POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGARÁN DONACIÓN DE ‘LAVADOR’ A KEIKO

OTRO APORTANTE

La pista de la plata

LAVADA DE MANOS.

Para la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el asunto termina con la devolución de la donación.

Autoridades de la Dirección Antidrogas y de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos coinciden en que se debe determinar el origen de los fondos que donó Luis Calle Quirós, vinculado al narcotráfico internacional, a Fuerza 2011. En tanto, el partido fujimorista informó que depositó a nombre de Calle un cheque en una notaría de Lima.

Doris Aguirre  

María Elena Hidalgo  

No bastará con devolver el dinero y decir que aquí no pasó nada. Fuentes de la  Dirección Antidrogas  (Dirandro), de la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado  y de la Procuraduría Antidrogas coincidieron en señalar que el caso del peruano  Luis Calle Quirós, acusado por las autoridades de Estados Unidos como "lavador" de fondos del narcotráfico internacional, incluirá de todas maneras una indagación para determinar el origen del dinero que aportó el empresario a la campaña presidencial de  Keiko Fujimori  en el 2011.

La  División de Investigación de Lavado de Activos  (Divila), que pertenece a la Dirandro, a más tardar el lunes pedirá al Ministerio Público indagar de oficio las actividades económicas de Luis Calle Quirós y su esposa  María Rodríguez Badillo, a quienes el Departamento del Tesoro norteamericano incluyó en la "lista negra" de personas dedicadas al lavado de activos del narcotráfico, el martes  29 de octubre. "En el documento que enviaremos a la fiscalía indicamos que como parte de la investigación se verificará si el dinero que aportó el acusado (Luis Calle Quirós) al partido político (Fuerza 2011) proviene de sus actividades ilícitas. Si seguimos el origen y destino de ese dinero (41 mil 625 soles), identificaremos a los que participaron en esa operación", dijeron a  La República  las fuentes de la Dirandro. El coordinador nacional de las  Fiscalías Especializadas  contra el Crimen Organizado, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, confirmó que, efectivamente, es ineludible escarbar el caso de la aportación de dinero que hizo el imputado  Luis Calle  a la candidatura de Keiko Fujimori. "Si la solicitud llega a nuestro despacho, será aprobada y derivada de inmediato a la  Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, que está a cargo del doctor Juan Mendoza Abarca", señaló. 

Respecto a la donación de dinero a la ex candidata Keiko Fujimori,  Chávez  precisó: "Es inevitable hacerlo. La investigación llegará donde debe llegar. En este caso, todo se investiga". La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo manifestó preocupación por la gravedad del caso del empresario  Luis Calle Quirós, señalado por el  Departamento del Tesoro norteamericano  como un "capo" del lavado de activos del narcotráfico. "La investigación debe ser global para establecer la verdadera dimensión de las presuntas actividades ilícitas que se mencionan y señalar qué fondos provienen del narcotráfico y cuáles no", explicó la procuradora  Sonia Medina. Esto incluye la procedencia de las aportaciones del empresario  Luis Calle  a  Fuerza 2011. 

Mientras que para las autoridades está claro el curso que deben seguir las pesquisas contra  Luis Calle Quirós  y su mujer  María Rodríguez Badillo, para la candidata presidencial  Keiko Fujimori  el caso se resolverá en el momento que se retornen los  41 mil 625 soles. Las autoridades consultadas por La República señalaron que el retorno de los fondos no desactiva la investigación. La candidata presidencial de Fuerza Popular ofreció una conferencia de prensa en el Congreso con la intención de desvincularse de  Luis Calle Quirós. 

SACANDO EL CUERPO 

"No lo conozco”, indicó  Keiko Fujimori: "No existe ninguna relación cercana con ningún miembro de nuestro partido". El partido fujimorista informó a su vez que había dejado en una notaría de Lima un cheque de gerencia para que Luis Calle se cobrara el dinero que aportó.  Keiko Fujimori  repitió el argumento del vocero de la bancada fujimorista,  Julio Gagó, quien señaló que los fondos de  Luis Calle  pudieron haber sido entregados por su hermano  Juan José Calle, quien era parte del entorno de la hija del ex mandatario  Alberto Fujimori  en las  presidenciales del 2011. 

Sin embargo, en un comunicado difundido ayer en la noche por  Juan José Calle  no menciona que fue por su intermedio que su hermano  Luis Calle  donó el dinero a la campaña de Keiko Fujimori.  Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Luis Calle  y su esposa María Rodríguez usaron dos empresas instaladas en la capital de España, "Castizal Madrileña" y  "Textimax Spain  ", y tres en Lima, "Cartronic Group Perú", "Inmobiliaria Castizal" y "Ucalsa Perú". Luis Calle constituyó "Cartronic Group Perú" el primero de julio del 2011 y designó como su apoderado especial a Augusto Kruger Peschiera.

Poco antes, el dos de marzo del mismo año, Calle formó la compañía "Pasmed Inversiones", y también nombró como apoderado especial a Augusto Kruger. El abogado  Augusto Kruger  le ha dicho a La República que su relación con Calle "se limitó estrictamente a servicios de asesoría legal" y que nunca recibió facultades para disponer de fondos o bienes".

CONTRA LAS CUERDAS 

Coincidentemente,  Augusto Kruger  es hijo del ex alcalde Miraflores  Germán Kruger Espantoso, hombre clave de Fuerza 2011 durante la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Su lazo amical con el ex presidente Alberto Fujimori es muy poderoso. De acuerdo con el registro de visitas del penal de la Diroes donde se encuentra recluido el ex jefe del Estado,  Germán Kruger  es uno de los que más ingresan en el establecimiento. De enero a setiembre de este año, Kruger se reunió 34 veces con  Fujimori  por espacio de dos a cuatro horas.

El caso es más grave de lo que supone el fujimorismo, que pretende saldar el asunto con el retorno de los fondos.  Luis Calle Quirós  no solo está relacionado con el narcotráfico sino también con el terrorismo. Para el fujimorismo, que se atribuye el éxito de la guerra contra los grupos armados  Sendero Luminoso  y el  MRTA, la vinculación de un donante con organizaciones como las FARC y Hezbolá le hará mucho daño.

El  25 de mayo del 2012, las fuerzas antidrogas de Colombia, en coordinación con la  Administración Antidrogas de Estados Unidos  (DEA), arrestaron a José Linares Castillo, alias "Don Evaristo". Al colombiano se le atribuye producir toneladas de droga en Colombia y Venezuela y transportarla a  Honduras, Guatemala y México, de donde los alijos eran filtrados a territorio norteamericano por los carteles de Sinaloa y de Los Zetas.

