martes, 20 de agosto de 2024

LA DICTADURA DERROTADA AGONIZA CON FALSIFICACIONES, TERRORISMO DE ESTADO Y OPOSICIÓN FUNCIONAL PARA DESMOVILIZAR AL PUEBLO DE VENEZUELA

El pueblo, liderado por María Corina Machado y representado por Edmundo González Urrutia, tiene como armas la razón, las pruebas de una victoria contundente, su valentía, la sangre y sufrimiento de los miles de (detenidos y torturados sin orden judicial), decenas de asesinados y los millones de exiliados 
A tres semanas del descalabro del socialismo del siglo XXI en Venezuela, el pueblo sostiene su victoria del 28 de Julio (28-J) bajo el extraordinario liderazgo de María Corina Machado y el reconocimiento internacional del presidente electo Edmundo González Urrutia. 
 La dictadura, con Nicolás Maduro como cabeza visible de la intervención internacional que sufre Venezuela, agoniza con falsificaciones, terrorismo de Estado y reactivación de la oposición funcional, para infundir miedo y desmovilizar al pueblo victorioso. 
La lección de organización, persistencia y resistencia dada por los venezolanos al castrochavismo o socialismo del siglo XXI es la liberación de su Patria y de las Américas. 
La delincuencia organizada trasnacional lo sabe y por eso la dictadura de Cuba dirige y perpetra criminal batalla en Venezuela, porque de ella depende su sobrevivencia. 
 Por eso los gobiernos para dictatoriales de Lula da Silva de Brasil, López Obrador de México y Petro de Colombia simulan y pasan vergüenza para sostener el oprobio; por eso las dictaduras extra hemisféricas de Rusia, China, Irán y Corea del Norte apoyan sin reservas a su plataforma. 
 Pero no va más, el mundo civilizado ve con horror la intervención, la represión y el terrorismo de Estado infraganti, que es de tal impacto, que no se puede continuar con la simulación ni la complicidad.
 Las dictaduras del socialismo del siglo XXI han sido derrotadas en Venezuela con impacto global y operan una estrategia interna e internacional de emergencia para retener el poder indefinidamente. 
 Es la lucha por la falsificación de la narrativa, es el crimen organizado que no puede entregar Venezuela, porque eso es el principio del fin del sistema delictivo que manipulan con máscara de antiimperialismo. 
El triunfo del pueblo venezolano del 28 Julio ha vencido y está desplazando al intervencionismo, al narcotráfico, al lavado de dinero, a la financiación de campañas políticas espurias en toda la región, al tráfico humano, a la protección de criminales, a la penetración de las dictaduras extra hemisféricas, al financiamiento y protección del terrorismo internacional, a la corrupción, a la impunidad y más. 
 El frente es muy amplio y el objeto de la disputa es la libertad y la democracia de las Américas, es la prevalencia o derrota de los principios y valores de la civilización occidental versus el crimen organizado operado con disfraz de política socialista. 
El pueblo venezolano liderado por María Corina Machado y representado por el presidente Edmundo González Urrutia tiene como armas la razón, las pruebas de una victoria contundente, su valentía, la sangre y sufrimiento de los miles de asesinados y torturados por la dictadura y los millones de exiliados.
 Han hecho lo increíble, lo imprevisto e inesperado, han derrotado a los dueños y manipuladores criminales del poder y de las elecciones. 
 Le han ganado al sistema de la “dictadura electoralista”, han triunfado prácticamente sin oportunidades, han desnudado a la dictadura que solo tiene como respuesta más falsificación y más crímenes. 
La dictadura en agonía insiste en el fraude electoral que ha perpetrado infraganti a vista de todo el mundo, pese a que el fraude está certificado por el Centro Carter, por decenas de países y por la prueba contundente de cerca de 600 mil venezolanos que hicieron control electoral. 
 El crimen se atrinchera en la mentira y la sostiene con “terrorismo de Estado”, el método con el que Cuba detenta el poder hace más de 65 años y en Venezuela más de 25 años, que consiste en la “comisión de crímenes desde el poder para producir MIEDO EN LA POBLACION y de esa forma logar conductas de sometimiento”. 
 Por eso Maduro ha dictado pública sentencia de prisión y muerte contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. 
Parte del terrorismo de Estado es la difusión de noticias falsas y el retorno activo de la “oposición funcional” para asustar, desmotivar y desmovilizar al pueblo venezolano que está decidido a defender su triunfo, pero que puede ser dividido y amedrentado por los simuladores. 
 Solo basta ver las redes sociales y los medios para encontrar oficiosos apologistas de la dictadura asustando a la gente, asesinando la reputación de Machado y González e incitando una nueva migración forzada y al abandono de la movilización. 
 El momento pone en evidencia a los miserables mercenarios de la dictadura que otrora oficiaron de opositores y que hoy son operadores abiertos del sostenimiento del crimen que los beneficia con corrupción. 
Los opositores funcionales han caído con la dictadura y agonizan con ella. 
Ya están siendo señalados y resisten a su fin que es la rendición de cuentas. 
Su trabajo vil consiste ahora en desmovilizar, asustando e infundiendo miedo a los venezolanos, para inducirlos a abandonar su triunfo del 28 de Julio en beneficio de la dictadura y en perjuicio de los propios venezolanos y de todas las Américas. 
 Pero no funciona, el liderazgo de Venezuela esta hoy en manos valientes e incorruptibles…”la libertad tiene nombre de mujer.” 
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy www.carlossanchezberzain.com

