“Que los sonidos de hace rato
eran balas / Y los señores de traje son policías
Lo que llevaban en sus manos
eran armas/ Y las muertes son órdenes de Alan García
Y que las balas que salieron
de esas armas/ es una orden dada por Alan García.
Es por dinero que la sangre se
derrama / Y se derrama por orden de Alan García”.
(Rap de El Sonido de la Resistencia: Bagua no
se olvida - Maanitut Uwaechau: Luchamos por lo justo: http://bit.ly/1chuYgS ).
Lo más desolador del tema
Bagua es que los culpables van ganando. La estrategia del Apra ha sido evadir
toda responsabilidad. Este 5 de junio se cumplen seis años de la masacre de
policías y nativos, y ninguno de sus ministros está comprendido como
investigado en los procesos. Ni Mercedes Cabanillas, ministra del Interior
entonces, por las pésimas y hasta negligentes decisiones tomadas; ni Mercedes
Aráoz, ministra de Producción, por azuzar en contra de la legítima protesta de
los nativos y asustar con que se caía el TLC (minuto 13:07 http://bit.ly/1cqrzws ); ni Ántero Flores,
ministro de Defensa, por abandonar a los policías de Estación 6; ni Yehude Simon, como premier, por no
poner el pecho para detener las órdenes de masacrar; y por supuesto, quien más
a salvo está es quien mayor responsabilidad política tiene: el siempre
impermeable a la justicia, Alan García.
La otra parte de su estrategia
ha sido hacer que todo se extienda tanto en el tiempo que la gente se canse año
a año del tema, que los medios apenas le dediquen un pequeño espacio de
conmemoración porque no hay nada ni nuevo ni bueno que reportar: los mismos
acusados, los mismos cinismos, las mismas imágenes una y otra vez, año a año
durante seis años termina siendo cansino y banalizando la fecha en la
percepción pública.
El daño que el Apra le ha
hecho al país con esta vocación por la impunidad es doblemente malo. No solo
por abonar al desprestigio del poder político, instituciones judiciales y de la
moral nacional, sino porque el pésimo antecedente que perpetúan es el de la
“justificación” para criminalizar la justa protesta; el estado de emergencia como
coartada para el abuso; el intento de imposición a sangre y fuego, tal como
está sucediendo con Southern y Tía María. Tras todas las evidencias que
justifican la desconfianza en la empresa y el gobierno, este insiste en el
proyecto cometiendo –ahora en Islay– abusos y arbitrariedades. Peor aún, este
gobierno está replicando casi como un copy and paste los antecedentes que
llevaron al Baguazo: la promulgación de legislación que puso en riesgo las
tierras de los nativos frente al extractivismo indiscriminado; la falta de
consulta previa; el ninguneo; oídos sordos a las quejas, pedidos de diálogo,
intentos de solución por vías institucionales. Una vez más tratan a los nativos
como si no contaran.
Pero su paciencia tiene un
límite y ya cansados los líderes han dicho que están “coordinando para hacer el
segundo Baguazo”. Y no porque quieran que corra sangre, o porque deseen morir o
matar, sino porque en los últimos dos años este gobierno ha aprobado cuatro
paquetazos que afectan a los pueblos indígenas y ninguno ha pasado por el
proceso de consulta previa. El último paquetazo (Ley 3941) se aprobó en mayo en
complicidad con el Congreso.
¿Por qué los nativos están
dispuestos a volver a exponer sus vidas? Porque los paquetazos afectan
directamente sus derechos colectivos de autodeterminación, y específicamente el
de territorio y aprovechamiento de sus recursos naturales. La ley aprobada
faculta a que se apliquen arbitrarios procedimientos “especiales” que en la
práctica harían legal que se les quite tierras para entregarlas a las empresas
extractivas o de monocultivos perjudiciales.
El paro nacional de los
pueblos indígenas está convocado para el 22 y el 23 de junio. Que no se diga
que no vienen tocando puertas hace meses. En esta misma columna lo hemos advertido
más de una vez. Que no se diga luego que son los “chunchos”, “salvajes”,
intransigentes, cuando la intransigencia (y eventualmente el salvajismo)
procede del Estado.
Como en Bagua, este gobierno,
igual que el de García, solo ha despreciado a los nativos como interlocutores y
los ha despojado en la práctica de sus derechos políticos y ciudadanos. García
como Humala, por agendas antinacionales, no tienen remordimientos cuando se
trata de enfrentar a peruanos contra peruanos, cuando mandan a policías a matar
a ciudadanos. ¿Cuándo nos tocará un mandatario a quien realmente le importen
los peruanos? Mientras tanto,
Bagua sigue y seguirá pasando…
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