MARTÍN VIZCARRA, SU ASISTENTE Y LOS MALETINES DE DINERO EN PALACIO

EL REGRESO DE KAREM ROCA. ¿AJUSTE DE CUENTAS ENTRE VILES DELINCUENTES POLITICOS? A pedido de la Fiscalía, detienen a tres exfuncionarios de Provías Descentralizado y un empresario, quienes integrarían una organización criminal encabezada por el expresidente. La Fiscalía recoge cuatro testimonios: un aspirante a colaborador eficaz y tres testigos protegidos. • MARTÍN VIZCARRA LIDERARÍA PRESUNTA RED CRIMINAL LOS INTOCABLES DE LA CORRUPCIÓN, SEGÚN LA FISCALÍA El expresidente Martín Vizcarra lideraría una organización criminal que copó Provías Descentralizado para recibir coimas en la licitación de obras públicas entre los años 2018 y 2020, de acuerdo con cuatro testimonios —un aspirante a colaborador eficaz y tres testigos en reserva— recogidos por el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, al que lideran la fiscal superior Marita Barreto y el coronel PNP Harvey Colchado. Como parte de la corroboración de estos testimonios, el fiscal provincial José Luis Quispe logró una autorización judicial para la detención preventiva por 10 días de tres exfuncionarios de Provías Descentralizado y un empresario, el allanamiento de 11 inmuebles y el decomiso de seis bienes muebles e inmuebles que serían producto del pago de coimas equivalentes a 3,5% del costo directo de la buena pro en obras públicas: casos Titay, Pampas y Samegua. Así, en la madrugada del martes último fueron detenidos Carlos Eduardo Revilla Loayza, exdirector de Provías Descentralizado desde abril de 2018 hasta octubre de 2021, y hasta la actualidad asesor de la alta dirección de Proinversión, en la que participó en las negociaciones con el Gobierno de Francia para las obras en la Carretera Central. En los operativos que se realizaron en Lima y Moquegua también fueron detenidos Alcides Villafuerte, exgerente de obras de Proinversión, y Juan José Enciso Torres, exmiembro del Comité de Licitaciones en dicha institución descentralizada. Además, el empresario Hugo Javier Meneses Cornejo, representante del consorcio Samegua, integrado por las empresas Corporación Imaginación SA y China Gezhouba Croup Company Limited-Sucursal Perú. La orden judicial de detención preliminar también incluye a Elizabeth Ugarte Manrique, coordinadora de abastecimientos de Provías Descentralizado; sin embargo, no fue ubicada en su domicilio en Surquillo. La dirección de Migraciones reportó que salió del Perú rumbo a Francia el 24 de enero último. En tanto, uno de los lugares allanados fue la residencia de la mencionada corporación china, representada por la ciudadana Xia Chang, en San Isidro, en busca de documentos contables sobre movimiento de dinero que permitan acreditar el pago de las presuntas coimas. La investigación a esta organización, que la Fiscalía y la policía denomina Los Intocables de la Corrupción, incluye al expresidente Martín Vizcarra, el exministro Edmer Trujillo Mori (Vivienda y Construcción) y el exviceministro Carlos Estremadoyro Mory (MTC). Igualmente, en calidad de presuntos integrantes de la organización, Hugo Mario Misad Trabucco, Carlos Américo Cabello Quito, Alejandro Edgardo Ahumada Aspillaga, Renzo Albert Navarrete Chilquillo, Raúl Alfonso García Alemán. La organización De acuerdo con los testigos en reserva TP-02-2023, 03-2023 y 04-2023, y el aspirante a colaborador eficaz CE-08-2023, la cúpula de la organización, el expresidente Vizcarra y sus principales colaboradores, desde que era gobernador regional de Moquegua, Edmer Trujillo y Carlos Estremadoyro, decidieron copar Provías Descentralizado para recibir coimas en la licitación de obras de mantenimiento y gestión de vías. Con este objetivo, promovieron y pusieron al frente de Provías Descentralizado en calidad de director ejecutivo a Carlos Revilla; como gerente de obras a Alcides Villafuerte Vizcarra y como coordinadora de abastecimiento y control patrimonial a Elizabeth Ugarte, personas de la más alta confianza de la cúpula de poder de la mencionada organización. De acuerdo con el colaborador eficaz, Alcides Villafuerte se encargaba de “cobrar las coimas” a los empresarios de la construcción para inmediatamente entregarle el dinero a Carlos Revilla, quien a su vez se lo entregaba a los jefes de la organización. Revilla habría acudido a Palacio de Gobierno a entregarle millonarias sumas de dinero a Vizcarra, para lo cual ingresaba sin identificarse y previamente se disponía que se apaguen las cámaras de seguridad, para evitar cualquier registro. Dinero en Palacio Al respecto, el testigo en reserva TP-03-2023 señala que Karem Roca presenció tres entregas de dinero al entonces presidente Vizcarra, dos en maletines deportivos y una vez en un tubo de los utilizados para guardar planos, y que, además, observó que quien manejaba el dinero sucio era Maribel, la esposa de Vizcarra. La primera entrega que presenció Roca fue en el año 2018; no se precisa fecha, pero se indica que la testigo recuerda claramente que Carlos Revilla llegó con un maletín negro de marca Adidas con bultos en su interior, y luego de 20 a 30 minutos se retiró. Entonces, Roca ingresó al despacho presidencial y, al ver que Martín Vizcarra estaba en los servicios higiénicos, ella aprovechó para levantar el maletín, abrirlo y ver que contenía en su interior gran cantidad de billetes nacionales de diversa denominación, y se retiró antes de que el presidente regrese. La segunda oportunidad fue entre setiembre u octubre de 2019. Nuevamente llegó Carlos Revilla, sin registrarse, con un maletín tipo mochila negro y luego de 30 minutos se retiró. Entonces, inmediatamente, Karem Roca ingresó a limpiar, acompañada de un edecán y un trabajador de limpieza, y vio que uno de los cajones del escritorio del presidente, que minutos antes estaba vacío, ahora estaba mal cerrado, y al intentar cerrarlo notó que estaba repleto de dinero en billetes de 200 soles. Esta vez, Vizcarra la miró y le dijo: “Oye, ¿qué haces allí?, ¿qué has visto?”. Ella respondió “nada” y se retiró. La tercera vez se produce en la misma época, del 2019, pero esta vez Carlos Revilla llegó con el dinero dentro de un tubo para trasladar planos. Otra vez, al salir Revilla, Vizcarra se fue al baño, y ella aprovechó para revisar el tubo y observar que contenía gran cantidad de fajos de billetes nacionales de diversa denominación. Puente Tarata El testigo añade que Karem Roca sabía que Maribel Diaz administraba ese dinero, porque en una ocasión fue a buscar al presidente al despacho de la primera dama y esta le dijo que se encontraba descansando en el dormitorio, que fuera a buscarlo, y observó que al pie de la cama estaban los maletines negros que había visto en la primera y segunda oportunidad. La exasistente del despacho presidencial también vio que en una ocasión Stalin Zeballos habló con Hugo Misad Trabucco sobre gastar un dinero que estaba depositado en una cuenta en el Banco Continental, de unos 350.000 soles. A la sugerencia de Zeballos de gastar el dinero, Misad le habría respondido que ese dinero era del hombre, en referencia a Vizcarra, y que este le pedía dinero cada cierto tiempo. La Fiscalía ha encontrado registros bancarios sospechosos de Alcides Villafuerte y compra de inmuebles con crédito hipotecario que luego paga en corto tiempo. Villafuerte también está implicado en el caso Puente Tarata, que involucra al expresidente Pedro Castillo. “ME CONSIDERAN UN RIVAL POLÍTICO” El expresidente Martín Vizcarra calificó de patrañas los testimonios que señalan que lidera una organización criminal y que recibió dinero en efectivo en maletas en Palacio de Gobierno. “Lo único que quieren es hacerme daño porque me sienten como un rival político de cuidado, de temer. Hace solo un mes salieron encuestas de opinión donde me ponen primero o segundo en intención de voto para las próximas elecciones”, afirmó. Subrayó que la fuente principal de esas declaraciones es Karem Roca. “El Perú conoce a Karem Roca, tiene una animadversión y odio hacia mi persona. Todo lo que puede salir de la boca de Karem Roca es con la intención de perjudicar. Es la principal fuente de la Fiscalía. Es inaudito”

