jueves, 25 de abril de 2024

BID RECHAZÓ CONTRATO TRUCHO DE FISCAL PATRICIA BENAVIDES POR US$ 46.8 MILLONES

Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao digitaron contrato por US$ 46,8 millones. 
Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes fiscales, fue adjudicado mediante una licitación fraudulenta a una compañía promovida por el empresario Giancarlo Valer Enciso, quien ofreció una coima de S/1 millón si le daban el contrato, y así fue. 
Pero los controles del BID descubrieron el complot en el que participó activamente la suspendida fiscal de la Nación. 
El empresario Giancarlo Valer Enciso ofreció una “recompensa” de un millón de soles a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, si conseguía que el Ministerio Público contrataba a la compañía Italtel Perú para la instalación de un Data Center Principal y un Data Contingencia por US$ 46,8 millones. 
Benavides cumplió con su parte y el Comité de Selección del Ministerio Público eligió la propuesta de la firma Italtel Perú. 
Sin embargo, como se trataba de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se requería de la validación del sistema de control de este organismo. 
Finalmente, el BID rechazó darle el visto bueno porque detectó deficiencias en el burdo proceso de adjudicación montado por Benavides y sus cómplices. 
E incluso cuestionó la transparencia de los funcionarios asignados a la licitación. 
Los hechos se iniciaron en la primera semana de junio de 2023 cuando la empresaria Grika Assayag O’Besso, allegada a Palacio de Gobierno, amiga de la presidenta Dina Boluarte, llamó a su amigo el entonces asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Barreto, porque quería presentarle a un conocido que era contratista del Estado especializado en tecnología e informática, Giancarlo Valer Enciso, quien estaba interesado en una licitación en el Ministerio Público. 
FALLIDO PRIMER INTENTO 
Se trata de uno de los proyectos más importantes y costoso del Ministerio Público que financiaba el BID para la modernización del sistema de justicia peruano: la habilitación de un Data Center Principal y un Data Contingencia por US$ 46,8 millones, conocido como Proyecto Carpeta Fiscal Electrónica.
Con la finalidad de orientar la licitación en beneficio de Italtel Perú, el empresario Giancarlo Valer sostuvo reuniones con 
Pero la conspiración fracasó porque una empresa postora mexicana no presentó su oferta, por lo que el 7 de septiembre el proceso se declaró nulo. 
De acuerdo con la resolución del juez Raúl Justiniano Romero, quien por este caso dispuso la detención de Giancarlo Valer, Miguel Girao y Jorge Palomino el martes por la mañana, los confabulados no pudieron cumplir con su cometido porque había funcionarios del MInisterio Público que se negaron a favorecer a Italtel Perú. 
Por lo que recurrieron a Patricia Benavides para que designe a nuevos funcionarios, esta vez captados para beneficiar a la compañía que promovía Giancarlo Valer. 
Como dueños de Italtel Perú aparecen Walter Aguirre Vidaurre y Carlos Fernández Gates. 
Antes de convertirse en proveedor del Estado, Giancarlo Valer trabajó varios años en entidades públicas, especializándose en contrataciones y adjudicaciones, como en ProCiencia (dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros), el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre otros. 
Estos contactos le sirvieron de mucho cuando pasó al campo de los proveedores del Estado, vinculándose con las empresas Italtel Perú e Inversiones Tecnológicas del Perú. 
No está de más apuntar que la única vez que Italtel Perú ganó un contrato con el Estado fue con el OEFA por S/20 millones, en 2021. 
Coincidentemente, en ese organismo trabajó Giancarlo Valer. 
EL VIEJO VÍNCULO 
Fue en ProCiencia que Giancarlo Valer conoció a Blanca Arce Barboza. 
Para el nuevo proceso de licitación para beneficiar a Italtel Perú, Valer pidió a la suspendida fiscal Patricia Benavides, por intermedio de sus exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, que nombrase a Blanca Arce como directora de la Unidad Ejecutora N.º 011 Carpeta Fiscal Electrónica, que financia el BID. 
Luego de una entrevista personal con Patricia Benavides, Blanca Arce, con experiencia en proyectos del BID en diferentes entidades públicas, fue nombrada directora de la mencionada Unidad Ejecutora, el 17 de octubre de 2023. 
Pocas semanas después, con la misión de manipular la licitación financiada por el BID, el 3 de noviembre de 2023 Blanca Arce reconstituyó el Comité de Selección y designó como presidente a Félix Jiménez Cheque y como integrantes a Igor Villanes Vergara y Jenny Ochante Cahuana. Según las declaraciones de los testigos obtenidas por el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Jenny Ochante actuó como “topo” de los confabulados. 
Por eso, durante la Operación Valkiria XI ejecutada el martes, fueron allanadas las viviendas de Blanca Arce y Jenny Ochante. 
A PEDIR DE BOCA 
Y, efectivamente, el Comité de Selección del Ministerio Público manipulado por Benavides y sus cómplices escogió la oferta de la empresa Italtel Perú que propuso US$ 46,8 millones, mientras que la compañía Estructuras Digitales de México Comercializadora solicitó US$47 millones. 
El 17 de noviembre, el Comité de Selección informó a la directora Blanca Arce que el proyecto había sido adjudicado a Italtel Perú, y el mismo día solicitó al BID la no objeción para luego recibir las transferencias correspondientes. 
Pero el 19 de diciembre, después de una evaluación de su sistema de control interno, el BID desestimó el pedido, entre otras razones, por deficiencias en el proceso de licitación y puso en cuestión la idoneidad de los miembros del Comité de Selección. 
Un fraude completo. 
La organización de Patricia Benavides hasta el momento en que esta fue suspendida, no pudo adjudicar el proyecto a Italtel y hasta el momento sigue pendiente de contratación. 
Empero, según el Eficcop, Giancarlo Valer consiguió consumar solo un contrato mucho menor respecto al monto del que financia el BID. 
Logró que el Ministerio Público compre a la compañía Inversiones Tecnológicas del Perú, representadas por Johan Chauca Iparraguirre y Gustavo Bullón Ausejo, computadoras por S/7,5 millones. 
Por eso, las casas de Chauca y Bullón fueron intervenidas durante la Operación Valkiria XI.
Según las declaraciones de los testigos ante la Eficcop, Giancarlo Valer pagó sobornos por S/70,000 por estos contratos con Inversiones Tecnológicas del Perú, de los cuales S/30,000 correspondió a Patricia Benavides. 
Pudieron ganar el S/1 millón que ofreció Valer, pero fueron descubiertos por los auditores internos del BID.

miércoles, 17 de abril de 2024

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE VENEZUELA DE 2024

 

