domingo, 24 de marzo de 2024

EL PLAN BUKELE EN EL PERÚ

(Primero lo primero, sino hay voluntad política de hacer un verdadero cambio, la cosa no funciona. la delincuencia no es lo único que tenemos que combatir, igual o más importante es combatir la corrupción que esta generalizada en todas las instituciones del Estado, no queremos un presidente que no robe, sino uno que no robe y que no se rodee de gente corrupta, ósea que no deje robar a nadie, LA PLATA ALCANZA CUANDO NADIE ROBA
(Comenzar con la construcción de una o dos mega cárceles, para delincuentes y corruptos) 
Necesitamos un verdadero Bukele, uno que combata el crimen organizado a favor de la ciudadanía. 
Los ciudadanos piden una guerra sin cuartel contra la delincuencia como ocurre en El Salvador. 
El Búho 
Este Búho lee que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, confirmó que nuestro país aplicará el Plan Bukele para combatir la terrible ola de inseguridad que padecemos. 
Incluso viajó a El Salvador para conocer más de cerca la realidad de ese país centroamericano. 
Como millones de peruanos, considero que el principal problema que vive el Perú es la inseguridad ciudadana y el incremento de la criminalidad. 
(También la CORRUPCION) 
Y estamos perdiendo la batalla
Este tema es un problema que ataca y oprime a todo el conjunto de la sociedad. 
Desde los vecinos que viven en una zona residencial hasta los humildes pobladores de un asentamiento humano se ven afectados por igual. Nadie se salva. 
Las mafias venezolanas incursionan en los secuestros a profesionales con la modalidad de ‘la carnada’, utilizando guapas y despiadadas jóvenes de su banda para ‘sembrarlas’. 
A plena luz del día se producen balaceras. 
La extorsión se ha convertido en una lucrativa fuente de ingresos. 
Asesinan hasta mujeres delante de sus hijos por el pago de cupos. 
Miles de trabajadores honrados son obligados a pagar cupos. 
Mototaxistas, microbuseros, combis. 
Si no pagas, te queman la casa, los autos, amenazan a tus hijos o lo peor, te matan para escarmentar al resto. 
Vivimos en una sociedad donde impera la organización criminal. 
Y no hay una autoridad política con liderazgo que tenga la valentía de enfrentar este cáncer que ya hizo metástasis en todo el país. 
La Policía sola no puede asumir toda la carga, pues no cuenta con recursos, personal y muchas veces realizan un gran trabajo capturando a los criminales y estos luego ‘son soltados’ por malos fiscales y jueces, en un sistema perverso. 
Y lo peor es que desde las cárceles los delincuentes lideran las bandas delictivas con total impunidad. 
Las sanguinarias pandillas ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Barrio 18′ en El Salvador habían instalado un régimen de terror en las ciudades. 
En las cárceles funcionaban discotecas y los pandilleros ingresaban licor, drogas, orquestas y mujeres. Hasta metían a secuestrados en las cárceles. 
En las calles campeaban las violaciones, secuestros de jovencitas y si el papá o el hermano protestaba lo mataban. 
Al anochecer la gente honrada se encerraba aterrorizada en sus casas. 
Los pandilleros ‘M13′ y ‘Barrio 18′ se mataban a balazos en una guerra eterna. 
Pero todo cambió cuando llegó en el 2019 Nayib Bukele, con sus 37 años, el presidente más joven de la historia de su país. 
Declaró la guerra a las pandillas y metió a la cárcel a 64 mil de ellos en una ‘megaprisión’, y los trató como lo que son, ‘terroristas’. 
Los pandilleros fueron capturados y otros huyeron. 
Lógicamente, los índices de criminalidad bajaron. 
De 103 homicidios por cien mil habitantes en el 2015 a 10 por cien mil en el 2022. 
El cambio en la sociedad ha sido impresionante y eso se refleja en los altísimos índices de popularidad del mandatario que ha sido reelecto con cerca del 90% de los votos. 
¿Ustedes creen que los salvadoreños lloran porque esas lacras asesinas, descuartizadores sin redención, están encerrados en una cárcel verdadera y no en un ‘hotel cinco estrellas’, y van a trabajar para ganarse su comida? 
¡Por supuesto que no! 
Ahora respiran tranquilos. 
La ciudadanía pide una guerra sin cuartel contra la criminalidad Uno conversa aquí con la gente de la calle, con el ciudadano de a pie y te dicen que debería haber una ‘guerra sin cuartel’ contra la criminalidad, como en El Salvador. 
Si el mismísimo presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, pidió hace unas semanas que se imite el plan contra la criminalidad que tan buenos resultados ha dado en el país centroamericano. 
Pero de inmediato salieron a responderle rasgándose las vestiduras, protestando, no la mamá de ‘Maldito Cris’ ni la abuelita del temible ‘Caracol’, sino Marisol Pérez Tello, quien escribió: ‘Me cuesta entender a las personas que quieren para nuestro país gobiernos similares al salvadoreño para enfrentar los problemas estructurales del Perú. 
Mi sorpresa fue mayor al escuchar al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señalar que hay cosas que imitar en materia de seguridad’. 
Para los que no saben, Pérez Tello fue ministra de Justicia en el gobierno de PPK. Durante su gestión, las cárceles siguieron siendo ‘universidades del crimen’. 
El gobierno no debe caer en la retórica, tiene que actuar. 
No esperemos que la colectividad empiece a armarse y busque hacer justicia con sus propias manos.
  Hay que pararlo ya. 
Necesitamos un verdadero Bukele, uno que combata el crimen organizado a favor de la ciudadanía, no un psicópata fantoche y drogadicto como Antauro Humala. Apago el televisor.
 PERUANOS HARTOS DE LA OLA CRIMINAL 
La delincuencia en el Perú llega a niveles del Colombia de Pablo Escobar y el México de los cárteles de Juárezy Sinaloa. El domingo vi el reportaje del empresario huancavelicano Machiavelli Laura Lume, asesinado sin piedad por una banda de secuestradores venezolanos solo porque trató de escapar. 
Me da rabia y mucha impotencia escuchar llorar a su viuda y decir que ha perdido a su compañero de vida. 
El delito de este próspero emprendedor fue hacer empresa en este país dominado ahora por sanguinarios criminales que se burlan de las leyes ante la pasividad del gobierno. 
¿Así puede salir adelante un país? 
Me pongo en la sufrida piel también de esos miles de sacrificados padres de familia que se van a trabajar todo el día para poder mantener a sus hijos y darles una buena educación escolar y universitaria, pero hoy ven que su sacrificio lo destruyen en segundos los malditos ‘raqueteros’, miserables delincuentes que no dudan en apretar el gatillo. 
En cualquier punto de la ciudad se producen robos y asesinatos. 
Sea en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador o Puente Piedra. 
No solo los estudiantes son víctimas, también pasajeros de cúster y ómnibus, así como cambistas. Además de farmacias, spas, gimnasios, bodegas, grifos, casas de barrios populares, residencias y condominios. 
No solo en San Martín de Porres, Callao, sino también en Miraflores y San Isidro, en los mismos centros comerciales. 
Los malditos ‘marcas’ todos los días emboscan a comerciantes y empresarios que retiran fuertes cantidades en entidades financieras. 
Están dispuestos a matar a la más mínima resistencia. 
En el Callao sigue el baño de sangre con ajustes de cuentas por cupos de construcción civil, extorsiones y guerras entre mafias que controlan el tráfico de drogas en contenedores ‘preñados’ de cocaína. 
Los sicarios siguen actuando impunemente y hasta asesinan a mujeres, comerciantes de mercados, por rencillas laborales o enfrentamientos sentimentales. 
Estos hasta ponen avisos ‘publicitando’ su vil ‘profesión’. 
La delincuencia en el país llega a niveles de Colombia y México Me da pena decirlo, pero la delincuencia en el país está llegando a niveles comparables con la Colombia de los tiempos de Pablo Escobar y México del reino de los cárteles de la droga, como el de Sinaloa o Juárez. 
Pero me parece que la violencia que hoy reina impunemente en el país lo abarca todo. 
Pablo Escobar era una mezcla del ‘Chapo’ Guzmán con Abimael Guzmán. 
Era el más poderoso narco que inundaba de cocaína a Estados Unidos y cuando el Estado decidió enfrentarlo, el capo le declaró la guerra y desató un baño de sangre con sus coches bomba y atentados con los que instauró el terror, asesinando policías, jueces y políticos. 
Pero allí no andaban bandas de criminales en autos por todos los distritos de las ciudades del país, matando a estudiantes, secretarias, madres de familia, gente honrada que regresa de noche de sus trabajos, solo para robarles una mochila o un celular que después lo van a vender a 50 soles en Las Malvinas. 
¿Qué clase de locura es esa? 
Aquí, en Lima, no estamos seguros ni en San Isidro o Miraflores. 
No estás seguro ni en un restaurante cinco tenedores o en un chifa de barrio, donde ingresan los delincuentes con revólver en mano para matar por encargo o desvalijar la caja y a los comensales, ¡delante de niños! 
Me siento como el personaje de esa extraordinaria cinta de Sidney Lumet: ‘Network, poder que mata’, ganadora del Oscar a la mejor película en 1976. 
El conductor de un noticiero de TV, Howard Beale (Peter Finch), es despedido por bajo rating. Antes de irse, le dan la oportunidad de decir adiós en vivo. 
Allí aprovecha y se manda un fulminante discurso criticando las miserias de la sociedad norteamericana, sobre todo en ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, donde los pandilleros y terroristas hacen de las suyas. 
Termina su furibundo mensaje haciendo un llamado a todos los televidentes para que salgan por sus ventanas y griten: ¡¡Estoy más que harto, y no quiero seguir soportándolo!! 
Increíblemente, se abren todas las ventanas de las grandes ciudades y la gente sale a protestar, en medio de la tormenta, ese grito de indignación e impotencia. 
El rating se dispara y vuelve a su trabajo. 
Así me siento y esta columna también es un grito de protesta de todos los ciudadanos. 
¡¡Estamos más que hartos, y no queremos seguir soportando esta desbocada espiral de violencia delincuencial!!