LA CORRUPCION EN LA INSTITUCIONES PUBLICAS

CRHISTIAN SALAS BETETA Ex Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción Ministerio de Justicia y Derechos Humanos • LA CORRUPCION (DEFINICION) • Alfonso Quiroz, define a la corrupción como el mal uso del poder político burocrático por parte grupos de funcionarios coludidos con MEZQUINOS INTERESES PRIVADOS para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y LA DISTORSIÓN DE LAS POLÍTICAS E INSTITUCIONEs. Es decir, corrupción es el abuso de los recursos públicos para beneficiar a unas cuantas personas o grupos, involucra explícitamente el poder y la política, al sector público y al privado y su efecto en políticas, instituciones y en el progreso del país. • LA CORRUPCION INSTITUCIONAL • Son todos los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, poniendo por encima sus intereses personales y los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. El termino opuesto a corrupción política es transparencia. Según Hernández Gómez, la corrupción se define como "toda violación y/o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y QUE EN SU LUGAR LOS IMPIDE, RETARDA O DIFICULTA". Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo. ANTECEDENTES HISTORICOS • La corrupción en el Perú y países latinoamericanos aparece con la invasión y conquista española, (1532) en donde la clase política dominante y gobernante es corrupta, dejándonos caudillistas, jefes, cúpulas militares, CÚPULAS RELIGIOSAS . • A lo largo de la historia, se puede ver con claridad cómo, en lugar de irse construyendo un Estado Republicano con leyes y marcos normativos adecuados, con funcionarios que hacen cumplir la ley y con ciudadanos que van aprendiendo a sentirse parte de una sociedad incluyente que los considera, a diferencia de esto, se va perfilando y consolidando UN ESTADO SIN DERECHO, EN EL QUE LAS LEYES ESTÁN DADAS PARA NO SER CUMPLIDAS, y donde las formas patrimoniales del poder se van remodelando y recreando en cada periodo de la historia. La corrupción atenta persistentemente contra el desarrollo nacional y se pierden importantes oportunidades para lograrlo. CAUSAS DE LA CORRUPCION • Mala distribución política del poder en la administración publica, No existe un ejercicio transparente. • Falta de conciencia social. • Desconocimiento de lo legal e ilegal. • Falta de valores, ética y moral. • IMPUNIDAD EN LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN. • Poca eficiencia de la administración pública. • Excesivo poder discrecional del funcionario público. • Ambición. • Codicia. CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCION • CONSECUENCIA POLÍTICAS: • Perjudica el funcionamiento de las instituciones públicas. • Afecta la eficacia y la eficiencia en las instituciones públicas. • Afecta a la democracia y la gobernabilidad de los pueblos. • CONSECUENCIAS ECONÓMICAS • Inestabilidad política de los Estados. • Genera menos inversionista. • CONSECUENCIA SOCIAL • Pobreza • Perdida de credibilidad en las instituciones Publicas. • INCREMENTO DE LA DELICUENCIA, por Perdida de oportunidades. • La corrupción mina el desarrollo y progreso de los pueblos No solamente nos encontramos estancados en niveles graves de corrupción, sino que, a la luz de los últimos acontecimientos en el país, es probable que esta situación pueda todavía empeorar”, ELEMENTOS DE LA CORRUPCIÓN • COMPORTAMIENTO: • ACCIÓN: acto intencional para cometer un acto de corrupción. • OMISIÓN: no denunciar o actuar contra la corrupción al no hacerlo, eres cómplice. • INSTIGACIÓN: acto de provocar o incitar a otras personas a cometer corrupción. • INVOLUCRADOS: • Funcionarios públicos • Empresarios • Miembros de organizaciones o individuos de la población. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DEFINICION • Son delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos, por eso se le denomina como delitos especiales. Basada en el abuso de poder por parte de los funcionarios o servidor público, para obtener beneficios propios, causando grave perjuicio al Estado. LEYES CONTRA LA CORRUPCIÓN • DECRETO SUPREMO Nº 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción • Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. • Ley N° 27815 – Ley del Código de Ética. • Decreto Supremo Nº 046-2013-PCM que aprueba la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo. • Ley N° 29976 - Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. • Ley N° 30650 por la que se declara la imprescriptibilidad de los delitos contra la Administración Pública o contra el Patrimonio del Estado. • Decreto Supremo Nº 012-97-RE ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción, y a través del Decreto Supremo Nº 075-2004-RE ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. TIPOS DE DELITOS NEGOCIACION INCOMPATIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE CARGO • Art. 399.- El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. El integrante del Comité Especial encargado de una licitación pública muestra su interés, en la etapa de calificación y evaluación de propuestas, por favorecer la candidatura de un postor amigo suyo en el puntaje de su propuesta técnica, de tal forma que le permita acceder a la fase de evaluación de su propuesta económica y, una vez en ella, evidencia su interés para que la buena pro sea otorgada a favor de su amigo. PECULADO El delito de peculado se encuentra tipificado en el articulo 387 del Código Penal • De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, el delito de peculado sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o usa, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le están confiados por razón de su cargo. • Como señala Fidel Rojas Vargas en Delitos contra la administración pública (Lima, 2003), solamente puede ser autor de peculado el funcionario o servidor público que reúna las características de relación funcional exigidas en el tipo penal, es decir, quien posea los caudales o efectos públicos como consecuencia de un deber de percepción, custodia o administración de los mismos. PECULADO DE USO Artículo 388. Peculado de uso • El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. • El peculado de uso la conducta del agente esta dirigida a usar o utilizar caudales o efectos públicos • El peculado de uso recae sobre los vehículos, maquinarias o cualquier otro instrumentos de trabajo de propiedad del Estado. COHECHO El delito de Cohecho es un delito que implica la entrega de un soborno para corromper a alguien y obtener un favor de su parte. Lo habitual es que esta dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc., sea entregada a un funcionario público para que éste concrete u omita una acción. TRAFICO DE INFLUENCIA Artículo 400° del Código Penal Peruano, el cual reza de la siguiente forma: “El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo (…) El delito de tráfico de influencias tiene como bien jurídico el correcto funcionamiento de la administración pública, y particularmente, el debido procedimiento para el acceso a la administración justicia. En efecto, el delito de tráfico influencias tutela el debido acceso a la administración justicia; empero, basado en la afectación al funcionamiento de la administración pública como componente principal de la identidad de la Sociedad. Esto es, el delito de tráfico de influencias se configurará no sólo por una indebida manera o forma de acceder a la administración de justicia, sino que afecte a su funcionamiento. CONCLUSIONES La corrupción es un hecho cíclico • La corrupción, no solo se combate con la creación de más normas penales • La corrupción debe ser combatida con política pública • Este tipo de acción ilícita, ataca a la economía del Estado, hechos que generan una correlación entre la economía y la corrupción. Adenda personal. La corrupción de instituciones públicas, normalmente, tienen su origen en el financiamiento privado legales o ilegales (minería, forestal, narcotráfico, etc.) de los partidos políticos, que se materializan en las elecciones generales, sobre todo en las congresales de diferentes organizaciones políticas, para obtener mayoría congresal y luego exigir leyes o beneficios legales favorables como para perennizar con contratos a largo plazo de mineras, pesqueras, forestales, etc. O para obtener impunidad o infiltrar en otras instituciones como ministerio público, poder judicial tribunal constitucional, defensoría del pueblo, junta nacional de justicia, etc.

VLADIMIRO MONTESINOS ACEPTA QUE PARTICIPÓ EN 16 ASESINATOS

Pide sentencia anticipada. Exasesor presidencial no se arrepiente, solo busca acelerar su libertad tras 22 años y seis meses en prisión. “Sí, acepto, señora presidenta”. Con estas palabras, el exasesor del dictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, aceptó someterse al procedimiento de sentencia anticipada, lo que supuso reconocer su participación en el secuestro y asesinato de 16 personas por parte del destacamento de operaciones especiales grupo Colina, ocurridas en enero y julio de 1992. La sentencia anticipada será por el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta y seis pobladores de la localidad de Pativilca, en Barranca. Mientras Montesinos reconocía su responsabilidad; desde su casa, un risueño Alberto Fujimori insistía en su inocencia o que este caso se incluya en el irregular indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Para no dejar dudas sobre su reconocimiento de responsabilidad, la presidente del tribunal, la jueza Miluska Cano, le volvió a preguntar si aceptaba las imputaciones de la Fiscalía y la propuesta de responsabilidad civil, a lo que el exasesor presidencial y jefe de facto de los servicios de inteligencia volvió a responder: Sí, acepto, señora presidenta. BUSCA SU LIBERTAD Pero, ojo, esto no supone que Montesinos muestre un grado de arrepentimiento y reconocimiento de las víctimas. Solo acepta su responsabilidad porque es lo que más le conviene. Sabe que los hechos están plenamente probados y el procedimiento de conclusión anticipada le permite recibir una pena menor que la que solicita la Fiscalía. Por los asesinatos de La Cantuta, Fujimori recibió una condena de 25 años de prisión, que también correspondería a Montesinos. Las torturas y crímenes de los comuneros de Pativilca recibirían una pena similar, pero en nuestro país las penas no se suman. Por ambos casos, había una altísima probabilidad de que reciba 25 años de prisión. La conclusión anticipada es un procedimiento en el cual el acusado reconoce su responsabilidad, con lo que le ahorra al Estado realizar el juicio, y a cambio recibe una pena por debajo de lo que solicita la Fiscalía. De hecho, luego de la intervención de Montesinos, su abogado, Arturo Visurraga, solicitó a los jueces que se tome en cuenta que Vladimiro Montesinos lleva recluido en prisión 22 años y seis meses, por lo que al dictar sentencia, se debe dar por compurgada la pena; es decir, establecer que ya la cumplió. Montesinos espera salir en libertad dentro de los siguientes dos años, ya sea por sentencia cumplida, pues la máxima pena que se le ha impuesto es de 25 años de prisión, o con beneficios penitenciarios por trabajos en cárcel, escritura de libros. De manera metódica y silenciosa, desde hace algunos años, el exasesor presidencial viene realizando todos los trámites necesarios que le permitan recuperar su libertad al cumplir su condena o antes. Por eso se acoge a sentencia anticipada. El caso La Cantuta-Pativilca, que también incluye a Alberto Fujimori, proyecta durar varios años de desarrollo por su complejidad y las alegaciones del dictador. Así, mientras el juicio se encuentre en desarrollo, él no podría iniciar los trámites de excarcelación. La fiscal Elsa Delgado Pérez y la procuradora Johana Rodríguez no mostraron oposición a la aceptación de cargos por parte de Montesinos, por ser su derecho. Ante lo cual, el tribunal programó la lectura de la sentencia condenatoria para el próximo miércoles 31 de enero en un audiencia que comenzará a las 11:00 a.m. Sicariato En la matanza de Pativilca, el grupo Colina actuó por encargo. En un lío por terrenos en los anexos Caraqueño y San José, un empresario acusó, ante el jefe del Ejército Nicolás Hermosa Ríos, a un grupo de campesinos de pertenecer a Sendero Luminoso. Entonces, Hermosa mandó al grupo dirigido por el mayor Santiago Martín Rivas. A las 2:00 a.m. del 29 de enero de 1992, el destacamento Colina detuvo a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29), y luego de torturarlos, los mataron de un balazo en la cabeza. En julio de 1992, también en la noche, secuestraron a nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta y los ejecutaron a sangre fría. Impunidad Fujimori. Alberto Fujimori, que ya fue condenado por los asesinatos de La Cantuta, solicita que la matanza de Pativilca no sea considerada en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, señalando que el Perú recién reconoció esa figura el 2002.