GRANDES CAPOS 

Extraditado el 26 de abril de este año a los Estados Unidos, el fiscal de  Nueva York ,  Preet Bharara,  ha pedido cadena perpetua para  "Don Evaristo"  , a quien señaló como "uno de los narcotraficantes más signifi cativos en el mundo". Precisamente, la investigación de la DEA a "  Don Evaristo  " determinó que estaba relacionado con los empresarios colombianos Isaac Guberek  Ravinovicz y su hijo Henry  Guberek  Grimberg,  muy conocidos y reputados en su país. Por este motivo, el nueve de julio de este año, padre e hijo fueron señalados por el Departamento del Tesoro como "capos" del lavado de activos del narcotráfico, luego de comprobar que los  Guberek  también tenían vinculaciones con el colombo-libanés  Ayman  Saied  Joumaa, un viejo conocido de los servicios antidrogas estadounidenses.

El  26 de enero del 2011, el Departamento del Tesoro sindicó a Joumaa como prominente narcotraficante vinculado con Hezbolá, señalada por Estados Unidos como organización terrorista. El seguimiento a Joumaa derivó a los  Guberek,  quienes se dedicaban a lavar el dinero de la droga del colombo-libanés con la pantalla de empresarios del jet-set. Con estas evidencias, el nueve de julio de este año, Isaac y Henry Guberek fueron incorporados en la "lista negra" de "capos" del lavado de fondos de la droga. Tres meses después, los agentes federales identificaron que en las transacciones ilegales de los Guberek estaban mezclados  Luis Calle Quirós  y  María Rodríguez Badillo. 

De acuerdo con el  Departamento del Tesoro de los Estados Unidos  , cuyos agentes son los responsables de identificar a las redes del narcotráfico en su país, en colaboración la  DEA  , los narcos  Ayman Saied Joumaa  y  José Linares Castillo  entregaban la plata a los Guberek y éstos a su red de "lavadores", entre quienes estaba Luis Calle, donante de la campaña presidencial de  Keiko Fujimori en el 2011  . Calle hasta ahora no da la cara.

ISAAC GUBEREK VISITÓ VARIAS VECES EL PERÚ.

SEGÚN REGISTRO MIGRATORIO 

·         Según el movimiento migratorio de Isaac Guberek, ingresó cuatro veces al Perú entre 1996 y 2012.

·         La última vez que llegó a Lima fue el 21 de mayo del 2012. En ese momento, Luis Calle Quirós estaba en la capital. Probablemente, según las autoridades, mantuvieron reuniones.

·         Guberek también pisó tierra peruana el 22 de agosto del 2005 y el 15 de noviembre del 2006.

·         En el caso de Luis Calle Quirós, este viajó varias veces a Colombia, donde operaban Isaac y Henry Guberek.

·         Salió de Lima a Colombia el 27 de enero del 2008 y retornó el ocho de marzo. Luego, salió de nuevo el 12 de marzo y volvió el cuatro de mayo.

·         En el 2009, salió a Colombia el siete de febrero y retornó el 12 del mismo mes.

·         La última vez que la esposa de Calle estuvo en Lima fue el seis de enero del 2011, fecha en que partió para Madrid.

EL PAQUETONGO: FRACASO Y ABDICACIÓN DEL GOBIERNO DE HUMALA

MANUEL DAMMERT

Congresista de la República

 El Paquete de Castilla no resuelve la baja de producción actual ni reactiva la demanda, pues se propone reconquistar la confianza de los grandes grupos económicos, otorgándoles beneficios claves con efecto de mediano plazo.

Oculta el Fracaso de Castilla, que tuvo estos años más de 30 mil millones de dólares para invertir, pero se dedicó  a guardarlo como superávits fiscales para regalarlos ahora, y paralizó la inversión pública reclamada y posible en infraestructuras, servicios y políticas sociales.  El Paquetongo evidencia la Abdicación.

El Gobierno de Ollanta Humala no solo regala millones a grupos de poder evasores de impuestos, y precariza el empleo, la salud y los servicios,  sino sobre todo, para “recuperar su confianza”, les da garantías contractuales por 15 años (los próximos tres gobiernos),  abdicando la soberanía del Perú sobre su territorio y sus recursos naturales, los que privatiza y desnacionaliza. Cruel paradoja: Ollanta reestablece un tipo de contratos que anulan la soberanía. Como si regresara la IPC a la Brea y Pariñas.

Las inversiones mineras previstas para los próximos años están a la baja, por reducción de los precios mundiales de los metales. El Lobbysmo aprovecha para exigir la abdicación.  El Paquetongo plantea la privatización del territorio y la soberanía. El Gobierno regala a las Corporaciones privadas la soberanía, el uso público, y la protección ambiental sostenible de los recursos.

El Paquetongo incluye para esto un nuevo modelo de Contrato de Estabilidad Tributaria CET, por los próximos 15 años, es decir, por los próximos tres gobiernos que no podrían hacer nada al respecto de ellos. Los CET se reducen Contratos de Adhesión, a un estudio de factibilidad técnico económico, con carácter de declaración jurada, sin estudios técnicos-económicos, ni garantías a la nación, y sin obligación con los objetivos nacionales en el uso público de los recursos y el territorio. De esta manera, abdican de la Nación pretendiendo deformarla como una inmensa Zona Franca Privatizada, en la que no existe soberanía respecto a sus recursos y territorios.

Abarcan los CET los grandes proyectos de inversión minera, estimada en 52 mil millones de dólares, y también se proyectan a energía, que incluye la privatización de Petroperú,   y a otras inversiones conexas en diversos campos (puertos, vías de transporte, refinerías, fundiciones, zonas urbanas, usos del agua, etc.). Al mismo tiempo, esfuma el ordenamiento territorial como política pública, impidiendo establezca el uso público y sostenible de los recursos (agua, aire, etc.) e infraestructuras. Quiebra al MINAM y a los estudios de impacto ambiental y de calidad del aire. El Perú, uno de los países más afectados por el cambio climático, y cuyo futuro civilizatorio depende de una nueva ecuación agua-tierra-población, es desguarnecido con esta abdicación y privatización territorial. La República Lobbysta aísla al Perú de la Patria Grande Latinoamericana, y pretende sujetarnos al declinante interés geopolítico  del Imperio USA en crisis. Peruanizando el Perú, más bien, desde la República de ciudadanos, estamos en condiciones de afirmar sus recursos y potencialidades, para superar las desigualdades, y abrir las grandes alamedas del cambio social y el progreso de la nación.  