CÉSAR ACUÑA, ANTAURO HUMALA, KEIKO FUJIMORI Y RAFAEL LÓPEZ ALIAGA, LÍDERES DE POTENCIAL ANTIVOTO

Debilidades. 
Apepista, etnocacerista, fujimorista y jefe de Renovación Popular tienen muy baja conexión con la ciudadanía. 
En cambio, grandes mayorías en el país no simpatizan con ellos. 
Un 86% de los peruanos desaprueba cómo Boluarte conduce su gobierno y solo un 8% la acepta. 
Un 92% reprueba al Congreso y apenas un 6% da su aprobación. 
Los líderes políticos César Acuña, Antauro Humala, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, potenciales aspirantes a la presidencia del Perú, no despiertan simpatía en las grandes mayorías de la ciudadanía, según muestra la reciente encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), una investigación realizada en alianza con La República. 
El estudio consultó a la población del sábado 16 al jueves 21 recientes y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado al representar la situación nacional. 
Aproximadamente, el 74% de los peruanos no simpatiza con Acuña, cabeza del partido Alianza para el Progreso (APP), gobernador regional de La Libertad y excandidato presidencial. 
Son tres cuartas partes del país con esta percepción, grosso modo. 
Esta reacción sobre el jefe apepista es más común entre los más acomodados, de los niveles A y B, y en Lima metropolitana. 
Apenas un 12% de los ciudadanos simpatiza con él. 
Es decir, uno de cada 10 compatriotas, en general, tiene esta posición. 
No está muy lejos en desafecto el altisonante Antauro Humala, líder del llamado etnocacerismo y expresidiario por la asonada del Andahuaylazo. 
Un 73% de los ciudadanos no simpatiza con él, que es cerca de tres cuartas partes de toda la población.
 Entre los encuestados, esa situación es más recurrente en el grupo de los más acomodados, de niveles A y B, y el de limeños. 
Apenas un 12% de los peruanos simpatiza con este líder de tono radical: es uno de cada 10 connacionales, en general. 
Entre los consultados por el sondeo, este afecto por Antauro es más común en provincias del centro, sur y las zonas rurales. 
Un 15% de la ciudadanía no conoce lo suficiente a este líder. 
La lideresa fujimorista sigue en desafecto. 
Un 72% del Perú no simpatiza con Keiko Fujimori, cabeza de Fuerza Popular y excandidata presidencial: son más de dos tercios y cerca de tres cuartas partes del país. 
Este desafecto hacia Keiko es más marcado en la zona sureña. 
¿Solo un 20% de la ciudadanía simpatiza con ella? 
Es una quinta parte de toda la nación. 
Entre los encuestados, esa afección hacia Keiko es más habitual en el grupo de mujeres. 
Un 7% de los peruanos no conoce suficiente a la excandidata. 
López Aliaga, presidente de Renovación Popular y actual alcalde de Lima, le sigue en débil liderazgo.
 Un 60% de los peruanos no simpatiza con él
Es algo menos de dos tercios del país. 
Tal efecto sobre este político conservador, también excandidato presidencial, está más extendido en las zonas urbanas. 
Solo un 16% simpatiza con él: menos de un quinto del Perú. 
Esta inclinación a López Aliaga está más común en la clase media, nivel C, y en la capital. 
Un 24% de la población nacional no lo conoce lo suficiente. 
Boluarte y Congreso La presidenta Dina Boluarte y el Congreso mantienen sus niveles de elevado descontento. 
Un 86% desaprueba la forma como Boluarte conduce su gobierno. 
Solo un 8% aprueba cómo dirige el Poder Ejecutivo. En tanto, un 92% de la ciudadanía reprueba el desempeño del Congreso. Apenas un 6% da su aprobación al Parlamento. 
En defensa de la política Análisis. 
Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP Cada semana pensamos que el Congreso no puede hacer más daño y sin embargo continúa, con una legislación que no solo afecta nuestro medio ambiente, nuestra institucionalidad, sino que parece girar en torno a una palabra: impunidad. 
La desaprobación del Congreso y la de la presidenta se mantienen en los mismos niveles, así como el poco (35%) o nulo (28%) interés en la política. 
Y lo que destaco de la encuesta del IEP de este mes es principalmente la desinformación y el desinterés; un ejemplo: solo la mitad de los encuestados da una opinión sobre la destitución de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (el 6% no la conoce, el 4% no precisa y el 39% no está al tanto de las votaciones en el Congreso), y eso sucede en varias preguntas, como se verá a lo largo de la semana.
 Hace unos días, Arturo Pérez-Reverte se dirigía a un grupo de jóvenes diciendo que, para sobrevivir en este territorio hostil, deben “saber identificar quiénes son los malvados y quiénes los estúpidos” y que “solo hay una manera de conseguirlo: la cultura”
Lo secundo totalmente; sin embargo, añadiría otro tema: la política, en el sentido que retoma Sartori cuando se refiere al concepto de hombre de Aristóteles (zoon politikón), no estas alianzas, confrontaciones y malas artes que realizan quienes están en el poder y que, lo comparto totalmente, nos repugna y nos hace buscar noticias más agradables. 
Con los bajos porcentajes de confianza interpersonal y desinterés en la política, los “malvados” y “estúpidos” a los que se refiere Arturo Pérez-Reverte ganarán la pelea y no nos quedará un país por el que luchar.

viernes, 22 de marzo de 2024

PERÚ: OFENSIVA CONTRA LOS FISCALES QUE LLEVAN AL BANQUILLO A KEIKO FUJIMORI

Campaña de ataques por parte del fujimorismo y sus aliados 
Fuerza Popular, el partido de la excandidata, denunció penalmente a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y al periodista Gustavo Gorriti, quien ha investigado la trama de corrupción. 
 Cuando faltan menos de cuatro meses para el inicio del juicio por lavado de activos, organización criminal y otros cargos a Keiko Fujimori, el fujimorismo y sus aliados políticos y mediáticos han puesto en marcha una campaña de ataques contra los fiscales del caso y la prensa que ha investigado y revelado la corrupción política. 
Fuerza Popular, el partido que encabeza la hija del exdictador Fujimori, ha denunciado penalmente a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y al periodista Gustavo Gorriti, quien ha investigado en profundidad la corrupción y puesto en evidencia las culpas de Keiko y otros políticos. 

Buscan desacreditar los procesos anticorrupción para tumbárselos, y criminalizar y silenciar a la prensa que ha revelado la corrupción. 
 Los medios aliados del fujimorismo -encabezados por el canal de televisión Willax, vocero de la ultraderecha y una fuente permanente de fake news- pretenden liquidar la verdad poniendo a los corruptos como víctimas y a quienes denuncian la corrupción como culpables. 
La insólita acusación contra los fiscales Vela y Pérez y el periodista Gorriti se basa en las declaraciones ante una fiscalía de quien fue asesor principal de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, aliada del fujimorismo y otros grupos políticos involucrados en hechos de corrupción, que fue separada del cargo en noviembre pasado acusada de compra de votos en el Congreso a cambio de archivar denuncias penales contra legisladores. 
 El exasesor Jaime Villanueva, que fue el operador de la exfiscal en esa compra de votos, ha dicho que Gorriti y los fiscales trabajaron juntos para acusar a Keiko Fujimori y al expresidente Alan García, y que supuestamente el periodista dirigía la estrategia fiscal. 
Una acusación lanzada sin nada que la respalde, que pretende criminalizar el trabajo periodístico, convertir las investigaciones contra la corrupción en un complot, funcional a los intereses de quienes buscan impunidad. 
El acoso contra los fiscales y Gorriti, además de la campaña de desprestigio y la denuncia penal, incluye el hostigamiento de grupos violentistas. 
El fiscal Vela es el coordinador de las fiscalías que llevan los casos contra importantes políticos, entre ellos Keiko, y Pérez tiene a su cargo la acusación contra la jefa del fujimorismo y debe sustentarla en el juicio oral que se inicia el 1 de julio. 
Con su jefa acorralada por el peso de las evidencias en su contra, el fujimorismo denuncia a los fiscales y exige que sean separados del proceso, lo que pondría en serio riesgo el juicio contra Keiko. 
Para ese objetivo el fujimorismo tenía como aliada a la exfiscal general Patricia Benavides
En noviembre pasado, antes de la caída de Benavides, a Vela lo suspendieron ocho meses. 
La excusa fue una declaración que dio hace unos años cuestionando una decisión judicial que liberó a Keiko cuando estaba con prisión preventiva. 
Ahora buscan sacarlo definitivamente del caso. 
A Pérez le han abierto procesos disciplinarios con el mismo objetivo. 
A eso se suma la reciente denuncia penal presentada por el fujimorismo. 
La salida de la fiscal Benavides ha debilitado pero no ha eliminado la influencia del fujimorismo en la fiscalía. 
El fiscal Vela advierte que “se han recompuesto las fuerzas de la corrupción que en un momento estuvieron esquinadas por la justicia y ahora son capaces de conseguir mi suspensión temporal y buscar destruir toda la operación anticorrupción”. 
“Retirándome del caso -indica Vela- buscan romper la estructura de un equipo y la estrategia de la fiscalía. 
Hay una campaña de demolición en nuestra contra. 
Nos enfrentamos a gente que tiene mucho poder. 
Ya no solo buscan sacarnos de la fiscalía, buscan que vayamos presos. 
Esta escalada de ataques es un mensaje de la mafia: si te metes contra nosotros no solamente vas a perder el trabajo, sino vas a ir preso”. 
Por su parte, Pérez señala que sacarlo del juicio cuando está por sustentar la acusación fiscal contra Keiko después de varios años de investigación y poner un nuevo fiscal que no ha seguido el caso, debilitaría la postura de la fiscalía al punto de que se podría llegar a un fallo absolutorio a pesar de las evidencias para una sentencia condenatoria. 
No descarta que en ese caso sea sustituido por un fiscal sin voluntad de lograr una condena. 
“Si me retiran del caso estarían mandando un mensaje al fiscal o la fiscal que me sustituya, a los jueces, a los arrepentidos y a los testigos que tienen que declarar en el juicio, quienes van a intervenir en ese juicio con el temor de realizar actos que puedan afectar los intereses de quien tiene el poder de sacar a un fiscal que tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Se nos estigmatiza, deslegitima, desprestigia, criminaliza, se desinforma, nos insultan, nos denuncian con aspectos calumniosos, para luego justificar alguna agresión, alguna medida arbitraria. 
Han violentado mi domicilio, me han agredido físicamente, señalan que nos van a meter a la cárcel, han amenazado matarme. 
Eso es parte de enfrentar intereses corruptos, intereses de poder. 
Es muy preocupante que a la prensa independiente que informa se le pretenda criminalizar, callarla”, señaló Pérez en una conferencia con la prensa extranjera. 
Gorriti, un referente del periodismo de investigación, director del portal de investigación periodística IDL Reporteros, blanco principal de los ataques de los acusados por corrupción contra la prensa independiente, reveló documentos de Odebrecht que pusieron en evidencia que Keiko recibió en secreto más de un millón de dólares de la constructora brasileña. 
Esa revelación fue clave para la investigación fiscal a Keiko. 
Luego aparecieron pruebas de más de 15 millones de dólares entregados clandestinamente a la jefa del fujimorismo para sus campañas electorales de 2011 y 2016 por grandes empresarios, y testimonios de cómo esos millonarios montos fueron lavados. 
Por este caso, el fiscal Pérez ha pedido 30 años de cárcel para Keiko. 
Gorriti también ha revelado evidencias de corrupción de otros políticos, entre ellos el expresidente Alan García, quien se suicidó en 2019 cuando iba a ser arrestado. 
Los dirigentes del Partido Aprista de García han lanzado la delirante acusación contra Gorriti y el fiscal Pérez, que llevaba el caso contra el expresidente, de ser los culpables de la muerte de García por haber puesto al descubierto la corrupción de su gobierno. 
“Lo que ha dicho Villanueva son mentiras. 
Hemos conversado (con los fiscales) con las limitaciones que hay entre el periodismo de investigación y la función fiscal. 
Ahora que está por comenzar el juicio (a Keiko) están tratando de bajarse el proceso desacreditando a fondo a diversos actores, con maniobras de mentiras y desinformación”, ha declarado Gorriti.
 Periodistas y personalidades de diversos países, incluyendo cuatro exrelatores de libertad de expresión de las Naciones Unidas, entre ellos los argentinos Santiago Cantón y Eduardo Bertoni, han respaldado a Gorriti y condenado la campaña de ataques en su contra. 
En paralelo a esta ofensiva a favor de la impunidad, desde el Congreso el fujimorismo y sus aliados de derecha y ultraderecha, que son mayoría, maniobran para tomar el control total del sistema de justicia y de los organismos electorales.

