miércoles, 8 de abril de 2015

PUEBLOS NATIVOS ALISTAN PROTESTA CONTRA “CUARTO PAQUETAZO”


EN CONTRA DEL 4to PAQUETAZO ANTIAMBIENTAL

Rechazo a proyecto. Congresistas Mendoza, Coari y Nayap, junto a líderes nativos y campesinos en contra de iniciativa legal que promueve la inversión privada en sus tierras. Foto: Luis Centurión.
Reacción. Comisión aprobó ayer por mayoría proyecto que, según congresista Mendoza y dirigentes indígenas, facilita entrega de tierras para inversiones. CNA programó paro para el 22 de junio. Rubén Coa negó que norma afecte a indígenas.
José Víctor Salcedo
A menos que haya una reconsideración en el Congreso, se avecina un nuevo conflicto social en el país. Sucede que la aprobación del proyecto de ley (3941) que promociona la inversión privada en comunidades nativas y campesinas obligó a los gremios indígenas a poner en consulta el inicio de acciones de protesta en contra del Congreso y el presidente Ollanta Humala.
La mañana de ayer la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y  Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó la iniciativa planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con un quórum de solo 6 de 12 miembros, 3 de los cuales eran accesitarios.
Están en cuestión varios puntos de la norma. La congresista Verónica Mendoza explicó que con el "cuarto paquetazo antiambiental" está en riesgo el derecho de nativos y campesinos a la posesión de sus tierras, al promover el otorgamiento de manera indiscriminada de derechos de servidumbre o derecho de vía de terrenos eriazos al sector empresarial. Es decir, puede entregar a una empresa privada la potestad de usar un predio e impedir que su propietario ejerza su derecho.
Además, “la adjudicación se da sin previa autorización de las comunidades”, refiere Herderson Rengifo, presidente del Consejo Directivo de Aidesep.
De igual forma, la comisión no tomó en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, ni los aportes que las Organizaciones Nacionales de Pueblos Indígenas hicieron llegar en una carta entregada el 30 de marzo pasado.
Para Herderson Rengifo, la norma también bloquea definitivamente la titulación de predios en comunidades campesinas y nativas. Y es que cuando se entrega un terreno a una empresa como derecho de vía temporal ya no puede ser objeto de ser titulado por las comunidades.
“Vulnera nuestros derechos al dar servidumbres, derechos de vía y localización de área”, señaló Rengifo.
Otro punto en cuestión es que los indígenas como directos afectados nunca fueron consultados acerca del contenido de la norma como dispone la Ley de Consulta Previa y el Convenio 169 de la OIT.
Además se cuestiona que en el artículo 30 del proyecto se declare de interés nacional la protección de los derechos de vía y localización de área otorgados para proyectos de inversión. “Siendo obligación del Estado asistir al concesionario en mantener las condiciones adecuadas de dichas áreas”, señala.
Para Mendoza se trata de un proyecto que, con el argumento de atraer inversiones, vulnera el derecho de los pueblos indígenas y además elimina la obligación de presentar planes de manejo de residuos sólidos de manera anual en caso que se cuente con un EIA aprobado.
En cambio, el especialista en materia ambiental Lorenzo de la Puente señaló que esa norma es positiva en el punto de mejorar la certificación ambiental. Opinó que debido a la politización del tema ambiental surjan duras críticas a la iniciativa legal.
CIERRAPUERTAS
Un grupo de dirigentes indígenas había llegado ayer a Palacio Legislativo para exponer los argumentos de su pedido de archivamiento de la norma. Pese a que en la anterior sesión hubo acuerdo de otorgarles un tiempo para que hagan su exposición, ayer los nacionalistas acordaron dejar sin efecto ese acuerdo.
“No se quiso siquiera escucharnos pese a que presentamos por escrito nuestras observaciones”, refirió el Apu de la comunidad nativa Awajún de Condorcanqui (Amazonas), Bernabé Impi Ismiño.
Por eso, los líderes amazónicos pusieron en consulta el inicio de protestas para demandar que el proyecto sea archivado. En tanto, la Confederación Nacional Agraria (CNA) convocó a un paro nacional para el 22 de junio.
DISCREPANCIAS
Cabe señalar que el MEF impulsa la ley para promover inversiones y así superar el frenazo que ha sufrido la economía peruana.
Al respecto, el congresista Rubén Coa -quien votó a favor de la iniciativa- negó que no se haya recibido opiniones de los líderes indígenas. Hubo debate con bastante amplitud, dijo.
Asimismo, aseguró que no se pone en riesgo los derechos de las comunidades porque “estamos ante una norma que solo tiene el objetivo de reducir la tramitología, pero no reduce derechos ni la protección ambiental”.
Sin embargo, su correligionario, el nacionalista Eduardo Nayap, piensa lo contrario. “Hemos sido por todos los siglos pisoteados, abandonados, y hoy un gobierno que se dice de inclusión social saca un proyecto de ley de esta naturaleza”. Nayap dejó en claro que los pueblos indígenas lucharán hasta el final para defender sus derechos. “Si este gobierno quiere guerra, guerra vamos a darle”, anotó.
PUNTOS CRÍTICOS
1. Artículo 19.1: El titular de un proyecto de inversión solicita a la autoridad sectorial competente la servidumbre sobre los terrenos eriazos de propiedad estatal que sean necesarios para el desarrollo del proyecto de inversión.
2. Artículo 29.Los predios que no se encuentren inscritos en el Registro de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, o no estén en posesión de comunidades campesinas o nativas, son de dominio del Estado.
3. Artículo 30.1 Declárese de interés nacional la protección de los derechos de vía y localización de área otorgados para proyectos de inversión, siendo obligación del Estado asistir al concesionario en mantener las condiciones adecuadas de dichas áreas.

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