Las elecciones presidenciales de Venezuela para el periodo 2025-2031 será el proceso electoral que se llevará a cabo el domingo 28 de julio de 2024. 
Los principales candidatos de la oposición han sido inhabilitados para participar en las elecciones durante la campaña o en elecciones anteriores. 
En junio de 2023, el gobierno venezolano inhabilitó a la candidata principal, María Corina Machado. 
La medida ha sido considerada por la oposición como una violación de los derechos políticos y ha sido condenada por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y Human Rights Watch, así como por países como Paraguay, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Chile, Canadá, Francia y México. 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que las elecciones se celebrarán el 28 de julio (día en que Hugo Chávez habría cumplido 70 años). 
 La presentación de candidaturas está prevista del 21 al 25 de marzo y la campaña electoral del 4 al 25 de julio. 
 ONG y partidos políticos venezolanos han denunciado el uso de desinformación, amenazas de muerte y agresiones físicas por parte de partidarios del chavismo y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla colombiana de extrema izquierda, contra candidatos de la oposición. 
Antecedentes 
Después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución condenando la inhabilitación política de la precandidata opositora María Corina Machado, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, declaró el 13 de julio de 2023 que el gobierno venezolano no permitiría una misión de observación electoral de la Unión Europea. 
 Tras la renuncia de la anterior junta directiva del Poder Electoral en el mes de junio, y la posterior convocatoria de la Asamblea Nacional para elegir la nueva directiva del organismo electoral; en agosto de 2023, la ONG Súmate denunció que al menos 92 candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) estaban vinculados con el chavismo, señalando que el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales prohíbe a los integrantes del Consejo tener alguna afiliación política. 
Súmate también declaró que uno de los postulados había sido condenado por homicidio y extorsión en 1998, que 46 candidatos repetían la candidatura tras postularse en 2021 y que para el momento eran diputados de la Asamblea Nacional oficialista. 
 El 15 de agosto la Asamblea Nacional oficialista se declaró en sesión permanente para designar a los nuevos rectores del CNE. 
 El 24 de agosto el Parlamento eligió y juramentó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, siendo juramentados en sus cargos: Elvis Amoroso, Rosalba Gil, Carlos Quintero, Aime Nogal y Juan Carlos del Pino. 
 Cronograma electoral El 1 de marzo de 2024, la Asamblea Nacional entregó al CNE un documento que presentaba una propuesta de cronograma electoral con 25 fechas que el órgano comicial podría considerar, resaltando, que constitucionalmente es el CNE quien debe convocar el proceso electoral y decidir la fecha exacta. 
 El 5 de marzo, el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones presidenciales para el día 28 de julio, anunciando también las actividades más resaltantes del cronograma electoral, publicada por el CNE 101 pasos, se presenta un resumen: Definición de candidaturas Gran Polo Patriótico Simón Bolívar 
El 16 de marzo de 2024, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció formalmente que el actual presidente Nicolás Maduro sería su candidato para las elecciones presidenciales. 
Esta será la tercera candidatura de Maduro como presidente. 
 Plataforma Unitaria Artículo principal: Elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de 2023 
El 16 de mayo de 2023, la Plataforma Unitaria anunció la realización de un proceso de primarias para elegir a un candidato único para las elecciones presidenciales. 
La elección se llevó a cabo el domingo 22 de octubre de 2023, dando ganadora a la candidata María Corina Machado con más del 90% de los votos. 
Sobre la candidata pesa una inhabilitación política, impuesta por la Contraloría General de la República, que le impide inscribirse para las elecciones (violando el artículo 227 de la CRBV). 
El día 15 de diciembre, Machado se dirigió al Tribunal Supremo e interpuso un recurso de amparo, el cual fue rechazado. 
A fin de evitar quedar fuera del proceso electoral, el día 22 de marzo de 2024, María Corina Machado anunció que su candidata sustituta sería Corina Yoris-Villasana, aclarando que aún mantiene la esperanza de lograr la habilitación política para participar en las elecciones. 
 Durante todo el período de postulaciones, la Plataforma Unitaria no fue capaz de siquiera superar la primera fase establecida por el sistema automatizado del CNE al no aceptar éste las claves por parte de los autorizados a postular, mientras el resto de organizaciones políticas habilitadas sí podían hacerlo sin ningún problema. 
Viendo que se acercaba el final del plazo, la Plataforma solicita el día 24 de marzo una prórroga al organismo electora. 
El día 25 de marzo, fecha límite para la postulación de candidatos, la coalición continúa con el mismo problema, denunciándolo a la comunidad internacional y catalogándolo como 'abuso de poder' por parte del Gobierno nacional. 
Pasadas las 12 de la noche, la tarjeta de la MUD queda sin oportunidad de participar en un primer momento. 
Al día siguiente, el CNE revela que, en horas de la medianoche, se admitió la candidatura de un decimotercer inscrito, el cual termina siendo el diplomático Edmundo González Urrutia, miembro de la Directiva de la Mesa de la Unidad Democrática, con el único fin de actuar como candidato "tapa" para preservar la opción de participar con una tarjeta propia y manteniendo la posibilidad de cambiar al candidato. 
Algunos políticos de la Unidad, como Andrés Velásquez, denunciaron en los días siguientes que la admisión de esta postulación "no es para otro candidato que designe la plataforma conjuntamente con María Corina, el compromiso de la tapa es para que esa tarjeta apoye a Manuel Rosales, todo en componenda con Maduro". 
Un Nuevo Tiempo 
El partido Un Nuevo Tiempo, miembro de la Plataforma Unitaria, poseía otra de las tarjetas habilitadas por el CNE para las elecciones presidenciales. 
A pesar de no haber participado en el período de primarias de la Unidad, de haber manifestado en diversas ocasiones que su tarjeta también estaba bloqueada por el CNE, y con el fin de 'preservar el espacio opositor', la organización inscribe como candidato a Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y candidato en las elecciones de 2006 a escasos momentos del cierre del período de postulaciones.
 ESTADOS UNIDOS REACTIVARÁ LAS SANCIONES A VENEZUELA A PARTIR DEL JUEVES SI NO HAY PROGRESOS ELECTORALES 
El 18 vence la licencia que Washington aprobó el pasado octubre, que permite la venta internacional del gas y el petróleo de Caracas 
A menos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dé pasos inmediatos para garantizar elecciones libres e imparciales este año, Estados Unidos volverá a imponer sanciones al sector energético del país suramericano a partir del próximo jueves. 
En esa fecha, 18 de abril, expira la licencia de seis meses que reducía estas sanciones y, según ha reiterado este lunes el Departamento de Estado, Washington no prevé renovarla si no ve progresos en el cumplimiento de las promesas de Maduro sobre los comicios presidenciales previstos para el 28 de julio. 
A falta de progresos por parte de Maduro y sus representantes para la puesta en práctica de las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril”, ha declarado un portavoz del Departamento citado por la agencia Reuters. 
Washington tiene pocas esperanzas de que vaya a producirse un giro de última hora en la posición venezolana. 
Representantes de ambos gobiernos se reunieron la semana pasada en México para tratar sobre las sanciones días antes del fin del plazo, sin que se consiguieran avances aparentes. 
Una de las opciones que maneja la Administración Biden, que trata de mantener un difícil equilibrio para castigar a Maduro sin tomar medidas que precipiten un aluvión de migrantes económico hacia Estados Unidos, es la de aprobar una nueva licencia más estricta. 
No se desea, en cualquier caso, un regreso a la política de “máxima presión” aplicada durante el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021), que desató una oleada de solicitudes de asilo de venezolanos en la frontera sur estadounidense. 
Según Reuters, uno de los pasos que se estudian es permitir que Venezuela pueda seguir vendiendo su crudo en el mercado mundial, pero no autorizar el uso de dólares estadounidenses en ese tipo de operaciones. 
El Gobierno del presidente Joe Biden levantó el pasado octubre y para un plazo de seis meses diversas sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, para convencer a Maduro de que cumpliera los acuerdos de Barbados, firmados entre el chavismo y la oposición, para la celebración de elecciones libres.
La condición para prorrogar la licencia era que Caracas permitiera a presentarse a todos los candidatos no chavistas. 
Pero la principal líder de la oposición, María Corina Machado, fue inhabilitada por las autoridades electorales, sin que las protestas internacionales hayan cambiado la situación. 
Tampoco se permite presentarse a las presidenciales a la primera opción para reemplazarla, Corina Yoris. 
Ante los repetidos bloqueos, la Plataforma Unitaria que agrupa a los principales partidos de la oposición ha acabado presentando de modo interino a Edmundo González Urrutia. Washington ya había apuntado en enero que, de no producirse cambios en la actitud de Maduro, no se prorrogaría la licencia que permite a Venezuela la venta de su petróleo y gas a las compañías internacionales. 
Entonces, la declaración de la Casa Blanca, formulada por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, desató una oleada de críticas del chavismo, que consideró la advertencia una forma de chantaje.