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PROFUNDIZAR LA DESCENTRALIZACIÓN PARA PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA

Por Carlos Monge

Si se le prueba a Cesar Álvarez en Ancash, o a Gregorio Santos en Cajamarca, o a cualquier otra autoridad regional o local, las acusaciones que hoy se les hacen, deberán pagar sus culpas en la cárcel, igual que cualquier otro funcionario público al que se le pruebe corrupción o peor aún el asesinato de enemigos políticos.

Pero, no seamos inocentes.

Lo que estamos viendo no es una campaña para moralizar al país, sino una campaña para tirarse abajo la descentralización, reconcentrando en el gobierno central las competencias y los recursos fiscales que han sido transferidos a los gobiernos regionales y locales a lo largo de la última década. Y, de paso, desviar la atención de la opinión pública de los graves problemas de corrupción que afectan al íntegro del aparato del estado peruano, comenzando por las más altas instancias del gobierno central.

Lo de Álvarez se sabía y se denunciaba desde hace tiempo.

·         Sin embargo, el Congreso de la República desestimó pedidos de investigación y de protección a Ezequiel Nolasco y su familia;

·         El Poder Judicial dejo libres a los sospechosos de haber participado en el primer intento de asesinato;

·         La Contraloría General de la República nunca antes le encontró nada;

·         La Fiscalía no lo acusó de nada;

·         Y la Policía Nacional le brindaba protección.

Y todas estas son instancias del poder central, que resultan totalmente corruptas o totalmente ineficientes, o ambas cosas a la vez.

¿Se resuelven estos problemas quitándole poder y plata a las regiones para reconcentrarlos en manos de la elite política en Lima?

Resulta que el Ministro Castilla fue vice Ministro de Economía de Alan García cuando AGP y Aurelio Pastor montaron una fábrica de indultos a narcotraficantes;

·         Que sindicatos organizados por las mafias en construcción civil se legalizan como bases de la CTP aprista;

·         Que Álvarez apoyó a Luis Castañeda en la primera vuelta electoral del 2011 a cambio de llevar a Heriberto Benítez al Congreso en las filas de Solidaridad Nacional, y después apoyó a Ollanta Humala en la segunda vuelta del 2011;

·         Que el nuevo Fiscal de la Nación Carlos Ramos está sometido a investigación por el Consejo Nacional de la Magistratura por actuaciones dudosas relativas a Ancash;

·         Que se han denunciado relaciones entre Freddy Otárola, congresista ancashino del PNP y actual Presidente del Congreso, con Cesar Álvarez y su gente en Ancash.

·         Un segundo problema de fondo que tampoco se arregla reconcentrando el poder en tan distinguidos personajes es el fracaso de la Ley de Partidos en su objetivo de recomponer el sistema de representación política en crisis desde hace un buen tiempo.

Esta ley estableció la existencia de organizaciones políticas locales, movimientos políticos regionales y partidos políticos nacionales, para generar un canal de organización y acción a las elites políticas locales y regionales en el marco de la descentralización, en vista de la crisis de los partidos políticos nacionales.

Pero el resultado es que caudillos locales y regionales arman organizaciones y movimientos para ganar elecciones, sin institucionalización ni representación de intereses que no sean los del grupo mismo en el corto plazo.

No se ha logrado pues partidos nacionales más fuertes que antes.

Hay entonces una crisis institucional del Estado en todos sus niveles.

Pero quienes están en el nivel central y son parte del desastre institucional que nos ha heredado el neoliberalismo, buscan concentrar las culpas en la descentralización y plantean como solución reconcentrar en sus manos las competencias y los recursos que se han transferido a las regiones y municipios en estos 10 años.

¿La salida?

Profundizar la descentralización corrigiendo sus muchas limitaciones.

Algunos elementos de esta propuesta: relanzar el proceso de creación de regiones sobre la base de la integración de dos o más departamentos; reformar la Ley de Canon y relanzar la descentralización fiscal para distribuir todos los recursos públicos entre los sectores y niveles de gobierno en función de sus responsabilidades y sus metas y sobre la base de criterios consensuados y predecibles; 

Definir las competencias de los gobiernos regionales y locales en relación con los grandes proyectos extractivos, energéticos y de comunicaciones que hoy generan la mayor conflictividad social;

Definir las competencias de los gobiernos locales en la provisión de los servicios de educación y salud;

Reformar los ministerios del Poder Ejecutivo  para adecuarlos a la descentralización.

Y claro, en paralelo, diseñar y poner en práctica las reformas necesarias para que la Contraloría controle, la Fiscalía investigue y acuse, el Poder Judicial juzgue, y la Policía Nacional proteja a los ciudadanos.

En suma, hay que proteger e impulsar la descentralización corrigiendo sus defectos de diseño y de puesta en práctica, y al mismo tiempo hay que atacar los graves problemas de corrupción que atraviesan al gobierno central y que hoy se quieren ocultar achacando todos los problemas a la descentralización.

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“PAQUETAZO CASTILLA” FAVORECE SOLO A GRANDES EMPRESAS Y VULNERA DERECHOS DE LOS PERUANOS Y LAS PERUANAS



Con carteles en mano bajo el lema “No al paquetazo Castilla. Por una economía al servicio de l@s peruan@s”, diversas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, de derechos humanos, gremios laborales, entre otras, expresaron su unánime rechazo al paquete de medidas económicas presentado por el Gobierno de Ollanta Humala.

Demandan una inversión que respete estándares ambientales y hacen un llamado a los congresistas para que escuchen la voz de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo, que también ha expresado su preocupación al respecto.

José de Echave, ex Viceministro de Gestión Ambiental, advirtió que las normas darán paso a nuevos proyectos extractivos y se incrementarán los conflictos sociales.

Rocío Valdeavellano, Vocera del Grupo Perú Cop20, señaló que estas medidas dan una mala señal a la comunidad internacional toda vez que el Perú será sede en diciembre próximo de la COP 20.

Con carteles en mano y bajo el lema de #NOALPAQUETAZOCASTILLA, representantes de diversas organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales, trabajadores, redes de derechos humanos, de mujeres, de regiones y ONGs, expresaron su unánime rechazo al paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo para “la reactivación de la economía peruana”, y denunciaron que estas normas plantean cambios drásticos en temas tributarios, ambientales, de saneamiento físico legal de predios, derechos laborales, salud, y en las propias competencias  de los gobiernos municipales y regionales.

En conferencia de prensa, realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, aseguraron que estas normas, impulsadas desde el Ministerio de Economía, solo protegen a las grandes empresas y debilita los canales institucionales que tienen las poblaciones locales para la defensa de sus derechos.

