El 11 de mayo de 2009 el
gobierno de Alan García *decretó el estado de emergencia en la Amazonía tras un
mes de protestas y movilizaciones. Veinticinco días después, el 5 de junio,
ocurrió la peor masacre de nuestra historia reciente: el penoso “Baguazo” en el
que murieron 24 policías y 10 civiles. Peruanos que se mataron entre peruanos
por la negligencia política de un gobierno sesgado por el lucro y a espaldas de
la población. ¿Qué hizo en dos meses de paros y estado de emergencia García
luego de ignorar a los legítimos manifestantes? Exactamente lo mismo que ahora
hace el gobierno de Humala: insultarlos, llamarlos terroristas, perros del
hortelano, manipulables y tratarlos como ciudadanos de segunda.
Pedro Cateriano y un minúsculo
ministro que ha aterrizado en el cargo de Justicia han tenido un lenguaje
confrontacional antes y después de mandar militares a la zona, antes y después
de la declaratoria de emergencia. Tras dos meses de movilizaciones en Arequipa,
no se les ha ocurrido mejor idea que achatar su discurso y las posibilidades de
entendimiento de las partes, reduciendo y generalizando. Reduciendo a todos los
manifestantes a “terroristas antimineros” o a todos sus líderes de
“lentejeros”, y excluyendo cualquier espacio de diálogo con la buena porción de
personas que no son ni terroristas ni dirigentes mercenarios.
Esta ofensiva mediática del
gobierno, acompañada de mayor represión, solo puede indicar que la supuesta
voluntad de diálogo del gobierno ha sido un disfraz para imponer el proyecto a
punta de miedo y fusil. Que el gobierno se la ha jugado por el libreto de la
represión, estigmatización y criminalización de la protesta, y ha dejado que
focos violentistas tomen protagonismo buscando la coartada para ejercer su
monopolio legal de la violencia. Si de verdad su vocación era por el retorno a
la paz, hubiera bastado con un anuncio conjunto de suspensión indefinida. Pero
se decidió seguir dudando, dejarle la batuta a la empresa, decir que esta
cumplía con todo y siguieron insultando a los manifestantes.
¿Cómo entender, si no, que se
insista ahora con el estado de emergencia? El poder político y económico,
malacostumbrado a imponer sus intereses en contra del pueblo en la mayoría de
conflictos invisibles a los medios, ha calculado mal esta vez. Como calculó mal
con Conga y pésimo en Bagua. El Ejecutivo debería saber que hay peruanos que no
se rendirán en defender aquello que es su sustento de vida y estando bajo
convicción de ser víctimas de una lesiva imposición. Hay peruanos que están
dispuestos a perder su vida en un día de protesta en vez de en una lenta e
irreversible agonía de tierras contaminadas.
Si el gobierno y la empresa no
terminan de asumir las consecuencias de la desconfianza que ellos han labrado
presentando y aprobando EIA cuestionables, esto jamás avanzará. Nunca. No hay
leyes que restablezcan la confianza perdida ni estados de emergencia, policías
o militares que lo hagan. La confianza es un bien no cuantificable que está en
la base de este conflicto y que lo mantiene vivo. Quien ha actuado de manera
desleal no puede pretender legitimidad solo por ser autoridad o porque ha
legalizado mentiras en un contrato o en procesos. Llamarle a eso defensa del
Estado de derecho es una ofensa a la Nación y al propio Estado de derecho. Una
empresa con el pasado contaminante de Southern no es de fiar. Un gobierno que
trató de esconder las 138 observaciones de UNOPS no es imparcial. Presentar el
segundo EIA en reunión pública amañada, rodeada de policías que impedían acceso
a involucrados no es de fiar. Un gobierno que vuelve a aprobar un EIA aún con
serios cuestionamientos no tendrá la legitimidad que a la fuerza quiere
imponer.
La confianza está destruida.
Eso trasciende los instrumentos de gestión ambiental. Ya no se trata solo de la
inversión y sus supuestas bondades, o de los supuestos cuidados para no afectar
las aguas, cultivos y la salud. Se trata de la imposibilidad de creerle a la
empresa que engaña y al Estado cómplice. Ya no es lo que dicen o aprueban, es
quién lo dice y quién lo aprueba.
Nada de esto justifica la
violencia y las muertes. Quienes mataron al policía a pedradas deben ser
condenados, así como el dirigente corrupto y su corruptor, pero a estas alturas
debería quedar claro para el gobierno que mientras no asuman cabalmente su
pérdida de legitimidad y confianza, y comiencen a construir sin soberbia el
entendimiento, no se reencaminará este conflicto.
En un futuro, con aguas más
calmas, pedir nueva supervisión de UNOPS al segundo EIA podría ser una
propuesta atendible y viable. Es cierto que Humala no firmó el contrato sino
García; que Humala fue a la zona en campaña y prometió agro sí, mina no; que
nunca se molestó en volver frente a ese mismo pueblo a explicar por qué había
cambiado de posición. Es cierto que no podemos esperar más de él, pero eso no
lo exime de responsabilidad política que tarde o temprano le alcanzará, como
debe pasar con García. Este gobierno va acabando así, en estado de emergencia,
con este y otros conflictos y movilizaciones a la vuelta de la esquina.
Dolorosamente queda claro que Bagua no ha dejado de suceder, como Conga,
Pichanaki o Tía María seguirán sucediendo. Queda claro que García y Humala son
expresión del mismo fracaso.
* DS N° 027-2009-PCM
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