LOS DERECHOS HUMANOS SOLO SIRVEN PARA PROTEGER A LOS DELINCUENTES

En las redes sociales se encuentra frecuentemente la idea que da título a la columna de hoy. Se dice tantas veces que terminamos creyendo que es una sentencia y no solo una opinión. Hagamos un ejercicio de pensamiento crítico. Verán que, contrario a lo que muchas personas piensan y otras quieren hacernos pensar, no muerde, no nos vuelve estériles ni hace que los hijos nazcan con cola de puerco. Sin pensamiento crítico jamás habríamos pasado del círculo a la rueda y de esta a los vehículos. Creer que los derechos humanos son peor que un ataque de hipo cuando necesitamos enhebrar una aguja, merece un poco de análisis. Casos típicos: Caso 1: en mayor parte nace de la frustración y el pesimismo. (CIERTO, ES UN MODUS OPERANDI) Atrapan a algún delincuente (callejero o marero) y se profetiza que no será enjuiciado, menos condenado, porque los derechos humanos lo protegerán. ¡Qué cosa tan mala son los derechos humanos! Caso 2: aparece cuando se intenta proteger los derechos de personas con signo ideológico contrario. En vez de enviar a la fuerza pública bien armada (ergo, con licencia para matar) (COMO EN EL GOBIERNO ACTUAL, DEL PERU, CON MAS DE 70 MUERTOS)contra algún grupo de manifestantes, envían a policías desarmados. «Los derechos humanos solo sirven para proteger comunistas, socialistas, terroristas, resentidos, etcétera». También se da cuando un procurador o defensor de los derechos humanos (de los de antes y de los de ahora) interviene en favor de los de la barra de enfrente. Dejemos esto muy claro: los derechos humanos no admiten privilegios ni excepciones, son de aplicación universal (¿QUIEREN HACER CREER ESTO?). En el caso de presuntos transgresores de la ley lo que buscan es garantizar un proceso con equidad. Es decir, se activan para que la ley se cumpla con rigor y según los procedimientos establecidos, no para evitar que esta se aplique. (Y LAS INVESTIGACIONES INTERMINABLES, SIN SANCION O QUE SOLO TERMINAN CUANDO SE ARCHIVA LOS CASOS) Lo que encontramos detrás del primer caso es temor de que los sistemas de protección de la sociedad resulten actuando en nuestra contra, (PEOR QUE ESO, ES QUE SE INCREMENTAN EXPONENCIALMENTE LOS CASOS) lo que agudizaría la violación de derechos. ¿POR QUÉ SALE LIBRE EN COSA DE HORAS UN DELINCUENTE DETENIDO EN FLAGRANCIA? No es por los derechos humanos. Es la cadena de actores quien le falla a la sociedad. Los partes policíacos favorables o maliciosamente ambiguos se pueden comprar con sobornos. Las personas afectadas tienen temor de formalizar sus denuncias (en muchos casos por razones comprensibles). Los abogados defensores (de los derechos legales de su cliente) son capaces de retorcer la ley, de inventar coartadas, de falsificar o de esconder pruebas, de alquilar testigos. Hay jueces que se venden. He ahí a los agentes de la impunidad. Reflexionemos: muchos de nuestros derechos actuales se consiguieron con sangre derramada. Gracias a los derechos humanos nos liberamos de la esclavitud, de trabajar catorce horas diarias y siete días a la semana, del trabajo sin vacaciones ni prestaciones laborales. Gracias a esos derechos se ha avanzado en la equidad de género. Se protege a la educación en la niñez y en la juventud. Los derechos humanos son los creadores de los servicios públicos de salud. Lo que pasa es que quienes los gozamos no nos ponemos a pensar en lo que ha costado llegar hasta aquí. Quien se oponga a los derechos humanos debería, por ética y congruencia, oponerse también a todas las conquistas que nos han traído. En síntesis, no culpemos a los derechos humanos de las fallas del sistema. Son cosas muy distintas. (MUCHO TIENE QUE VER CON LA C ALIDAD DE GOBERNANTES QUE ELEGIMOS EN ESTA FRAUDULENTA DEMOCRACIA, NOS GOBIERNAN DELINCUENTES DE CUELLO Y CORBATA) El segundo caso tiene por fondo ignorancia, mala fe o hipocresía. Por ejemplo: cuando hay protestas de colectivos campesinos o populares se pide mano dura e implacable. Pero si quienes protestan son aliados ideológicos o de conveniencia (por ejemplo, los exmiembros del ejército que participaron en el conflicto armado interno) entonces se les justifica plenamente y se pide su protección (es decir, se exige que respeten su derecho a la protesta y a la resistencia civil). (AQUÍ EN EL PERU, TENEMOS UN GRUPO DE PROTESTA QUE SE LES LLAMA “LA RESISTENCIA” O “PESTILENCIA”A FIN AL PARTIDO DELINCUENCIAL DEL FUJIMORISMO). No ignoremos deliberadamente la función de los defensores de los derechos humanos (de antes). Ellos son parte del sistema de pesos y contrapesos de un Estado de Derecho, de una democracia. Contribuyen al restablecimiento del equilibrio siempre que el resto del sistema no se haya corrompido (Dios nos guarde). (DEMASIADO TARDE, YA ESTA CORROMPIDO) Falta una discusión importantísima: ¿Qué pasa si por hacer valer los derechos de otros atropellan los míos? Los que violan las leyes, violan los derechos de personas inocentes que casi siempre, no son defendidos por los operadores del sistema de derechos humanos, que tampoco se manifiestan por la impunidad del sistema judicial, del ministerio público o apadrinados del gobierno de turno. Cuando se pretende solucionar este problema con rigor, es decir con un régimen de excepción o suspensión de garantías, alzan su voz de protesta, se acuerdan que existen y mueven todo tipo de publicidad para evitar esta acción. La verdad ¿A quién defienden?

EXTORSIÓN Y SICARIATO SIN CONTROL EN LIMA Y REGIONES: POR QUÉ LOS DELINCUENTES GANAN CADA VEZ MÁS TERRENO Y QUÉ MEDIDAS TOMAR

Infobae Perú conversó con expertos para entender las razones de este aumento sostenido de este tipo de delitos. Obreros, ambulantes, colectiveros, mototaxistas, dueños de boticas, farmacias o bodegas y “jaladores” de transporte público están siendo víctimas. Ya nadie se salva. Según informes y cifras oficiales sobre la criminalidad e inseguridad ciudadana en el Perú, los dos delitos que vienen creciendo significativamente a nivel nacional son la extorsión y el sicariato. Varios casos inician con una llamada telefónica amenazante o un mensaje por WhatsApp y terminan con una persona siendo acribillada a sangre fría en alguna calle de Lima o provincia. Ambas figuras delictivas vienen cobrando de la mano cada vez más víctimas en el país. Los objetivos de la delincuencia ya no son solo adinerados empresarios o gente pudiente. Ahora, lo sufren obreros, ambulantes, colectiveros, mototaxistas, dueños de pequeños negocios y “jaladores” de transporte público. Funcionarios, autoridades o artistas tampoco se salvan. De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la mayoría de veces el sicariato es el resultado de una extorsión fallida. Lo que muchos no pueden pagar con dinero, lo terminan haciendo con su vida o, peor aún, la vida de sus seres queridos. La sensación de estar en una situación fuera de control con estos dos delitos es real. “Es la última vez que te advierto, a la siguiente ya no voy a romper tu luna, van a ser otras medidas”. Este es el escalofriante mensaje que recibió, el pasado 16 de mayo, el regidor del distrito de Comas, Yenson Cornejo Milla, quien denunció que le exigían hasta 500 soles semanales a cambio de “protección”. A fines de mayo de este año, el conocido actor cómico Carlos Alvárez también sintió en carne propia la extorsión. “Nuestro país está ensangrentado por la delincuencia peruana y extranjera”, declaró. Las amenazas se materializaron cuando en su jardín le dejaron una bala de 9 milímetros, marca Langers. “Esto es una situación de millones de peruanos, están igual o peor que yo, están en una situación de indefensión”, exclamó. Hace menos de una semana, en el norte del país, un dirigente identificado como Juan Gamarra se armó de valor para denunciar que al menos mil comerciantes del mercado de Chiclayo eran víctima de extorsión. Apenas unos días antes, en Lima, policías se agarraron a balazos con una peligrosa banda de extorsionadores en la cuadra tres de la avenida México, en el distrito de La Victoria. Estos son solo algunos de los casos relacionados a la extorsión que se hacen públicos. Pero otros, que ni llegan a ser denunciados, finalizan con un sicariato consumado. Una nueva vida se apaga y una nueva familia queda enlutada. La preocupación: la figura se repite en diversos rincones del país. Alejandro Santillán es una de las últimas víctimas del sicariato en Lima. Perdió la vida de forma inmediata la madrugada del sábado 17 de junio, tras recibir al menos ocho impactos de bala, en la cuadra seis del jirón Baritina, cerca del parque zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho. No se descarta que pudo estar siendo extorsionado. “La extorsión es, como todos sabemos, solicitar plata para beneficio propio y si tú no cumples viene la amenaza y, finalmente, quitarle la vida a una persona (sicariato). Son dos de los delitos que más están creciendo”, advirtió el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la policía, a Infobae Perú. El llamado del delito y la falta de oportunidades Para el alto mando, alguna de las razones por las que se ha incrementado sostenidamente estos delitos son por la falta de campo laboral y tener desempleados a miles de peruanos y migrantes, aunque hizo especialmente énfasis en estos últimos. “Al no haber campo laboral y tener acá desocupados a muchos migrantes, con la difusión que se está haciendo de los delincuentes venezolanos y colombianos, actualmente los peruanos cuando necesitan a alguien para trabajos domiciliarios, ya le han puesto un freno a ellos. Al no tener trabajo y tener necesidades económicas ¿qué sucede? Aumentan las extorsiones. Sienten que es lo más fácil: amenazan, piden un cupo y nadie sabe quién eres”, señaló. Además, el general aseveró que falta todo un trabajo conjunto y articulado de partes de las autoridades centrales, regionales y municipales. Citó de ejemplo la disposición que prohíbe a los limpiaparabrisas, que eran en su mayoría extranjeros ilegales, y comentó que muchos al quedar sin un sustento económico se han dejado capturar por los lazos de la delincuencia, principalmente en rubros ilícitos como la extorsión y el sicariato. “No debe pasar desapercibido que el TREN DE ARAGUA, varias de sus facciones y otras bandas extranjeras han permitido que haya más presencia de ambos delitos. Son grupos criminales que han llegado a nuestro país bien organizados y tienen experiencia dedicándose a estos ilícitos y ya han tomado parte del territorio”, agregó. El asesinato ocurrió a plena luz del día en La Hermelinda donde los comerciantes y clientes fueron testigos del brutal ataque que acabó con la vida del hombre que resguardaba la seguridad del establecimiento La provincia de Trujillo en la región de La Libertad ha sido escenario, una vez más, de la violencia criminal que desatan las bandas criminales presentes en el lugar. La mañana del último jueves, un sicario atentó contra la vida de un vigilante en el concurrido mercado La Hermelinda, a plena luz del día. El trágico incidente sucedió cuando el mercado empezaba su actividad diaria. Según la información proporcionada por algunos testigos, un hombre se aproximó al vigilante y sin mediar palabra disparó en reiteradas ocasiones. El agente de seguridad, cuya identidad aún no ha sido divulgada, falleció a causa de las heridas provocadas por los impactos de bala. El hecho causó que clientes y comerciantes del mercado quedaron atónitos ante la escena del crimen que presenciaron. De acuerdo con los informes preliminares, el asesino, después de cometer el acto, se dio a la fuga. Sicario se persigna antes de ejecutar el ataque Imágenes de las cámaras de seguridad del mercado lograron capturar la secuencia de los hechos, incluyendo el momento donde el perpetrador, en un gesto sorprendente, se persigna antes de dirigirse a la víctima y disparar hasta cinco veces, asegurándose de que la víctima muera en el lugar.