sábado, 13 de abril de 2024

PLANTEAN AMNISTÍA PARA FUJIMORI, MONTESINOS Y MIEMBROS DEL GRUPO COLINA

Condenados. 
Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos pueden ser favorecidos con el proyecto de Montoya, lo mismo que los exmiembros del grupo Colina Pichiligue y Martín Rivas. 
Sandeces políticas. 
Legislador Jorge Montoya presenta proyecto para dar amnistía a los procesados por violaciones a los derechos humanos de los años comprendidos entre 1980 y el 2000. 
Propuesta incluye amnistía para los sentenciados mayores de 80 años. 
 El fujimorismo no necesita presentar proyectos de ley en forma directa para favorecer a sus procesados y sentenciados de los años noventa. 
Para eso tienen a bancadas y legisladores satélites. 
Hoy le tocó a Jorge Montoya. 
Este legislador acaba de presentar una iniciativa con la propuesta extrema de conceder amnistía a quienes tienen procesos en curso y a adultos mayores sentenciados por violaciones a derechos humanos. Políticos y militares prontuariados como Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y miembros del grupo Colina podrían ser favorecidos con una norma de este tipo. 
La lista es extensa, según alertan los abogados Gloria Cano y Carlos Rivera Paz. 
Amnistía e impunidad
El jueves último por la tarde, mientras la atención pública estaba centrada en el debate del pleno sobre un nuevo retorno de los fondos de las AFP, Jorge Montoya ingresó por mesa de partes el proyecto de ley número 7549. 
En la iniciativa de apenas dos páginas plantea un marco legal de impunidad para los procesados y sentenciados por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron entre 1980 y el 2000. 
En un primer artículo, el miembro de Renovación Popular propone conceder amnistía para quienes actualmente enfrentan procesos y aún no tienen sentencia firme “por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo”. 
Es decir, los presuntos delitos cometidos desde los agentes del Estado en el contexto del conflicto armado interno. 
La propuesta comprende a exfuncionarios y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 
En un siguiente artículo, Montoya propone extender esta amnistía a los ya sentenciados que han sobrepasado los 80 años de edad. 
Los favorecidos Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), explica que la propuesta de Montoya beneficiaría directamente a Alberto Fujimori, quien actualmente enfrenta un proceso en etapa de juicio oral, por el caso de la masacre de Pativilca, hecho ocurrido el 29 de enero de 1992. 
En este mismo proceso se encuentran implicados los exmiembros del grupo Colina Martín Rivas y Carlos Pichilingue. 
También son procesados Nicolás Hermosa Ríos y Juan Rivero Lazo. 
Todos ellos terminarían favorecidos si prospera la propuesta de Montoya. 
Y hay otros casos emblemáticos que podrían quedar en la impunidad: la matanza de Pucayacu (Huanta) de 1984. 
Los crímenes cometidos contra profesores de Huancapi (1991). 
El caso de los sobres bomba, que terminó con la vida de la joven periodista Melissa Alfaro y generó graves lesiones contra el abogado Augusto Zúñiga Paz. 
Y el proyecto tiene un artículo adicional para extender la amnistía a los ya sentenciados por violaciones a derechos humanos, si estos ya cumplieron los 80 años. 
Montoya maquilla el título de su proyecto con el nombre de “casos vinculados a la lucha contra el terrorismo”. 
Carlos Rivera Paz estima que este segundo extremo del proyecto favorecería a personas ya condenadas por casos emblemáticos como el general EP Wilfredo Mori Orzo, sentenciado por la matanza de Accomarca. 
También el general del Ejército en retiro Manuel Delgado Rojas, condenado recientemente por la matanza de Pucará. 
Asimismo, José Valdivia Dueñas, del caso Cayara. 
Y esto solo es la punta del iceberg de una extensa lista de posible impunidad. 
Una propuesta jurídicamente inviable 
Consultado sobre la viabilidad de esta propuesta, Carlos Rivera recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia emblemática en el caso Cantuta, con la que prohíbe cualquier tipo de amnistía para casos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. 
“Esta sentencia fue precedente para otros procesos en Argentina, Uruguay y Paraguay”, recordó. 
Gloria Cano agrega que también hay pronunciamiento del Tribunal Constitucional, por lo que la propuesta es inviable, por ir contra la Convención Americana de Derechos Humanos. 
La propuesta Iniciativa de ley de Jorge Montoya plantea amnistía para procesados e incluso para los ya condenados.

jueves, 11 de abril de 2024

JAVIER MILEI PASÓ LA NOCHE EN MIAMI CON FÁTIMA FLOREZ Y RECIBIÓ UNA SEÑAL DEL BID: “ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA ARGENTINA”