miércoles, 14 de agosto de 2024

¿POR QUÉ FRACASÓ EL ACUERDO DE BARBADOS- QUÉ SIGUE EN VENEZUELA?

 


El Acuerdo de Barbados entre el régimen venezolano, Estados Unidos y la oposición democrática, respaldado por otros países garantes, fue un intento de facilitar elecciones libres en Venezuela a cambio del levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo no logró su objetivo y el día viernes 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó por 15 años a la candidata opositora María Corina Machado, al igual que al ex candidato presidencial Henrique Capriles. Ante la oleada de pronunciamientos de la comunidad internacional y las amenazas de la Casa Blanca de restituir las sanciones a Venezuela por la violación a los acuerdos dándole un plazo a Maduro hasta el mes de abril, el chavismo optó por cerrar filas otra vez y decantarse por un nuevo aislamiento al estilo “Ortega”, sin importarles los costos políticos, económicos y humanos que esa decisión conlleva. A esto se suman doce nuevas detenciones de activistas venezolanos, siendo la más reciente la de la abogada y activista de DDHH, Rocío San Miguel, el pasado 9 de febrero. 

A continuación, intentaremos hacer un análisis para determinar qué pretendía realmente obtener el régimen venezolano de los Acuerdos de Barbados y así entender “su ganancia” al momento de la retirada de la mesa de negociación. En ese sentido, este documento explorará una de las razones principales detrás del fracaso de los acuerdos: la premisa errónea de reducirle los costos únicamente a Nicolás Maduro sin considerar la naturaleza corporativa del régimen venezolano, además de prospectar los posibles escenarios a los que se enfrenta el país en los próximos meses, tomando en cuenta ejemplos recientes en la región.

SCUERDO DE BARBADOS

domingo, 11 de agosto de 2024

LA OPOSICIÓN VENEZOLANA ENTREGÓ UN RESUMEN SOBRE LAS VIOLACIONES DE LOS DDHH POR PARTE DEL RÉGIMEN DE MADURO A ENTIDADES INTERNACIONALES


Un grupo de personas protestan frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas (Venezuela)

El extracto destaca los altos índices de pobreza, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y servicios básicos, la atención deficiente a la pandemia, la “desnutrición” de los presos, y los homicidios y feminicidios

Humberto Prado, representante para los derechos humanos del opositor de Venezuela Juan Guaidó, entregó este lunes a organizaciones internacionales un resumen sobre la materia, que destaca la realidad de los presos, la libertad de prensa bajo ataque y las acciones ilegales de cuerpos de seguridad del Estado.

Prado entregó el documento a Esmeralda Arosamena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch; Ángela Meyer, directora de la Fundación Robert Kennedy; y Geoff Ramsey, director de Washington Office on Latin America (WOLA), entre otros, informó la oposición en un comunicado.

El resumen, titulado “Relatos de Tortura: la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, Libertad de prensa bajo ataque y Letalidad e Impunidad de las acciones ilegales realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”, se elaboró, según Prado, recopilando datos de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Según la nota, “ante el aumento de denuncias de violaciones de derechos humanos y la ausencia de respuesta a las mismas, se ha trabajado en documentar y activar los mecanismos de protección de derechos humanos disponibles que permitan proteger y garantizar efectivamente los derechos de los venezolanos”.