martes, 19 de marzo de 2024

MEMOREX: EL DÍA QUE MONTESINOS LE DIJO A SUS PUPILOS QUE DEBÍAN TENER EL CONTROL DE TODO EL SISTEMA JUDICIAL

Laura Grados @lauletras 
 Ahora que los #CNMaudios están afectando a un sector bastante poderoso de la política y la justicia peruana, hemos venido a traerles algo que pasó hace exactamente 20 años y que se parece mucho a lo que hoy IDL-Reporteros y Panorama están desnudando. 
La escuelita del tío Vladi 
Era abril de 1998, el fujimorismo estaba preparando la reelección del papá de Keiko y Vladimiro Montesinos estaba un poco preocupado por lo que podía suceder entre el 2000 y el 2005, pues no sabía si su agrupación iba a tener con la mayoría en el nuevo Congreso. 
Así que, para preparar a sus pupilos, les daba clases a sus pupilos de cómo controlarlo todo. 
Desde tener jueces chéveres en la Corte Suprema hasta tener el control del organismo que hoy es protagonista, el Consejo Nacional de la Magistratura, el ente que elige, bota y ratifica jueces y fiscales. 
Así empezaba Montesinos su explicación, advirtiendo que si no tenían el control, los enemigos los metían presos: 
• Montesinos: (…) Mi pregunta es, llegamos al 2000, gana el presidente Fujimori y tenemos este techo: nosotros no sabemos si tendremos mayoría en el Congreso. 
Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura en contra en esa trayectoria? 
¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? 
• Pupila no identificada: Nos matan. 
El tío Vladi la tenía clara y hasta se proyectaba: 
• «(…) Si perdemos el control de la Corte Suprema y encima a (Miguel) Aljovín de Fiscal de la Nación pisándonos los callos, haciendo denuncias a los ministros, y en el Congreso no tenemos mayoría, se desestabiliza todo el gobierno en 30 días. 
Nosotros tenemos que trabajar sobre la perspectiva en el horizonte que tenemos que estabilizar el gobierno hasta el 2005″. 
Pero si hay algo que Montesinos quería controlar especialmente por su importancia era el Consejo Nacional de la Magistratura. 
• «Ahora, hay una cosa que es bien importante, en el Consejo Nacional de la Magistratura todos era enemigos, o sea, trabajaban políticamente. 
No era un cuerpo colegiado técnico de nombramiento de magistrados, era un órgano de conspiración política. 
Ahora de cero hemos pasado a tener de cinco miembros tenemos tres a favor. 
Con las posibilidades de ganar a uno más». 

lunes, 18 de marzo de 2024

NAYIB BUKELE DICE QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE CONTENER LA VIOLENCIA EN HAITÍ:

“PODEMOS ARREGLARLO” 
El presidente salvadoreño, que logró reducir drásticamente los crímenes en su país con una polémica doctrina de mano dura, se mostró dispuesto a intervenir para solucionar el procupante escenario haitiano.
 El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado que podría arreglar el aumento de violencia que se está viviendo en Haití durante las últimas semanas. 
“Podemos arreglarlo”, ha escrito el mandatario en su cuenta de la red social X, antes Twitter, respondiendo a una publicación que muestra la dura situación de Haití. 
“Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir”, ha agregado en el mismo mensaje. 
En las últimas semanas, Puerto Príncipe (capital de Haití) ha vuelto a ser escenario de un aumento de la violencia entre las bandas que se disputan el control de la capital, después de que 4.500 presos lograran escaparse de la principal cárcel de la ciudad, el pasado fin de semana. 
Uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, ha lanzado esta semana un órdago al primer ministro, Ariel Henry, a quien ha amenazado con sumir al país en una “guerra civil” si no presenta su dimisión en medio de un escenario de caos absoluto dado el dominio de las bandas sobre Puerto Príncipe y alrededores, consolidado tras el magnicidio en 2021 del presidente Jovenel Moise. 
Meses de violencia han llevado al gobierno de Haití al borde del colapso, con bandas cada vez más poderosas que exigen la dimisión del primer ministro Ariel Henry, que permanece fuera del país, aparentemente incapaz o no dispuesto a regresar. 
La ONU estima que en Haití operan 200 pandillas, grupos organizados que usan “armas de fuego sofisticadas” y se dedican al “tráfico de armas o drogas, extorsión, secuestro, asesinato, violencia sexual y desvío de camiones”
Unas 23 bandas operan en la capital y controlan el 80% del territorio. 
Haití está a la espera del despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia y que en octubre pasado aprobó Naciones Unidas, sin embargo ahora Bukele deslizó que está dispuesto a intervenir. 
El Salvador lleva dos años bajo un polémico régimen de excepción fue implementado en marzo de 2022 y, desde entonces, ha sido renovado mes a mes por los parlamentarios, sin interrupciones. 
La medida suprime los derechos constitucionales y de asociación, permite que se intervenga la correspondencia y celulares de quienes se consideren sospechosos y extiende hasta los 15 días la ventana para las detenciones administrativas. 
Hasta el momento, esta política gubernamental de mano dura contra las pandillas permitió el arresto de unas 78.175 personas y una baja significativa en la tasa de violencia y homicidios que, el 27 de marzo de 2022, llegó a un pico de 62 asesinatos en un sólo día. 
Tras la implementación de la política de Bukele, la inseguridad disminuyó considerablemente, contabilizándose en 2023 apenas 214 asesinatos -38 de ellos de presuntos pandilleros-. 
En tanto, en lo que va del año, se dieron nueve homicidios en enero, apenas seis en febrero y tres en lo que va de marzo, es decir, 18 en total. 
El Presidente celebró que febrero fue el mes más seguro en la historia del país, en un intento por destacar el “éxito” de su política, que mantuvo como eje de su campaña para las recientes elecciones.
 No obstante, esta decisión suscitó críticas y advertencias de organismos de derechos humanos desde el primer momento. 
La organización Cristosal lleva contabilizadas ya más de 3.500 denuncias de violaciones a los derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias y torturas entre otras agresiones mientras que Amnistía Internacional sumó que han ocurrido también muertes arbitrarias bajo la custodia del Estado junto con tratos crueles e inhumanos, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.

