El ex defensor del Pueblo Walter Albán consideró que la ley de consulta a las comunidades debió promulgarse. Dirigentes insisten en advertir que puede haber protestas.
Dirigentes de organizaciones andinas señalaron ayer que sus comunidades están decepcionadas con el Ejecutivo, porque el presidente Alan García observó la Ley de Consulta Previa y pretende marginar de ésta a las comunidades de la sierra y la costa.
Indicaron que el problema planteado por las observaciones presidenciales podría desbordarse nuevamente y generar “derramamiento de sangre” –alusión al Baguazo que hace un año dejó 33 muertos y un desaparecido-, pero precisaron que las comunidades no quieren llegar a eso.
Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), dijo que la observación de la Ley de Consulta es una provocación a las comunidades indígenas. “Al observar esta norma el gobierno busca dar un golpe a las comunidades, parece que el gobierno quiere ver de nuevo un derramamiento de sangre, es una provocación decir que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no indica que las comunidades andinas también merecen ser consultadas. Esto ha molestado mucho a nuestras bases”, anotó Huáscar.
Demetrio Ruiz, dirigente de los trabajadores azucareros, transmitió la solidaridad de sus compañeros a las comunidades indígenas. “Nosotros los trabajadores conocemos la situación que se vive en el campo, conocemos cómo el gobierno está vendiendo y rematando los territorios. Tanto en la selva como en los Andes. Este gobierno está regalando el Perú, por eso estamos dispuestos a manifestarnos contra todo intento por abrir las puertas a las empresas transnacionales sin consultarles primero a las comunidades”, indicó.
Para Mario Palacios, presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), este mes de junio ha sido humillante para los campesinos. “Acaba de conmemorarse el Día del Campesino (24 de junio), pero los campesinos no tenemos nada que celebrar. Hoy celebran las mineras y las petroleras. La única norma buena que podía salir ha sido observada, lo que es un regalo a las empresas y una traición a las comunidades indígenas pues viola la Constitución, porque en las observaciones García plantea que las comunidades andinas no merecemos ser consultadas. El premier Javier Velásquez se comprometió a convocar a una sesión extraordinaria para ver la Ley de Consulta, pero quién le cree, nosotros ya no, porque practica una política de hipócritas”, sentenció Palacios, quien se declaró a favor de tratar el problema mediante el diálogo.
Más conflictos
A su turno, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, advirtió que la observación de la Ley de Consulta aumentará el clima de conflictos que se vive en el interior del país. “La no aprobación de la Ley de Consulta Previa traerá mayores conflictos y no porque el Partido Nacionalista lo quiera, sino porque es culpa del gobierno, porque las comunidades no van a aceptar que las pasen por encima. Plantear una idea contraria a la consulta de las comunidades es salirse del marco del derecho internacional”, señaló.
Ollanta sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene una mala percepción de las consecuencias que generará la promulgación de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas. “El gobierno tiene esa mala percepción porque el Ejecutivo siempre se ha llevado mal con las comunidades indígenas, las han engañado; desde sus promesas de campaña todo ha sido una sarta de mentiras, entonces, obviamente no quieren reconciliarse con las comunidades porque las comunidades le van a sacar todo en cara. Entonces, tienen vergüenza de ir a las comunidades y por eso las deja ahí, que se entiendan con las inversiones, por eso, no quieren incluir a las comunidades”, añadió.
En ese sentido, el líder opositor apuntó que el gobierno debe formar una “alianza” con las comunidades para lograr el desarrollo sostenido de la selva y las zonas alto andinas. “Lo que existe es una situación de polarización, producto de las ineficiencias y las malas políticas de los gobiernos de turno, que lo único que han logrado es que las comunidades se pongan en pie de guerra. Entonces, en esas condiciones, hay un clima de tensión en el interior del país. Basta mirar el mapa de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo”, declaró.
El ex defensor del Pueblo Walter Albán consideró que la ley de consulta a los pueblos nativos debió promulgarse, pues, en su opinión, del texto aprobado no se puede interpretar que existe un derecho al veto. “Eso no es otorgarles el derecho al veto que ni siquiera está contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la consulta no está orientada a eso”.
EN DESACUERDO
Amnistía Internacional (AI) lamentó ayer la decisión del Ejecutivo de no promulgar la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, que aprobó el Congreso el pasado 19 de mayo. “Este rechazo del presidente y su Consejo de Ministros es una afrenta a los pueblos indígenas del Perú. La respuesta del Ejecutivo es decepcionante y supone una oportunidad perdida. El Perú tiene la obligación de acatar las normas internacionales de derechos humanos que protegen a los pueblos indígenas contra el despojo de sus tierras y recursos en nombre del desarrollo”, indicó en un comunicado AI.
Marcelo Puelles
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