QUE TAL CUAJO
En
medio de reuniones de los facilitadores, monseñor Cabrejos y Padre
Garatea, y ad-portas de los cambios ministeriales, balances de gobierno,
y el mensaje a la nación del 28 de julio, Villa Stein ha dado un golpe a
la justicia y la gobernabilidad, favoreciendo a Fujimori, ultras y
extremos. Veamos.
Eliminar
el delito de lesa humanidad a las violaciones a los derechos humanos
del Grupo Colina va a tener serias consecuencias. Para empezar, la
reducción de penas de los principales responsables de estos crímenes, no
sólo a Martín Rivas o Kerosene, sino también a Montesinos y Hermoza
Ríos. Segundo, que estaremos sujetos a demandas de la Corte
Interamericana de DDHH por contradecir su sentencia
dada para el caso Barrios Altos. Finalmente y lo más grave, sería que
ese fallo crearía precedentes para favorecer a Alberto Fujimori y
Abimael Guzmán. Como bien viene explicando y aclarando Rosa María
Palacios, dejando de lado su pasado cercano a Hurtado Miller, Villa
Stein no les está diciendo toda la verdad a los peruanos al menos en sus
entrevistas, al afirmar que el delito de lesa humanidad se retira por
la supuesta falta de práctica sistemática del Estado. El verdadero
fundamento se basa en que el grupo Colina ya no se considera como un
comando paramilitar que eliminaba civiles, tratados como delincuentes
terroristas; sino que el grupo Colina se considerará a partir de esta
vergonzosa sentencia como grupo militar que eliminaba terroristas sin
considerarlos civiles. Con esto se acepta implícitamente que estuvimos
en un conflicto interno contra terroristas, considerados como un
ejército beligerante y cuyos reos podrán considerarse
como prisioneros de guerra, sujetos al Derecho Internacional
Humanitario. Bajo esta nueva jurisprudencia legal, no solo Alberto
Fujimori pediría la revisión de su sentencia, por ya no existir autoría
mediata, ni asociación ilícita sobre los crímenes de un comando militar;
sino también Abimael y los miembros de Sendero Luminoso por ya contar
con derechos de guerra retroactivos, al estar sujetos a la III
Convención de Ginebra, citada por la Sala Penal de la Corte Suprema en
su sentencia. Una indignante aberración.
Las
implicancias políticas de la audacia y
temeridad de Villa Stein son aún predecibles y peligrosas. Causa gracia
que cierto sector de la izquierda relacione al Poder Ejecutivo con el
Judicial, como en la época del autoritarismo de Fujimori, o el
totalitarismo que practicó también García en el control de los tres
poderes del Estado. Esa no es la situación ahora, sino que tanto el
Poder Legislativo y el Judicial son escenarios de continuas disputas,
gerenciadas por los partidos políticos y los poderes fácticos. Bajo este
nuevo escenario legal, se brinda a sectores de ultra derecha y extrema
izquierda un instrumento político para negociar con el Estado, dándoles
vitrina mediática que favorecerá esa polarización, que el gobierno
central viene tratando de aminorar. Entre el Fujimorismo y Movadef, se
justificarán la legalidad de sus actos. Y como siempre, inteligentes y
tontos útiles en la derecha y la izquierda, aprovecharán esta situación
para implicar al Estado, fomentar la
ingobernabilidad, e incrementar la conflictividad. En la derecha
liberal, no sólo se verá inoportuna la desmembración de la Alianza
Parlamentaria, por la unión de Acción Popular con un fujimorista para el
sueño de la bancada propia, convirtiéndose automáticamente en DBA; sino
que los sectores de izquierda que tratan de diferenciarse de Movadef,
serán invisibilizados al tratar de hacerle frente al fujimorismo, como
lo harán también ex miembros de Sendero Luminoso que pedirán revisión de
sus sentencias. Finalmente, enfrentamiento entre dos poderes del
Estado, con el Ministro de Justicia Jiménez ante la Corte Suprema de
Villa Stein y los medios RPP, Comercio, Expreso o Correo en otra
complicidad.
El
asunto es delicado, que no sólo ameritaría acciones del Estado en la
casi imposible apelación de una sentencia en última instancia de la
Corte Suprema, sino que requerirá la acción de la OCMA, y fuerte presión
del resto de Poderes del Estado, organismos de DDHH y la sociedad
civil. Y para que no queden dudas para aquellos que piensan que esto es
sólo una cortina de humo, este escenario no se lo deseamos a ningún país
democrático, donde uno de sus poderes de Estado, es manejado por
opositores que no quieren el beneficio del país, sino que promueven la
pérdida de credibilidad de las instituciones, para obtener beneficios o
réditos políticos. En la lucha contra la impunidad, el revés que ha dado
Villa Stein tiene el objetivo de beneficiar a Fujimori, al crear ese
precedente
que podría favorecerlo, con consecuencias en DDHH graves, e
incrementando la polarización del país…
René Galarreta
Lima, domingo 22 de julio de 2012
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