viernes, 15 de marzo de 2024

‘LEY DE AMNISTÍA’: APRUEBAN PREDICTAMEN QUE BUSCA IMPUNIDAD PARA IMPLICADOS EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Nueva “ley de amnistía” que busca impunidad para implicados en delitos de lesa humanidad es apurada en el Congreso 
El proyecto de ley, impulsado prioritariamente por Fuerza Popular, busca interferir en procesos judiciales de presos juzgados por en delitos de lesa humanidad antes del 2002, planteando su liberación.
 Se busca liberación de sentenciados del grupo colina y otras agrupaciones paramilitares del periodo de la dictadura. 
La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó este martes un predictamen que ha sido concebido como una nueva “ley de amnistía” que permita exculpar a investigados y procesados por el delito de lesa humanidad. 
Este nuevo dictamen ha sido aprobado en la sesión de este 12 marzo con 14 votos a favor, ocho en contra y una abstención; y que correspondería a una propuesta legislativa que funcionaría como una amnistía ilegal para policías, militares y funcionarios que comparecen ante la justicia a raíz de los asesinatos perpetrados durante el último periodo dictatorial de Alberto Fujimori. 
Si bien desde la comisión de Constitución la congresista Martha Moyano insistió en que la norma —que está a un paso de ser presentada ante el pleno del Congreso— no corresponde a una “ley de amnistía”, al revisar el proyecto de ley en el que se basa el dictamen no solo se detalla una intención de dirigir la interpretación del Poder Judicial respecto a este delito internacional, sino que se advierte, según lo afirmado por el especialista Carlos Rivera Paz, como una ley inconstitucional. 
El proyecto de ley presentado por Renovación Popular y Fuerza Popular, contó además con los votos a favor de las bancadas de Alianza para el Progreso (representada por Eduardo Salhuana), Acción Popular, Podemos Perú, Avanza País, Somos Perú, y Unidad y Diálogo (pese a que esta bancada está a un paso de disolverse). 
Ahora, se encuentra a un paso de ser aplicado, quedando pendiente solo la votación en el Pleno. 
¿Por qué la nueva “ley de amnistía” ha sido señalada como inconstitucional? 
En un informe previo que este medio presentó respecto a esta propuesta legislativa, el abogado especializado en derechos humanos del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, advirtió que la propuesta buscaba dirigir la interpretación de los magistrados del Poder Judicial respecto a la tipificación de los estándares del delito de lesa humanidad. 
“En ese proyecto, el Congreso pretende archivar procesos judiciales y además plantea decirle a los jueces cómo resolver los asuntos y las causas judiciales que tienen en trámite o que tienen que sentenciar. 
Si eso no es una vulneración a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial, no sé qué más puede ser. 
Las disposiciones que contiene, son disposiciones abiertamente vejatorias de la Constitución” consideró Rivera Paz con preocupación en dicha oportunidad. 
El peligro de que esta propuesta también contravenga la Constitución fue advertido incluso por la congresista Gladys Echaíz, quien aseveró que el objetivo de la ley era “ayudar a los propios magistrados cuando tengan que resolver un caso en concreto”. 
¿A quiénes beneficia la nueva “ley de amnistía” que fue aprobada en Constitución? 
Las intenciones del Legislativo respecto a esta norma son claras. Durante la sesión de Constitución de este martes, la congresista fujimorista Patricia Juárez detalló la existencia de una serie de personajes que habían sido juzgados bajo la interpretación de que ciertos delitos no prescribían por estar considerados como “delitos de lesa humanidad” Juárez puso como ejemplo al exdirector de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo, quien fue condenado bajo la imprescriptibilidad de estos delitos por su implicancia en una serie de delitos perpetrados bajo su jurisdicción durante el periodo de violencia armada sucedido en el gobierno de Alberto Fujimori. 
Rivero Lazo, sorprendentemente, no se encuentra en la cárcel, sino junto a Edwin Donayre en el Hospital Militar Central, en una cómoda habitación destinada para generales del Ejército. 
Buscan que la ley sea retroactiva Como si no fuera suficiente, Patricia Juárez también señaló que, con esta ley, “los jueces podrían revisar cada uno de los casos en particular”. 
Como si esto no fuera poco, la legisladora incluso pidió acelerar la aprobación de la norma. 
“Los jueces deberían de hacerlo (revisar los casos) de manera célere porque estamos hablando que hay muchas personas que están cumpliendo condenas en este momento sin que se tengan la responsabilidad que se les imputa”, añadió. 
Esta precisión en específico es la que Rivera Paz entiende como un intento más de atentar contra la independencia judicial, pues para él “el poder Legislativo no puede disponer cerrar causas judiciales, salvo que presente— y me parece que esa es la idea de Rospigliosi y de Cueto— y ponga como título al proyecto de que se trata de un proyecto de amnistía. 
De ser así, entramos a otros problemas que serían una cuasi-repetición de las amnistías del año 95″.

jueves, 14 de marzo de 2024

FUJIMORISMO PROMUEVE LEY DE GENÉRICOS QUE FAVORECE A HIJOS DE CONGRESISTAS

 LEY DE GENÉRICOS QUE PROMUEVE EL FUJIMORISMO FAVORECERÍA A HIJOS DE DOS CONGRESISTAS DE FUERZA POPULAR COAUTORES DE LA INICIATIVA 
No era amor al chancho, sino a los chicharrones. 
 Si no, no hay otra forma de explicar cómo es que el fujimorismo está promoviendo una ley que obliga a las boticas a tener un 30% de stock de medicamentos genéricos priorizados. Pero no es oro todo lo que reluce, que aún la medida va con trampa. 
El proyecto de Fuerza Popular excluye de la obligación a las farmacias inscritas en el REMYPE, una modalidad exclusiva para micro y pequeñas empresas. 
¿Y quiénes tienen boticas de esas características? 
Ni más ni menos que hijos de los congresistas naranjas Mery Infantes y Víctor Flores, quienes figuran como coautores de la norma. 
Así lo reveló el periodista Diego Quispe de La República.
Ahí está tu Congreso, mi Congreso, nuestro Congreso. 
PERÚ LIBRE SIGUE PERDIENDO MIEMBROS, WILSON QUISPE RENUNCIA A LA BANCADA Y SE QUEDAN SOLO CON 11 MIEMBROS 
Perú Libre fue el vientre de muchos que buscaron un lugarcito en los poderes del Estado. 
Así fue con Pedro Castillo, quien renunció al partido, apenas tomó el mando, le siguió Dina Boluarte. Y en el parlamento, la situación no parece ser distinta luego que todos los profes se separaran de los lapicitos por sus amplias diferencias a la hora de ejercer su voto y presentar sus proyectos de ley. 
Así, poco a poco la bancada de Vladimir Cerrón ha perdido fuerza y hoy se queda solo con 11 miembros tras la renuncia de Wilson Quispe quien se aleja por “razones de conciencia” como indirecta a las alianzas que se han tejido con el fujimorismo. 
En la carta dirigida a Margot Palacios, vocera de la bancada, el legislador consideró que el hecho de que hayan llegado al Legislativo, “no supone una carta libre para traicionar sus principios políticos” porque Perú Libre ha decidido “tomar otro camino”. 
Ante la renuncia, el hermanisimo Waldemar Cerrón dijo que la bancada está mas fortalecida que nunca, minimizando la baja. 
No hay peor ciego que el que no quiere ver. 
 PRESIDENTA DINA BOLUARTE PIDE AL CONGRESO QUE REFLEXIONE, ANTE MOCIÓN DE INTERPELACIÓN CONTRA MINISTRO DEL INTERIOR 
La presidenta Dina Boluarte pidió al Congreso que tome consciencia, luego que el pleno del Parlamento aprobara la moción de interpelación en contra del ministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón. 
La jefa de Estado indicó que “respeta la autonomía” de los diferentes poderes del Estado pero llamó a la reflexión y apuntó que las autoridades deben continuar cumpliendo su labor. 
“Debemos seguir trabajando, continuar con el trabajo esforzado. 
El ministro del Interior está haciendo todo su esfuerzo y quizás no sea un pico de oro, pero nosotros no necesitamos que hable bonito, sino que trabaje bien y creo que el ministro lo está haciendo bien”. 
Si así me van a defender…

domingo, 10 de marzo de 2024

EL VETO COMO SEPULTURA DE LAS NACIONES UNIDAS

Desde le punto de vista de la protección de la paz, el derecho a veto no ha sido capaz de impedir 285 conflictos armados. 
El 1 de enero de 1942, los Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, China y otras 22 naciones enfrentadas a Alemania, Japón e Italia establecieron una coalición en la que los miembros se comprometieron a trabajar para el establecimiento de un sistema de seguridad internacional incluyente y efectivo. 
El presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, sugirió el nombre de Naciones Unidas. 
Y así se quedó para siempre. 
En las deliberaciones para su creación se insistió en crear una organización internacional en la cual estuviesen representadas todas las naciones del mundo y cuyos objetivos principales serían evitar guerras, prevenir conflictos y fomentar el desarrollo. 
Cuando se inició el diseño de la arquitectura institucional, la mayoría de las democracias liberales se pronunciaron por el establecimiento de un cuerpo directivo capaz de proteger la paz, evitar intervenciones militares y dirimir conflictos antes de que estos se tornaran en guerras. 
Y estos objetivos sirvieron de argumento para la creación del derecho a veto para los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 
Si juzgáramos estas premisas a partir de la evidencia empírica llegaríamos a la conclusión de que quienes así justificaron la entronización del derecho a veto estaban todos aplazados en geopolítica.
 Porque, para comenzar, los grandes beneficiarios de estas políticas fueron precisamente quienes tenían y aún tienen el poder de fomentar guerras y realizar intervenciones militares exitosas. 
Y una vez ejecutadas este tipo de políticas, la mejor forma de evadir la acción de la comunidad internacional es mediante el veto. 
Así quedó demostrado en el uso de este recurso. 
Desde la creación de las Naciones Unidas Rusia ha recurrido 120 veces al veto en 78 años. Estados Unidos, por su parte, ha recurrido al veto 82 veces. 
En síntesis Estados Unidos y Rusia han sido los usuarios más recurrentes del veto. 
Desde el punto de vista de la protección de la paz, el derecho a veto no ha sido capaz de impedir 285 conflictos armados que incluyen la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra Irán-Irak, la invasión de Afganistán por la Unión Soviética, la invasión de Irak por los estados Unidos y la invasión de Ucrania por Rusia. 
En términos de recursos destinados, bajas e impacto económico, estas guerras sumadas compiten con la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. 
Ni hablar de invasiones militares, ya que estas han estado a la orden del día desde 1945 sobrepasando las 300 en los últimos 75 años. 
En este siglo, la segunda guerra del Congo, la limpieza étnica ejecutada en Ruanda, la guerra civil de Siria, el conflicto de Darfur, el actual conflicto de Sudán y la guerra de Yemen prometen sobrepasar la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. 
En síntesis, la idea de que dándole poder de veto a cinco naciones iba a establecer un dispositivo de estabilidad que impediría destruir la paz y que aparecieran conflictos han probado estar equivocada
La evidencia así lo demuestra y nos indica que llegó la hora de hacer que el Consejo de Seguridad de la ONU tome sus decisiones por mayoría calificada, como ocurre en toda democracia. 
Porque el sistema del veto no solo ha resultado inútil para los propósitos de la ONU sino que ha creado una parálisis en la organización que le impide actuar de manera eficiente. 
Y es por ello que, según encuestas de opinión de firmas acreditadas, el 60% de la ciudadanía de 70 países del mundo piensa que habría que abolir las Naciones Unidas. 
¿EL ANTIDEMOCRÁTICO DERECHO DE VETO? 
Estrictamente hablando, el derecho de veto no figura en la Carta de las Naciones Unidas: para que una resolución sea adoptada por el Consejo de Seguridad debe contar con la mayoría cualificada (9 votos sobre 15), incluyendo “los 5 votos afirmativos de todos los miembros permanentes” (artículo 27). 
Eso significa que cuando uno de los cinco (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido o Francia) se abstiene, la resolución es rechazada. 
Posteriormente, y en contradicción con la Carta, se admitió en la práctica que la abstención de un miembro permanente no impidiera la adopción de una decisión, lo que creó de facto un derecho de veto formal... 
Ese derecho sólo vale en el interior del Consejo de Seguridad, es decir en temas en que no decide la Asamblea General. 
En ese punto también se produjo un desplazamiento: desde la década de los setenta poco a poco se transfirieron ciertos poderes de la Asamblea (...) 
ONU, votos contra el bloqueo de EE UU contra Cuba https://news.un.org/es/story/2022/11/1516617