FISCALÍA DE CHILE A FAVOR DE ENJUICIAR A ALBERTO FUJIMORI POR 8 CASOS CRIMINALES

De cara a la justicia. Existen fundamentos para acceder a la solicitud de la justicia peruana para ampliar las causales de la extradición de Alberto Fujimori, entre otros delitos, por homicidio calificado, secuestro agravado, conspiración, lesiones graves seguidas de muerte, peculado, asociación ilícita para delinquir, señala el fiscal de la Corte Suprema de Chile, Jorge Norambuena. A menos de dos meses de haber logrado una discutible excarcelación, el exdictador Alberto Fujimori vuelve a confrontar a la justicia. La Fiscalía de Chile comunicó a la Corte Suprema de este país que procede a ampliar las causales de la extradición concedida al Perú en 2007 para juzgar al exmandatario por ocho casos criminales. De acuerdo con la resolución del fiscal de la Corte Suprema de Chile, Jorge Norambuena Carrillo, la solicitud de las autoridades peruanas cumple con los requisitos exigidos por su normatividad, por lo que procede el requerimiento para graves casos de violaciones de los derechos humanos, como la matanza de la familia Ventocilla perpetrada por la organización criminal Destacamento Colina, integrada por agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en 1992; y escandalosos casos de corrupción, como la transferencia de fusiles AK-47 a la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999. Según el procedimiento chileno, la ministra instructora de Chile deberá pronunciarse en primera instancia sobre la declaración de la Fiscalía. Ante la eventualidad de la apelación de alguna de las partes, el pleno de la Corte Suprema chilena resolverá, en última instancia, si concede o no la ampliación de las causales de la extradición de Fujimori, de todos o de algunos de los hechos imputados. La Fiscalía de Chile accedió a ampliar la extradición de Fujimori por los siguientes casos: 1. Asesinato de la familia Ventocilla En la noche del 24 de junio de 1992, en plena dictadura fujimorista, un comando del Destacamento Colina, integrado por oficiales y subalternos del SIE, en ese momento bajo control del régimen, secuestró y asesinó a seis integrantes de la familia Ventocilla, en Cerro Sejetuto, Huacho, en el norte de Lima. Empresarios avícolas de la zona vinculados con el gobierno de Fujimori acusaban falsamente de terroristas a las víctimas. El caso lo denunció el periodista radial huachano Pedro Yauri Bustamante, quien también fue secuestrado y desaparecido por el Destacamento Colina, bajo control de Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Los asesinos se niegan a decir dónde lo enterraron. Se le atribuyen al exjefe de Estado los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado 2. Esterilizaciones forzadas Más de 1.365 mujeres han denunciado haber sido víctimas de esterilizaciones contra su voluntad durante el mandato de Alberto Fujimori, entre 1995 y 2000. En algunos casos, las mujeres perdieron la vida por complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas, que muchas veces se hicieron bajo engaños o amenazas. Está probado que el Gobierno promovió la entrega de recompensas a los médicos y técnicos que más esterilizaciones completaba. Estos aprovecharon la situación de pobreza extrema, analfabetismo y exclusión de las víctimas. El 12 de julio del 2023, luego de que la Corte Suprema anulara la apertura de instrucción contra Fujimori y sus exministros de Salud, entre ellos el actual congresista Alejandro Aguinaga, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Perú a tomar acciones urgentes para que las víctimas reciban justicia y reparación. A Fujimori se le imputan los delitos de lesiones graves seguidas de muerte. 3. Entrega de fusiles a las FARC El 21 de agosto del 2000, Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y la cúpula militar de entonces, revelaron en conferencia de prensa, en Palacio de Gobierno, la desarticulación de una supuesta organización internacional de traficantes de fusiles AK-47 a la organización terrorista FARC. Fujimori elogió a Montesinos y al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) por el operativo llamado “Siberia”. Sin embargo, una investigación de La República, que incluyó una entrevista con el vendedor de los 10.000 fusiles al Gobierno peruano –luego desviados a las FARC–, el empresario armenio-libanés Sarkis Soghanalian destapó que Fujimori y Montesinos fueron parte del contrabando. Incluso el expresidente colombiano Andrés Pastrana reclamó y denunció a Fujimori. Montesinos, por este caso, recibió una condena de 20 años de cárcel. A Fujimori se le imputan los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, violación de soberanía de un estado extranjero, falsedad genérica y conspiración. 4. Matanza de internos del penal Castro Castro En mayo de 1992, durante la ‘Operación Mudanza’ para trasladar a un grupo de mujeres acusadas de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso, los reclusos opusieron violenta resistencia. Efectivos de la Policía Nacional, agentes del SIN y del Destacamento Colina aprovecharon la oportunidad para ejecutar selectivamente a dirigentes históricos terroristas, como Hugo Juárez Cruzatt, Elvia Sanabria Pacheco, Tito Valle Travesaño y Yovanka Pardavé Trujillo. En total, fallecieron 42 internos. Fujimori y Montesinos tuvieron papel protagónico en los hechos. Homicidio calificado y lesiones graves se aplicarían en este caso 5. Ejecuciones extrajudiciales en Operación Chavín de Huántar Testigos de los hechos, entre ellos algunos exrehenes, afirmaron que terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), entre ellos, Eduardo Cruz Sánchez, se rindieron ante la presencia de los comandos, pero que estos los ejecutaron el 22 de abril de 1997. En el caso de Cruz, los testigos afirmaron incluso que lo vieron fuera de la residencia del embajador japonés. Pero su cuerpo apareció dentro de dicho establecimiento. En este hecho criminal se han comprendido los presuntos delitos de secuestro y homicidio calificado. 6. Adquisición de un canal de TV para el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) En 1999, como parte de la campaña por la re-reelección presidencial, Alberto Fujimori autorizó a Vladimiro Montesinos a comprar la propiedad de Cable Canal de Noticias (CCN), con fondos secretos del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El propósito era oponerse al medio independiente Canal N. El régimen corrupto de Fujimori y Montesinos usaron CCN para desacreditar a la oposición y a la prensa que no se vendía al fujimorismo. Cuando se difundieron los vladivideos, que Montesinos filmaba clandestinamente para acreditar sus actividades ilícitas, apareció uno donde constaba el pago en efectivo por CCN, que también se puso al servicio de la campaña por la re-reelección de Fujimori. En las imágenes del vladivideo se observa el momento en el que el general EP Luis Delgado Arenas entrega US$2 millones al empresario Eduardo Calmell del Solar, en presencia del abogado Vicente Silva Checa. Silva luego se convirtió en un importante dirigente de Fuerza Popular y en asesor político personal de Keiko Fujimori, por lo que es procesado en el llamado caso Cócteles. La justicia peruana imputa a Fujimori en relación con este hecho los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado. 7. Represión en agravio de los integrantes del movimiento 13N Un grupo de oficiales del Ejército planeaba asestar un contragolpe a Fujimori, Montesinos y su socio el excomandante general del Ejército general Nicolás Hermoza Ríos, el 13 de noviembre de 1992. Un oficial traidor delató a los generales Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Víctor Obando Salas como organizadores de la asonada, por lo que Fujimori, Montesinos y Hermoza emprendieron una cacería de los conjurados. Varios de los implicados fueron detenidos, torturados y virtualmente secuestrados en prisiones militares, donde no tuvieron acceso a abogados ni a sus familiares. El propio Montesinos asistió a sesiones de tortura y golpeó a algunos de los detenidos. Un tribunal castrense condenó a ocho años de carcelería a 25 involucrados. Paralelamente, el régimen fujimontesinista inició una cacería contra militares en retiro que opinaban a favor de la rebelión contra el Gobierno corrupto, entre ellos, los generales EP (r) Walter Ledesma y Carlos Mauricio Agurto y el capitán de navío AP (r) Luis Mellet Castillo. Secuestro y tortura en agravio de los militares es la imputación señalada para este caso contra Fujimori. 8. Revelación de secretos de Estado. Cuando se encontraba prófugo en Japón, Alberto Fujimori, por intermedio de su asesor Carlos Raffo Flores, le remitió videos de las sesiones secretas del Consejo de Defensa Nacional de 1998, en los que se ventilaron las acciones de las Fuerzas Armadas y las labores diplomáticas frente al conflicto con Ecuador. El exdictador usó las filmaciones –que probablemente se llevó consigo cuando huyó para Japón junto a abundante evidencia incriminatoria, como los llamados vladivideos– en beneficio propio para fines propagandísticos. Los videos los entregó al programa ‘Cuarto Poder’. Por este caso, la Fiscalía peruana le inició a Fujimori una investigación por revelación de secretos de Estado. La Fiscalía chilena consideró que aplicaba la ampliación de la extradición por este caso. El fiscal de la Corte Suprema de Chile, Jorge Norambuena, después de describir cada uno de los casos mencionados, concluye que existen fundamentos para acceder a la petición de las autoridades peruanas de que se le conceda las causales de la extradición de Alberto Fujimori, con la finalidad de iniciar su enjuiciamiento en el Perú. “En opinión de este fiscal judicial, se han cumplido copulativamente los requisitos exigidos en el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, y en lo dispuesto en el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República de Perú, suscrito con fecha 5 de noviembre de 1932, aprobado por el Congreso Nacional el 14 de agosto de 1936 y promulgado el 11 de agosto de 1936, y demás exigencias de los cuerpos legales ya citados, por lo que propone que se conceda la ampliación de la extradición (de) Alberto Fujimori por su responsabilidad como autor de los delitos consumados”, indica el fiscal chileno Norambuena. Es muy probable que a mediados de año se conozca el resultado.

¿BUKELE COMO MODELO PARA EL PERÚ?

