domingo, 5 de julio de 2015

LA GUERRA DE SIGNIFICADOS QUE VAMOS PERDIENDO


Escribe: Claudia Cisneros
Hay una guerra silente que se viene librando a voz en cuello en los medios y la sociedad. Una guerra de significados que estamos perdiendo. La extrema y corrupta derecha, apalancada en la concentración de medios monocorde, viene instalando con éxito su narrativa interesada y tergiversada de la historia.
Si protestas por abusos o injusticias te dicen terrorista o filoterrorista; si eres comunista o de izquierda te llaman igual, terrorista; han machacado que la CVR es pro terruca; y hoy, si cuestionas la minería contaminante, abusiva y mentirosa, también te acusan de terrorista o antidesarrollo; han logrado instalar en cierta masa crítica que los Derechos Humanos no sirven y que son un obstáculo para la nación, o parafraseando a un hipócrita cardenal, que son una cojudez.
Un ejemplo de esto es lo que durante más de 13 años viene sucediendo con los Comandos Chavín de Huántar. Algunas burdas mentiras que se han venido repitiendo y que hoy se terminan de desenmascarar con el fallo de la CIDH:
1) Que por culpa de las ONGs los Comandos estaban en el banquillo: Falso, fueron los propios militares que abrieron proceso a todos los Comandos (Junio 2002, Consejo Supremo de Justicia Militar, procurador Gral.(r) Juan Pablo Ramos Espinoza.) ¿Por qué? Por proteger a un comando paralelo, los Gallinazos montesinistas, que entraron a rematar sobrevivientes.
2) Que la CIDH solo defiende terroristas: Falso, para empezar la Corte no juzga individuos sino el actuar de los Estados con respecto a los Derechos Humanos; los magistrados son reputados juristas internacionales; los Estados deben cumplir con respetar los derechos de todo ser comprendido en la especie humana, sean intachables o asesinos terroristas. Eso asegura que los derechos a la vida, debido proceso etc. nos asistan a todos en cualquier momento, lugar y circunstancia si el Estado quiere atreverse a abusar de alguno de nosotros.
3) Que el terrorista Tito no fue ejecutado extrajudicialmente: Falso. El Estado peruano gastó una millonada en contratar a un mercenario internacional para desprestigiar los informes forenses del reputado profesional peruano José Pablo Baraybar que sustentaban el disparo de ejecución extrajudicial. Y pese a que el propio Adrianzén como procurador (hoy ministro de Justicia ¿?) se empeñó en desacreditar el informe del grupo de Baraybar, todos los tribunales peruanos desmintieron a Adrianzén y a sus cómplices. El fallo de la CIDH solo confirma lo dicho por Baraybar y por todas las instancias de la justicia penal peruana: “luego de un análisis, llega a la conclusión que Eduardo Cruz Sánchez fue detenido con vida por parte de dos policías que se encontraban en misión de vigilancia de la casa N1, ubicada detrás de la residencia del embajador de Japón, y que éste luego de ser reducido por estos miembros policiales es entregado por órdenes del procesado Jesús Zamudio Aliaga a una persona vestida como comando y que es quien retorna a Cruz Sánchez al interior de la residencia para luego aparecer muerto con un solo tiro” (Oct. 2012, Tercera Sala Penal Liquidadora).
4) Que los peruanos somos ingratos con los Comandos que dieron su vida contra el terrorismo ajochándolos con juicios: Falso, ese ha sido por más de 10 años el discurso tergiversado, convenido y traidor del fujimorismo y de militares sospechosos de montesinismo. Traidores porque sacrificaron y mancharon la imagen de los Comandos por proteger a los montesinistas. A sabiendas desde el 2002 que fue el fuero militar el que les abrió proceso, los fujimoristas-rabo-de-paja han usado la falsa narrativa de las ONGs defensoras de terrucos y traidoras de los comandos para desprestigiar a los defensores de DDHH y para desvalorizar los DDHH. No hay que ser muy perspicaz para saber por qué. Su máximo líder, Alberto Fujimori, está purgando condena ¿por? delitos de lesa humanidad, entre otros. Condena que hasta hoy el fujimorismo tiene el calculado desparpajo de rechazar.
No dejemos que la escoria política siga ganando espacio y gente en esta ofensiva de la resignificación. Ellos son hábiles para acuñar términos de fácil uso y abuso en la prensa arrodillada o tan infame como ellos. Son estrategias para aniquilar política, social y mediáticamente a quienes sí piensan en el colectivo, defienden el contrapoder, exigen la fiscalización, la equidad, la justicia y los derechos. Los ven como amenaza para sus ambiciones, agendas y para su propia libertad por los delitos que cometen o encubren. Toca pensar en este campo de batalla y contraatacar.

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