domingo, 31 de mayo de 2015

DE BAGUA A TÍA MARÍA: LUCHAMOS POR LO JUSTO


Escribe: Claudia Cisneros
“Que los sonidos de hace rato eran balas / Y los señores de traje son policías
Lo que llevaban en sus manos eran armas/ Y las muertes son órdenes de Alan García
Y que las balas que salieron de esas armas/ es una orden dada por Alan García.
Es por dinero que la sangre se derrama / Y se derrama por orden de Alan García”.
(Rap de El Sonido de la Resistencia: Bagua no se olvida - Maanitut Uwaechau: Luchamos por lo justo: http://bit.ly/1chuYgS ).
Lo más desolador del tema Bagua es que los culpables van ganando. La estrategia del Apra ha sido evadir toda responsabilidad. Este 5 de junio se cumplen seis años de la masacre de policías y nativos, y ninguno de sus ministros está comprendido como investigado en los procesos. Ni Mercedes Cabanillas, ministra del Interior entonces, por las pésimas y hasta negligentes decisiones tomadas; ni Mercedes Aráoz, ministra de Producción, por azuzar en contra de la legítima protesta de los nativos y asustar con que se caía el TLC (minuto 13:07 http://bit.ly/1cqrzws ); ni Ántero Flores, ministro de Defensa, por abandonar a los policías de Estación 6; ni Yehude Simon, como premier, por no poner el pecho para detener las órdenes de masacrar; y por supuesto, quien más a salvo está es quien mayor responsabilidad política tiene: el siempre impermeable a la justicia, Alan García.
La otra parte de su estrategia ha sido hacer que todo se extienda tanto en el tiempo que la gente se canse año a año del tema, que los medios apenas le dediquen un pequeño espacio de conmemoración porque no hay nada ni nuevo ni bueno que reportar: los mismos acusados, los mismos cinismos, las mismas imágenes una y otra vez, año a año durante seis años termina siendo cansino y banalizando la fecha en la percepción pública.
El daño que el Apra le ha hecho al país con esta vocación por la impunidad es doblemente malo. No solo por abonar al desprestigio del poder político, instituciones judiciales y de la moral nacional, sino porque el pésimo antecedente que perpetúan es el de la “justificación” para criminalizar la justa protesta; el estado de emergencia como coartada para el abuso; el intento de imposición a sangre y fuego, tal como está sucediendo con Southern y Tía María. Tras todas las evidencias que justifican la desconfianza en la empresa y el gobierno, este insiste en el proyecto cometiendo –ahora en Islay– abusos y arbitrariedades. Peor aún, este gobierno está replicando casi como un copy and paste los antecedentes que llevaron al Baguazo: la promulgación de legislación que puso en riesgo las tierras de los nativos frente al extractivismo indiscriminado; la falta de consulta previa; el ninguneo; oídos sordos a las quejas, pedidos de diálogo, intentos de solución por vías institucionales. Una vez más tratan a los nativos como si no contaran.
Pero su paciencia tiene un límite y ya cansados los líderes han dicho que están “coordinando para hacer el segundo Baguazo”. Y no porque quieran que corra sangre, o porque deseen morir o matar, sino porque en los últimos dos años este gobierno ha aprobado cuatro paquetazos que afectan a los pueblos indígenas y ninguno ha pasado por el proceso de consulta previa. El último paquetazo (Ley 3941) se aprobó en mayo en complicidad con el Congreso.
¿Por qué los nativos están dispuestos a volver a exponer sus vidas? Porque los paquetazos afectan directamente sus derechos colectivos de autodeterminación, y específicamente el de territorio y aprovechamiento de sus recursos naturales. La ley aprobada faculta a que se apliquen arbitrarios procedimientos “especiales” que en la práctica harían legal que se les quite tierras para entregarlas a las empresas extractivas o de monocultivos perjudiciales.
El paro nacional de los pueblos indígenas está convocado para el 22 y el 23 de junio. Que no se diga que no vienen tocando puertas hace meses. En esta misma columna lo hemos advertido más de una vez. Que no se diga luego que son los “chunchos”, “salvajes”, intransigentes, cuando la intransigencia (y eventualmente el salvajismo) procede del Estado.
Como en Bagua, este gobierno, igual que el de García, solo ha despreciado a los nativos como interlocutores y los ha despojado en la práctica de sus derechos políticos y ciudadanos. García como Humala, por agendas antinacionales, no tienen remordimientos cuando se trata de enfrentar a peruanos contra peruanos, cuando mandan a policías a matar a ciudadanos. ¿Cuándo nos tocará un mandatario a quien realmente le importen los peruanos? Mientras tanto, Bagua sigue y seguirá pasando…

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