EL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL PERUANO HA DICHO QUE SE DEBE IMITAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE NAYIB BUKELE. ¿Cuál es el riesgo de inspirarse en el autoritarismo millennial? El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha logrado despertar los sentimientos primarios que algunas veces hacen que nos permitamos reacciones irracionales. El miedo es el principal de todos, al otro, a lo que no entendemos. El miedo como respuesta que lo permite todo. Me cuesta entender a las personas que quieren para nuestro país gobiernos similares al salvadoreño para enfrentar los problemas estructurales del Perú. Mi sorpresa fue mayor al escuchar al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señalar que hay cosas que imitar en materia de seguridad, cosas por las que el propio Nayib Bukele se ha llamado a sí mismo dictador, como una demostración más de que se siente por encima de cualquier forma de control que no sea la que proviene de su propia voluntad. Bukele ha violentado la independencia de poderes, ha tomado decisiones a partir de su mayoría legislativa que han significado que el 30 % del Poder Judicial en El Salvador haya sido cesado, con lo que ya imaginamos quién pondrá a ese nuevo 30 %, sometiendo la justicia a sus decisiones en la búsqueda de esa impunidad tan soñada por todos los que se sienten por encima de la ley y la usan para sus fines, con medidas populistas que no tienen respuesta en el mediano y largo plazo, pero que terminan dando una aparente sensación de seguridad, sin darse cuenta de que las violaciones a los derechos humanos nos dañan a todos. ¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS? Abuso de poder Que los regímenes autoritarios intenten cooptar el sistema de justicia no es algo nuevo. Lo hacen a través de nombramientos temporales, controlando los sistemas de selección, nombramiento o ratificación de jueces y fiscales. Cuando se concentra el poder, los perjudicados son los ciudadanos. ¿EFECTO COLATERAL? Por eso, el equilibrio de poderes es el fundamento del Estado de derecho. Se equivoca, señor presidente del Poder Judicial. El camino de Bukele, como el de cualquier dictador de derecha o de izquierda, es el camino del abuso del poder, ¿A QUIÉN PERJUDICA? es el camino que rompe la ley que usted representa. No hay nada que copiarle a quien se considera por encima de la ley y usa el miedo de las personas que debe proteger para pretender un respaldo que terminará volcándose en su contra, lamentablemente, tarde. El Poder Judicial tiene muchas tareas pendientes. Si bien no es encargado de la prevención, como sí lo es el Ejecutivo, que tendría que estar atacando causas y no consecuencias, sí es el responsable de procesar y sancionar. Para ello, debería trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), atender la carga procesal que existe y meter a la cárcel a quienes tienen que estar en ella. ¿OBJETIVO PRINCIPAL? Las declaraciones del presidente del Poder Judicial no son precisamente la guía y el equilibrio que un país como el nuestro necesita, con un Legislativo y un Ejecutivo deslegitimados, ¿RAZON JUSTA Y NECESARIA? cuestionados y criticados. Esperemos que se trate solo de una declaración poco feliz que no se corresponda con la claridad en el rol del Poder Judicial, la base que soporta el Estado de derecho. ¿COMO DICE FERNANDO ROSPIGLIOSI, PARA HACER TORTILLAS, HAY QUE ROMPER HUEVOS? ¿Plan Bukele en el Perú?: Del entusiasmo a la realidad A finales de agosto del 2023, visitó la ciudad de Lima, Perú, una delegación de El Salvador presidida por Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, el segundo distrito más grande de dicho país y uno de los lugares donde se viene aplicando el Plan de Seguridad impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, denominado “Plan de control territorial”. La visita fue recibida con entusiasmo por varios alcaldes distritales limeños, congresistas, algunos medios de comunicación y autoridades del gobierno central. El eje central de dicha visita y del entusiasmo con la que fue acogida en Lima, es la posibilidad de aplicar en el Perú el llamado “plan Bukele” para combatir la criminalidad y la inseguridad ciudadana. ¿Y LA CORRUPCION?, ¿Es posible y conveniente aplicar dicho plan de seguridad –que ha sido muy criticado por no respetar el Estado de derecho y los derechos fundamentales en El Salvador– en Lima y en el Perú? A continuación, algunas razones para pasar del entusiasmo a la realidad en torno a este plan. 1. Lo primero que hay que decir es que algunos indicadores alertan que la inseguridad ciudadana y la criminalidad se han incrementado en Lima y en otras grandes ciudades del país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el periodo noviembre de 2022 a abril de 2023, “la tasa de criminalidad a nivel nacional alcanzó a un 25% de la población a nivel nacional, lo que reflejó un aumento de 3.9 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior (21.1%)”. Esto quiere decir, que uno de cada cuatro ciudadanos y ciudadanas as ha sido víctima de algún acto delictivo, siendo los más comunes el robo de dinero, de carteras y de celulares, que han afectado a 12 de cada 100 ciudadanos. Estaríamos pues ante un problema real, no sólo de percepción ciudadana. 2. Otro dato de la Policía Nacional del Perú (PNP), es que, en el primer trimestre del año 2023, se registraron 26,652 robos; esto es, 296 robos por día. Según los indicadores del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 del Ministerio del Interior, en el año 2023 la tasa de homicidios llegaría a 8.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, mostrando un lento pero sostenido crecimiento en los últimos años. Según este Plan, en el año 2011 la tasa de homicidios era de 5.4 por cada 100,000 habitantes. 3. A estos indicadores se suma el incremento de la percepción de inseguridad ciudadana, especialmente en Lima y también en todo el país. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de junio del año 2023, el 45% de los encuestados se sentía “muy inseguro” y el 35% “algo inseguro” ante un eventual asalto. Es decir, el 80% DE LA POBLACIÓN SE SIENTE INSEGURA, lo que supone un incremento en comparación con abril del mismo año, en el que el 75% de los encuestados tenían similar percepción. Parte de esta percepción de inseguridad ciudadana lamentablemente vincula el incremento de la criminalidad con la masiva migración venezolana en el Perú. 4. En síntesis, en el Perú ha habido un incremento de la criminalidad y así se refleja también en la percepción ciudadana de mayor inseguridad. Asumimos que, en El Salvador, al igual que en otros países de América Latina, debe haber pasado algo similar en los últimos años; en el caso de este país centroamericano el incremento de la criminalidad ha estado fuertemente asociado con el fenómeno de pandillas urbanas conocidas como “MARAS”. Sin embargo, para hacer una comparación e intentar replicar un modelo de seguridad a otra realidad nacional, hay que tomar en cuenta también las diferencias entre los países. EN EL PERU, LA DELINCUENCIA DE EXTRANJEROS SE IDENTIFICA, EN GRAN PORCENTAJE, CON LA PANDILLA DE EL TREN DE ARAGUA 5. Mientras el Perú tiene una extensión de 1,285,215 kilómetros cuadrados, El Salvador cuenta con una extensión de apenas 21,040 kilómetros cuadrados; es decir, casi el tamaño de la región Ica. Mientras nuestro país tiene 33,720,000 habitantes, El Salvador tiene 6,518,000 habitantes; esto es, alrededor del 65% de habitantes de la ciudad de Lima. En la actualidad, Perú cuenta con 131,592 efectivos policiales; en tanto sólo la Policía Nacional Civil de El Salvador tiene aproximadamente 30,000 efectivos, sin contar los efectivos militares.[1] Por ello, la magnitud de las consecuencias de una posible aplicación de un “Plan Bukele” en el Perú, debe tomar en cuenta estas notables diferencias territoriales, demográficas y otras más. 6. Se calcula que, con la aplicación de este cuestionable plan de seguridad, alrededor del 1% de la población salvadoreña terminó en las cárceles. ¿Qué supondría eso en nuestro país? ¿Alrededor de 330,000 personas potencialmente podrían terminar en los centros penitenciarios? Según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de junio del 2022, la capacidad de todos los establecimientos penitenciarios en el Perú era de 41,018 internos(as), sin embargo, la población penitenciaria era de 89,464 internos(as); esto es, en el Perú hay una sobrepoblación penitenciaria del 118%. Frente a esta realidad, las primeras preguntas ante el entusiasmo por aplicar el plan Bukele en el Perú son ¿cuántas más nuevas cárceles habría que construir? LAS QUE SEAN NECESARIAS ¿Cuántos millones de dólares demandaría estas nuevas cárceles, (EL DAÑO ECONOMICO QUE CAUSAN LOS DELINCUENTES, A LA LARGA ES MAYOR), ¿CUANTO CUESTA UNA VIDA? no sólo en su construcción e implementación sino también en su mantenimiento? ¿Existiría para todo ello una auténtica voluntad política en los Poderes Ejecutivo y Legislativo para gastar en más cárceles? ¿”CUANDO LOS DELINCUENTES ESTAN EN DICHOS PODERES DEL ESTADO, LOGICAMENTE, QUE NO”? 7. Un engranaje del plan Bukele en El Salvador ha sido la detención masiva de personas, muchas de ellas inocentes. (EFECTO COLATERAL) Según fuentes periodísticas, se estima que, de las 72,000 personas detenidas en el marco de este plan, al menos 10% resultaron inocentes. Por las dimensiones del Perú, muy probablemente eso supondría un número mucho mayor de detenciones masivas y, en consecuencia, también una mayor cantidad de personas inocentes injustamente detenidas. 8. Frente a posibles y masivas violaciones de derechos fundamentales en la implementación de un plan como éste, el Ministerio Público y el Poder Judicial verían incrementar notablemente su carga procesal, con más casos de personas acusadas de diversos crímenes violentos. Para ello, requerirían mayor presupuesto público, algo que siempre les regatea el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República, pues es más “rentable” política y electoralmente hablando, incrementar el gasto público en educación, salud o programas sociales, que en justicia. (SUENA BONITO, PERO EN LA REALIDAD, NO SE ASI). 9. El plan Bukele ha supuesto también la instalación de “jueces sin rostro” para juzgar a personas acusadas de ser pandilleras en El Salvador. (PROTECCION CONTRA VENGANZAS) Esta es una figura de ingrata recordación en el Perú pues fue fuente de abusos y arbitrariedades judiciales en contra de personas inocentes. Tan evidentes fueron los excesos de estos “jueces sin rostro”, que el propio presidente de la República de ese entonces, Alberto Fujimori, impulsó una comisión especial de indultos para poder liberar a miles de inocentes injustamente acusados de terrorismo. (REALIDAD MUY DIFERENTE, IMPLEMENTADA POR DELINCUENTES, QUE TERMINARON PRESOS) Años después, en noviembre del 2003 en la ciudad de Ayacucho, el entonces presidente del Poder Judicial pidió perdón al pueblo ayacuchano por la mala actuación de algunos jueces durante el conflicto armado interno que sufrió el Perú. 10. Otro engranaje del plan Bukele es el uso y abuso del estado de excepción. Desde que se aprobó el decreto de emergencia para luchar contra las pandillas en El Salvador, el estado de excepción ha sido prorrogado en dieciocho oportunidades. En el caso del Perú, a partir de la pandemia del COVID-19 y luego por diversas justificaciones, como el fenómeno de El Niño o el incremento de la delincuencia en Lima y Callao, gran parte del país, y en especial la ciudad capital, ha estado por excesivos y largos periodos en estado de emergencia, debilitando derechos fundamentales claves ante posibles abusos policiales o militares, como la protección contra la detención arbitraria o la inviolabilidad del domicilio. ¿Estamos dispuestos a instalar en forma permanente en nuestras ciudades el estado de emergencia para implementar un plan de seguridad como este? 11. Otro engranaje del plan Bukele, que hay que estar muy alertas en el Perú, es la evidente vocación de permanecer en el poder del presidente Nayib Bukele, recurriendo a sucesivas reelecciones presidenciales, habiendo sometido previamente al Poder Judicial de dicho país y contando con una abrumadora mayoría parlamentaria que le permite ello. (CUANDO EL SOBERANO, EL PUEBLO LO PIDE, ES JUSTO Y NECESARIO, ASI ES LA DEMOCRACIA) ¿Suena familiar o hace recordar algo en el Perú? Ciertamente el expresidente Alberto Fujimori y su exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos intentaron lo mismo y lo lograron en un primer periodo y casi lo consiguen para un segundo periodo en la re-reelección del año 2000. (ES TOTALMENTE DIFERENTE, NO HAY QUE CONFUNDIR UN ESTADO INSTITUCIONAL DELINCUENCIAL, CON OTRO QUE PERSIGUE A LOS DELINCUENTES). ¿Estamos dispuestos en el Perú a permitir un autócrata –de derecha o de izquierda– que nos ofrezca mayor seguridad en las calles, pero a costa de perennizarse en el poder con un régimen no sólo autoritario sino también corrupto? (PERDON, ¿CORRUPTO? O PERSEGUIDOR DE DELINCUENTES Y CORRUPTOS) Tómese muy en cuenta que, en el caso de El Salvador, el presupuesto público para implementar este plan de seguridad goza de total opacidad y no es posible saber cuánto se gastó ni en qué se gastó; por ejemplo, la mega cárcel que ha construido el gobierno de Bukele en El Salvador para albergar a alrededor de 40,000 internos, se ha hecho con total hermetismo y nula información. Somos plenamente conscientes que el incremento de la criminalidad es un problema real que sin duda hay que prevenir y combatir en el Perú. ¿QUIEN PREVIENE O QUIEN PERSIGUE, CUANDO LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO ESTAN TOMADOS POR PARTIDOS POLITICOS, QUE VIENEN SAQUEANDO AL PAIS. Pero no hay varitas mágicas para ello como un cuestionado plan de seguridad importado, sino un trabajo sostenido de autoridades civiles y policiales que suponga, entre otras medidas, combatir la corrupción policial, mejorar sustancialmente el equipamiento y entrenamiento de los efectivos policiales, incrementar los operativos de inteligencia en contra del crimen organizado, fortalecer el copamiento policial y de serenazgo de las calles, mejorar la cooperación ciudadana y vecinal, entre otras medidas que, absolutamente todas, pueden implementarse con el marco legal que ya contamos en el Perú. (CUANDO NADIE ROBA, LA PLATA ALCANZA, PERO AQUÍ TODOS ROBAN Y LA JUSTICIA SE ENCARGA DE LIMPIARLOS, ARCHIVANDO PROCESOS, COMPARTIENDO LO ROBADO. La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, (LA USURPADORA) anunció el pasado 18 de septiembre la declaratoria del estado de emergencia en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres y la provincia de Sullana en la región norteña de Piura. Otra medida que en el pasado reciente ha sido un fracaso para detener la creciente criminalidad callejera en varias zonas de la ciudad de Lima y del resto del país. Este anuncio y la posible salida a las calles de efectivos militares, parece ser una respuesta apresurada a una demanda ciudadana y de varios alcaldes, en vez de un mínimo plan de seguridad ciudadana que, todo parece indicar, el actual Gobierno no tiene.

