay otros hilos de la
relación de los Sánchez Paredes con García. Resulta que uno que ocupó el cargo
de gerente general de ATIMMSA hasta el 2007 fue el abogado Humberto Abanto,
quien también fue asesor del entonces congresista y luego ministro Luis Alva
Castro. Abanto, quien es aprista y ahora además defiende a Agustín Mantilla en
el caso Rodrigo Franco, es uno de los hombres más cercanos a los Sánchez
Paredes y, por lo visto, a la cúpula aprista.
Y los Nava también hicieron
negocios con los Sánchez Paredes. Esto ocurrió en 2003 e interviene en este
capítulo la compañía Transportes Don Reyna, cuyo gerente general era José
Antonio Nava –hijo de Luis Nava, ex secretario general en el segundo gobierno
de García–, que transportó en varias ocasiones insumos químicos a Comarsa,
compañía minera de los Sánchez Paredes. ¿No es ya entonces demasiada
coincidencia?
La plata sí llegaba sola
Y lo que cerraría el círculo
de esa turbia relación es que el clan de los Sánchez Paredes realizó un
importante aporte económico a la campaña presidencial del 2006 de García Pérez,
quien ganó finalmente en esa contienda. Este, para atenuar el escándalo, tuvo
que devolver el dinero aduciendo que no conocía el origen de ese dinero.
La suma –conocida hasta ahora–
de los Sánchez Paredes fue de cinco mil dólares. Y fue el propio Alfredo
Sánchez Miranda quien lo reveló a la prensa. Y no solo eso. También aseguró que
el expresidente y líder del APRA estuvo muy al tanto de esa entrega.
“Al conocer la relación
familiar de esa persona de apellido Sánchez Miranda con el grupo Sánchez
Paredes, cumplo con devolver a usted esos US$ 5 mil, pues de haber tenido
conocimiento de ese aporte y conocer esa relación familiar, no hubiera
permitido de ninguna manera que la secretaría de mi oficina lo aceptara”, fue
la defensa de García sobre el asunto a través de una carta.
Lo cierto es que Sánchez
Miranda entregó los cinco mil dólares a través de un cheque a Mirtha Cunza,
fiel secretaria de García Pérez. El propio abogado Abanto reconoció que ese
dinero fue entregado porque el APRA lo necesitaba para financiar el arriendo de
una avioneta que trajera a Lima a García para el mitin del cierre de la primera
vuelta de 2006. Sin embargo, Sánchez Miranda aseguró que en realidad fue para
la segunda vuelta del 2006, cuando García estaba compitiendo con el entonces
candidato nacionalista, Ollanta Humala.
Quiere archivo
La reaparición de ayer en la
prensa de Sánchez Miranda fue aprovechada para indicar que tras siete años de
investigaciones, el Ministerio Público no ha encontrado pruebas para sustentar
una acusación contra su familia. Lamentó, en ese sentido, que en lugar de que
se archive se haya pedido una ampliación del caso en que están como principales
investigados –tras reducirse en 2008 una lista de 77 sospechosos– Orlando
Sánchez Paredes y sus hermanos Wilmer y Manuel; los hijos de este último, Fidel
y Miguel Sánchez Alayo; Blanca Sánchez Príncipe, hija de Perciles Sánchez, y
Belisario Esteves.
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