El presidente se reunió con el jefe del organismo, Ilan Goldfajn, y el titular del BID Invest, que apoya al sector privado. 
El Presidente Javier Milei y embajador argentino en Estados Unidos Gerardo Werthein mantuvieron esta mañana una reunión con del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Ilan Goldfajn los gerentes organismo Matias Bendersky James Scriven. 
 El presidente Javier Milei recibió este jueves por la mañana en su hotel de Miami a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien dijo que el organismo está "comprometido con la Argentina". 
Goldfajn llegó al encuentro junto con el argentino James Scriven, gerente del BID Invest, la banca que busca dar soluciones al sector privado del continente. 
Esta organización ha sido recientemente capitalizada con US$3.500 millones, por lo que cuenta con dinero fresco para invertir en diversos sectores. 
“Fue una reunión positiva, estamos comprometidos con la Argentina”, dijo Goldfajn a la salida de la reunión. 
La presencia de Scriven fue también importante porque el organismo busca promover la inversión privada en la Argentina donde hay aún muchos sectores por explorar. Goldfajn luego tuiteó sobre el encuentro con Milei: "Hoy hablamos sobre nuestro apoyo técnico para mejorar la eficiencia del gasto y la protección de las personas más vulnerables y sobre cómo @BIDinvest, nuestro brazo para el sector privado, puede fomentar la inversión y la actividad empresarial en el país". 
La semana que viene el ministro de Economía Luis Caputo viajará a Washington a la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y aprovechará para reunirse con Goldfajn y Scriven, con quienes podrá seguir avanzando el ampliar la cartera de préstamos al Gobierno para determinados proyectos de desarrollo, pero también de apoyo a la inversión privada. 
La reunión de esta mañana sucedió luego de que el presidente fue condecorado anoche en una ceremonia de una comunidad judía en Miami como “Embajador Internacional de Luz”. 
Milei pasó la noche en el hotel con su novia Fátima Florez. 
Luego de la reunión con las autoridades del BID, Milei tendrá por la tarde una charla académica en la Universidad de Florida y el viernes será el plato fuerte de su gira en Estados Unidos, cuando se reúna en Austin, Texas, con el CEO de Tesla y el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk. Milei estuvo hasta casi la medianoche en el “shul” de Chabad Lubavitch, un complejo de esta rama de la comunidad judía que le entregó una distinción especial por su trabajo a favor de la libertad y de apoyo a Israel, que también recibió su hermana Karina, secretaria general de la presidencia. 
El rabino que se lo entregó ensayó un "Viva la libertad Carajo", que hizo sonreír a la audiencia de unas 500 personas. 
La sorpresa de la noche fue la presencia de Fátima, que no había viajado con la comitiva oficial y que se encontraba en Miami por temas laborales. 
Los rumores señalaban que estaba de paso rumbo a Las Vegas, donde pronto podría encarar un proyecto artístico. 
A la artista no se la vio en todo el día el hotel en el que se aloja la comitiva, en Surfside, al norte de Miami, donde Milei estuvo recluido en su habitación, tuiteando y con algunas entrevistas. 
Ella apareció recién a las 8 de la noche en la centro religioso donde le entregarían el premio a Milei y su hermana. 
Allí se sacó fotos con argentinos que la reconocieron y que esperaban ver al presidente. Fátima presenció la ceremonia, pero mantuvo un bajo perfil. En su discurso, el presidente, que es católico, explicó su vínculo con el judaísmo. 
Dijo que en su infancia le había fascinado la película "Los 10 Mandamientos", recordó a su abuelo materno que un día descubrió que era judío y contó que se interesó más aún luego de conocer a uno de sus estudiantes que pertenecía a la comunidad Lubavitch con el que mantenía charlas existenciales.
 Finalmente resaltó su profunda amistad con el rabino Axel Wahnish, presente en la ceremonia, que fue designado como embajador ante Israel. 
 FMI APRUEBA ENTREGAR A ARGENTINA 4,700 MILLONES DE DÓLARES PARA APOYAR "ESFUERZOS" DE MILEI 
 El visto bueno del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional a la séptima revisión del acuerdo crediticio con Argentina eleva a alrededor de 40,600 millones la cantidad girada al país sudamericano, como parte de un programa de ayuda de 44,000 millones. 
El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles el desembolso de unos 4.700 millones de dólares a Argentina, para "apoyar" los esfuerzos del gobierno del presidente Javier Milei para restablecer "la estabilidad macroeconómica"
Desde que asumió el cargo hace menos de dos meses, Milei ha devaluado el peso un 50%, ha iniciado un proceso de liberación de precios y se propone modificar centenares de normas y leyes para tratar revertir una crisis que mantiene a más del 45% de los argentinos en la pobreza, con una inflación anual de 211% en 2023. 
El desembolso inmediato "de alrededor de 4,700 millones de dólares" permite "apoyar los claros esfuerzos políticos de las autoridades por restablecer la estabilidad macroeconómica", afirma el FMI en un comunicado, en un contundente espaldarazo a Milei, justo cuando el Congreso debate un polémico paquete de reformas ultraliberales. 
"Se está implementando un ambicioso plan de estabilización para corregir graves desvíos de políticas en los últimos trimestres de 2023", cuando gobernaba el peronista Alberto Fernández, añade. 
"El plan se centra en el establecimiento de un fuerte ancla fiscal junto con políticas para reducir de manera duradera la inflación, reconstruir las reservas y abordar las distorsiones y los problemas de larga duración", precisa. Pero "el camino hacia la estabilización será desafiante", advierte la organización financiera. 
El visto bueno del directorio a la séptima revisión del acuerdo crediticio con Argentina eleva a alrededor de 40,600 millones la cantidad girada al país sudamericano, como parte de un programa de ayuda de 44,000 millones. 
El país atraviesa por una crisis con escasez de divisas, un fuerte endeudamiento en un contexto de prácticamente nulo acceso a los mercados internacionales de crédito. En su actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial, el FMI estimó el martes que En octubre la institución financiera preveía que la economía del país sudamericano crecería 2.8% en 2024, pero finalmente seguirá una senda recesiva, con una contracción de 2.8%. 
MILEI RECIBE AL FMI APREMIADO POR LA ESCASEZ DE DÓLARES Y UN AJUSTE ECONÓMICO QUE CHOCA CONTRA EL CONGRESO 
El ultraderechista confía en que el organismo de financiamiento acepte su programa económico. 
El equipo del Fondo llega a Buenos Aires, pero la reunión de este viernes con el Gobierno es postergada para el lunes 
La llegada del ultraderechista Javier Milei a la Casa Rosada inaugura una nueva etapa en las relaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Representantes del organismo han llegado a Buenos Aires para negociar un posible reacomodo del acuerdo que Argentina mantiene con el Fondo desde 2018, cuando el el conservador Mauricio Macri se endeudó por 44.000 millones de dólares, y el plan de pagos firmado en 2020 con el peronista Alberto Fernández. 
El organismo de financiamiento comenzará a reunirse este viernes con los equipos técnicos y el encuentro con funcionarios del Gobierno, que estaba previsto para hoy, ha sido postergada hasta el lunes, según medios nacionales. Milei confía en que la negociación será exitosa porque el recorte de gastos que ya empezó a aplicar es “más duro”, según su propia valoración, que el que pide del FMI. 
La duda del Fondo es si el ultraderechista podrá poner en práctica ese plan ortodoxo y promercado, que tiene resistencia en las calles y choca contra el Congreso y los tribunales. 
Argentina debe saldar la deuda de 44.000 millones asumida por Macri que pronto se volvió impagable para el país. 
El Gobierno de Fernández, que sucedió a Macri, acordó un nuevo plan de pago a cambio de una serie de metas fiscales y monetarias. 
El actual programa tuvo su última revisión aprobada en agosto. 
El Fondo consideró que Argentina no había alcanzado las metas, pero autorizó un nuevo desembolso porque valoró que el incumplimiento se debía a una “sequía sin precedentes y a desviaciones de las políticas”. 
Ahora está pendiente una nueva revisión que debía hacerse en diciembre y se postergó por la llegada de Milei al poder. La actual Administración considera que, como el país “no cumplió” con los objetivos, el acuerdo de 2020 está “virtualmente caído”. 