José De Echave, ex Viceministro de Gestión Ambiental y miembro de CooperAcción, afirmó que este paquete de medidas tiene un aroma a los decretos que impulsó Alan García y que propiciaron el Baguazo. “No estamos hablando solo de un paquete económico para combatir la desaceleración de la economía, lo preocupante es que el proyecto de ley propone medidas tributarias para flexibilizar las multas y beneficiar a los grandes empresarios, con el fin de dar un paso antidemocrático a proyectos extractivos como Conga y Chavín II”, advirtió.

De Echave también cuestionó duramente este ataque a la institucionalidad ambiental, al asegurar que esta institucionalidad no cayó del cielo, “hubo luchas en Ilo, La Oroya, luchas del pueblo Ashuar, en Espinar y en Cajamarca, que han contribuido a estos cambios. Ahora, EL OEFA suspenderá sus funciones de fiscalización por tres años y desarrollará actividades de educación y seguimiento a las actividades ilegales; el SENACE, que era el primer paso para aprobar los EIA, ya no tendrá esta competencia. Además de otras herramientas como el de Ordenamiento Territorial (OT), los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) estarán bajo la potestad del Consejo de Ministros”, añadió.

A su turno, Rocío Silva Santisteban, de la CNDDHH expresó su preocupación y propuso un debate profundo sobre las afecciones que impone este paquete de medidas. “No podemos considerar que por encima del crecimiento económico se estén violando los derechos humanos de los peruanos y peruanas y se vulneren las normas ambientales y laborales”, enfatizó.

Por su parte, Henderson Rengifo, de AIDESEP indicó que las organizaciones indígenas están preocupadas con estas normas porque pone en riesgo los mandatos fundamentales para garantizar una vida con tranquilidad y sin contaminación de los pueblos indígenas. “Estas medidas favorecen a las industrias extractivas, dando carta libre para que contaminen nuestros ríos, nuestra Amazonía. No podemos permitir que las multas hacia las grandes empresas por transgresiones ambientales se reduzcan al 65%; les están dando más licencia para que sigan contaminando. Nos sentimos indignados, los bosques no solo son para los pueblos indígenas sino también para la salud ambiental del mundo.”, dijo.

Rocío Valdeavellano, Vocera del Grupo Perú COP20, expresó su preocupación por la posición del Gobierno de Humala, teniendo en cuenta que este año nuestro país será sede de la Cumbre Perú COP20, en la que se definirá un nuevo acuerdo climático global que la humanidad demanda. “En vez de avanzar estamos retrocediendo en algo que ha sido fruto de tanto esfuerzo. Nosotros demandamos una inversión que respete estándares ambientales y, por ello, hacemos un llamado a los congresistas para que escuchen la voz de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo”, manifestó.

Finalmente, Efraín Yépez, representante de la CGTP, denunció que el paquete de medidas impulsadas por el Gobierno de Humala solo beneficiará a los empresarios y se dan  en desmedro de los miles de trabajadores”

Acompañaron a la conferencia de prensa un grupo de jóvenes activistas, que mostraron un pronunciamiento firmado por más de 200 jóvenes en el que exigen una verdadera institucionalidad ambiental y desarrollo sostenible, así como el archivamiento inmediato de la propuesta de Ley 3637-2014, e instaron a que cualquier toma de decisión de temas trascendentes sobre el modelo de desarrollo y su forma de ejecución sea producto de un debate abierto, participativo, serio, transparente y en el marco de la defensa de los derechos de todas y todos los peruanos y el cuidado ambiental riguroso”.

“RECTORES CONFUNDEN AUTONOMÍA UNIVERSITARIA CON IMPUNIDAD”

¿RECTORES UNIDOS, JAMAS SERAN....?

El ex secretario de defensa de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, José Fiestas, sostuvo que la autonomía universitaria es mal entendida e interpretada por muchos rectores y altos funcionarios como un instrumento de impunidad, y usada para otorgarse sueldos dorados y cometer actos de corrupción, como lo que habría sucedido en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Fiestas opinó así al comentar el sueldo de dos millones de soles que habría recibido el rector de la Universidad Garcilaso, Luis Cervantes. Detalló que en la última reunión de la Federación de Docentes en Lima se analizó el caso de dicha universidad, pero también de otras casas de estudio como Pedro Ruiz Gallo y San Agustín en Arequipa, donde también se habrían presentado sueldos exorbitantes.

“El caso de la (universidad) Garcilaso es indignante, pues en la última visita del rector a la Comisión de Educación del Congreso no ha desmentido nada, y eso nos hace pensar que todo lo que se dice es verdad, además de los sueldos fabulosos de su hija y yerno, y esto se da en las universidades privadas, donde no hay control”, detalló Fiestas.

El docente recomendó actuar rápidamente con la propuesta de la nueva ley universitaria para la creación de un ente que regule a las universidades.

HAY 40 UNIVERSIDADES CON DEFECTOS DE CALIDAD

Cerca del 30% de universidades, unas 40, no cumplen los requisitos estipulados en la nueva Ley Universitaria, aprobada recientemente en el Congreso.

Según señaló el congresista Daniel Mora -presidente de la Comisión de Educación y principal impulsor de este proyecto- "estas universidades deberían cerrar si tuvieran que aplicar esta norma hoy".

"A nivel nacional hay 139 universidades, de las cuales 89 son privadas y 50 son públicas. Hay en promedio unas 40 universidades que están en malas condiciones, y si no corrigen su defecto de calidad, podrían ser cerradas", declaró a Correo.

Mora estimó que dichas universidades tendrán un plazo máximo de cuatro años para ajustarse a las exigencias de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).

"La Superintendencia, que estará lista en seis meses máximo, va a señalar los requisitos mínimos de calidad para evaluar a las universidades. (...) Se va a dar tiempo de tres a cuatro años, donde la Superintendencia tendrá que evaluar si les renueva la licencia o no", sostuvo.

RESPONDE A LA MAFIA DE LA ANR.

De otro lado, Mora restó importancia a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ante el Tribunal Constitucional. Según indicó, la nueva Ley Universitaria fue revisada por especialistas en el tema.

"Antes de ponerla a debate, hemos hecho la consulta a constitucionalistas. Hasta el doctor (César) Landa Arroyo, quien fue presidente del Tribunal Constitucional, ha dicho que esta ley es totalmente constitucional y que no viola ninguna autonomía", señaló.