sábado, 9 de marzo de 2024

GOLPE CONGRESAL A LA DEMOCRACIA

INÉS TELLO Y ALDO VÁSQUEZ FUERON INHABILITADOS POR 10 AÑOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
 RMP SOBRE EL CONGRESO POR JNJ: "NO RESPETA LA SEPARACIÓN DE PODERES Y HACE ALIANZAS CORRUPTAS"
Rosa María Palacios está en desacuerdo con inhabilitaciones de magistrados de la JNJ Rosa María Palacios indicó que los integrantes del Congreso deberían dejar de actuar en perjuicio del país. 
Rosa María Palacios se pronunció respecto a la reciente inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso de la República. 
La abogada resaltó que los actuales miembros del Parlamento trabajan en perjuicio del país. 
"El primer punto para que haya democracia en el país es la libertad de expresión y esa está amenazada en el Perú. 
Pero también tenemos un Congreso que no respeta el otro principio fundamental de la democracia, que es la separación de poderes, y es un Congreso que hace alianzas corruptas para no respetar la autonomía de los poderes constitucionales", dijo RMP en la edición del viernes 8 de marzo de su programa Sin Guion. 
Palacios McBride indicó que el comportamiento del actual Legislativo se parece mucho al escenario corrupto que invadió a dicho poder del Estado con la participación de Vladimiro Montesinos, asesor del exdictador Alberto Fujimori. 
RMP también instó a la ciudadanía a no olvidar a todos los congresistas que vienen perpetrando ataque tras ataque contra el sistema de justicia nacional. 
"Inés Tello se encargó de pasar todos los delitos de Fujimori y ¿quiénes votaron contra ella? 
Todos los fujimoristas de Fuerza Popular. 
¿Tenían la convicción de lo que hacían?", agregó la abogada. 
¿QUÉ ES LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA Y CUÁLES SON SUS FUNCIONES? 
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú es un organismo autónomo que fue creado para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) después de una reforma constitucional respaldada por un referéndum en diciembre de 2018. 
Esta institución tiene como objetivo principal garantizar la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y del Ministerio Público. 
ESTAS SON LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE LA JNJ: 
• Selección y nombramiento de jueces y fiscales: 
La JNJ se encarga de seleccionar, evaluar y nombrar a los jueces y fiscales de todos los niveles, además de garantizar que estos procesos se realicen de manera transparente, objetiva y basada en méritos. 
• Ratificación de jueces y fiscales: 
Debe evaluar periódicamente el desempeño de jueces y fiscales para decidir sobre su permanencia o ratificación en el cargo. 
Esto incluye la revisión de su conducta, idoneidad y competencia profesional. 
• Disciplina y destitución: 
Tiene la facultad de iniciar procesos disciplinarios y de ser necesario, sancionar, suspender o destituir a jueces y fiscales que no cumplan con sus obligaciones o que incurran en faltas graves. 
• Propuestas de mejoras en el sistema de justicia: 
La JNJ puede proponer iniciativas para el mejoramiento del sistema de justicia, que incluye cambios legislativos o reformas en las prácticas y procedimientos judiciales. 
• Transparencia y acceso a la información: 
Debe garantizar la transparencia de sus procedimientos y decisiones, es decir, permitir el acceso público a la información relacionada con sus actividades. 
La creación de la Junta Nacional de Justicia representa un esfuerzo por restaurar la confianza en el sistema judicial del Perú, lo que asegura que los funcionarios judiciales sean seleccionados, evaluados y sancionados de manera justa y eficiente. 
¿QUÉ PASARÁ CON LA JNJ TRAS INHABILITACIÓN DE TELLO Y VÁSQUEZ? 
Abogados constitucionalistas consideran que la resolución que inhabilita a los titulares de la JNJ "carece de valor jurídico" y que dicha decisión del Congreso fue "arbitraria". 
Tras la decisión del Congreso de inhabilitar a los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, por 10 años en el ejercicio de la función pública, el abogado constitucionalista Omar Cairo consideró que dicha medida en contra de los magistrados no alcanzó "los votos necesarios"; ya que algunos congresistas de la Comisión Permanente participaron en la votación que se llevó a cabo en el Pleno del Parlamento. 
Por lo tanto, calificó la decisión de la mayoría congresal como "inexistente". 
"Esta decisión es inexistente porque no han alcanzado los votos necesarios que son 67, porque han votado congresistas que pertenecen a la Comisión Permanente y eso determina que ha tenido 65 votos, y la Constitución y el Reglamento del Congreso dice claramente que las votaciones de los juicios políticos, en la votación del Pleno, no participa ningún miembro de la Comisión Permanente; entonces, por lo tanto, esto es una decisión que no tiene asistencia jurídica. 
Ella no está obligada a nada por esa resolución. 
Ella sigue siendo miembro de la JNJ y esa decisión parlamentaria carece de valor jurídico", declaró Cairo, defensa legal de Inés Tello, a La República. 
A su vez, el abogado Heber Campos calificó la inhabilitación en contra de Tello y Vásquez como una medida "arbitraria"; puesto que, de acuerdo con la Constitución y al artículo de la Ley Orgánica de la JNJ, el límite de edad que se señala en ambos textos es para acceder al cargo, no para la permanencia. "Creo que es una decisión que no tiene asidero jurídico. Me parece que la decisión del Congreso que ha sido arbitraria (...) no es adecuada porque el límite de edad que aduce, desde mi punto de vista, es un límite para el acceso, no para la permanencia de los integrantes de la JNJ, pero ya es una decisión que el Congreso ha tomado", dijo.
¿QUÉ PASARÁ CON LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA? 
El letrado Cairo indicó que se espera que, ante esta resolución "sin valor jurídico", la Junta Nacional de Justicia (JNJ) "actúe en consecuencia y no obstaculice el ejercicio de su cargo" a Inés Tello ni a Aldo Vásquez; por ello, se prevé que ambos magistrados continúen realizando las labores en el organismo constitucional autónomo. 
"Si decide realizar sus labores, ella tiene el derecho a hacerlo y la Junta tiene el deber de no impedirlo.
 Sería un escándalo que la JNJ se someta a la arbitrariedad del Congreso y le pida a Inés Tello que abandone su cargo", apuntó. 
Por su parte, el abogado Campos indicó que, tras la inhabilitación de Tello y Vásquez, lo que corresponde es que dichos magistrados sean reemplazados. 
"Se tendrá seguramente que dilucidar la demanda de amparo que estos vocales han interpuesto", añadió. Asimismo, no descartó que dicha decisión del Congreso se revierta en el Poder Judicial. 
"Podría ser que cuando se resuelva la demanda en el Poder Judicial se decida si la decisión del Congreso fue válida o no, pero mientras eso no ocurra operan los efectos de la decisión del Congreso", dijo. 
Abogados sobre comunicado de Oficina de Comunicaciones del Congreso 
Los abogados Campos y Cairo se refirieron acerca del comunicado que emitió la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Congreso para responder ante la solicitud de Inés Tello de Ñecco al Parlamento de declarar inexistente la resolución en su contra.
 En esa línea, Cairo señaló que su pronunciamiento fue "inexacto" debido a que pretende decir "algo contrario a lo que la Constitución y el Reglamento establece". 
"Ese pronunciamiento, que no es una expresión del Congreso, sino de una oficina de Comunicación del Congreso que no es un órgano del Gobierno ni de trabajo del Congreso, dice algo inexacto porque la Constitución prohíbe votar en el Pleno a los que pertenecen a la Comisión Permanente sin distinguir en quienes hayan votado o no en la etapa primera del juicio político. No hace ninguna distinción", manifestó. 
Asimismo, el letrado Campos indicó que el Poder Judicial deberá de determinar si se ha cometido una falta al considerar el voto del congresista Luna en la inhabilitación de los miembros de la JNJ. 
"La Constitución señala que los integrantes de la Comisión Permanente no pueden votar en el Pleno una acusación constitucional, entonces ahí está el dilema porque el señor Luna precisamente es integrante de la Comisión Permanente. 
Lo que dice el Congreso es que en realidad lo que hay es un acuerdo de la Junta de Portavoces del 2018 según en el cual los integrantes de la permanente no pueden votar en el Pleno en la medida en que no haya votado en la Permanente. 
Ese es el argumento del Congreso", refirió. "Luego hay quienes dicen que en realidad la prohibición es expresa, no en el sentido de que si han votado no pueden votar en el pleno. Eso tendría que ser determinado en un proceso judicial", agregó.