Pero formalmente no lo está y los representantes del Fondo se reunirán con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con el ministro de Economía, Luis Caputo, con autoridades del Banco Central y con los equipos técnicos para “reencauzar” las negociaciones, según expresó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
 El Gobierno no ha mencionado la posibilidad de descartar el actual acuerdo, que concluye en septiembre, para firmar uno nuevo y ha descartado la llegada de nuevo financiamiento. 
Diferentes analistas consultados por EL PAÍS consideran que esas opciones “no son muy factibles”, aunque no existen certezas. 
La agenda del encuentro “no está predefinida”, ha asegurado Adorni. 
La reunión del lunes, que estaba prevista para este viernes, será el primer encuentro en Buenos Aires de funcionarios de este Gobierno con representantes del Fondo después de que se reunieran en Washington en diciembre. 
Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, dijo entonces que el organismo está “muy interesado” en apoyar a Argentina. Georgieva había mantenido días antes una conversación por videoconferencia con Milei. 
“El Fondo se mostró colaborativo”, aseguró el presidente en un mensaje en la red social X y calificó la charla de “excelente”. Por esto y por la profundidad del ajuste que Milei ya empezó a implementar –devaluó la moneda un 50% y anunció la quita de subsidios al transporte y la energía, entre otras medidas– el Gobierno está confiado en que tendrá el respaldo del FMI. 
Un acuerdo exitoso le permitirá al Gobierno fortalecer la balanza de pagos, que actualmente se encuentra comprometida, y lanzar un mensaje a los inversores internacionales. 
Algunos analistas, sin embargo, señalan que la propia ortodoxia del programa económico de Milei, que en parte está sostenido sobre medidas impuestas por decreto o aún no aprobadas en el Congreso, puede provocar diferencias con el FMI. 
“El Gobierno demuestra compromiso para implementar las reformas que está proponiendo”, asegura Pablo Nemiña, investigador en economía política del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), de la Universidad de San Martín y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). 
Pero no alcanza con eso, agrega: “También debe demostrar que las políticas son sustentables, es decir, que se puedan implementar porque tienen cierto grado de apoyo”. 
En economía, explica, se habla de ownership, que vendría a ser la “la propiedad o el control” que un país tiene sobre el acuerdo. 
Ahí es donde Milei tiene un problema. Aunque el ultraderechista ganó en segunda vuelta con el 56% de los votos y el respaldo popular aún es amplio, su partido, La Libertad Avanza, está en minoría en el Congreso. 
El proyecto de ley que presentó con más de 600 medidas para reformar el sistema político, económico y social argentino deberá superar el obstáculo legislativo. 
También deberá hacerlo el megadecreto que impuso con más de 300 reformas y que está siendo cuestionado en la justicia por “inconstitucional” –un tribunal ya suspendió una parte de ese decreto este miércoles–.
Las calles presentan otro desafío: ciudadanos de distintas partes del país han salido a rechazar las medidas casi a diario y la principal central sindical del país, la Confederación General de los Trabajadores, ya ha convocado a un paro general para el 24 de enero. Nemiña cree que conseguir el apoyo a las medidas será clave para encuadrar el vínculo entre ambas partes. “Siempre se pueden hacer reformas. 
Pero hay que involucrar a la sociedad y el Gobierno debe estar dispuesto a que sus ideas sean adaptadas. Si piensa que la sociedad está equivocada, tiene que convencerla. Para eso hay un instrumento extraordinario que se llama política”, señala. “El FMI es más político y sabe que necesita tener algún tipo de negociación que permita avanzar estas reformas conteniendo de alguna manera los sectores afectados”, apunta Francisco Cantamutto, doctor en Ciencias Sociales especializado en Economía e investigador del Conicet. Cantamutto explica: “Si el Fondo acepta una posición ideológica como la del Gobierno de Milei, corre el riesgo de que el programa colapse muy rápidamente si la sociedad no la puede tolerar. 
En cambio, si pretende un programa más reducido, pero socialmente más viable, estaría por debajo de las demandas del propio Gobierno. 
Estamos ante una situación relativamente novedosa, que el FMI tiene que estudiar con detenimiento”. A este acercamiento le seguirán más etapas. Mientras las partes negocian, el calendario de pagos de Argentina con el Fondo sigue el camino preestablecido. 
Después de que el FMI interrumpiese los desembolsos tras la derrota del oficialismo en las elecciones de noviembre, el Gobierno de Milei acordó un nuevo préstamo puente con el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF de 960 millones de dólares para cumplir con los vencimientos de diciembre. El país deberá pagar este año casi 7.300 millones de dólares. 
El primer vencimiento es este lunes 9 de enero y el segundo una semana después, el día 16, por un total de 1.900 millones. Sintonía con el Fondo El FMI ha intervenido en la economía Argentina durante periodos de gobiernos democráticos y en dictaduras, con administraciones liberales o proteccionistas. 
El presidente Juan Domingo Perón rechazó sumarse a la lista de asociados del organismo cuando este fue creado en 1944 porque lo consideró “un nuevo engendro putativo del imperialismo”. 
Pero diez años después, el general Pedro Aramburu tomó el primer crédito tras asumir el poder con un golpe de Estado en 1955. 
Ahí empezó la historia de encuentros y desencuentros del país con el FMI, una sigla que los argentinos asocian a ajustes impopulares y profundas crisis económicas y sociales, como la crisis del corralito de 2001 y la cesación de pagos de una deuda externa de 144.000 millones de dólares. 
En 2006, con el presidente peronista Néstor Kirchner saldó la deuda con el Fondo e inauguró una época de distanciamiento. 
El organismo cerró su oficina en Buenos Aires y Argentina quedó exenta de las revisiones periódicas de sus técnicos. 
Por 15 años, el país no le pidió asistencia. Hasta que en 2018, poco antes de acabar su mandato, Macri pidió un nuevo rescate. 
La etapa que abre Milei, más ortodoxa y promercado, “se alinea con la estrategia de gobiernos neoliberales que han pasado por Argentina antes, pero desde una posición ideológica más extrema y corrida a la derecha”, señala Cantamutto. 
El economista marca dos particularidades. Una es la “posición de debilidad política severa” que Milei tiene en el Parlamento y otra es “un escenario internacional distinto”. 
“Hoy no estamos ante el mundo unipolar de los años noventa. La hegemonía global de Estados Unidos se encuentra amenazada por el ascenso de los BRICS de mano de China”, dice. Nueva estrategia geoeconómica Argentina acaba de anunciar formalmente que no participará de los BRICS, la alianza económica integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica a la que Argentina accedió en agosto.
 La decisión está en línea con la visión de Milei, que defiende la cercanía de su Gobierno con Estados Unidos, Israel y “el mundo libre” en general, lejos de los países que considera “comunistas”. 
En ese listado prohibido está China, pero también Brasil. 
“Esto influye en la relación con el Fondo Monetario, que está tan influido por Estados Unidos”, señala Noemí Brenta, doctora en Economía de la Universidad de Buenos Aires y autora del libro Historia de la deuda externa de la dictadura a nuestros días. “Supongo que el Gobierno está jugando ese reposicionamiento externo como un modo de presión para recibir un trato más favorable del Fondo”, agrega. Brenta, sin embargo, ve “difícil” que el Fondo otorgue a Argentina financiamiento adicional al convenio que concluye en septiembre de 2024. 
“El acuerdo con el Fondo ya está desembolsado en un 84%. No podemos esperar mucho más que esos 7.000 millones de dólares [que restan]. Y eso va a ser para pagarle al mismo Fondo”, valora. 
Después continúa: 
“¿Qué otras opciones tiene el Gobierno de financiamiento? Ninguna de montos importantes. 
Ya ha enfriado las relaciones con China y China denegó la activación del nuevo tramo del swap [intercambio de divisas], así que con eso no podemos contar. 
Los montos que nos pueden prestar los otros organismos –CAF, Banco Mundial, BID— son ínfimos para la necesidad de financiamiento externo”. 
La deuda externa argentina suma casi 300.000 millones de dólares.
¿DESPUES VENDRAN LAS PRIVATIZACIONES? 

