domingo, 24 de mayo de 2015

TÍA MARÍA: CONFIANZA EN EMERGENCIA

CLAUDIA CISNEROS MÉNDEZ

El 11 de mayo de 2009 el gobierno de Alan García *decretó el estado de emergencia en la Amazonía tras un mes de protestas y movilizaciones. Veinticinco días después, el 5 de junio, ocurrió la peor masacre de nuestra historia reciente: el penoso “Baguazo” en el que murieron 24 policías y 10 civiles. Peruanos que se mataron entre peruanos por la negligencia política de un gobierno sesgado por el lucro y a espaldas de la población. ¿Qué hizo en dos meses de paros y estado de emergencia García luego de ignorar a los legítimos manifestantes? Exactamente lo mismo que ahora hace el gobierno de Humala: insultarlos, llamarlos terroristas, perros del hortelano, manipulables y tratarlos como ciudadanos de segunda.
Pedro Cateriano y un minúsculo ministro que ha aterrizado en el cargo de Justicia han tenido un lenguaje confrontacional antes y después de mandar militares a la zona, antes y después de la declaratoria de emergencia. Tras dos meses de movilizaciones en Arequipa, no se les ha ocurrido mejor idea que achatar su discurso y las posibilidades de entendimiento de las partes, reduciendo y generalizando. Reduciendo a todos los manifestantes a “terroristas antimineros” o a todos sus líderes de “lentejeros”, y excluyendo cualquier espacio de diálogo con la buena porción de personas que no son ni terroristas ni dirigentes mercenarios.
Esta ofensiva mediática del gobierno, acompañada de mayor represión, solo puede indicar que la supuesta voluntad de diálogo del gobierno ha sido un disfraz para imponer el proyecto a punta de miedo y fusil. Que el gobierno se la ha jugado por el libreto de la represión, estigmatización y criminalización de la protesta, y ha dejado que focos violentistas tomen protagonismo buscando la coartada para ejercer su monopolio legal de la violencia. Si de verdad su vocación era por el retorno a la paz, hubiera bastado con un anuncio conjunto de suspensión indefinida. Pero se decidió seguir dudando, dejarle la batuta a la empresa, decir que esta cumplía con todo y siguieron insultando a los manifestantes.
¿Cómo entender, si no, que se insista ahora con el estado de emergencia? El poder político y económico, malacostumbrado a imponer sus intereses en contra del pueblo en la mayoría de conflictos invisibles a los medios, ha calculado mal esta vez. Como calculó mal con Conga y pésimo en Bagua. El Ejecutivo debería saber que hay peruanos que no se rendirán en defender aquello que es su sustento de vida y estando bajo convicción de ser víctimas de una lesiva imposición. Hay peruanos que están dispuestos a perder su vida en un día de protesta en vez de en una lenta e irreversible agonía de tierras contaminadas.
Si el gobierno y la empresa no terminan de asumir las consecuencias de la desconfianza que ellos han labrado presentando y aprobando EIA cuestionables, esto jamás avanzará. Nunca. No hay leyes que restablezcan la confianza perdida ni estados de emergencia, policías o militares que lo hagan. La confianza es un bien no cuantificable que está en la base de este conflicto y que lo mantiene vivo. Quien ha actuado de manera desleal no puede pretender legitimidad solo por ser autoridad o porque ha legalizado mentiras en un contrato o en procesos. Llamarle a eso defensa del Estado de derecho es una ofensa a la Nación y al propio Estado de derecho. Una empresa con el pasado contaminante de Southern no es de fiar. Un gobierno que trató de esconder las 138 observaciones de UNOPS no es imparcial. Presentar el segundo EIA en reunión pública amañada, rodeada de policías que impedían acceso a involucrados no es de fiar. Un gobierno que vuelve a aprobar un EIA aún con serios cuestionamientos no tendrá la legitimidad que a la fuerza quiere imponer.
La confianza está destruida
Eso trasciende los instrumentos de gestión ambiental. Ya no se trata solo de la inversión y sus supuestas bondades, o de los supuestos cuidados para no afectar las aguas, cultivos y la salud. Se trata de la imposibilidad de creerle a la empresa que engaña y al Estado cómplice. Ya no es lo que dicen o aprueban, es quién lo dice y quién lo aprueba.
Nada de esto justifica la violencia y las muertes. Quienes mataron al policía a pedradas deben ser condenados, así como el dirigente corrupto y su corruptor, pero a estas alturas debería quedar claro para el gobierno que mientras no asuman cabalmente su pérdida de legitimidad y confianza, y comiencen a construir sin soberbia el entendimiento, no se reencaminará este conflicto.
En un futuro, con aguas más calmas, pedir nueva supervisión de UNOPS al segundo EIA podría ser una propuesta atendible y viable. Es cierto que Humala no firmó el contrato sino García; que Humala fue a la zona en campaña y prometió agro sí, mina no; que nunca se molestó en volver frente a ese mismo pueblo a explicar por qué había cambiado de posición. Es cierto que no podemos esperar más de él, pero eso no lo exime de responsabilidad política que tarde o temprano le alcanzará, como debe pasar con García. Este gobierno va acabando así, en estado de emergencia, con este y otros conflictos y movilizaciones a la vuelta de la esquina. Dolorosamente queda claro que Bagua no ha dejado de suceder, como Conga, Pichanaki o Tía María seguirán sucediendo. Queda claro que García y Humala son expresión del mismo fracaso.
* DS N° 027-2009-PCM

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