CÓMO SINGAPUR PASÓ DE SER UNA ISLA POBRE A UNO DE LOS PAÍSES MÁS RICOS DEL MUNDO

Lee Kuan Yew estuvo al mando del país por tres décadas y es considerado el artífice del "milagro" económico. Lleno de rascacielos, jet privados y Rolls-Royce, Singapur es el cuarto país más rico del mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo y Macao, según el poder adquisitivo de sus habitantes. Conocida como "La perla de Asia", esta diminuta ciudad estado con apenas 5,6 millones de habitantes, es actualmente uno de los mayores centros financieros del mundo, el lugar que produce más millonarios y el más costoso para vivir, de acuerdo a un estudio del Economist Intelligence Unit. PERO HACE MEDIO SIGLO ERA UNA ISLA POBRE, CON MUY POCOS RECURSOS NATURALES, QUE NO PROMETÍA UN GRAN FUTURO. Tras dejar atrás el dominio británico y lograr la independencia de Malasia en 1965, Singapur se convirtió en un estado autónomo liderado por Lee Kuan Yew. El hombre, que ocupó el cargo de primer ministro por más de 30 años, es el artífice del llamado "milagro económico". Lee diseñó un amplio programa de reformas para sacar a Singapur de lo que él describió como el "pozo negro de la miseria y la degradación",y convertirlo en un país industrializado y moderno, bajo un modelo capitalista con férreo control estatal. "Singapur tiene una ubicación geográfica estratégica, justo en la zona más poblada y de mayor crecimiento del mundo", le dice a BBC Mundo Linda Lim, profesora especializada en economía política del sudeste asiático, de la Universidad de Michigan. Dicha ubicación le ha permitido estar en una ruta clave de comercialización entre gigantes como China, India y el sudeste asiático. DESDE FINALES DE LA DÉCADA DE 1960, EL GOBIERNO IMPULSÓ GRANDES PROGRAMAS DE EMPLEO Y LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES, UNA POLÍTICA SOCIAL QUE FUE DE LA MANO DE UN ESTRICTO CONTROL DE LA VIDA PRIVADA Y LA SUPRESIÓN DE LIBERTADES INDIVIDUALES (INCLUYENDO LA DETENCIÓN DE OPOSITORES SIN LLEVARLOS A JUICIO Y LA APLICACIÓN DE CASTIGOS CORPORALES). Incluso había órdenes explícitas sobre cómo ser corteses y hasta cómo limpiar el lavabo. Con el paso del tiempo, el país impresionó al mundo con sus altos niveles de educación, sanidad y competitividad económica, AL TIEMPO QUE ATACÓ LA CORRUPCIÓN, CONSIDERADO COMO UN MAL ENDÉMICO EN LA ANTIGUA COLONIA. Educación: el controvertido modelo de "línea dura" que tiene a Singapur en lo más alto del ranking mundial ¿Cómo lo lograron? En una primera etapa de desarrollo, Singapur se dedicó a la producción de manufactura intensiva en mano de obra para exportar a mercados de países desarrollados. Pero hacia fines de la década de los 90, el país entró en una nueva etapa de transformación económica que lo llevó a convertirse en un centro financiero global. Desde entonces, no ha parado de crecer. Además de la ubicación geográfica, Singapur tiene una serie de ventajas comparativas, dicen los expertos. Entre ellas, "una población capaz de hablar chino e inglés, INSTITUCIONES SÓLIDAS QUE FUNCIONAN Y AUSENCIA DE CORRUPCIÓN", explica la profesora Lim. A eso suma una fuerte inversión social en vivienda, salud y educación, que fue puesta en práctica desde el inicio del programa de transformación económica. En paralelo, "Singapur entregó generosos incentivos a los inversionistas extranjeros" para instalarse en el país, agrega Lim, permitió el libre flujo de capital y firmó importantes acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, China, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Unión Europea. Analistas coinciden en que el éxito económico de Singapur se debe -en parte- a que las medidas para impulsar el crecimiento comenzaron hace más de medio siglo. Y entre las razones que explican su éxito, Cowen menciona LA INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO, además de "una muy buena gobernanza y política económica desde el inicio, junto a un ambiente de negocios predecible". "Estaban en el lugar adecuado y en el momento preciso, cuando el resto de Asia también comenzaba a crecer", agrega. De hecho, Singapur es actualmente uno de los mayores inversionistas extranjeros en China y al mismo tiempo China es su mayor mercado de exportación. Así las cosas, mientras Pekín sigue por el camino de la desaceleración económica, Singapur está cada vez más expuesto a los nubarrones que acechan al gigante asiático. ¿QUIERES SABER COMO FUE QUE ACABARON CON LA CORRUPCION EN SINGAPUR? El país asiático, en poco tiempo, le encontró solución a este problema y hoy es ejemplo mundial. El líder que terminó con la corrupción en su país y lo llevó a ser el más competitivo del mundo Durante sus cuatro décadas en el poder en Singapur, Lee Kwan Yew puso el eje en la ética pública y convirtió a la pequeña y empobrecida nación portuaria en uno de los “tigres asiáticos”, líder mundial en competitividad DESDE AMÉRICA LATINA HASTA EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS, LA CORRUPCIÓN PARECE UN MAL ENDÉMICO ASOCIADO A LA POLÍTICA. Pero Lee Kwan Yew (1923-2015) fue un líder contemporáneo que halló la fórmula para transformar la pequeña ciudad-Estado de Singapur, que en los años 60 era un empobrecido puerto del sudeste asiático, centro de contrabando, narcotráfico y prostitución, con un PBI per cápita de apenas 500 dólares, en un país modelo, el cuarto en el ránking mundial de PBI per cápita con más de 65.000 dólares, AL TOPE ENTRE LAS CINCO NACIONES CON MENOS CORRUPCIÓN, y un ejemplo de conducta cívica que se percibe en las calles siempre impecables, donde escupir un chicle es pasible de una multa de 1000 dólares. El “padre de la patria” en Singapur, que lideró la independencia de Malasia en 1965 con la firme idea de disciplinar a su sociedad, no tenía pelos en la lengua para hablar. “Es como con los perros. Si uno los entrena de manera adecuada desde cachorros, sabrá que tienen que salir afuera a hacer pis y defecar, y no es necesario un palo para educarlo. Pero nosotros no somos ese tipo de sociedad. Tuvimos que entrenar perros adultos que incluso hoy en día orinan deliberadamente en los ascensores... Pero HAY QUE EMPEZAR METIENDO EN LA CÁRCEL A TRES DE TUS AMIGOS, ENTONCES LA GENTE TE CREERá”, decía el llamado “dictador bueno”. Efectivamente, el líder conocido en su país como “Harry Lee”, o por sus iniciales LKY, no fue precisamente un impulsor de valores sagrados en Occidente, como la defensa de los derechos humanos o la alternancia en el poder, en un país gobernado desde hace seis décadas por el mismo partido, en el que NO LE TEMBLÓ EL PULSO PARA PONER A VARIOS LÍDERES OPOSITORES EN LA CÁRCEL, DONDE HAY PENA DE MUERTE Y EL AZOTE ES UNA FORMA DE CASTIGO APLICADO POR LA JUSTICIA. Harry Lee no le esquivaba el bulto a la cuestión y sostenía que los “valores asiáticos” diferían de los occidentales. “Una diferencia fundamental entre la cultura estadounidense y la oriental es la posición del individuo en la sociedad. En la cultura estadounidense, el interés de un individuo es primordial. Esto hace que la sociedad estadounidense sea más agresivamente competitiva, con una ventaja más nítida y un mayor rendimiento. EN SINGAPUR, LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD PREVALECEN SOBRE LOS DEL INDIVIDUO”, decía. En efecto, si es por los “valores asiáticos”, Singapur no es en la región el menos “democrático” en un sentido occidental, si se mira a vecinos como Tailandia, Camboya, Myanmar, Vietnam o incluso China. La ciudad-Estado de Singapur, con seis millones de habitantes -el 75% de ascendencia china y el 13% malayos-, está conformada por 63 islas, y tiene una superficie de apenas 728 km2 -algo más de tres veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, sin demasiados recursos naturales más que sus costas sobre un estrecho clave, ruta obligada para el comercio internacional entre el Océano Índico y el Pacífico. Precisamente esta característica de “país portuario”, donde históricamente atracaron infinidad de barcos de todas las nacionalidades, lo convirtieron en una nación corrompida por mercaderes que estaban de paso y dispuestos a conseguir lo que deseaban a cambio de dinero. Cuando LKY asumió a los 42 años como primer jefe de gobierno de su país independizado, era un abogado de clase media alta singapurense, graduado en la universidad de Cambridge, con un fuerte sentido de la disciplina heredado de su formación británica y también de su servicio durante la ocupación japonesa (1942-1945), país al que elogiaba por su severidad en la lucha contra el crimen. “Nunca he creído a los que abogan por un enfoque suave del crimen y el castigo, alegando que el castigo no reduce el crimen”, dijo. Así, cuando llegó al poder con su Partido Acción Popular (PAP) y a lo largo de sus 40 años de gobierno, tomó la lucha contra la corrupción como su principal bandera y la basó en cuatro patas. “EL PRIMER ELEMENTO CLAVE DE SU LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FUE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN (BCI)”, señaló a LA NACION el doctor Fernando Pedrosa, un conocedor de Singapur, que dicta en la UBA la cátedra “Sistemas políticos del Sudeste Asiático”. Se trata de un organismo autónomo que funciona aún hoy, y que tiene amplios poderes de investigación y aplicación de justicia y castigos. Sus agentes verifican constantemente las cuentas bancarias y propiedades, no solo de los funcionarios, sino también de todos sus parientes e incluso amigos. La BCI puede confiscar automáticamente cualquier ingreso derivado de acciones corruptas. Y LAS SANCIONES SON MÁS GRAVES SI EL HECHO ESTÁ VINCULADO CON GASTOS SOCIALES, DE EDUCACIÓN O SALUD. Como a un funcionario singapurense más, el BCI tuvo bajo su lupa a LKY y a todos sus familiares y amigos durante sus cuatro décadas en el poder, pero el mandatario predicaba con el ejemplo. “EL SOLO HECHO DE SER ACUSADO POR UN HECHO DE CORRUPCIÓN EN SINGAPUR, SIGNIFICA UNA AFRENTA GRAVÍSIMA PARA EL FUNCIONARIO Y TODA SU FAMILIA. De hecho, en 1986, el exministro de Desarrollo, Teh Cheang Wan, se suicidó cuando comenzaba la investigación porque, aunque sostenía su inocencia, no pudo resistir la deshonra de ser acusado”, recordó Pedrosa. En su carta de despedida Teh escribió: “Como honorable caballero oriental, creo que es justo que pague la pena más alta por mi error”, dijo. La segunda pata de la lucha contra la corrupción fue la “PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD”, una herramienta legal que luego se aplicó en otros países. En Singapur los funcionarios y exfuncionarios deben demostrar que todos sus bienes y propiedades fueron adquiridos de forma legal. De lo contrario le son confiscados y la pena es de prisión. LA CARGA DE PROBAR LA INOCENCIA ESTÁ TRANSFERIDA AL FUNCIONARIO no a la Justicia que siempre presume culpabilidad. “Una tercera pata en la que se basó la campaña anticorrupción de LKY fue la profesionalización del empleo público. Los funcionarios en Singapur ganan mucho dinero. El sueldo de un ministro ronda el millón de dólares anuales, mucho más del doble del salario del presidente de Estados Unidos, de 400.000 dólares. El estímulo apunta a que el funcionario no quiera arriesgar sus beneficios por un hecho de corrupción”, señaló Pedrosa. Secreto Por último, la cuarta pata tiene que ver también con el secreto que permitió el gigantesco desarrollo económico de Singapur: la eliminación de normas burocráticas. “LKY consideró que cada reglamentación innecesaria era un nido potencial para la corrupción. Los empresarios se ven más tentados de coimear cuanto mayor es la cantidad de normas a cumplir. Por eso realizó una amplia simplificación del sistema burocrático”, afirmó el experto de la UBA. Así, Singapur figura hoy al tope como “el país más competitivo del mundo”, por encima incluso de Estados Unidos, en el ránking del Foro Económico Mundial. Es el líder mundial en infraestructura, salud y mercado laboral para favorecer las inversiones. Hay más de 37.400 empresas internacionales con sede en Singapur, incluidas 7000 multinacionales y al menos la mitad de ellas utilizan Singapur como su sede regional para sus negocios en Asia Pacífico. El 80% de las viviendas de Singapur, siempre cómodas y confortables, son provistas por el Estado con un sistema de leasing a 99 años y además, para favorecer la integración social, los departamentos de un edificio se reparten según la cuota racial del país (chinos, malayos, indios, extranjeros, etc). La educación, siempre bilingüe, es gratuita en la primaria, mientras que la secundaria y la universidad tienen aranceles simbólicos para los ciudadanos singapurenses, y están ampliamente integradas con el mundo laboral y científico del país. La misma severidad que para los funcionarios es aplicada para el castigo de los delitos de los ciudadanos comunes, lo que muchos señalan como el motivo de los bajísimos índice de delincuencia y criminalidad. Poco a poco Singapur se va haciendo un país más multipartidario. En las elecciones del año pasado el PAP oficialista, liderado ahora por el hijo de LKY, Lee Hsien Loong, actual primer ministro, obtuvo el 61% de los votos, y otros dos partidos lograron alrededor del 11%, uno de ellos liderado por otro hijo de LKY, Lee Hsien Yang. Hacia el final de su vida, LKY miró el camino recorrido y reflexionó: “A menudo se me acusa de haber interferido en la vida privada de los ciudadanos. Si no lo hubiera hecho no estaríamos aquí hoy. No habríamos progresado económicamente si no hubiéramos intervenido en asuntos muy personales como decidir quién es tu vecino, cómo vives, el ruido que haces, si escupes o mascas chicle, o qué idioma usas. Decidimos lo que consideramos correcto. No importa lo que piense la gente “. A modo de epílogo Pedrosa agrega: “no sé cuanto se puede imitar en otros lugares la experiencia de Singapur. Como ‘padre de la patria’, LKY le impuso a su país desde el comienzo ese sello de la lucha contra la corrupción y la apertura económica. Son valores de una etapa fundacional fijados a través de leyes y normas, como fue la integración de todas las razas en la Argentina o, más recientemente, la defensa de los derechos humanos a partir de 1983. La tarea es mucho más difícil cuando hay una identidad nacional consolidada”, concluye el experto.