lunes, 8 de abril de 2024

CONFESIONES DE UN GANGSTER ECONOMICO:

CONFESIONES DE UN GANGSTER ECONOMICO: 
 LA CARA OCULTA DEL IMPERIAL ISMO AMERICANO. 
Johns Perkins define a los sicarios económicos como "profesionales altamente remunerados que le tienden trampas de millardos de dólares a los países del mundo. 
Sus herramientas de trabajo son reportes financieros fraudulentos, manipulación de elecciones, sobornos, extorsiones, sexo y asesinatos". 
Confessions of an economic hit man, publicada en español como Confesiones de un gánster económico o Confesiones de un sicario económico. 
 Es una autobiografía escrita por John Perkins y publicada en 2004. 
 En ella relata la historia de su carrera con una firma de consultoría y cómo llegó a convertirse en un “sicario económico”. 
En este fascinante testimonio, John Perkins relata su particular trayectoria personal, de servidor obediente del Imperio a defensor apasionado de los derechos de los oprimidos. Discretamente seleccionado por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense y puesto en la nómina de una firma internacional de consultoría, estuvo en Indonesia, Panamá, Ecuador, Colombia, Arabia Saudí, Irán y otros países estratégicamente importantes del planeta. 
Su misión consistió en fomentar medidas políticas favorables a los intereses de lo que el autor llama la corporatocracia estadounidense (la alianza entre la administración, la banca y las corporaciones).
 En apariencia se trataba de remediar la pobreza, pero en la práctica esas políticas alienaban a los países y acabaron conduciendo al 11-S y al aumento del odio contra los EE.UU. 
Confesiones de un gángster económico, el libro que muchos han tratado de impedir, expone los aspectos menos conocidos del sistema que promueve la globalización y conduce a la pauperización de millones de seres humanos. 