jueves, 7 de marzo de 2024

EL GOBIERNO INSISTE CON MÁS DE LO MISMO

BOLUARTE NIEGA QUE HAYA CRISIS.
 NO EXISTE ELPROPOSITO DE ENMIENDA 
Sin mayor novedad. 
La presencia de Gustavo Adrianzén al frente del gabinete sugiere que no habrá mayores cambios respecto de lo que se veía con Alberto Otárola. 
La presidenta Dina Boluarte negó que haya alguna crisis en su Gobierno. 
 El nombramiento de Gustavo Adrianzén como nuevo presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Alberto Otárola da a entender que el Gobierno de Dina Boluarte apuesta por la continuidad. 
Cuando era embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), fue Adrianzén quien acusó a los propios manifestantes de ocasionar las muertes durante el estallido social de finales del 2022 e inicios del 2023. 
“¡Ellos son los violentos, son los que ocasionaron las muertes, presidenta!”, gritó Adrianzén en la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer seguimiento y conocer los avances de las 36 recomendaciones que dejó el ‘Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’. 
Un grupo de personas presentes en la sesión había criticado al Gobierno, lo que disparó la cólera del hoy premier. 
No parece gratuito que Boluarte haya optado por reemplazar a Otárola con alguien de ese perfil. 
De hecho, es conocido que Otárola y Adrianzén son cercanos. 
El único cambio ayer fue el de la cabeza del gabinete. 
Todos los demás ministros fueron ratificados en sus cargos. 
“La presidenta escogió la opción de terminar de entregar el Gobierno al Congreso y poder económico.
 El gabinete no tiene el cuerpo de Otárola, pero sí el alma. 
Un gabinete mecha corta. 
Los italianos lo llaman gabinete de verano (gabinetto estivo). 
Confirmado, el régimen agoniza”, escribió el analista político Juan De la Puente. 
Con la llegada de Adrianzén, el Ejecutivo espera que la crisis ocasionada por el audio-video protagonizado por Otárola y Yaziré Pinedo finalmente amaine. 
No se espera que del lado del Congreso haya mayores reparos al voto de confianza que el gabinete tendrá que solicitar al Pleno. 
Fuentes de La República informaron que en el mensaje —falta oficializar una fecha— se buscará hacer énfasis en dos asuntos: inseguridad ciudadana y reactivación económica. 
“El único relanzamiento interesante de estos días, por sus implicaciones, no ha sido el de un gabinete donde nada parece haber cambiado, sino el relanzamiento de Alberto Fujimori”, ironizó el docente de la Universidad de Lima, Hernán Chaparro. 
Asimismo, el politólogo y docente de la PUCP Fernando Tuesta consideró que lo visto ayer es un “control de daños” con una “salida que “ha sido continuista”. 
“No solo porque Adrianzén es del entorno, sino porque no hay ningún otro cambio ministerial. 
Es también un mensaje al Congreso de que las cosas no van a cambiar”, sostuvo. 
“NO HAY DISPUTA DE PODER” 
En la mañana de ayer, Boluarte tomó el juramento al nuevo presidente del Consejo de Ministros. 
Luego, por protocolo, cada uno de los titulares de las carteras fue ratificado en sus respectivos cargos. “Quiero agradecer las expresiones de buenos deseos tras mi reciente designación. 
Esta será la única cuenta donde informaré el trabajo que realice junto con la presidenta Dina Boluarte y el #GabineteAdrianzén por el bienestar y desarrollo del Perú”, escribió Adrianzén en una recién estrenada cuenta de X. La anterior que utilizaba la borró.
Hasta el martes se había especulado con la posibilidad de que la excongresista Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso) asumiera el puesto dejado por el renunciante Otárola. Al final, esta idea no prosperó. 
Adrianzén es el tercer premier en lo que va de la gestión de Boluarte. 
Llega al Ejecutivo en circunstancias en las que se ha estado sugiriendo la existencia de un enfrentamiento entre el saliente Otárola y el hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte. 
Ayer también, la presidenta se refirió a este asunto. 
En declaraciones a los periodistas aseguró que no “hay disputa de poder” entre ambos personajes.
 Añadió que, más bien, son amigos y que de vez en cuando se juntan a tomarse un café. 
“Lamento mucho por aquellos que hayan preparado la actuación de esta señorita (Yaziré Pinedo), pero debo decir que mi hermano no está comprometido en ningún complot, mi hermano no participa ni con una sola pestaña en las decisiones de este Gobierno. 
Las decisiones, acertadas o no, con errores o no, son de la presidenta”, declaró. 
Además, la mandataria negó que su hermano conozca a César Figueredo y al expresidente Martín Vizcarra, versión difundida por Pinedo en las entrevistas que ofreció a los canales de televisión. 
Desde Fuerza Popular, parece evidente que el voto de confianza está garantizado. 
Alejandro Aguinaga habló de una actitud “principista” de Adrianzén durante su paso por la OEA. 
Carlos Zeballos, vocero del partido Podemos Perú, se refirió al nuevo primer ministro: “La bancada está evaluando el tema de darle la confianza al premier, será importante evaluar su trayectoria y, sobre todo, lo que vaya a proponer cuando solicite la cuestión de confianza. 
Todo cambio es positivo, no tenemos algunos antecedentes negativos del señor”, afirmó. 
Con Adrianzén, la alianza Ejecutivo-Congreso seguirá su camino, al menos por ahora. 
REACCIONES 
FLAVIO CRUZ, CONGRESISTA PERÚ LIBRE
  “Es una señal de que no hay cuadros en el Gobierno, porque siempre el concepto de cambio va asociado a temas de mejora, de transformación, de progreso, pero aparentemente no va a HABER NADA DE ESO”. 
LEJANDRO CAVERO, CONGRESISTA AVANZA PAÍS 
“El nuevo premier tiene que ser un político que articule, pero también una persona con capacidad de gestión. 
Al Gobierno no le servirá de nada buscar solo sobrevivir si no logra ejecutar y destrabar las obras y resolver los problemas que el país está demandando”. 
SIGRID BAZÁN, CONGRESISTA CD-JP 
“La designación de Gustavo Adrianzén representa el continuismo de esa política nefasta que tanto daño hace al país y es un insulto a la memoria de las víctimas de la violencia de este Gobierno. 
El país no olvida que culpó a las víctimas de sus muertes”. 
JO-MARIE BURT, POLITÓLOGA 
“(Gustavo Adrianzén) no es exactamente una persona idónea ante la crisis de democracia y derechos humanos que vive el país, una crisis que ha generado preocupación en la ONU, la OEA, en senadores de Estados Unidos y organismos internacionales”.

miércoles, 6 de marzo de 2024

DONDE SE PONE EL DEDO, SALTA LA PUS

CECILIA BÁKULA PALABRAS DE GONZALEZ PRADA TIENEN HOY MÁS VIGENCIA QUE NUNCA 
Ya en 1888, don Manuel González Prada, a quien reconocemos como un lúcido intérprete de la realidad político y social de su tiempo, supo –cual audaz y valiente visionario– elevar su voz de protesta y crítica aguda y mordaz. 
 En su momento lo hizo ante la incapacidad que él percibía en las autoridades del país para dar una respuesta que sacara a nuestra patria de la severa postración que había significado la oprobiosa derrota sufrida en la Guerra del Pacífico: la pérdida de vidas humanas, la debacle económica, la deshonrosa presencia de tropas chilenas en Lima, en grandes extensiones de territorio, y la desesperanza que él percibía ante la podredumbre que encontraba en la clase política de entonces. 
 En esas circunstancias, en la obra titulada “Propaganda i ataque” señaló: “EN RESUMEN, HOY EL PERÚ ES ORGANISMO ENFERMO: DONDE SE APLICA EL DEDO BROTA PUS”. 
Si fuéramos médicos, cirujanos especialistas ante un cuerpo así de deteriorado, y así en tal estado de descomposición, tendríamos que enfrentar su estado terminal y la necesidad de intentar acciones radicales: la extirpación de los miembros comprometidos y la esperanza de que las células nuevas actúen ante la aplicación de procedimientos radicales, de los que ahora se llaman de “última generación”. 
 Y aceptaríamos las consecuencias de intentar la salud futura aún a un alto costo: tiempo, recuperación, terapia, rehabilitación y, por supuesto, pérdida de partes y, quizá, extremidades. 
Hoy nos enfrentamos a un Estado altamente corrompido por la falta de valores; por el enquistamiento de mafias que han ido llegando y llegando a las más altas esferas del poder, cual aves de rapiña para robar y robar a los más pobres y enriquecerse a costa del progreso de la gran mayoría, robando futuro, robando salud, robando educación, robando, robando, robando. 
Esta situación, que ahora vemos en un espectro de malicia y abuso como antes no habíamos querido conocer, no es nueva, sino que ahora es más “destapada”. 
Se ha abierto la puerta a un universo pestilente de personas (y medios de desinformación) que han hecho de la mentira, de la incapacidad y del uso de su sitial de supuesto servicio una situación tan servil y perniciosa para todos que no merecen respeto ni pueden ostentar la dignidad que significa el honor de representar y servir a la nación. 
Más allá del robo material, del enriquecimiento ilícito, se viene destruyendo con gran impunidad la ya precaria institucionalidad de nuestro país y se afecta el futuro de la gobernabilidad. 
Los infelices y pequeños individuos que ahora, arropados por su propio miedo, se sienten transitoriamente fuertes, pasarán a la historia por sus tropelías y roberías, por su incapacidad de gestión y de acción, por su mitomanía, victimización como pauta de conducta, no se llevarán a la tumba ni un sol; pero sí vienen arrastrando al pueblo, que no los merece, a años de atraso, de frustración, de carencias y de abandono. 
Y ello, lo permite no solo su atrevida incapacidad, sino también la lenidad del Congreso (nido de delincuentes y corruptos), en el que casi un 25% de sus integrantes se han dejado comprar; es decir, se han vendido a la más baja causa y por el más barato precio. 
Aún hay parlamentarios probos, pero no se ve en todos una acción radical ni una conducta que convenza a los electores. 
En estos 14 o 15 meses de gestión (de este gobierno usurpador) hemos escuchado y leído no pocas frases grandilocuentes como “no vamos a permitir...”, “no toleraremos...” (con cinismo patético); pero del dicho a la acción, pareciera que hay un trecho en exceso amplio. 
Todo ello va ofuscando a la población que, ante la manera como cada uno vive las consecuencias de esta crisis, va encontrando culpables y se empiezan a exacerbar los ánimos. 
Cada vez más, la violencia se hace palpable, la ofuscación, la desesperanza es ya una manera de sentir y aparecen voces apocalípticas a las que es fácil prestar oídos. 
Si bien es cierto que la expresión de González Prada es trágicamente actual, ello no debe llevarnos a creer que la violencia y la destrucción de todo el “sistema” es la solución. 
 Veamos y tomemos el peso real de lo actuado, en el marco de la ley, por la señora Fiscal de la Nación que, (acusada, también de integrar una organización criminal, suspendida por seis meses, mientras se la investiga por graves delitos en el ejercicio de sus funciones) debiendo hacer uso de las atribuciones que le da la Ley, ha sucumbido en actos ilícitos en contubernio con el Congreso, a ese Poder Legislativo que ni legisla ni fiscaliza suficientemente, porque en muchos casos está ocupado en ser servil a la mafia que impera en todas las instituciones. 
En nuestra historia reciente no habíamos visto la necesidad de una denuncia que señalara que la mafia se había instalado en el poder. 
 Son tiempos difíciles estos. 
 Sin embargo, el Perú cuenta con ciudadanos corajudos y aguerridos que no quieren que se les robe el derecho al futuro. 
 Y son ellos la reserva moral que darán la talla para restañar las heridas y para erradicar la pus, aunque parezca que nos ha invadido por todas partes. 
 Será el mismo González Prada el que pueda inspirarnos, y para ello es necesario invitar a la lectura del Discurso en el Politeama. 
Verdaderamente necesitamos con urgencia, un outsiders político que se comprometa a enfrentarse al poder delincuencial, corrupto, mediático y económico que nos gobierna en el Perú, con nuevas ideas, con el compromiso de no robar ni dejar que nadie robe, que termine con la impunidad, que mande a construir macro penales para delincuentes y corruptos que hacen tanto daño al pís.