EL PRESIDENTE BUKELE SE PRONUNCIA POR UNIÓN REAL DE LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró su respaldo a una unión de los países centroamericanos porque así podrían negociar mejores inversiones, entre otros beneficios, pues son naciones pequeñas y con economías débiles. "Sí, creo que es lo mejor y creo que debió haberse hecho hace 100 años… Estoy seguro que en algún momento pasará, si no pasa en nuestra generación, pasará en la siguiente y si no, en las siguientes", afirmó la noche del 3 de enero en un programa especial en la red social X, terminado pasadas las 22:00 horas (04:00 GMT del 4 de enero). Durante el programa de más de dos horas, transmitido en vivo, Bukele respondió a las preguntas de personas de varios países de la región, durante las cuales negó ser de derecha o de izquierda y acusó a poderosos intereses mundiales de pretender mantener a los países de la región divididos. Sobre el tema de la unidad centroamericana fue interrogado por una persona que se identificó con Marcelo Larach, de Honduras, quien dijo que esta podrá llevar beneficios a los pueblos de la región. "Sí, creía y lo mantengo de que Centroamérica debería ser un solo país, Nuestros países son extremadamente pequeños, carentes de recursos naturales, no tenemos las sinergias necesarias como puede tenerlas un país más grande", expresó el mandatario. Recordó que en el siglo XIX Centroamérica fue un solo país, pero hubo obviamente intereses en aquellos tiempos, sobre todo, de los terratenientes opuestos a esa unidad. "Cuando hay prácticas oligopólicas y todo eso, pues es mejor un gobierno pequeño y débil e inexistente y dividido, que estén peleando entre sí, con guerras civiles, en lugar de tener un gobierno unido y una población unida con mayor perspectiva", declaró. "Yo sí creo que en la unidad de Centroamérica", agregó, pues cuenta "con todas las sinergias necesarias para ser un solo país, con una población nada despreciable y el ocho por ciento de los recursos de la biodiversidad del planeta". Señaló que contaría con costas en los océanos Atlántico y Pacífico, cuya unión por canal se encuentra en la región, y los canales secos posibles más viables están en Centroamérica, que podría negociar mejores inversiones, entre otros beneficios de actuar en conjunto. Bukele sostuvo que es demasiado difícil que eso pase, porque pasaría, primero, por la voluntad de los pueblos, que es lo principal, segundo, por la voluntad de los políticos, y tercero, advirtió que en toda Latinoamérica, el sistema está diseñado para mantener los países divididos, peleando. "Cambiar estos sistemas es difícil y cuando uno quiere cambiar estos sistemas, entonces lo acusan a uno de no respetar el estado de derecho, de no respetar la separación de poderes, de no respetar la institucionalidad democrática, etcétera, porque obviamente va en contra del plan de que nosotros simplemente seamos sus sirvientes", agregó. Respondiendo a otra pregunta, informó no considerarse una persona ni de derecha ni de izquierda, una división que, según Bukele, fue heredada de dogmas de la revolución francesa, y señaló que muchas de las políticas de su gobierno pudieran catalogarse de derecha y otras de izquierda. "Lo que la gente quiere no es lo que dice un papel o el otro papel, sino soluciones a sus problemas reales y lograr los anhelos que los pueblos latinoamericanos tenemos", aseguró. En otra respuesta, Bukele negó que esté buscando perpetuarse en el poder mediante un mecanismo de reelección continua. "Yo solo estoy autorizado para correr por un segundo periodo, de hecho, actualmente la norma constitucional me prohíbe explícitamente el tercero", aseguró. "Actualmente, no existe en El Salvador la reelección indefinida y tampoco la estoy buscando, y la norma actual no lo permite y tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso", precisó. Durante el programa en la red social X conocido como el Space (espacio), Bukele también afirmó que trabajará con los gobiernos electos de la región, entre ellos los de Guatemala y Argentina. El Salvador finaliza el 2023 como el año más seguro en su historia Con una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes y el 94,8% de estos crímenes resueltos, el 2023 fue el año más seguro en la historia de El Salvador, con lo que se ha convertido en el país más seguro de Latinoamérica, aseguró el miércoles 3 de enero la Policía Nacional Civil (PNC) del país centroamericano. En conferencia de prensa, los funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad Ampliado presentaron los resultados del 2023 en esta materia, destacando que, de los 154 homicidios registrados en todo el año, 146 han sido resueltos, lo que da una tasa de efectividad del 94,8%. "Durante el periodo del presidente Nayib Bukele, tenemos a la fecha 518 días sin homicidios", detalló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Agregó que, como parte de la activación del régimen de excepción —decretado el 27 de marzo del 2022 en medio de una ola de violencia criminal—, a menos de dos años de la adopción de esta medida El Salvador contabiliza 405 días sin homicidios. "La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 2,4 y el promedio diario de homicidio anual es de 0,4. Esto nos coloca, a nivel de América, en el segundo país y el primero de Latinoamérica, con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá, que cerró con 2,25 homicidios por cada 100.000 habitantes", informó Villatoro. Por su parte, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, señaló que, durante el régimen de excepción, San Salvador ha incautado más de 7.000 vehículos; más de 18.000 celulares; más de 3.600 armas de fuego y 333 armas largas. "¿Qué significa esto? Son armas de guerra, armas de uso privativo de la Fuerza Armada de El Salvador, armas que anteriormente eran utilizadas para asesinar a las familias salvadoreñas", relató el mando policial. "En la ejecución del Plan de Control Territorial, liderado por el señor presidente de la república, podemos informar al pueblo salvadoreño que los resultados son irrefutables. Hablar de una tasa de 2,4 por cada 100.000 habitantes, venir de esas tasas de 106 salvadoreños que morían por cada 100.000 habitantes en este país, son datos históricos", añadió. En el marco del combate frontal a las células criminales, el funcionario detalló que las autoridades salvadoreñas han colaborado activamente con países como Guatemala, México y Estados Unidos, a las que han viajado para capturar a "aquellos que por décadas atentaron y fueron miembros de esos grupos criminales".