El extracto destaca los altos índices de pobreza, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y servicios básicos, la atención deficiente a la pandemia, la “desnutrición” de los presos, y los homicidios y feminicidios.

Con la información recabada, la oposición concluyó que “lo que se vive en Venezuela es la crisis más grave en los 25 años que se lleva trabajando el tema de derechos humanos y que la falta de un Estado de derecho y democrático ha abierto paso a actuaciones y omisiones que se evidencian en todo el territorio nacional”.

Los informes de los que se extrajeron los datos para el resumen proceden de organizaciones nacionales e internacionales sobre derechos humanos, según aseguró la oposición.


Entretanto, se dio a conocer que la dictadura venezolana continúa usando brutales métodos de tortura en sus centros de detención, pese a los intentos de mostrarse colaborativa con la Alta Comisión de Derechos Humanos, según denunció la activista Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla.


“Caja de muñecas” es el nombre usado por el régimen para este método que está siendo aplicado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

“Colocan a los detenidos en un espacio de 60 cm x 60 cm. Los dejan allí por horas, algunos han pasado hasta tres noches”, explicó una ilustración del Instituto Casla, en un adelanto del informe que presentará en enero sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El escaso espacio hace que los detenidos, habitualmente perseguidos políticos, tengan que estar parados y prácticamente no tengan espacio para sentarse o ponerse en cuclillas sin chocar con las paredes.


La publicación incluyó el testimonio de una víctima que fue torturado en el lugar y que detalló los efectos físicos y psicológicos sufridos: “Pasé tres días en esa especie de cajón, sin agua y comida, sin aire, negro completamente, y creí que veía luces y sombras y que me hablaban. Me desmayé tres veces del cansancio, me hice pipí y me aguantaban las paredes, estaba alucinando”.

Por su parte, Suju añadió: “En esta ‘caja de muñecas’ hay víctimas que han pasado más de una semana. La sensación de asfixia es como estar enterrados en un ataúd. Jamás lo olvidan”. Su mensaje estuvo acompañado de la etiqueta “No a la normalización del horror en Venezuela”.


domingo, 21 de julio de 2024

CÁRCELES SOBREPOBLADAS EN PERÚ: MÁS DE 52 MIL PRESOS EXCEDEN LA CAPACIDAD, SEGÚN CIFRAS DEL INPE

En el top de los penales peruanos con más del triple de reclusos se encuentran el del Callao, Chanchamayo, Quillabamba, Abancay, Camaná, Miguel Castro Castro, Huancavelica, Pucallpa, Tacna y Huanta. 
Esto significa que el hacinamiento carcelario en el país alcanza el 130%. 
Son 68 establecimientos penitenciarios, de los cuales 49 superan hasta el 500% de su capacidad. 
Las cárceles peruanas enfrentan una crisis de sobrepoblación extraordinaria, llegando a un exceso del 130% sobre su capacidad real, según los informes más recientes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 
Actualmente, Perú cuenta con 68 establecimientos penitenciarios en todo el territorio nacional, diseñados para albergar a 41.019 reclusos. 
Sin embargo, la cifra real de población penitenciaria asciende a 93.985, lo que deja un excedente de 52.966 presos sin el espacio adecuado para ser recluidos en condiciones dignas. 
Este nivel de hacinamiento no solo constituye una vulneración de los derechos humanos, sino que también va en contra de los tratados internacionales que el país ha suscrito para garantizar el respeto y la integridad de las personas privadas de libertad, según señala una tesis de la Facultad de Derecho PUCP. 
Entre los 68 establecimientos penitenciarios del país, 49 reportan tasas de hacinamiento crítico, superando en muchos casos el 100% de su capacidad y de forma aún más alarmante, algunos llegan a sobrepasar el 200%, 300%, 400% y hasta el 500%. 
Este fenómeno no es reciente, sino que forma parte de una problemática persistente que ha plagado al sistema penitenciario peruano durante años. 
“El hacinamiento en las cárceles del Perú no es un tema actual, es una realidad latente”, se lee en la tesis ‘El hacinamiento penitenciario en Perú: la vulneración sistemática de derechos fundamentales de los internos’. 
La raíz de este problema se atribuye no solo a la falta de infraestructura y la insuficiencia de establecimientos adecuados para satisfacer la demanda, sino también a un fenómeno conocido como populismo punitivo. 
Este último término hace referencia a un enfoque en el que se prioriza la imposición de penas severas sin el debido acompañamiento de políticas que promuevan la rehabilitación y la reinserción social de los convictos. 
A ello se suma la ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas y las pésimas condiciones de vida dentro de los penales, que agravan aún más la crisis en el sistema penitenciario. 
Las consecuencias de la sobrepoblación carcelaria en Perú van más allá de las meras cifras y se traducen en riesgos significativos para la salud y la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario. 
La situación demanda una respuesta inmediata y efectiva que involucre tanto a las autoridades del ámbito penitenciario como a la sociedad civil y a organismos internacionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos. 
“En los últimos años se han ido implementando Decretos Legislativos a fin de deshacinar las prisiones, entre ellos figuras como la remisión condicional de la pena, la redención excepcional de la pena y los referidos a la flexibilización de los requisitos de beneficios penitenciarios: semilibertad o liberación condicional”, señala la tesis. 
El gobierno peruano se enfrenta a un desafío que requiere medidas urgentes y sostenibles. 
La construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, la revisión de las políticas de sentencias y la promoción de alternativas al encarcelamiento para delitos menores, son algunas de las acciones necesarias para mitigar el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida en las cárceles. 
Sin embargo, también es fundamental abordar el problema desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando que la reforma del sistema penitenciario se rija por principios de justicia, equidad y respeto a la dignidad de todas las personas.