Como se recuerda, Orlando Velásquez compadre del tremendo Rector Cervantes y presidente de la ANR, rechazó la aprobación de esta norma, pues, a su juicio, va en contra de sus intereses y  "viola la Constitución y el libre gobierno de las universidades".

Sobre las principales críticas en torno a la nueva ley y la preocupación por el anuncio de la eliminación del bachillerato automático, el parlamentario aclaró que dicho artículo no afectará a los universitarios que están estudiando en la actualidad.

"Debido a que la norma no es retroactiva, solo empezará a regir para los estudiantes que ingresen a las universidades después de que la ley sea promulgada por el Ejecutivo", explicó.

Sin embargo, sobre la elección de autoridades en las universidades nacionales a través del "voto universal', Mora anunció que esta se realizará en un plazo de 120 días y tendrá la participación de la ONPE "para que garantice el proceso".

NO HABRÁ EXCESOS.

Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, defendió la nueva ley y consideró que "da el marco exacto para no pecar por exceso".

"La autorregulación no funcionó porque permitió que existieran universidades de buena calidad, pero también estafas. Ahora, en este nuevo escenario, no podemos caer en el exceso de la excesiva regulación (...) Es natural que cuando no ha habido ninguna regulación, los actores sientan ese temor", puntualizó.

Por ello, aclaró que la Sunedu estará conformada por dos representantes del Ejecutivo y cinco ciudadanos nombrados por concurso público.

"El Superintendente es uno de los siete votos y no podrá abrir ni cerrar universidades", aclaró.

NADINE SACA CARA.

Entre tanto, ante la ola de críticas, la Primera Dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, no dudó en poner el pecho y defender la aprobación de la nueva Ley Universitaria.

"El PNP respalda la Ley Universitaria y felicita al congresista Mora y a todos los actores que han hecho posible esta reforma", escribió en su cuenta en Twitter.

Asimismo, opinó a favor del polémico "voto universal" para elegir a las autoridades universitarias.

"Con nueva Ley Universitaria, los estudiantes podrán elegir a sus autoridades y fortalecer su participación en el gobierno de la universidad", expresó en las redes sociales.

SIGUEN LAS CRÍTICAS.

No obstante, tras mostrar su rechazo a la aprobación de la nueva Ley Universitaria, Orlando Velásquez, presidente de la ANR, reiteró que el mismo día que el Gobierno promulgue la norma, presentarán la demanda constitucional por considerarla una amenaza a la autonomía universitaria y a sus astronómicos sueldos.

Durante la juramentación del nuevo rector de la Universidad de Cajamarca, Velásquez manifestó que "la nueva norma tiene un claro objetivo político, y esto atenta contra las universidades".

"A través de la ANR estaremos tomando las acciones que sean necesarias para evitar esta nueva ley", acotó.

Otro entendido que se mostró en contra fue el expremier Luis Solari, también decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

Solari se sumó a las críticas contra la denominada "Ley Mora", pues "consagra una apropiación política del sistema universitario".

Asimismo, cuestionó el nuevo proceso de elección de las autoridades universitarias, pues, según indicó, permitirá que grupos radicales como el Movadef ingresen con mayor facilidad a las universidades.

"En las universidades públicas se ha decretado la elección universal. Con esto se entrega las universidades a los partidos políticos, hoy que el Movadef está sacando su cañita por debajo del agua. ¿Creen que estos grupos no están felices de que se les entregue en bandeja las universidades públicas?", se preguntó.

Sobre la conformación de la Sunedu, el expremier aseguró que esta entidad "mantendrá arrodilladas a las universidades", lo que generaría, a su juicio, "un quiebre de la libertad de la autonomía universitaria para criticar y pensar libremente".

Similar opinión tuvo el excandidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski, quien se mostró disconforme con su aprobación por el Congreso, pues consideró que fue "sin consenso" y con una "oposición muy fuerte".

Al ser entrevistado por un medio local, PPK señaló que él también cree que no todas las universidades del país son buenas. Sin embargo, la medida propuesta por Daniel Mora "no es la mejor forma de cambiar la situación".

"Estas universidades, buenas, mediocres o malas, les han dado una oportunidad de progresar (a estudiantes), entonces, hay que tener mucho cuidado con eso (...) Vamos a ver lo que pasa, pero no me parece la mejor medida para la situación actual", sostuvo.

NUEVA LEY UNIVERSITARIA ES UN FANTASMA DE POCA VIDA

¿UNIVERSIDAD SUPERVISADA?

Enrique Bernales: “Nueva Ley Universitaria es un fantasma de poca vida”

Constitucionalista asegura que en poco tiempo nueva ley será derogada.

Javier Velásquez Quesquén anunció recolección de firmas.

David Vexelman: Norma divide sectores políticos y académicos.

El constitucionalista Enrique Bernales observa con poca fe el camino de la nueva Ley Universitaria.

Según indicó a Perú21, “si el Tribunal Constitucional (TC) no la declara inconstitucional, va a durar solo dos años, porque todos sabemos que las fuerzas políticas que han aprobado esta ley “a la prepo” no van a ganar las elecciones (en el 2016). Entonces, dentro de dos años el otro gobierno –seguramente con una composición distinta– va a presentar otro proyecto de Ley Universitaria”.

En ese sentido, consideró la norma como “un fantasma de poca vida, porque o la modifica el TC o se aprobará un cambio de ley”.

De igual forma, sostuvo que se viola la autonomía universitaria contemplada en la Constitución, y que incluso “se viola la esencia histórica de la universidad”.

“Realmente no entiendo dónde queda el intelecto de las personas que han aprobado una ley que realmente tiene una intervención total y absoluta de un órgano que es vinculado al gobierno por el nombramiento del presidente de la Sunedu, que está vinculada con el Ministerio de Educación”, enfatizó.

“En la práctica (la norma) es una estatización a la mala de la vida universitaria del país, y a través de ello, de la cultura”, añadió.

Bernales aseguró que si bien es cierto existen universidades con poca producción y mala infraestructura, por estas “no se puede castigar” a las que sí tienen reconocida calidad.

RECOLECTARÁN FIRMAS

Desde Chiclayo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó que su bloque parlamentario evalúa presentar una acción de inconstitucionalidad contra la citada ley, y que en los próximos días se reunirá con líderes de otros grupos políticos para manifestar su disconformidad.

A su turno, Javier Velásquez Quesquén, legislador aprista y vocero de Concertación Parlamentaria, adelantó a Perú21 que recolectarán firmas para presentar similar acción ante el Tribunal Constitucional (TC) para que “por lo menos se deroguen algunos puntos de la nueva ley, como la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu)”.