PATRICIA BENAVIDES: IMPUTAN 7 DELITOS A EXFISCAL DE LA NACIÓN POR 8 ACCIONES ILÍCITAS DURANTE SU GESTIÓN

Pese a los esfuerzos de Patricia Benavides para desacreditar el caso en su contra, la fiscal suprema Delia Espinoza le atribuyó graves delitos. La fiscal suprema Delia Espinoza inicia acciones de investigación contra Patricia Benavides, a quien atribuye encabezar una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público. La fiscal suprema Delia Espinoza inició investigación preliminar contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por ocho presuntos actos ilícitos que involucran siete graves delitos perpetrados durante el ejercicio de su cargo. La resolución de la fiscal suprema Espinoza ha sido dictada en medio de una serie de acciones legales de Benavides en diferentes instancias con el propósito de desactivar el caso, con el acompañamiento de una intensa campaña mediática que pretende desacreditar la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que coordina la fiscal Marita Barreto, con el apoyo del equipo policial que dirige el coronel PNP Harvey Colchado. Los hechos imputados por la fiscal suprema son los siguientes: 1. Instalación de una organización criminal en el Ministerio Público Destituyó a fiscales y designó a otros de su confianza en cargos claves que le permitieron ejecutar un “plan criminal” para alcanzar sus objetivos personales. Con ese fin convirtió en operadores a los asesores de su despacho, como Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado 2. Destitución de la fiscal suprema Bersabeth Revilla, que investigaba a la jueza Enma Benavides El exasesor y colaborador eficaz Jaime Villanueva declaró que Patricia Benavides tramó la salida de Revilla porque sabía que acusaría a su hermana Enma Benavides por el presunto cobro de sobornos de narcotraficantes. El abogado Eduardo Roy Gates manifestó que su amigo el letrado Juan Carlos Hauyón lo citó en su estudio, donde encontró a Patricia Benavides, que a su vez es amiga de confianza de Hauyón. Le pidieron a Gates que defendiera ante la prensa la salida de Revilla con el falso argumento de baja productividad. Le indicaron que la información se la darían sus exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, quienes estaban esperándolo en otra oficina del mismo estudio de Hauyón. Seguidamente, Benavides nombró al fiscal Uriel Terán, quien planteó el archivo del caso contra la jueza Enma Benavides. 3. El caso del congresista José Balcázar El Colegio de Abogados de Lambayeque denunció a Balcázar por apropiación ilícita; el JNE también lo investigaba por omitir sus ingresos en su hoja de vida, y también afrontaba un caso por contratar como asesor a un exjuez que falló a su favor. A cambio de que vote en contra de las acusaciones constitucionales contra Patricia Benavides, se le ofreció el archivo de los casos en Fiscalía. Los tres asesores de la suspendida fiscal de la Nación —Villanueva, Girao y Hurtado— sostuvieron reuniones secretas con Balcázar para comprarle su voto. Ya en confianza, el congresista solicitó a Benavides que designase fiscal a su nuera Scarlett Gálvez, lo que efectivamente ocurrió. 4. La elección del defensor Josué Gutiérrez Benavides encargó a su exasesor Jaime Villanueva reunir votos para elegir como defensor del Pueblo a Josué Gutiérrez. Como parte del plan de Benavides de permanecer en el cargo de fiscal de la Nación, pretendió la salida de todos los magistrados de la JNJ, quienes la investigaban por diferentes denuncias. Conforme a los cálculos de la suspendida fiscal, si alcanzaba el objetivo de destituir al JNJ, Josué Gutiérrez asumiría la reorganización y tendría la oportunidad de influir en el nombramiento de los reemplazantes para que desestimen los expedientes en su contra. 5. La inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos La congresista Patricia Chirinos presentó denuncia contra la exfiscal de la Nación por organización criminal, tráfico de influencias y encubrimiento. Villanueva y Girao buscaron votos a cambio de favores. Tuvieron reuniones con los legisladores Jorge Flores, Ilich López, Luis Cordero, Nivardo Tello, Katy Ugarte, José Jerí, a cambio de archivar sus denuncias. También contactaron con el ahora prófugo Vladimir Cerrón para que apoye con los votos de su bancada. Benavides archivó los casos contra los congresistas y estos apoyaron la destitución de Ávalos. 6. Plan de destitución de la JNJ Cuando los magistrados consiguieron que la Tercera Sala Constitucional concediera una medida cautelar a favor de estos para detener un proceso de destitución, Benavides y sus cómplices filtraron a la congresista Patricia Chirinos una denuncia por supuesto prevaricato contra la mencionada sala, en represalia por favorecer al JNE. 7. La suspensión del fiscal Rafael Vela El amigo de Patricia Benavides, José Luis Hauyón, y el exministro Hernán Garrido Lecca se reunieron con la suspendida fiscal y dijeron que tenían un plan para sacar a Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato. Le indicaron que el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Jerí, estaba en condiciones de suspenderlo. Y así fue. 8. Acciones de encubrimiento Benavides movilizó a fiscales de confianza y otras personas para tratar de abortar las acciones del Eficcop como parte de la operación Valkiria. Intentó sustraer de la justicia a su exasesor Villanueva. Eficcop entregó chats originales Los 7 delitos por los que es investigada Patricia Benavides son organización criminal, falsedad ideológica, tráfico de influencias, encubrimiento real, encubrimiento personal, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico. En la misma resolución de la fiscal suprema Delia Espinoza se consigna que el Eficcop entregó los archivos digitales que contienen, entre otros, los chats de WhatsApp que intercambió Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.

PATRICIA BENAVIDES SERÁ INVESTIGADA POR FISCAL DELIA ESPINOZA POR LA COMISIÓN DE 7 DELITOS

Patricia Benavides acudirá a citación del MP para responder por presunta red criminal Patricia Benavides busca que la Junta Nacional de Justicia tome la versión de sus aliados La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría liderado una organización criminal al interior del Ministerio Público. El Ministerio Público, liderado por la fiscal Delia Espinoza, abrió una investigación a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la presunta comisión de siete delitos. Estos son: organización criminal, falsedad ideológica, cohecho activo específico, tráfico de influencias, cohecho pasivo específico, encubrimiento real y Patricia Benavides fue citada para declarar por caso La fiscal y su cúpula de poder El Ministerio Público (MP) citó a la extitular de dicho organismo público, Patricia Benavides, para declarar acerca de las funciones que cumplió y acciones que llevó a cabo durante su gestión en el MP, en el marco de las indagaciones que se realizan por presuntamente liderar una red criminal en coordinación con el Congreso de la República. El interrogatorio está programado para el próximo jueves 25 y viernes 26 de enero. La defensa legal de Benavides informó que la exfuncionaria acudirá a la citación para exponer su postura sobre la indagación iniciada en su contra e informar acerca de la labor que realizó al frente del Ministerio Público, siempre y cuando se "respete el debido proceso". "Como lo ha visto en anteriores veces, siempre hemos asistido a todas las diligencias, ya sean invitaciones al Congreso o a la Junta Nacional de Justicia", declaró en diálogo con RPP. Patricia Benavides convoca a congresistas a dar sus testimonios ante la JNJ Benavides Vargas presentó, por medio de su abogado, una lista de 12 personas, entre ellos varios congresistas, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), para que brinden sus testimonios en su defensa. La mayoría de dichos parlamentarios han sido nombrados en las conversaciones que sostuvo Jaime Villanueva, el exasesor de Benavides, acerca de las negociaciones que hizo la presunta red criminal para conseguir ciertos objetivos como inhabilitar a Zoraida Ávalos, nombrar a Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y remover a los miembros de la JNJ.

3 EXPRESIDENTES DE EL SALVADOR SON INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN

Los últimos tres presidentes de El Salvador han sido acusados de corrupción, un posible signo de que la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a arremeter contra el cargo político más alto de la nación. El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) podría enfrentar tres investigaciones diferentes sobre sus activos, lo cual incluye un caso de lavado de dinero, según le dijo a Diario Latino una fuente confidencial cercana a la Corte Suprema. Funes ya está involucrado en un caso de enriquecimiento ilícito, y se le han congelado algunos activos, incluyendo cuatro cuentas bancarias, informó El Faro. Las acusaciones contra el expresidente se basan en su incapacidad para responder por millones de dólares en ingresos personales y activos. Funes ha sostenido que es inocente y afirmó que está siendo hostigado por sus rivales políticos. Por otra parte, la Corte Suprema le ha notificado al predecesor de Funes, Elías Antonio Saca (2004-2009), que debe responder por más US$6 millones de ingresos personales, según otro informe de Diario Latino. Los reportes financieros de Saca muestran ganancias personales por más de US$13 millones durante su mandato presidencial, que Saca declaró como “otras actividades e inversiones”, añadió el informe. Saca estuvo acusado de lavado de dinero en 2013, y un cable de la Embajada de Estados Unidos divulgado por WikiLeaks llegó incluso a decir que su corrupción “se había pasado de los límites”, lo cual le valió críticas incluso de los mismos miembros de su partido conservador ARENA. Análisis de InSight Crime Además de Funes y Saca, el fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004) también estuvo involucrado en casos de corrupción. Esto significa que las tres últimas administraciones presidenciales de El Salvador, que abarcan 15 años, se han visto empañadas por denuncias de corrupción. Si bien éste es un preocupante indicio de lo desenfrenada y sistémica que se ha vuelto la corrupción en los más altos niveles del gobierno en El Salvador, hay un aspecto positivo: la Corte Suprema de Justicia de El Salvador puede estar empezando a tomar medidas contra estas poderosas figuras políticas. Flores fue acusado de malversar US$15 millones donados por Taiwán para ayudar a las víctimas de un devastador terremoto en 2001. El expresidente fue llamado a juicio en diciembre de 2015, pero murió de una hemorragia cerebral al mes siguiente. Aunque las autoridades salvadoreñas no pueden enjuiciar a Flores, la Corte Suprema parece estar dispuesta a ir tras Funes y Saca, según lo indica la celeridad con que avanzan las investigaciones contra Funes. La Corte Suprema quizá es consciente de que las grandes victorias contra la corrupción que ha logrado en la vecina Guatemala la CICIG, el organismo contra la impunidad respaldado por las Naciones Unidas, han llevado a que se soliciten intervenciones similares en El Salvador y Honduras. Un gran esfuerzo en este momento por parte de las autoridades salvadoreñas para investigar los casos de corrupción podría ser una forma de demostrar su voluntad y capacidad para manejar este tipo de asuntos sin necesidad de intervención externa. Mauricio Funes podría ser juzgado por Lavado de Dinero Fuentes allegadas a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afirmaron a diariolatino.net que el expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, a quien se ha ordenado que sea sometido a juicio civil por Enriquecimiento Ilícito, podría tener que responder por otras tres investigaciones incluyendo una por Lavado de Dinero y Otros Activos. De acuerdo a la Sección de Probidad de la CSJ, Funes no ha podido justificar más de $700.000 en su declaración patrimonial, mientras, el exmandatario asegura que se trata de una venganza política de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y una arbitrariedad de la misma Sección de Probidad. Respecto al Delito de Lavado de Dinero y Otros Activos, este podría conformarse ante el hecho de que el ex presidente aseguró en su declaración patrimonial haber recibido varios cheques hasta por la cantidad de $121.000 dólares en concepto de “utilidades” de una empresa que, según el Ministerio de Hacienda, no ha percibido más de $34.000 desde el inicio de sus operaciones. Aparte de enfrentar el juicio de lo civil por una acusación de Enriquecimiento Ilícito y el posible juicio penal por el Lavado de Dinero y Otros Activos, el expresidente deberá aclarar también su participación en el caso El Chaparral, sus nexos con la agencia de publicidad Polistepeque, de la que supuestamente uno de sus hijos era socio, además de su responsabilidad con la tregua de las pandillas. Roberto Rubio, Director de FUNDE, ha dicho que el caso de la construcción de la presa El Chaparral sigue en investigación y que Funes está incluido en ella. De acuerdo a informes públicos, la empresa Astaldi no solo abandonó la obra con apenas con el 29 % de ejecución, habiendo cobrado el 50% del valor de la obra, sino que fue favorecida por una disposición Ejecutiva de Funes de que se negociara con esta para evitar una demanda internacional contra El Salvador. El expresidente aseguró que no había posibilidades de ganar una demanda de esa naturaleza y que era preferible pagar 108.5 millones de dólares por una obra abandonada que entrar en una litis internacional. A medida que transcurren los días desde que la CSJ ordenó que se le incoe juicio civil por Enriquecimiento Ilícito, continúan surgiendo informaciones a través de las redes sociales en las que se atribuye a Funes una forma de vida que nunca estuvo acorde con sus recursos económicos antes de ser presidente de la República. En el caso de la agencia de publicidad Polistepeque, aún no se ha podido determinar la cantidad de millones que le fueron otorgados sin licitación. Polistepeque cerró operaciones de manera súbita, por lo que no se ha podido contactar su representante legal para que rinda cuentas.