martes, 16 de julio de 2024

CONGRESO LEGISLA A FAVOR DE ORGANIZACIONES CRIMINALES: APRUEBAN CAMBIOS QUE EXCLUYE MÁS DE 50 DELITOS

Comisión Permanente votó a favor del proyecto que plantea modificaciones peligrosas en la definición de organización criminal, y que establece la presencia obligatoria de un abogado durante los allanamientos. 
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este jueves 4 de julio el texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 5981, que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado. 
La decisión tomada en segunda votación resultó con 12 votos a favor, tres en contra y nueve abstenciones. 
La nueva normativa establece el siguiente cambio: “Se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa compuesto por tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí, para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de seis años, con el fin de obtener, directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico”. 
El peligro de ello es que fija criterios más altos para calificar el delito de organización criminal y podría obstaculizar las investigaciones. 
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y actual director ejecutivo de la organización CHS Alternativo, advirtió que la nueva definición de crimen organizado implicará que solo se consideren delitos graves aquellos con penas superiores a seis años de cárcel. 
Asimismo, crímenes graves como tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilegal de datos personales también quedarían fuera del alcance de la ley revisada. 
Esto excluye de esa categoría delitos como estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, concusión, colusión simple, peculado, cohecho pasivo, soborno internacional pasivo, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito básico, entre otros. 
La reducción en la cantidad de delitos procesados bajo las estrictas normas actuales debilitaría la lucha contra el crimen organizado, según advirtieron estas instituciones. 
Valdés afirmó que el Congreso está legislando a favor de la criminalidad. 
“La ley consideraba más de 90 tipos penales como crimen organizado, pero ahora —que han subido la valla— están dejando fuera 59 delitos”, indicó. 
La propuesta legislativa además, limita las facultades del Ministerio Público para solicitar el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con ingresos pensionarios y activos de partidos políticos. 
También los fiscales perderían la capacidad de extender la detención preliminar de 3 a 10 días, como lo permite la legislación penal actual. Aprueban allanamientos con presencia de involucrado y abogado Sobre el allanamiento, la ley establece que debe realizarse con la presencia del interesado y su abogado. En caso de no contar con un abogado, se le proporcionará uno de oficio. 
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, en diálogo con El Comercio, expresó que laa ley compromete las obligaciones internacionales del Estado peruano en la lucha contra el crimen organizado, incluidas en la Convención de Palermo. 
La propuesta fue impulsada por el congresista Américo Gonza de Perú Libre, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, en base a un proyecto presentado por Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón. 
Diversas instituciones del Estado, como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, se manifestaron en contra del proyecto. 
Según advirtieron, la modificación debilita la lucha contra las organizaciones criminales y crea ámbitos exentos de control que podrían propiciar la impunidad.
VERF VIDEOS:

martes, 2 de julio de 2024

CAPITÁN PNP ENTREGÓ A LA FISCALÍA EL TELÉFONO QUE CONFIRMARÍA CONVERSACIONES CON MINISTRO JUAN SANTIVÁÑEZ

El último fin de semana un dominical reveló un nuevo audio que da cuenta de una posible injerencia del actual titular del Mininter en el caso de Harvey Colchado. 
 Este martes 2 de julio, fuentes allegadas a la unidad de investigación de La República informaron que el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo, entregó su teléfono celular al Ministerio Público, el cual contiene conversaciones con el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien habría realizado pedidos al efectivo del orden. 
El 20 de junio, el portal periodístico La Encerrona reveló que Juan José Santiváñez habría ordenado controlar al director de dicho medio tras juramentar en el cargo como titular del Ministerio del Interior en mayo del presente año. 
En un audio compartido en su canal de YouTube, el periodista Marco Sifuentes expuso a Santiváñez, quien solicitó a un amigo que tomara medidas al respecto, dado que el periodista ha sido un crítico de su gestión. 
Este "amigo" al que hace referencia el también abogado penalista, se trataría del capitán Junior Izquierdo, luego de que el programa Punto Final expusiera nuevas pruebas. 
"Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile al doctor que controle a ese individuo de La Encerrona. 
La gente cree que me están empezando a golpear y esa no es la idea. 
Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. 
Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso. 
Tienes mi ayuda y apoyo en lo que necesites, pero controlen a ese sujeto porque insulta y agrede, y no voy a aguantar más situaciones incómodas. 
Por favor", se le escucha decir a Santiváñez Antúnez. 
Harvey Colchado sería el "doc" al que hace referencia el titular del Mininter 
La defensa legal del exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, se pronunció en Canal N tras la divulgación de un audio en el que el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sugeriría realizar acciones en contra del director del portal periodístico La Encerrona, debido a los cuestionamientos recibidos al inicio de su gestión. 
En este contexto, el abogado Miguel Pérez Arrollo afirmó que su representado ya ha emitido declaraciones sobre el tema y confirmó la autenticidad de los audios en los que se escucha al ministro del Interior, indicando que incluso existirían otros registros. 
Pérez Arrollo añadió que un integrante de la Policía Nacional del Perú envió a Colchado Huamaní audios y conversaciones adicionales sobre el caso
"Para empezar, ya hay declaraciones de mi patrocinado en función a estos eventos y puedo decir que estos audios son reales y que existen más audios incluso. 
Pareciera que sí (voz de ministro del Interior), esos audios, por lo que he tenido conocimiento, es que hay un oficial de la Policía que le ha entregado y le ha hecho llegar a mi patrocinado (Harvey Colchado), no solamente audios, sino también conversaciones con las características que ahora se han propalado, de los cuales ustedes (medios de prensa) han sido testigos. 
Hay un oficial de la Policía que le ha entregado audios y conversaciones al señor Colchado", sostuvo. Santiváñez muestra interés en el caso de Harvey Colchado 
En ese sentido, el dominical Punto Final reveló el posible interés que tendría Santiváñez Antúnez en el coronel y exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien hace unos meses lideró el operativo de allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo y en Palacio de Gobierno. 
Asimismo, en la detención de su hermano mayor, Nicanor Boluarte, quien es investigado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder por presuntamente liderar una posible red criminal denominada 'Waykis en la Sombra'. 
Según la información proporcionada, esta conversación se realiza el 26 de mayo, dos semanas después de la detención preliminar de Nicanor Boluarte. 
Este diálogo se da entre el exabogado de Harvey Colchado, el abogado Estéfano Miranda y el miembro del Gabinete Ministerial con la finalidad de obtener información sobre la resolución del proceso disciplinario que dispuso la Inspectoría de la Policía Nacional contra Colchado Huamaní. 
"Hermano, disculpa la molestia, ¿tú tendrás la resolución de apertura del proceso disciplinario que pasó Cuarto Poder? 
Lo que pasa es que un amigo que es periodista, y que siempre me apoya, me está diciendo que Cuarto Poder lo tiene. 
A ver si me puedes apoyar", se le escucha a Santiváñez en el material auditivo.