DAN VISTO BUENO

Muy distinta fue la percepción del gobierno y del partido oficialista, que por intermedio de sus líderes saludaron la nueva Ley Universitaria.

A través del Twitter, la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, mostró su satisfacción por la norma que “reivindica el derecho de los jóvenes a la educación, abre las puertas al futuro y exige estándares de calidad para universidades”.

La misma agrupación oficialista emitió un comunicado en el que destaca 11 aspectos de la norma, en el que resalta el punto número tres, que hace referencia a la Sunedu.

“La creación de la Sunedu no es una decisión de autoritarismo o estatismo. Al contrario, es la recuperación democrática del derecho a la educación de calidad y la garantía de una supervisión de la educación como servicio público porque el Estado ejerce y debe ejercer su rol rector en materia de educación y en especial de toda la educación superior”, se lee en el documento.

Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, subrayó que “la nueva ley considera la autonomía universitaria consagrada en la Constitución, pero permite que el Estado, a través de la Sunedu, ejerza su rol irrenunciable y constitucional de supervisar la calidad educativa del país”.

Además, destacó que la Sunedu “tendrá la capacidad de verificar que los inversionistas privados cumplan con los estándares de calidad establecidos”.

MÁS CONFRONTACIÓN

En el sector académico también se advirtieron discrepancias sobre la norma aprobada en el Pleno del Congreso.

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) anunció que el lunes 30 de junio anunciará las medidas que adoptará en rechazo a dicha norma.

En un comunicado, adelantó que la ley “viola diversos artículos de la Constitución Política y elimina la autonomía universitaria”. Además, advierten que la Sunedu “manipulará políticamente la educación universitaria en el Perú”.

En la otra orilla, el exrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Salomón Lerner Febres destacó los alcances de la nueva ley.

“Resultaba necesario establecer nuevas normas para que, de alguna manera, se ordene la vida universitaria en el país”, manifestó en declaraciones a la agencia Andina.

Lerner consideró a la Sunedu como “una instancia pertinente” para que se controle la calidad universitaria, y aseguró que esta respeta la autonomía de cada casa de estudios superiores.

Similar temperamento manifestó el rector de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, Víctor Hugo Linares Huaco, quien rescató la creación de un vicerrectorado de investigación, pero discrepó con la creación de la Sunedu. Cuando la norma sea promulgada, dijo, será implementada en la casa agustina, pero paralelamente harán las observaciones del caso.

TENGA EN CUENTA

- El detenido expresidente Alberto Fujimori publicó en Twitter una carta donde resalta que la ley “tiene pincelada velasquista” y configura un “enorme retroceso para la superación profesional de los jóvenes universitarios”.

- La exregidora Marisa Glave consideró la aprobación de la norma como “un avance importante para la mejora de la calidad universitaria en el Perú”.

- La nueva ley dispone que los estudiantes que finalizan una carrera deberán saber inglés o un idioma nativo como quechua para poder graduarse.

- También quienes deseen obtener el título de grado deberán presentar, de forma obligatoria, una investigación, con lo cual se elimina el bachillerato automático que antes existía.

- Sobre los docentes, la norma señala que necesitarán al menos una maestría para enseñar y da un plazo de siete años para adaptarse a ese requisito.

- La ley está en Palacio de Gobierno para que el presidente Humala la promulgue en un plazo de 15 días. Los estudiantes que ingresen a una universidad luego de esa fecha estarán bajo el nuevo régimen.

DETENGAN A SANTOS

Raúl Alfredo Wiener Fresco

Estaba cantado que a Gregorio Santos lo iban a detener.

Y este no era un tema de ahora, sino que venía del año 2012, cuando los cajamarquinos desafiaron a Humala por no cumplir sus promesas de poner el agua de las lagunas sobre el afán de oro de Yanacocha, que fue una de sus banderas electorales con la que logró el voto mayoritario de la región.

Ya a comienzos de ese año, la Contraloría envío cada vez mayor número de auditores a buscarle temas para acusar al presidente regional que se había enfrentado a la inversión puerta con la que aparentemente se iniciaba un nuevo ciclo de expansión de las inversiones mineras en el país.

Pero una cosa era jaquear al presidente de Cajamarca en la época caliente del conflicto, otra cuando el reinicio de la lucha era una posibilidad latente y una distinta era usar las investigaciones y las sospechas de corrupción en un contexto preelectoral alterado por las denuncias y detenciones “preventivas” de cada vez más presidentes regionales. La intención original de coger a Santos como el único presidente investigado por una Contraloría con anteojeras que no veía lo que pasaba en otros lugares, pero no se atrevieron.

Pero luego de haber sembrado la idea de que todas las regiones son corruptas y que todos los presidentes merecen ir presos, quedaba casi obvio que una simple jueza de instrucción no iba a poder substraerse a la enorme presión mediática, política y económica contra un enemigo emblemático de la vieja derecha, para terminar apabullada por una barra brava que pide sangre. Pero aún para forzar la eliminación de un candidato que representa, se quiera o no se quiera, una amplia corriente de opinión regional, hay la obligación de guardar la debida forma.

Y eso es lo que no se ha visto, con hechos tan oscuros como la presencia del zarandeado Fiscal de la Nación Carlos Ramos, en Cajamarca para reunirse con Yanacocha en las precisas circunstancias en que un fiscal subordinado pedía la prisión del presidente regional y los medios lo acusaban de diversas omisiones en relación al caso de Ancash. Obviamente la imagen que hoy transmiten los fiscales y jueces que hacen alardes de ser capaces de encarcelar a cuanto presidente regional se le pongan por delante, es la de seres acobardados que no tienen otra opción de encarcelar, después de años en que parecían no ver problemas en ninguna parte.

Pero la gente está mirando lo que está ocurriendo. Y pronto se va a saber la opinión de Cajamarca ante este acto arbitrario, que no por gusto se ha procesado en Lima para ponerlo a recaudo de la población directamente involucrada. ¿Creerá Yanacocha y los que le permiten no pagar impuestos y dañar el medio ambiente con absoluta impunidad, que puede doblegar la resistencia popular encarcelando al presidente regional? Si eso es lo que piensa, dejemos que los acontecimientos digan su verdad.

www.rwiener.blogspot.com

EEUU IMPULSA ACUERDO SECRETO CON 50 PAÍSES PARA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS

Categorías: Opinión, Servicios Públicos

PIA – Periodismo Internacional Alternativo

Documentos revelados esta semana reflejan las intenciones imperialistas de la potencia norteamericana que a través de un nuevo acuerdo comercial anclado en la privatización  de servicios  básicos, busca conservar su hegemonía mundial. Se trata del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) que -al igual que el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TTP) y el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP)-, busca limitar la capacidad estatal que regula la inversión extranjera para concretar el saqueo de los bienes comunes.