domingo, 7 de abril de 2024

BURDA DESINFORMACIÓN

CONTRA: “SI TODO LO QUE VILLANUEVA DICE”… ¿POR QUE NO DETIENEN ANGORRITI? 
SERIE INVESTIGATIVA: LAS CAMPAÑAS DE DESINFORMACION DE WILLAX 
Fue inesperado, espectacularmente revelador, con sísmica resonancia y sucesivas réplicas. 
La operación Valquiria deflagró en la madrugada del 26 de noviembre y no paró de estremecer el Ministerio Público, el sistema judicial y, sobre todo, el Congreso. Hubo un solo detenido, Jaime Villanueva, con decisiones rápidas para la sobrevivencia y con mucho que contar. 
No solo se convirtió en colaborador eficaz casi instantáneo sino renunció al anonimato como tal.
Pese a sus desesperados esfuerzos, y los de sus aliados, por capear la tormenta de revelaciones, Patricia Benavides fue suspendida como fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el 6 de diciembre y la recomposición subsecuente de la Junta de Fiscales Supremos pareció garantizar la continuación investigativa del caso Valquiria y sus trascendentes descubrimientos. 
Trascendentes descubrimientos… Ahí está el problema. 
Los descubrimientos son, con poca excepción, la descripción de delitos presuntamente perpetrados por fiscales y congresistas. 
No por uno, no por dos sino por decenas de ellos. 
Unos se definen de derecha, otros de izquierda, pero, de acuerdo con lo revelado hasta hoy, los une la cutra y, por ella, el voto. 
Este viernes 15 de diciembre, su última actividad del año consistirá en un intento total de lograr el encubrimiento por aplastamiento. 
Utilizar sus votos para protegerse, destituyendo a la Junta Nacional de Justicia por haberse atrevido a suspender a Patricia Benavides
 Que más del 90% de la nación los desprecie, no les importará. 
Que la finalidad de encubrimiento sea patente, tampoco. 
Cualquier cosa para evitar la verdad y sus consecuencias. 
Y mientras tanto, ¡Desinformación a todo trapo! Si algo aprendieron los círculos corruptos a partir de sus experiencias en los grandes casos de Lava Jato y Lava Juez (‘Cuellos Blancos’), fue en tratar de utilizar la panoplia completa de la mentira, la desinformación y el descrédito como estrategia central de contraataque y, luego, de poder. 
Su principal eje es el de Willax-Expreso. Y su intento de contraofensiva desinformadora en el caso Valquiria empezó en Willax este domingo 10, en un programa llamado Contracorriente, que conduce Augusto Thorndike. 
Thorndike mostró algunos chats escritos entre Villanueva y el congresista protegido por el seudónimo policial de “agente especial Roberto”. Uno de esos chats menciona a Gustavo Gorriti, director de IDL-R. 
 Este es el supuesto chat: Y, de inmediato, la esperable continuación, el argumento central de la campaña de desinformación. 
Ese fue el disparo de salida de la campaña. 
Todo el elenco estable y semi–estable de desinformadores, lumpenperiodistas salió a cacarear el mismo argumento: ¡investiguen a Gorriti! ¡Deténganlo! ¡Allanen IDL-Reporteros! ¡Incáutenle el teléfono, las computadoras (¡a ver si nos ganamos de paso con la info!). 
Lo chilló Butters, en su mejor caracterización de quiero y no puedo. Lo rebotó Expreso; lo retuiteó (esa y otras excrecencias similares) Rafael López Aliaga; lo hizo ‘La Pestilencia’; lo dio por hecho Alejandro Cavero y le hizo eco Peru Libre, en las cuenta que maneja Cerrón; retornó Butters sobre el tema, acompañado por gente como Yeni Vilcatoma, ¿cómo era posible que Gorriti no hubiera sido detenido? ¡Solo eso era argumento suficiente para terminar con la JNJ! La hiperventilada e histérica argumentación tuvo una representación típica en Butters: “Lo de Gorriti es espectacular, ¿no? Si la palabra de Villanueva es ley, lo que se tiene que hacer ahorita es ordenar un cateo en las oficinas de Gorriti, levantamiento de secreto bancario, de comunicaciones. 
Para saber si es el gran complotador”. 
Si la desvergüenza y la estupidez fueran delitos penados, ya sabemos quién acumularía varias cadenas perpetuas. 
En términos generales, analizar el contenido de las campañas de desinformación es una pérdida de tiempo. Pero hagámoslo con esta. 
La “información” provendría de dos chats escritos por Villanueva, que este habría reconocido como propios: “Xq aquí el otro supremo Villena ya se ha echado con Shakira/ Gorriti lo ha amenazado con que no lo dejara ser FN”. 
Empecemos por el principio: ¿Alguien preguntó a Villena si conoce a Gorriti? ¿Si se han visto alguna vez, en cualquier oficina, en algún otro lugar, en Lima, en provincias, en el extranjero, en la estación espacial Enterprise? ¿Alguien le preguntó a Villena si Gorriti lo había amenazado, o presionado en forma directa o indirecta, verbal o quizá telepática? ¿Alguien le preguntó a Villena si Gorriti le había descrito qué iba a hacer para impedirle ser fiscal de la nación? ¿Qué se lo iba a ordenar a la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides, nada menos? ¿Que la palabra de Villanueva es ley? ¿Qué idiota dice eso? Después de su captura, Villanueva fue confrontado con la gran cantidad de chats suyos que había recibido el “agente Roberto”. 
Luego, su colaboración eficaz –como sucede en todos los casos similares– consiste en explicar y corroborar cada mensaje. 
En ninguna colaboración eficaz se acepta como verdad lo que no ha sido corroborado. 
 Y estos chats en particular deben, en consecuencia, analizarse. 
Los que difundió Thorndike no indican ni lugar ni fecha de la supuesta conversación. 
Lo que sí es claro es que dichos chats no figuran entre las decenas que fueron presentados al juez Chávez Tamariz y que dieron lugar a la decisión judicial del 25 de noviembre, con 124 páginas. 
Sin embargo, en la captura de pantalla del chat presentado por Thorndike, el congresista (agente) le envía a Villanueva un tuit de la congresista fujimorista Martha Moyano, del 23 de mayo pasado, a las 7:05 p.m. en el que califica de “intromisión” el comunicado de la JNJ que exhortaba al Congreso a respetar la independencia del sistema de justicia en el caso de Ávalos. 
 Asumamos que el chat presentado por Thorndike es del 23 de mayo. 
Ese día, y el siguiente, fueron claves en la trama de las negociaciones entre Jaime Villanueva y congresistas de distintas bancadas para obtener los votos para inhabilitar a Ávalos a cambio del archivo de denuncias fiscales, de acuerdo con lo descrito en la orden judicial del juez Chávez Tamariz que contiene nutridos chats de ambos días. 
Aquí algunos ejemplos: El chat que publicó Willax, que menciona a Gorriti, no figura dentro de los muchos que contiene la resolución judicial de Chávez Tamariz. Adicionalmente a ello, a partir de un análisis rápido de lo publicado por Thorndike es posible determinar que ha habido una manipulación de esos chats. Inicialmente Thorndike mostró un pantallazo del chat entre Villanueva y el agente que supuestamente está en la carpeta fiscal del caso. 
Arranca con un mensaje de Villanueva: “Además es una infracción constitucional de la JNJ pues interviene en lo que es una decisión que solo compete al Congreso…”: Y de acuerdo con el texto de la parte superior del facsímil, la captura de pantalla del chat se hizo el 14 de noviembre de 2023, a las 10:29 p.m. Pero en la recreación del mismo chat que Thorndike muestra inmediatamente después, aparece una línea nueva sobre el mensaje mostrado instantes previos. 
“La junta suspende a Benavides”, dice supuestamente Villanueva. 
Esa oración le da al supuesto chat un sentido actual, como si la comunicación se diera a partir de la suspensión de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la nación, ocurrida el 7 de diciembre pasado. 
 Dentro del grupo de chats contenidos en la resolución judicial del juez Chávez Tamariz, hay uno del 23 de mayo, que contiene esa misma oración –“la junta suspende a Benavides”–, pero en un contexto distinto: el intento de Villanueva por conseguir los votos en el Congreso para inhabilitar a Ávalos. “Tenemos que lograr los votos el jueves. El mensaje es claro, se queda Shakira [Zoraida Ávalos] y la junta suspende a Benavides”, dice Villanueva en su mensaje. 
Eso se condice con el hecho de que el Congreso había programado para el jueves 25 de mayo el debate y la votación en el Pleno del informe final que recomendaba la inhabilitación de Ávalos por cinco años. Esa línea no se escribió sola, de manera que debe asumirse que hasta en esos detalles los desinformadores de Willax hacen trampas y burdas manipulaciones informativas. 
 Los obsesivos ataques de desinformación a IDL-Reporteros y a su director por parte de los círculos de corrupción, de la ultraderecha, del gamonalismo stalinista y de la porcinopolítica resultan, al fin, un homenaje involuntario al periodismo de investigación y su poder revelador, especialmente en este año en el que IDL-R ha recibido los dos más importantes galardones del periodismo latinoamericano. 
De hecho, este último patético ataque coincidió con la entrega del premio Colpin de periodismo de investigación, en México DF. otorgado a IDL-Reporteros. 
 Como se sabe, además, IDL-R ha publicado investigaciones sobre la red de la exfiscal Benavides desde agosto del año pasado, compiladas en la serie investigativa ‘El expediente Benavides’. 
Una parte central de esas revelaciones forma parte ahora del caso que lleva el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. 
De todos modos, uno esperaría algo más de inteligencia hasta de quienes se definen y sienten como enemigos, pero si uno les preguntara por qué persisten en ser tan brutos, responderían lo que le dijo el escorpión a la rana: “Porque no puedo dejar de ser quien soy”.