martes, 5 de marzo de 2024

CÉSAR HILDEBRANDT: "ES IMPOSIBLE SOSTENER A ALBERTO OTÁROLA POR MÁS QUE HAYA SIDO BRÚJULA DE BOLUARTE"

Hildebrandt sostuvo que Otárola ha "cocido" las partes fragmentadas del Gobierno de Dina Boluarte. 
El periodista aseguró que Alberto Otárola ha sido el eje en el Gobierno de una 'desconcertada' Dina Boluarte. 
Asimismo, precisó que su cambio está decidido. 
En un nuevo episodio de su podcast, César Hildebrandt se pronunció sobre los cuestionados audios del primer ministro Alberto Otárola con su expareja Yaziré Pinedo, una joven de 25 años que contrató con el Estado peruano por más de S/50.000. 
Al respecto, Hildebrandt expresó que su retiro del cargo es inminente: "Está decidido el cambio. 
Es imposible sostener a Otárola por más que haya sido protagonista absoluto de este régimen, consejero, eje y brújula de la desconcertada señora Boluarte".
El periodista mencionó que su destitución podría ser "el comienzo del fin" del Gobierno de Dina Boluarte. 
"Yo no creo que consiga a alguien con las aptitudes de Otárola para manejar un Gobierno que no tiene metas, programas, miras", expresó. 
Asimismo, descartó que exista algún candidato en reemplazo del titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM). 
El primer ministro Alberto Otárola está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación debido a contratos cuestionables otorgados a dos supuestas amigas que, después de visitarlo, lograron contratos con el Estado. 
Las diligencias de investigación se han llevado a cabo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Devida y el Ministerio de Defensa (Mindef). 
Se le acusa del presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. 
La joven involucrada en las grabaciones, Yaziré Pinedo Vásquez, desmintió al presidente de la PCM al afirmar que mantenía una relación amical de largo tiempo con él y que su visita al despacho ministerial fue para discutir asuntos personales. 
Sin embargo, estas visitas y los contratos siguientes revelan presuntos actos irregulares. 
Sin embargo, Pinedo sostiene que la difusión de los audios se trata de un complot contra Otárola.
Nuevos chats sobre Alberto Otárola Yaziré Pinedo expuso nuevos mensajes con César Figueredo, colaborador cercano del exmandatario Martín Vizcarra. 
Pinedo implicó, además, a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en un supuesto complot contra Otárola. 
Durante una reunión con el presidente de la Presidencia de Consejos de Ministros, Pinedo mencionó haber solicitado una posición laboral para Figueredo, con quien había estado en comunicación. Afirmó que no se comunicó con Jorge Chávez Cresta, anterior ministro de Defensa, a pesar de ser contratada en su sector.

lunes, 4 de marzo de 2024

DESINFORMACIÓN Y DESVERGÜENZA

Esta semana, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró inadmisible la demanda de amparo presentada por Patricia Benavides contra su suspensión por seis meses. 
 Como muchos de ustedes saben, Willax Televisión, ese relleno sanitario de difamación y mentiras, en cuyas infectas aguas navegan sincronizadamente actores más pequeños, como Expreso y La Razón, entre otros, ha emprendido campaña tras campaña de desinformación difamadora contra IDL-Reporteros y su director, Gustavo Gorriti. 
 Las campañas, con un guión virtualmente similar entre sí, han arreciado, con un desfachatado divorcio de la realidad, luego de la suspensión de la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, en medio de las escandalosas revelaciones por el caso Valquiria. 
Las mentiras, aunque repetidas en cadena por histéricos desinformadores, fueron tan burdas y torpes que no exigieron mayor esfuerzo para que IDL-R se las reviente en la cara. 
Pero eso no escarmentó a esa corte de los milagros del hamponaje informativo y volvió, con la ayuda sincronizada de abogansters y el elenco estable de la contaminación informativa, a lanzar una campaña más en los últimos días. 
La más descabellada de todas, batuteada por dos de los patéticos personajes de Willax: Phillip Butters y Milagros Leiva, partía de la siguiente premisa: que Gustavo Gorriti, director de IDL-R, ejerce una gran influencia, un poder desmesurado sobre el fiscal supremo Pablo Sánchez… desde los tiempos (2018, para precisar) en los que este era fiscal de la nación
¿Cómo así tal influencia? 
Por, según los desinformadores, la intervención de un fiscal en IDL-R en julio de 2018. El fiscal se llama Rodrigo Álvaro Rurush y llegó inopinadamente al local de IDL e IDL-Reporteros en la mañana del 10 de julio de 2018, acompañado por cuatro policías, para llevar a cabo una diligencia de “exhibición e incautación” de la información que IDL-R publicaba desde unos días atrás. 
 Según los desinformadores, Gorriti llamó a Pablo Sánchez para exigirle que se suspenda la diligencia y que este habló con el fiscal Rurush y lo conminó a interrumpir de inmediato la diligencia o, sino, “aténgase a las consecuencias”. 
¡HABRÁSE VISTO! 
El problema, para los difamadores es que, sí, que todo fue visto, que todo acaeció, virtualmente en vivo, a la vista del público, que supo desde el comienzo qué pasaba, lo que estaba en juego y reaccionó en consecuencia. 
 Han pasado cinco años y medio desde entonces, pero todos los hechos permanecen claros y documentados, con la fuerza propia como para reventar los gases de la desinformación, de manera tal que no solo sirven para revelar la verdad de los hechos de ese tiempo, sino la verdad de los hechos de hoy. Vamos, de una vez, de la manera más directa posible, a exponer lo que se supo entonces y se tiene que saber hoy.
¿QUÉ PASÓ EN JULIO DE 2018? 
En la madrugada del sábado 7 de julio de 2018, IDL-R publicó la primera entrega de una investigación que, sabía, iba a tener un impacto resonante en el país. 
La serie se llamó “Corte y corrupción”, y luego pasó a conocerse también como el caso “Cuellos Blancos”, el “Lava Juez”, entre otros. 
 El material que llegó a IDL-R constaba de conversaciones telefónicas interceptadas en forma legal, que, a través de cientos, de miles de diálogos telefónicos, describían la cartografía de una corrupción judicial, fiscal y regulatoria, que abarcaba desde juzgados y fiscalías hasta la Corte Suprema y Fiscalías Supremas, además del entonces principal organismo regulador del sistema, el Consejo Nacional de la Magistratura. 
 Publicamos una fuerte cantidad de diálogos reveladores el sábado y varios otros más el domingo. 
Ese día, “la fuerza explosiva del caso” (citamos en parte lo que escribimos entonces en IDL-R) ya había capturado la opinión pública a través de la muy justificada “indignación generalizada de la gente”. 
 Junto con la intensa movilización moral ciudadana, IDL-R conocía que había varios grupos poderosos, comprometidos y asustados por las revelaciones, que iban a hacer lo posible por abortar la investigación en sus inicios. 
Y esta publicación sabía que esos intentos iban a provenir de fiscales, jueces y políticos corruptos, dispuestos a hacer casi lo que fuera por prevenir su desgracia. 
Es decir, por evitar que sus fechorías salieran a la luz. 
Y ASÍ FUE. 
El martes 10 de julio por la mañana, un fiscal acompañado por cuatro policías llegó inopinadamente a las oficinas de IDL e IDL-R. 
 En ese momento, no se encontraban ni la jefa de redacción de IDL-R, Romina Mella, ni Gustavo Gorriti. 
Minutos después ambos fueron informados por teléfono de que el fiscal, llamado Rodrigo Rurush, había llegado para incautar el material informativo de la recién desencadenada investigación sobre los CNM audios. 
 Tanto Romina Mella, como Gorriti, se dirigieron de inmediato a las oficinas de IDL-R. Mella llegó primero, Gorriti después. 
En el camino, quedó confirmado, como se verá el propósito de incautación. 
Eso significaba una escandalosa y del todo ilegal agresión a la libertad de prensa y el periodismo de investigación. 
 Entonces, según publicó Gorriti el jueves 12, en su columna semanal en Caretas, ante la emergencia, “en el camino telefoneé al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Cuando le informé lo que sucedía él reaccionó con enojo y rechazo. […] A la vez, mis colegas de IDL-R contactaron a los medios de prensa que llegaron rápidamente a IDL”. 
Lo que siguió en IDL-R fue una áspera confrontación con el fiscal Rurush, que intentó, según escribió Gorriti, “ explicarnos (a mí, a Romina Mella, a nuestro abogado Carlos Rivera y al director de IDL, Glatzer Tuesta), que la palabra ‘incautación’ representaba realmente un pedido de colaboración. Mencionó un artículo de procedimiento legal. 
Se lo pedí y aunque el texto no era un modelo de claridad, decía algo muy diferente a lo que sostenía Rurush. 
Le dije que haber llegado de improviso, con cuatro policías y la palabra incautación por delante, era un comportamiento intimidatorio e implícitamente coercitivo
Negó que fuera el caso y afirmó que buscaba nuestra colaboración informativa”. 
 Y ENTONCES SALTÓ LA LIEBRE.
 IDL-R pidió a Rurush que mostrara el documento, la disposición fiscal “que respaldaba su acción”. 
 Ahí vino la sorpresa. “No tenía ningún documento, ninguna orden o disposición. Abochornado, Rurush hizo redactar un acta corta donde constaba que el acto se interrumpía al no existir el documento fiscal que lo disponga. 
Y ahí terminó la anécdota del fiscal informal y los cuatro policías”. 
En un comunicado reciente el exfiscal de la nación, Pablo Sánchez recuerda así su intervención: “Si en esa oportunidad me comuniqué con un fiscal [Rurush] fue porque se estaba realizando una diligencia de manera irregular que traería cuestionamientos a la institución. 
Si revisamos las opiniones de conocidos abogados en esas fechas, todos coincidían en que se había producido una diligencia vulneratoria de derechos, no podía la institución dejar pasar algo así”.
La intervención había sido un acto ilegal. 
No lo logró, pero lo intentó. 
Por fortuna, toda la diligencia quedó registrada en vídeo, grabado por uno de los policías. Tiempo después, Perú21 consiguió y publicó el video del incidente. El diario hizo un esfuerzo adicional y le puso subtítulos a lo hablado. Quienes quieran verlo pueden hacerlo aquí.