martes, 25 de junio de 2024

SALATIEL MARRUFO DECLARÓ A FISCALÍA QUE DINA BOLUARTE DIRIGIÓ PLAN DE INFLUENCIA EN EL JNE EL 2021

Por investigar. 
 Exasesor de Castillo dijo que actual mandataria ordenó influir en magistrados cuando se disputaban los votos de la segunda vuelta con impugnaciones del fujimorismo. 
El abogado Salatiel Marrufo, exasesor del gobierno de Pedro Castillo investigado en casos de corrupción, declaró a la Fiscalía que la actual presidenta, Dina Boluarte, dirigió una operación para influir en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a favor de Perú Libre en el 2021 con que lograron el triunfo electoral, según reveló el programa televisivo Punto Final, de Latina. 
Marrufo dio dos manifestaciones a la Fiscalía en mayo del año pasado y en abril último, asegurando que Boluarte influyó en el JNE en beneficio de la fórmula de Perú Libre que integraba como vicepresidenta.
 En ese esfuerzo estaban también Castillo y sus colaboradores Alejandro Sánchez, exfinancista, y José Nenil Medina, exalcalde de Anguía, distrito del exmandatario en Cajamarca. 
Relató que hubo una primera reunión el 7 de junio de 2021, un día después de la votación de segunda vuelta, en la avenida Bolivia 724, en Breña, predio que poseía Grika Asayag, amiga y mano derecha de Boluarte, y que era como una base de operaciones de la hoy mandataria. 
Según Marrufo, los abogados que convocó a la entonces candidata a la Vicepresidencia, le expusieron los avances sobre impugnaciones de votos. 
Afirmó que ese mismo día fue convocado al jirón Colón, distrito de Breña, (¿en la noche, y conoció a Castillo?) “Fui presentado por José Nenil Medina (…). (¿Fue en dicha reunión en donde se pactó buscar los contactos con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones?). 
 Fue Alejandro Sánchez Sánchez quien dijo conocer a Richard Acuña, hijo de César Acuña, porque ellos tenían un contacto en el Jurado”, dijo Marrufo a la Fiscalía. 
“El miércoles 9 de junio de 2021, Nenil Medina y Alejandro Sánchez, reunidos en la casa Sarratea durante la mañana, confirmaron que ya tenían asegurados los votos de Perú Libre tanto del magistrado Sanginez Salazar Jovián y de (Jorge) Rodríguez Vélez. 
Asimismo, comentó Alejandro Sánchez que el 1, haciendo referencia a (Castillo), ya aseguró el voto del 1 del JNE, haciendo referencia a Jorge Salas (presidente del JNE)”, agregó. 
Marrufo contó que el 10 de junio de 2021 un estadístico del equipo aseguró que si el JNE recibía impugnaciones presentadas hasta las ocho de la noche del 9 de junio de 2021, como se había establecido, Castillo podía ganar las elecciones por unos 120.000 votos, pero si admitían las que lleguen después de ese plazo y Fuerza Popular lograba que les sean favorables, ganaría Keiko Fujimori por unos cincuenta mil votos. 
Añade que le expusieron este argumento a Boluarte y ella “indicó que se encargaría de hacerles llegar esa información a los miembros del JNE”. 
Al día siguiente, el pleno del JNE acordó extender el plazo para recibir solicitudes de nulidad de actas hasta las 8 de la noche de ese 11 de junio. 
Ante esto, Boluarte, Castillo, Sánchez, Medina y Marrufo tuvieron una reunión donde “Sánchez informó que tenía asegurado el voto de Jorge Rodríguez Vélez, miembro del JNE, que había llegado a través de Richard Acuña”, según el exasesor. 
Ese mismo día, el JNE anuló su acuerdo y retornó el plazo de presentación al 9 de junio. 
El presidente del JNE, Jorge Salas, respondió que “no se reúne con políticos”. Rodríguez Vélez negó las acusaciones a Punto Final, mientras que Sanjinez no respondió
Por la noche, en su cuenta de X (antes Twitter), Richard Acuña desmintió las declaraciones de Marrufo. Cruz Silva: declaración sin corroborar La abogada Cruz Silva precisó en su cuenta de X (antes Twitter) que la Fiscalía aún no ha corroborado esas declaraciones de Salatiel Marrufo, quien aspira a convertirse en un colaborador eficaz. “¿Y si medio miente como Villanueva? En escenario polarizado la premura por algo no corroborado no se entiende”, sostuvo.

LA DICTADURA DERROTADA AGONIZA CON FALSIFICACIONES, TERRORISMO DE ESTADO Y OPOSICIÓN FUNCIONAL PARA DESMOVILIZAR AL PUEBLO DE VENEZUELA

El pueblo, liderado por María Corina Machado y representado por Edmundo González Urrutia, tiene como armas la razón, las pruebas de una vic...