El portal Wikileaks filtró nuevos documentos al periódico mexicano La Jornada, los cuales revelan negociaciones secretas para una mayor apertura en el comercio de servicios médicos, educativos, de agua o financieros.

El acuerdo es impulsado por Estados Unidos e involucra a un grupo de 50 países, entre ellos Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noriega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Turquía, Estados Unidos y Unión Europea, que representa los intereses de 28 naciones de ese continente.

Según precisa el diario mexicano, la iniciativa imperialista se denomina Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) y permitiría a las empresas pertenecientes a los países firmantes operar con menores restricciones en el territorio de cualquiera de las otras partes firmante.

Hasta el momento ya se realizaron seis rondas de negociaciones entre los distintos miembros, la última se celebró del 28 de abril al 2 de mayo en Ginebra; la próxima reunión se llevará adelante entre el 23 y el 27 de junio en la misma ciudad suiza.

El TISA ha sido clasificado para mantenerlo en secreto no sólo durante las negociaciones, sino durante cinco años después de la entrada en vigor del acuerdo. Las conversaciones se llevan adelante fuera de los límites formales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sin embargo se espera que tras la firma de numerosos países el TISA se incorpore al organismo internacional y con ello obligar a todos los miembros de la OMC a que formen parte del acuerdo.

El acuerdo cobra relevancia comprendiendo que sus miembros representan a las dos terceras partes del comercio mundial y el 90 por ciento de esa cuota se compone de servicios comerciales generados en los países desarrollados, indica La Jornada.

El TISA se enmarca en una ola de acuerdos comerciales y de inversión impulsados por Estados Unidos -tales como Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TTP) y el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP)-, cuyo objetivo es limitar la capacidad estatal que regula la inversión extranjera para concretar el saqueo de bienes comunes estratégicos.

La Internacional de Servicios Públicos (PSI), organización que nuclea a 650 sindicatos de 148 países, ha advertido esta semana que el acuerdo comercial “pondrá en peligro la salud, la radiodifusión, el agua y el transporte públicos, así como otros servicios públicos”, al dar vía libre a multinacionales en la prestación de servicios de cualquiera de sus países miembros en rubros que tradicionalmente son provistos por el Estado.

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

ABDICACIÓN EN EL AMBIENTE

César Lévano

Director del diario peruano La Primera y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Por La Primera

El Ejecutivo ha enviado al Congreso, para su aprobación, un paquete de medidas destinadas a favorecer la gran empresa, mediante estímulos tributarios, simplificación de procedimientos y permiso para arrasar con el medio ambiente, en la medida de su codicia y sus inversiones.

He sostenido más de una vez que en el Perú no existe Estado nacional.

El proyecto de Palacio expresa esa carencia. Así como la gran minería puede llevarse lo que puede pagando apenas óbolos insignificantes; y las grandes pesqueras extraen lo que quieren, fingen crisis, no pagan nunca una multa, y malbaratan las proteínas de la pesca pagando casi nada de impuestos (en marzo último, en un solo mes, exportaron por 295 millones de dólares); y los madereros delincuentes contrabandean caoba fina mediante coima y pistola; así los petroleros han logrado un nuevo favor del presidente Ollanta Humala.

El paquete legislativo propuesto por Palacio busca, sin tapujos, estimular la destrucción de uno de los tesoros de nuestra patria, de alto valor para la humanidad entera y para las futuras generaciones: el medio ambiente.

Es tan funesto lo que se propone, que la Defensoría del Pueblo ha entrado al debate, señalando la amenaza.

Eduardo Vega, defensor del pueblo, critica que el texto plantee que, durante tres años, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), esté impedido de imponer sanciones. En ese lapso, lo más que puede hacer la OEFA es formular recomendaciones. Se busca asimismo que en lo futuro las multas no excedan del 35 por ciento del monto actual.

El papel protector del bien común y de fiscalización de la actividad privada queda así en suspenso. Una abdicación.

No me extrañaría que los grandes mineros y pesqueros pidieran compartir ese lapso de “anarquía” sin poder alguno del Estado durante tres años. El zorro libre en el libre gallinero.

Y ¿por qué, me pregunto yo, papá Estado no libra, a lo largo de tres años, a los maestros, a los profesores universitarios y a los trabajadores en general de pagar el impuesto a las ventas? ¿Por qué se persigue a los pequeños mineros, que también dicho sea de paso, contaminan el ambiente?

Otro ángulo sombrío del proyecto palaciego consiste en trasladar la facultad de establecer zonas reservadas al Consejo de Ministros, donde la voz cantante la lleva el presidente Luis Castilla, perdón; el ministro de Economía Castilla.

El ala neoliberal del régimen —Castilla-Nadine Heredia— se sabe condenada al fracaso, y recurre, en su desesperación, a remedios que son peor que la enfermedad.

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.laprimeraperu.pe

CASTILLA QUIERE OTRO BAGUAZO

Las medidas para dinamizar la inversión presentadas por el ministro de Economía, Miguel Castilla, representan un duro golpe a la institucionalidad ambiental. Y es que este paquetazo, como ya lo han dicho diversas voces críticas, recorta tareas fundamentales del Ministerio del Ambiente como la creación de áreas reservadas, fijación de estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles de contaminación, aduciendo que son demasiados estrictos.

Lo cierto es que el Perú posee una mega biodiversidad que requiere de estándares de calidad ambientales muchísimo más exigentes que en la mayor parte de los países de la región y del mundo. Si esto se entendiera, no se soslayaría el rol del Ministerio del Ambiente.

Lo que causa una enorme sorpresa es que, frente a estos graves recortes de funciones, el ministro Manuel Pulgar Vidal no estaría renunciando a su cargo. ¿Por qué su atornillamiento en la cartera del Ambiente? ¿Quiénes se favorecen con las medidas de flexibilización de Castilla?

“TIERRA ARRASADA”

Además de los recortes descritos, el paquetazo incluye la propuesta de reducir las multas aplicadas por el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental). ¿Cuál es el argumento? El ministro de Economía sostiene que dichas multas generan “incentivos perversos”, pues ingresan a las cuentas de dichos organismos como recursos de libre disponibilidad: cuanto mayor el monto de las multas mayores serían estos recursos. Dicha posición es cuestionada por el economista José Ignacio Távara, quien afirma que cuando las multas se flexibilizan y se fijan a un nivel inferior, se generan otros incentivos perversos que podrían inducir negligencias y provocar catástrofes ambientales, como el derrame de petróleo en el golfo de México del 2010.