domingo, 3 de marzo de 2024

LOS CONGRESISTAS QUE MOVIERON LOS HILOS CONTRA LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

LA JNJ INSISTE EN SUS ESFUERZOS DE DEFENSA. Operadores. 
El Parlamento está a un paso de destituir a los miembros de la JNJ. 
Tras la suspensión de la fiscal Patricia Benavides, cinco congresistas jugaron un papel clave en la arremetida contra los magistrados: Montoya, Medina, Muñante, Chirinos y Moyano
La dos últimas están en mira de la Fiscalía. 
Los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) -la institución que nombra, ratifica y sanciona jueces y fiscales- está al borde del abismo: el Congreso votará esta semana la destitución e inhabilitación de sus magistrados. 
Esta situación es la consecuencia de una serie de ataques -mociones, denuncias y proyectos- en los que cinco parlamentarios han jugado un papel determinante: Jorge Montoya y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Esdras Medina, ahora no agrupado; Martha Moyano, de Fuerza Popular y Patricia Chirinos, de Avanza País. 
EL AUTOR DE LA DENUNCIA CONTRA LA JNJ 
El jueves 7 de marzo, el informe final que recomienda destituir e inhabilitar a los miembros de la JNJ será sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP). 
Antes, el ponente fue Esdras Medina. Sin embargo, la agrupación de Medina, Unidad y Diálogo, quedó con cuatro integrantes tras la renuncia de su colega Luis Cordero Jon Tay. Con ello, dejó de ser bancada y Medina quedó como no agrupado. Debido a ello perdió el encargo de delegado. 
Ha pasado desapercibido el origen de esa denuncia. 
El autor de la acusación que ha puesto cuesta arriba a la JNJ es el congresista de Renovación Popular (RP) Jorge Montoya. 
En mayo del 2023 interpuso este recurso contra los magistrados, debido a que esta institución permitió que la jurista Inés Tello conserve el cargo pese a superar los 75 años. 
La ley orgánica de la JNJ señala que la edad solo es un requisito para postular, pero no para la permanencia. 
Pero Montoya les imputó infracciones a la Constitución a todos los magistrados. 
Con ello dejó en claro desde el principio que el objetivo no era investigar delitos, sino impulsar un juicio político
Este tipo de procesos no necesitan, en realidad, de que los congresistas demuestren que los acusados cometieron algún ilícito, sino que, desde la subjetividad, determinan quién vulneró la Carta Magna. 
Y la máxima sanción de un juicio político es la inhabilitación de la función pública. 
LA MOCIÓN QUE FRACASÓ 
En diciembre, luego de que la JNJ decidió suspender a Patricia Benavides como fiscal de la Nación por medio año, el colega de bancada de Montoya, Alejandro Muñante, presentó una moción para la remoción inmediata de los magistrados. 
El argumento de Muñante fue que existió un conflicto de interés. 
El congresista alega que los juristas Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala debieron inhibirse porque la entonces titular del Ministerio Público los investigaba por supuestamente haber presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que la Corte Suprema se pronuncie en contra de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. 
Aquel rumor fue desmentido por el propio Arévalo en la Comisión de Justicia, a la que pertenece Muñante. 
Pese a eso, insistió. 
La moción del parlamentario no llegó a discutirse en el Pleno porque la legislatura terminó. 
El titular del Congreso, Alejandro Soto, no la amplió, lo cual fue denunciado por Montoya y Muñante, quienes luego recolectaron firmas sin éxito para la CONVOCATORIA DE UN PLENO EXTRAORDINARIO. 
EL JUICIO POLÍTICO 
Y no fue Muñante el único que presentó una moción contra la JNJ. 
Su colega Esdras Medina también, luego de la suspensión de Benavides, presentó una para que la Comisión de Justicia realice una nueva investigación sumaria contra los magistrados. 
Su pedido tampoco prosperó. 
Luego Medina volvió a la carga y planteó otra moción para la creación de una comisión investigadora sobre las afirmaciones de Jaime Villanueva. 
Este pedido solo incluye investigar las declaraciones de Villanueva referidas al periodista Gustavo Gorriti, los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez, pero omite las delaciones contra sus colegas como Martha Moyano y Patricia Chirinos. 
Su moción plantea que esa comisión esté conformada por ocho congresistas de diferentes bancadas, pero hasta la fecha aún no es puesta en agenda del Pleno. 
Antes de que presente esas dos mociones, Camones le encargó a Medina ser el delegado en la denuncia constitucional de Montoya contra la JNJ por el caso Inés Tello. 
El 15 de diciembre Medina le envió un pliego de preguntas a los magistrados. 
En ese documento, el legislador evidencia que tiene una postura definida sobre ese hecho. 
El presidente de la Junta, Antonio de la Haza, lo recusa por eso y, además, porque Medina apoyó la investigación sumaria contra esta institución, lo cual, a criterio de De la Haza, refleja que adelantó opinión antes de elaborar su informe final y eso vulnera el debido proceso. 
Pero la Subcomisión cerró filas y resolvió que no existía adelanto de opinión. 
Camones respondió que todo congresista tiene derecho a plantear hipótesis y por ello no procedía la recusación. 
MOYANO Y CHIRINOS 
El ánimo de destituir e inhabilitar a la JNJ gira sobre el caso Jaime Villanueva, donde la fiscal Patricia Benavides es investigada por organización criminal. 
La señalan de haber jugado en pared con el Congreso. 
El viernes salió a la luz que la fiscal suprema Delia Espinoza incluyó a 14 congresistas en su indagación, entre ellos a Patricia Chirinos, de Avanza País, y Martha Moyano, de Fuerza Popular. Chirinos fue la primera congresista en presentar una moción para iniciar una investigación sumaria con los magistrados. 
Villanueva declaró que esa maniobra fue coordinada entre él y la legisladora. 
Entre los argumentos utilizados por Chirinos para pedir la remoción de la JNJ, figura el mismo con el que Montoya realizó su denuncia constitucional: la permanencia en el cargo de la magistrada Inés Tello, pese a haber superado los 75 años. 
Y en este intento de destitución e inhabilitación a los consejeros, el fujimorismo también ha jugado un papel protagónico. 
Una de las alfiles de Keiko Fujimori, Martha Moyano, demanda la remoción de los magistrados y suscribió una moción para crear una comisión que reforme el sistema de justicia en 45 días. 
Villanueva también coordinó con Moyano la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos, quien le resultaba incómoda a Benavides en la Junta de Fiscales Supremos. 
El exasesor, apodado ‘El Filósofo’, confesó ante la Fiscalía que la congresista de Fuerza Popular (FP) lo hizo ingresar por una puerta secreta del Congreso. 
Así no dejaron rastro de las reuniones
 “Coordiné con la congresista Moyano en 2022 lo de la denuncia de Pedro Castillo, sus votos para archivar la denuncia contra Patricia Benavides; coordiné con ella la inhabilitación de Ávalos”, afirmó Villanueva. 
Keiko Fujimori salió en defensa de Moyano. 
El trasfondo es que la congresista también le pidió a Benavides la salida de los fiscales del caso Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori por lavado de activos y organización criminal. La propia Moyano reconoció que esa solicitud la envió a través de Villanueva, ex brazo derecho de Benavides. “Sí, sí le mandé el mensaje con Villanueva”, dijo en una entrevista en Willax TV. Así jugaron el fujimorismo y sus bancadas aliadas en defensa de Benavides y contra la JNJ. 
EL ROL QUE TIENEN PERÚ LIBRE, APP Y FUERZA POPULAR 
El líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se ha mostrado a favor de destituir a los miembros de la JNJ
La Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos incluyó también a Cerrón en la investigación por presunta organización criminal contra Patricia Benavides. 
Le sindican haber cometido tráfico de influencias
Villanueva ha asegurado que la fiscal Patricia Benavides y Cerrón coordinaron un intercambio de favores. 
El partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), a través de su secretario, Luis Valdez, y su vocero, Eduardo Salhuana, se mostró en diciembre pasado en contra de remover a los miembros de la JNJ. 
Sin embargo, el juicio político contra los magistrados ha sido apoyado, hasta ahora, por los legisladores de APP. El jueves 7, quien sustentará la acusación contra la JNJ será la presidenta de la SAC, Lady Camones, congresista de APP. 
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solo cree una parte de la declaración de Villanueva: la que señala al periodista Gorriti y los fiscales Vela y Pérez. Por eso el fujimorismo los ha denunciado. Pero cuando se trata de las afirmaciones que involucran con la red de Patricia Benavides y mencionan a Martha Moyano, la hija del exdictador Alberto Fujimori asegura que se tratan de mentiras. Básicamente cree lo que desea creer.

BID RECHAZÓ CONTRATO TRUCHO DE FISCAL PATRICIA BENAVIDES POR US$ 46.8 MILLONES

Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao digitaron contrato por US$ 46,8 millones.   Un proyecto financiado por el Banco Interam...