viernes, 5 de abril de 2024

SECRETOS DE EEUU SOBRE EL GOLPE FUJIMORISTA

Revelaciones. 
La República consiguió acceso a informes desclasificados del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado norteamericano fechados en 1991 y 1992, que registran hechos desconocidos sobre los preparativos de la asonada fujimorista y las acciones complementarias en los días posteriores.
 Todo comenzó con el copamiento del Ejército. 
La historia nunca termina de escribirse. 
Mientras que el fujimorismo persiste en la falsa narrativa de que el golpe de Estado del domingo 5 de abril de 1992 significó la “salvación del Perú”, nuevas evidencias confirman que la asonada fue cuidadosamente elaborada. 
Documentos desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos fechados en 1991 y 1992 así lo demuestran. 
Como se verá en los análisis de los papeles secretos del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa norteamericanos, las prácticas corruptas del régimen dictatorial no surgieron espontáneamente en sectores fuera de control de Alberto Fujimori, como sugieren algunos defensores del fujimorato. 
En realidad fueron manifestaciones naturales de un gobierno surgido de un acuerdo criminal que se cumplió desde el día número uno. 
Un documento de diciembre de 1991 advierte con preocupación sobre el creciente poder del asesor principal de Fujimori, Vladimiro Montesinos, un capitán del Ejército expulsado de la institución por desobediencia, y a quien luego se le prohibió el ingreso a los cuarteles por presunto espionaje, para luego dedicarse a trabajar como defensor de narcotraficantes nacionales y extranjeros. 
Para Washington, era sorprendente que un personaje de semejante perfil cumpliera un papel decisivo en el entorno de Fujimori. 
No les faltó la razón. 
Dice el documento de diciembre de 1991, pocos meses antes del asesinato de la democracia: “Vladimiro Montesinos sigue siendo uno de los asesores más importes –aunque muy oscuro– del presidente Fujimori en asuntos militares y de seguridad. 
Montesinos ha alcanzado proporciones casi míticas y siniestras en los rumores que circulan en Lima.
 Sin embargo, tiene un poder considerable. 
Y ha conseguido ganarse el temor y la atención de las élites políticas y militares del Perú”. 
Como parte del montaje de la organización criminal que daría el golpe de Estado, Montesinos hizo que Fujimori designara comandante general del Ejército al general Nicolás Hermoza Ríos, un mediocre oficial que se volvió millonario durante su gestión como jefe del Comando Logístico del Ejército, encargado de las compras de equipos militares. 
Fujimori permitió que Montesinos y Hermoza purgaran a todos los oficiales opositores al régimen y nombraran a los más leales, especialmente a las dependencias encargadas de las adquisiciones de armamento, la principal fuente de enriquecimiento ilícito. 
Dice otro documento de enero de 1992, tres meses antes del golpe corrupto: “El verdadero Montesinos es más sombra que sustancia. 
La ola de información respecto a su influencia sobre Fujimori en los pases al retiro y ascensos de militares y policías, entre agosto y septiembre de 1990, disminuyó hasta que en abril de 1991 se difundieron publicaciones sobre 
Fujimori dijo a los periodistas que Montesinos solo era el abogado de su familia y no su asesor presidencial”. 
Por supuesto, Fujimori mintió. 
Encubrió a Montesinos, en un momento en el que el proyecto del golpe de Estado ya estaba en ejecución: el copamiento del Ejército, que se había iniciado en 1991, era parte del plan de los conspiradores. 
Así lo dice otro documento de 1992: “Al final de la primera semana de 1992, las asignaciones de personal del Ejército están por concluir y los oficiales se están presentando a nuevas posiciones. 
El proceso ha sido confuso y largo y muchos han expresado su descontento con la serie de manipulaciones”. 
Como parte de la asonada del 5 de abril de 1992, Montesinos convenció a Fujimori de residir en el local del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), ubicado en el Cuartel General del Ejército, en San Borja. 
En esa época se encontraba en plena actividad el destacamento Colina, compuesto por agentes del SIE.
 Tres meses después del golpe, los criminales perpetrarían la matanza de La Cantuta, el 18 de julio de 1992. 
Lo que se creía que era una especulación, los documentos secretos desclasificados lo confirman en un reporte del 20 de abril de 1992: “El presidente Fujimori y su hijo Kenji residieron en el Cuartel General del Ejército desde aproximadamente finales de marzo de 1992. 
Ocuparon el espacio en el que suelen pernoctar los comandantes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que forma parte del cuartel del SIE. 
Aunque el presidente va y viene diariamente al Palacio presidencial, también usa con frecuencia la oficina del jefe de Estado Mayor del Ejército, en el edificio principal del Cuartel General del Ejército.
 Varios funcionarios han manifestado (al general Nicolás) Hermoza que la presidencia casi permanente del presidente en el Cuartel General del Ejército politizará a la institución militar. 
Y la gente comenzará a sentir que el Ejército está dirigiendo el Ejército. 
Los oficiales también expresaron su descontento por la presencia del asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, quien ahora es un visitante frecuente en el Cuartel General del Ejército”. 
Otra de las narrativas fujimoristas cuestionadas por los documentos secretos es que Montesinos actuaba sin conocimiento de Fujimori. 
Es completamente falso. 
El exdictador estaba enterado de todo. 
Dice un informe de diciembre de 1991: “El último árbitro del poder de Montesinos es Fujimori. Fujimori utiliza a su asesor de una manera maquiavélica. (...) Montesinos está jugando a convencer a la embajada de los Estados Unidos de que es alguien de quien no vale la pena preocuparse”. 
El golpe del 5 de abril de 1992 dio origen a un régimen corrupto que lo siguió siendo hasta el último día en que Alberto Fujimori fugó hacia Japón
Más datos 170 son los documentos desclasificados que ha conseguido La República sobre el régimen de Fujimori. 
Algunos de los documentos secretos desclasificados del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de EEUU obtenidos por La República sobre el golpe del 5 de abril. 
Documentos desclasificados 
1. El corrupto. 
“También es importante hacer notar que en el Perú, donde la inmoralidad es una institución ampliamente institucionalizada, Montesinos es visto casi por unanimidad como corrupto. (...) (Además), muchos de los que lo acusan no están libres de la mancha de la corrupción del narcotráfico”. 
2. Manipulaciones. 
“Al final de la primera semana de 1992, las asignaciones del personal del Ejército están a punto de terminar (...). El proceso ha sido confuso y largo y muchos han expresado su descontento con las manipulaciones ocurridas. (...) Con el nombramiento del general Hermoza como nuevo comandante general, el proceso de asignaciones comenzó de nuevo en 1992”. 
3. como en casa. 
“El presidente Fujimori y su hijo Kenji residieron en el Cuartel General del Ejército desde aproximadamente finales de marzo de 1992. 
Ocuparon el espacio en el que suelen pernoctar los comandantes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) (...) Aunque el presidente va y viene al Palacio presidencial, también usa con frecuencia la oficina del jefe de Estado Mayor del Ejército”. 
El dato 
Los conspiradores Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza empezaron copando el Ejército como parte del plan golpista. ALBERTO FUJIMORI ES EL PRESIDENTE QUE OTORGÓ MÁS INDULTOS POR TERRORISMO

BID RECHAZÓ CONTRATO TRUCHO DE FISCAL PATRICIA BENAVIDES POR US$ 46.8 MILLONES

Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao digitaron contrato por US$ 46,8 millones.   Un proyecto financiado por el Banco Interam...