Por: Verónika Mendoza
Cuesta arriba
Los retos que enfrenta este gobierno no son pocos ni pequeños: Remontar 20 años de hegemonía neoliberal, de múltiples conservadurismos en varios planos de la vida social, de miedos sembrados por el terrorismo, la violencia política y sus correspondientes secuelas de control social por un lado y de fragmentación y criminalización de la movilización social por el otro. Todo esto con las consiguientes múltiples brechas y desigualdades sociales y económicas heredadas del periodo fujimorista y que una década de crecimiento no ha podido disipar.
El escenario es aún más complejo en vista de que los resultados de la primera vuelta obligaron a Gana Perú, para derrotar al fujimorismo, a construir una alianza con la centro-derecha demo liberal. Ciertamente toda política de compromiso supone necesariamente moderar algunas aspiraciones y/o avanzar más lentamente en los objetivos trazados. Y fue justamente eso lo que expresó “la hoja de ruta”, en la segunda vuelta. Así, el primer gabinete Lerner, representó esa compleja y amplia coalición social y política cuyas fuerzas respondían programáticamente a estos dos momentos: nacionalismo e izquierda en la “Gran Transformación”; centro izquierda y centro derecha liberal por la continuidad del modelo económico. Además, el sistema electoral peruano estableció la singularidad de que los congresistas fueron elegidos en primera vuelta, con compromisos políticos y electorales que tienen como referente el programa de “la Gran transformación”.
La propuesta de la Gran transformación apostaba a modificar el esquema anteriormente expuesto, fortaleciendo y a la vez democratizando el Estado. Modificar una institucionalidad diseñada para favorecer ciegamente la inversión, cual ley del embudo: ancha para la gran inversión y estrecha para las comunidades y el ambiente, dándole mayor capacidad de fiscalización al Estado y más poder a los ciudadanos y comunidades. Pero los problemas heredados de las gestiones anteriores estallaron prontamente y el Ejecutivo, más allá de las formas de conducción –donde ciertamente hubo errores de coordinación y coherencia- tuvo que responder desde la actual institucionalidad. En ese sentido, existe una tensión no salvable en el corto plazo que marcará la coyuntura, pues los tiempos de la reforma institucional son mucho más lentos que los de la movilización. El manejo político tiene límites cuando hay problemas estructurales de fondo y ahí es donde hay que apuntar.
Al mismo tiempo han habido algunos avances reconocidos por amplios sectores sociales: la Ley de Consulta Previa –de la que esperamos un reglamento que se adecúe a los estándares en derecho indígena establecidos en el Convenio 169 de la OIT-, la orientación de inclusión en las políticas de Gobierno que se expresa en la creación del Ministerio de Inclusión social, el impuesto a las mineras, el incremento del salario mínimo y una política de defensa de los trabajadores que debe expresarse en la eliminación del CAS y la aprobación de la Ley General del Trabajo. Queda claro que falta mucho, muchísimo, pero aquí los deseos también tienen que someterse a la dura prueba de los procesos concretos y las condiciones reales.
Los de arriba y los de abajo
En este marco, “los de arriba”, la derecha y los poderes fácticos (que no es lo mismo pero es igual) derrotados en la segunda vuelta, han jugado astutamente su partido, buscando orientar al gobierno hacia sus posiciones conservadoras. Más allá de las metáforas de “secuestro” o “captura”, lo cierto es que estos sectores se han movido con mucha astucia y coordinación: por un lado, han brindado un sólido apoyo y cobertura a sus aliados en el gobierno, acrecentando su poder; en cambio a sus adversarios y representantes de “la Gran transformación” en el gobierno y en el Congreso les han dado, desde el primer minuto de juego, fuego sostenido. En esta segunda táctica en la que hasta ahora han tenido gran éxito, siguen empeñados hoy. Como antes lo hicieron con Aida García o con Soberón, hoy la emprenden con Abugattás, Rimarachín y la Ministra Salas.
Entretanto, muchos sectores movilizados plantean demandas legítimas y mal haría el gobierno en apelar a la criminalización de la protesta como lo hiciera el gobierno anterior. Los actos represivos y la descalificación de quienes aparecen como figuras en estos sectores movilizados no permite ver los temas de fondo, la legitimidad de las demandas de las poblaciones como en Cajamarca o Chumbivilcas.
Para que este gobierno pueda verdaderamente representar a las grandes mayorías y a los sectores tradicionalmente excluidos debe tender puentes con el movimiento social, en un diálogo abierto y de buena fe, no para imponer visiones sino para construirlas consensuadamente.
Más allá de la “inclusión social”
Pero el gran reto es empezar a poner nuevamente a debate el modelo económico. Se está reinstalando la idea de que este modelo económico neoliberal es el único viable, inexorablemente. El “crecimiento con inclusión social” es un primer paso pero es insuficiente porque no cuestiona el modelo económico primario exportador, meramente extractivista. El Perú necesita programas sociales, sin lugar a dudas, pero necesita sobre todo creación de empleo.
La derecha ha emprendido una feroz campaña -ideologizada- en la cual la actividad minera es presentada como la principal fuente de recursos, trabajo y casi exclusivo motor de desarrollo. No cabe duda de que la minería es una actividad importante y de que sería iluso pretender prescindir de la misma, pero no podemos partir de supuestos que resultan siendo falsos. Para muestra algunos datos: si el sector minero aporta con el 16% del total de los ingresos tributarios y regalías, contribuye con alrededor del 5% al PBI, mientras que el sector agropecuario aporta alrededor del 7%; si el sector minero ocupa alrededor del 1% de la Población económicamente activa, el sector agropecuario ocupa más del 30% de la PEA. Es preciso subrayar también que el modelo económico extractivista y primario exportador nos hace dependientes de los vaivenes del mercado internacional -donde se anuncia una crisis- que agota los recursos naturales y acentúa la desigualdad económica y social. Es un modelo que mira hacia afuera en desmedro de los mercados internos, y se basa en el “cholo barato”, no crea empleos ni ingresos decentes, y a penas genera economías de enclave con escasa articulación a la economía nacional.
Otro riesgo del modelo extractivista es que suele acompañarse de un debilitamiento de la democracia porque no respeta los proyectos de vida y las visiones de desarrollo de las poblaciones locales y se impone con el chantaje de los ingresos por el alto precio de las materias primas y el financiamiento de programas sociales.
En fin, el reto está–para empezar- en abrir el debate, pero si partimos del principio de que “sin minería no hay desarrollo” entonces no dejamos espacio para el diálogo. Si apostamos por una verdadera democracia entonces aceptemos que las poblaciones locales puedan discutir y defender sus propias visiones de desarrollo de manera informada, participativa y sin chantajes. En ese sentido van los compromisos de este gobierno de impulsar un proceso de zonificación económica y ecológica desde las regiones y la construcción de un ordenamiento territorial, para que todos los peruanos podamos decidir hacia dónde vamos como país y qué tipo de legado –cultural, ambiental, económico- queremos dejar a las generaciones futuras. Emprendamos esa discusión con responsabilidad y horizontalidad.
Artículo publicado en la revista IDEELE N° 246
No hay comentarios:
Publicar un comentario