¿Poseída por el Fujimontesinismo? |
Luego del discurso del 28J, muchos analistas y medios de derecha han resaltado, y para variar, el juramento que hiciera el presidente Ollanta Humala, inspirándose en la Constitución de 1979, a pesar de plantearse otros puntos como la inclusión social o la lucha contra la corrupción. Veamos…
Para nadie es un secreto que el Partido Nacionalista Peruano tuvo como hito en su prehistoria, la gesta democrática de Locumba contra el gobierno autoritario de Alberto Fujimori en el año 2000. Dicho acto de rebelión que contribuyó a la presión ciudadana para sacar a Fujimori del gobierno, reivindicaba el orden democrático y el estado de derecho vulnerado, exigiendo la renuncia de la mafia fujimontesinista. Y la Constitución de 1993 era también criticada por su origen delincuencial y por permitir la pérdida de soberanía nacional en aspectos económicos y políticos, similar a otros países de América, donde había contradicciones entre la globalización unipolar y el nacionalismo incipiente. Ollanta el día del 28J, si bien no llama a una Constituyente, reivindica la Constitución de 1979 como resultado de una concertación y origen democrático. La propuesta original de la Gran Transformación, insiste en la transición democrática a nivel político y social, partiendo de una revisión y reforma de la Constitución para un nuevo contrato social más democrático y soberano. Obviamente ese proceso requerirá de consensos, en un momento adecuado, luego del análisis de su necesidad para una verdadera inclusión social. En estos momentos, el pacto ético ministerial ha ratificado la hoja de ruta y el respeto al estado de derecho, y que las propuestas de cambio, serán dentro del marco constitucional vigente. Para los medios y sus empleadores, la cosa es diferente.
La serie de portadas y gritos de espanto de los medios de los Miró Quesada -El Comercio, Perú21 y Trome-, con Expreso y Correo, aparte de sus pares en el Canal N, América TV y la Frecuencia Latina de Baruch Ivcher, con RPP de los Delgado Parker, tiene como trasfondo el temor a una democracia que quite privilegios y ponga en peligro los negocios que de ella emanen. La crítica al supuesto y temido retorno a la Constitución de 1979 y la defensa de Martha Chávez, como la Juana de Arco del sistema de desigualdad y corrupción de la Constitución de 1993, son las excusas perfectas para intentar debilitar las propuestas de cambio, como la del impuesto a las sobreganancias mineras, en desmedro de la familia Benavides; de crear una línea aérea de bandera, perjudicando a LAN Perú de Emilio Rodríguez-Larraín, el yerno de los Miró Quesada; de reforzar el papel del Banco de la Nación, encolerizando al Banco de Crédito del Perú de los Romero; de la priorización del lote 88 del gas para consumo interno, atemorizando al Consorcio Camisea; del aumento de salario mínimo vital, ajustando a la CONFIEP; de la pensión 65, desagradando al oligopolio de AFPs; etc. En suma, el poder legal y el fáctico, enfrentados por intereses más económicos que democráticos, y esto sin contar que la imprescriptibilidad de delitos de corrupción en agravio del Estado y la inhabilitación a perpetuidad contra sus autores o cómplices para el ejercicio futuro de cualquier función pública, haría peligrar futuros y actuales lobbies, con negociados, coimas y comisiones de por medio.
Por eso cuando veo a Jaime De Althaus o Fernando Rospigliosi "preocuparse por la inestabilidad", sé de donde sujetan las cuerdas, que son las mismas que mueven a Aldo Mariátegui, Mónica Delta, Jaime Antezana o Enrique Castillo en el juego videopolítico, que intenta poner como democráticos, a apañadores de mafias, y antidemocráticos, a quienes intentamos desarticular la corrupción en el gobierno y la sociedad. La inestabilidad vendrá entonces de los mismos medios masivos del poder económico, con aliados fujimoristas y apristas en lo político. A enfrentarlos, sin cometer errores…
René Galarreta
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