Las continuas presiones de un sector económico del país para que se apliquen políticas de “tierra arrasada”, donde  se eliminen los “obstáculos” para viabilizar los proyectos mineros y de hidrocarburos, parecen haber metido un gol de media cancha. Estos obstáculos no serían sino las normas ambientales y la Ley de consulta previa. Sobre esta Ley incluso se deslizó la posibilidad de renunciar a su aplicación si fuera necesario. ¿Será esta la “nueva” minería que prometió el presidente Humala? ¿Relajar las exigencias de los estudios ambientales en favor de la inversión minera? La verdad es que todas estas acciones son casi una copia textual de las políticas del “Perro del Hortelano” del gobierno pasado.

¿OTRO BAGUAZO?

Las diversas normas ambientales dadas en el país, y sobre todo la promulgación de la Ley de consulta previa, nacieron para enfrentar de forma dialogante los conflictos socioambientales. Sin embargo, la implementación de las mismas ha sido lenta y con baches, por lo cual el alto nivel de conflictividad social ha persistido. El número de conflictos activos ha aumentado de 65 en mayo de 2008 a 161 en mayo de 2014, de los cuales, el 70% de ellos sigue siendo de tipo socioambiental. ¿Por qué la cifra de conflictos no disminuyó como lo prometió el presidente Humala?

La flexibilización ambiental resulta un dispositivo para reafirmar al Perú como un país del siglo pasado, primario – exportador, profundizando las características extractivas del modelo. El Gobierno se deshace de los estándares ambientales y se convierte en un mero “tramitador” de los intereses de un bruto y achorado sector minero, gasífero y petrolero en el Perú.

PAQUETAZO BUSCA CONDONAR S/.22 MIL MILLONES A GRANDES DEUDORES EN PERJUICIO DEL ESTADO

Manuel Dammert advierte que 'Paquetazo' busca condonar S/.22 mil millones a grandes deudores en perjuicio del Estado - Durante el debate en la Comisión de Economía sobre el paquete económico enviado por el Ejecutivo al Congreso, el congresista Manuel Dammert advirtió las serias irregularidades que presenta ese proyecto que, fuera de enfrentar las dificultades económicas, condona millonarias deudas a grandes deudores, así como afecta medidas medioambientales en perjuicio del Estado.

Indicó que el monto total de la condonación de S/.22 mil millones de soles, pretende extinguir deudas que el Ejecutivo considera incobrables en beneficio de las personas jurídicas postergando sus responsabilidades con el Estado.

Advirtió que a las empresas beneficiadas por la condonación de deuda nada las obliga a reinvertir en reactivar la economía nacional, pues pueden dedicar ese dinero a cualquier otra cosa, por lo que no hay correspondencia entre una medida que está planteada para reactivas la economía y el dinero que el Estado no está cobrando.

Según señaló la Sunat hay 150 deudores que tienen una deuda estimada de S/. 22 mil millones de soles de los cuales hay 9 que tienen deudas de más de S/ 500 millones. Para Dammert esta medida de reactivación de la economía oculta detrás una condonación efectiva de la deuda, cuyos deudores son de conocimiento del Ejecutivo, el MEF y la Sunat.

Ante esto, Dammert exigió al ministro Castilla que en sesión pública o reservada de la Comisión de Economía se revelen los nombres de los deudores con nombre propio, y el Ejecutivo debe demostrar que no son formas de acumulación a través de juegos jurídicos para ir postergando pagos.

Dammert advirtió que la cifra que se pretende condonar con este “paquetazo” es equivalente con el 20% del Presupuesto General de la República, por lo que criticó que se pretenda regalar dinero, que le pertenece al Estado, a personas jurídicas específicas.

El parlamentario señaló que la política económica del ministro Castilla está sustentada básicamente en los proyectos mineros y que al verse afectado los precios de los metales por la coyuntura mundial las empresas mineras han tomado sus previsiones e invierten menos, por lo que este “shock” de confianza no está dirigida a la mediana o pequeña empresa, sino específicamente a la inversión minera y a los grandes deudores.

PAQUETAZO DE CASTILLA PRIVATIZA EL TERRITORIO AL GRAN CAPITAL EN CONTRA DE LOS INTERESES DEL PAÍS

Respecto al nuevo modelo de contrato de estabilidad tributaría, alarmó que con esto el Ejecutivo busca “privatizar el territorio” que los grandes capitales manejen los ejes públicos de organización del territorio del Perú, y que dejen de ser decididos por el Estado y por el interés público.

“El territorio se está privatizando vía este nuevo contrato de estabilidad tributaria a los cuales se le da a la empresa concesionaria para usar el territorio en lo que quiera. Esa es la gran novedad del ministro Castilla, entregarle el territorio al capital, incluso en contra de los intereses de la nación”, señaló Dammert.

El paquetazo enviado por el Ejecutivo incluye artículos que permitirían al gran capital explotar los recursos mineros y energéticos con solo presentar un informe técnico con carácter de declaración jurada, donde el recurso natural pierde su carácter de propiedad de la nación y el Estado se aparta de la discusión de lo que debe hacer con sus recursos.

Respecto a la responsabilidad de los parlamentarios, precisó que el Congreso no puede ser cómplice de una “aberración constitucional” si se aprueba con ojos ciegos este paquete de reactivación, sin verificar la condonación de deudas, ni la entrega de nuestros recursos.

PAQUETAZO BUSCA DESAPARECER AL MINISTERIO DEL AMBIENTE

“Este paquetazo busca desaparecer el Ministerio del Ambiente” indicó enfático el parlamentario del Frente Amplio, a lo que agregó que el ministro Pulgar Vidal fue dejado en ridículo, pues convierte al Minam en un grupo de amigos que no puede hacer nada sin previa aprobación del MEF.

“Este paquetazo incluye una norma que pretende que las normas de ordenamiento territorial no definan el uso del territorio, y buscan que el capital que tiene el contrato de estabilidad tributaria sea quien defina el uso del territorio”, señaló.

Dammert advirtió que el MEF está planteando que desaparezca el uso público del territorio y que desaparezca el Ministerio del Ambiente, pisoteando la normatividad de protección del medio ambiente, porque lo que marca estás decisiones es quien tiene el contrato de estabilidad tributaria.

El proyecto de Ley que "Establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la Promoción y dinamización de la inversión en el país", fue aprobado con nueve votos a favor, el voto en contra del congresista Manuel Dammert y las abstenciones de Angel Neyra y Rolando Reátegui.

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